Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 63829
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, declarando la incapacidad de M. M. T. en los términos del art. 32 última parte del CCyCN, quedando quienes fueron indicados como apoyos en el auto apelado designados como curadores, para representarlo y ejercer -en su nombre- todos los actos que se refieren en el decisorio apelado.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. del CPCC).
Causa Nº MO-63829-2016 R.S.: 318/2020
Con fecha 13 de Octubre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ T. M. M. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA ” Causa Nº MO-63829-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Familia nro. 5 Departamental con fecha 10 de Julio de 2019 resolvió hacer lugar a la demanda promovida en autos restringiendo la capacidad de ejercicio de M. M. T., bajo la institución de un "régimen de sistema de apoyos", limitándole la realización de cualquier acto de disposición como de administración y de manejo de dinero, debiéndose exigir autorización judicial previa al ejercicio de los derechos personalísimos y los actos jurídicos familiares, nombrando a su madre, padre y hermano en el carácter de apoyos, con facultades de representación legal en los términos del art. 101 inc. C del CCyC, con la tarea de intervenir en las actividades allí mencionadas.
Contra tal forma de decidir se alzó la Sra. Asesora de Incapaces, interponiendo recurso de apelación, el cual le fue concedido en relación y se fundó con la presentación que obra copiada en el sistema mediante el escrito electrónico de fecha 24 de Octubre de 2019, que solo mereció réplica de parte de la Defensa Oficial (presentación del 8 de Noviembre de 2019) donde adhiere al recurso de la Asesoría.
En esencia, la recurrente sostiene que no debió haberse declarado la capacidad restringida de M. M., sino directamente su incapacidad, apoyándose para ello en lo que surge del informe interdisciplinario obrante en autos.
Con fecha 24 de Septiembre de 2020, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Abordando la cuestión planteada, es tiempo de recordar lo establecido por el art. 32 del CCyCN
Dicha norma determina que " el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador ".
Pues bien, aquí la Sra. Asesora de Incapaces apunta, justamente, a que se dinamice esta última posibilidad excepcional, en planteamiento que no ha merecido réplica ni objeción, sino por el contrario, adhesión de la Defensa Oficial.
Frente a este cuadro de situación y analizando el informe interdisciplinario que se ha tenido por base para decidir (informe del 26 de Febrero de 2018) observamos que allí se indica que M. M.:
no se comunica
requiere asistencia para la higiene personal, alimentación y vestimenta
se encuentra desvinculado de su red familiar
no establece vínculos de amistad ni puede armar redes
se encuentra aislado de los terceros y de su entorno
no deambula.
se encuentra globalmente desorientado.
no puede evaluarse su memoria, ni su pensamiento
no desarrolló lenguaje.
no es capaz de realizar ninguna actividad autónoma
no puede prestar consentimiento informado
no puede comprender el alcances de sus derechos
no pide ayuda si la necesita
En este contexto, le asiste razón a la Asesora de Incapaces pues la situación de M. M encuadra en el supuesto de la parte final del art. 32 del CCyCN, al comprobarse la imposibilidad absoluta de interacción con su entorno y expresar su voluntad.
El informe referido es elocuente y no veo mérito, razón ni fundamento para apartarme del mismo (arts. 37, parte final CCyCN; 384 y 474 del CPCC).
Luego, aunque la declaración de incapacidad sea un supuesto francamente excepcional, cuando convergen las circunstancias para decretarla, no queda otra opción que transitar ese camino.
De hecho, los alcances del decisorio apelado, y la modalidad de actuación que se determina para sus apoyos, se condice casi totalmente con la de una declaración de incapacidad; y tampoco llego a observar que la no declaración de incapacidad conlleve algún tipo de beneficio, concreto, para M. M..
Consecuentemente, y por las razones expuestas, entiendo que la resolución apelada ha de revocarse, declarando la incapacidad de M. M. Tolosa en los términos del art. 32 última parte del CCyCN, quedando quienes fueron indicados como apoyos en el auto apelado designados como curadores, para representarlo y ejercer -en su nombre- todos los actos que se refieren en el decisorio apelado.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución apelada, declarando la incapacidad de M. M. T. en los términos del art. 32 última parte del CCyCN, quedando quienes fueron indicados como apoyos en el auto apelado designados como curadores, para representarlo y ejercer -en su nombre- todos los actos que se refieren en el decisorio apelado.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. del CPCC).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones y comunicaciones registrales.
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:41:41 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:56:38 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 12:58:35 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia