Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 47944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la resolución apelada, dejando señalado que la restricción para los actos de administración del patrimonio de S. N. M., únicamente operará para operaciones que superen el monto de dos de sus haberes mensuales, para los cuales requerirá el apoyo de la Curaduría, sin perjuicio de dejar establecido que -frente a cualquier circunstancia que se presente al respecto para el futuro y que denote una inadecuada administración o un riesgo para la causante- deberá la apelante o la Asesoría de Incapaces formular el pertinente planteo en orden a actuar lo que corresponda para la debida protección de sus bienes.
Sin costas de Alzada , atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. CPCC)
Causa Nº C9-47944 R.S.: 295/2020
Con fecha 29 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ M. S. N. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA ” Causa Nº C9-47944 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. Contra la resolución de fecha 16 de Junio de 2020 se alzó la Curadora Zonal, interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido en relación con fecha 25 de ese mes y año, y se fundamentó con el memorial de fecha 29 (del mismo mes y año), que no mereció réplica.
En esencia, la apelante plantea que la causante no debería tener restringido su derecho a administrar el dinero de sus haberes, recayendo en la dependencia a su cargo solo la función de apoyo para administrar sumas superiores al monto de dos de los mismos así como para los actos de disposición, argumentando en tal sentido.
A los términos del memorial, cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, es del caso traer a colación algunos fundamentos vertidos en otra oportunidad (causa nro. 34.415 R.S. 53/2016) que resultan de aplicación al presente.
Decíamos allí que:
" si se parte de que el paradigma tradicional en materia de salud mental consistía en un régimen paternalista que pretendía evitar todo riesgo para la persona protegida, podría resumirse el cambio que introduce la Convención mediante el concepto de "dignidad del riesgo".-
Para Sosa, dicho principio implica que la vida y la libertad indefectiblemente conllevan riesgo por lo que su existencia, la del riesgo, es condición necesaria para evitar la aniquilación de la libertad y la subjetividad de la persona.
Ello ha llevado a decir de Villaverde que, "a diferencia de los sistemas de protección social que atrapan a las personas con discapacidad considerándolas un objeto a tutelar, la asistencia adecuada se encamina a la liberación de las personas en sus propias vidas, a la ampliación de su esfera de actuación en la que decidan por sí mismas lo que quieren hacer y al reconocimiento del valor de su aporte a la sociedad que integran "como parte de la diversidad y de la condición humana" ("Código Civil y Comercial", Eduardo Gabriel Clusellas -coordinador-, Astrea Editora Notarial, 2015, pág. 126).-
(...)
En apoyo de esta postura recurro a Convenciones y Tratados con jerarquía constitucional, vigentes al momento del dictado de la sentencia en estudio para lo cual he de referir jurisprudencia reciente donde claramente se explica el cambio de paradigma que el sistema judicial debe procesar sin reservas frente a decisiones de gran valor para las personas involucradas en estos casos.-
"El Código Civil y Comercial en sus arts. 31 a 50 referidos a las "Restricciones a la Capacidad", completó la labor iniciada por Ley de Salud Mental (Ley 26.657), poniendo al derecho civil argentino en la senda del modelo adoptado por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad (Ley 25.280) y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (en adelante CDPD - Ley 26.378, con jerarquía constitucional por ley 27.044; art. 31 de la Const. Nacional); este abanico se completa con la "Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud" del 14/11/1990, y los "Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas" del 9/11/1990.
La CDPD resulta el primer tratado de consenso universal que importa la especificación concreta de los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, adoptando el modelo social de la discapacidad; modelo que importa un giro trascendental en la condición de las personas con discapacidad ya que deja de considerarlas portadoras de una patología que las "discapacita" y ubica "el problema" en el escenario social (Cfr. Herrera, M.-Caramelo, G.-Picasso, S. -directores-, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tit. Preliminar y Libro primero; Edit. Infojus, Cda. de Bs. As., 2015, pág. 80; Palacios, Agustina; El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, Edit.
Cinca, Madrid, 2008; Palacios, A.- Bariffi, F., Coordinadores, Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos; Edit. Ediar, Bs. As., 2012). Concretamente el art.12 de la CDPD reconoce que "las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.". A ello se le suma la garantía de no discriminación que establece su art. 2º el cual entiende como discriminación a "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo".
La Observación Nº 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 31 de marzo a 11 de abril de 2014 establece que "La igualdad ante la ley es un principio básico general de la protección de los derechos humanos y es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan específicamente el derecho a la igualdad ante la ley. En el artículo 12 no se establecen derechos adicionales para las personas con discapacidad simplemente se describen los elementos específicos que los Estados partes deben tener en cuenta para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la igualdad ante la ley, en igualdad de condiciones con las demás".
Así también lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica ", en el cual señalo que "La discapacidad resulta de la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En las Convenciones anteriormente mencionadas se tiene en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, actitudinales o socioeconómicas." (Corte IDH del 28/11/2012, Serie C, Nº 257, párr. 290 y 291). En tal sentido los Dres. Kraut y Diana expresan que "El respeto del modelo social implica que no debe privarse a la persona de su posibilidad de elegir y actuar. La aplicación del sistema creado a partir de la Convención de la ONU para personas con Discapacidad debe guiarse por el principio de la "dignidad del riesgo", es decir, el derecho a transitar y vivir en el mundo, con todos sus peligros y la posibilidad de equivocarse." (Kraut, A. - Diana, N.; Derecho de las personas con discapacidad mental: hacía una legislación protectoria; pub. en L.L.2011-C-1039).
En este marco el Código Civil y Comercial de la Nación establece como regla que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos (cfr. arts. 22 y 23 Cód. Civ. y Com.). Esta capacidad debe presumirse y garantizarse en toda circunstancia y a todas las personas, con independencia de cualquier característica personal e incluso de cualquier diagnóstico médico (Cfr. Kraut, A. y Palacios, A.; Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Ricardo Lorenzetti, Director; T. I, Edit. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe., 2014, pág. 126)" (cfr. microjuris.com MJJ96449, "D.J. S/ Insania y Curatela", Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, 22/12/2015).-
Es del caso también traer a colación que recordábamos desde esta Sala -causa nro. 52.884 R.S. 84/11- que el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (inciso 1), que los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (inciso 2), que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (inciso 3) y que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, CONTROLAR SUS PROPIOS ASUNTOS ECONÓMICOS y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria (inciso 5).-
Amén de lo cual, no podemos olvidar las pautas sentadas en el art. 31 del CCyCN en cuanto a que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional (inc. b) y operando siempre con la mínima restricción posible sobre derechos y libertades (inc.f) ".
Pues bien, a la luz de lo expuesto, se observa que el informe interdisciplinario llevado a cabo en autos, a fs. 425 consigna que S. N. posee autonomía para el manejo y administración del dinero; a su vez, a fs. 428 si bien se marca la necesidad de ayuda en tal sentido (no estoy perdiendo de vista que S. está en pareja y cuenta con un grupo familiar) no se consigna que requiera asistencia para la administración de ingresos mínimos (uno o dos haberes).
Consecuentemente, y a la luz del principio de mínima restricción antes referenciado, sin perder de vista tampoco que la pretensión recursiva no ha sido resistida por la Asesoría de Incapaces, entiendo que deberá hacerse lugar a la misma, modificándose la resolución apelada, y dejando señalado que la restricción para los actos de administración de su patrimonio, únicamente operará para operaciones que superen el monto de dos de sus haberes mensuales, para los cuales requerirá el apoyo de la Curaduría, sin perjuicio de dejar establecido que -frente a cualquier circunstancia que se presente al respecto para el futuro y que denote una inadecuada administración o un riesgo para la causante- deberá la apelante o la Asesoría de Incapaces formular el pertinente planteo en orden a actuar lo que corresponda para la debida protección de sus bienes.
Sin imponer costas de Alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. CPCC)
Lo dicho me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la resolución apelada, dejando señalado que la restricción para los actos de administración del patrimonio de S. N. M., únicamente operará para operaciones que superen el monto de dos de sus haberes mensuales, para los cuales requerirá el apoyo de la Curaduría, sin perjuicio de dejar establecido que -frente a cualquier circunstancia que se presente al respecto para el futuro y que denote una inadecuada administración o un riesgo para la causante- deberá la apelante o la Asesoría de Incapaces formular el pertinente planteo en orden a actuar lo que corresponda para la debida protección de sus bienes.
Sin costas de Alzada , atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. CPCC)
REGISTRESE Y DEVUELVASE , ENCOMENDANDOSE LAS PERTINENTES NOTIFICACIONES A LA INSTANCIA DE ORIGEN, debiendo adoptarse las previsiones necesarias para que el anoticiamiento del presente a S. N. se efectúe con los ajustes de procedimiento necesarios a fin de que comprenda cabalmente los alcances de esta decisión; a tales efectos, la pertinente comunicación quedará en cabeza de su apoyo (Curaduría Oficial) a fin de que se la cite y se le explique, adecuadamente y con intervención de profesionales competentes (si fuera necesario) lo aquí resuelto.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2020 11:22:20 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 11:31:37 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 11:33:23 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia