Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 7894
Causa Nº 7894-2017 R.S. 36/2020
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 10 de Marzo de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Roberto Camilo Jordá y José Luis Gallo, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "P. M. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA", Causa Nº 7894-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDÁ , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Corresponde reanudar el llamado de autos que fuera suspendido a fs. 130?
2. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
A fs. 130, esta Sala dispuso suspender nuevamente el llamado de autos dictado a fs. 127vta. a fin de tomar contacto personal con la causante de autos en los términos del art. 35 del CCyCN.-
Habiéndose dado cumplimiento con ello conforme el acta obrante a fs. 134, corresponderá reanudar el llamamiento de autos otrora suspendido, lo que así dejo propuesto.-
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Jordá, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia nro. 3 Departamental a fs. 72/76vta. resolvió restringir la capacidad en los términos del art. 32, primer párrafo, del CCyCN, de la Sra. M. A. P., ampliando la misma resolución a fs. 118 en cuanto a la restricción de su capacidad para el ejercicio de la responsabilidad parental.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 95 la Sra. P. interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 96 y se fundó con el memorial de fs. 112/114, replicado con la presentación electrónica del 22 de noviembre de 2019 por la Asesoría de Incapaces Dptal..-
3. A fs. 127vta., se llamó "AUTOS " (suspendido a fs. 128 y a fs. 130, aquí reanudado), providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
En primer lugar la Sra. P. se agravia de la resolución apelada pues cuestiona que en el proceso no existe diagnóstico definido conforme las normas de salud exigidas por la OMS.-
Como segundo agravio expresa que la restricción dispuesta para el ejercicio de todo acto de disposición y administración de bienes muebles, inmuebles y sumas de dinero es contraria al informe interdisciplinario que se menciona donde se expresa que la causante comprende cabalmente el alcance de los actos personalísimos y que solo necesita apoyo para administrar ingresos superiores a sus haberes. También se agravia de que se disponga que no es capaz de criar a sus hijos.-
Alega que no dispone o administra mayores montos de dinero que los provenientes de sus ingresos, que los informes dan cuenta del trabajo que realiza y que puede perfectamente contabilizar el ingreso y el egreso de dinero, que "hace compras y trámites con autonomía" y que gracias a su gestión personal logró mudarse del complejo de monoblocks a una casa de dos plantas comprendiendo los alcances de la operación inmobiliaria sin apoyo alguno.-
En tercer lugar se agravia de la resolución apelada pues entiende que la Sra. Jueza se ha apartado del informe interdisciplinario cuando se expresa que " comprende cabalmente el alcance de los actos personalísimos " pero resuelve restringir su capacidad.-
En cuarto lugar, destaca que no solo ha alcanzado lecto escritura sino que continúa sus estudios secundarios, se graduó de estilista y finalizó sus cursos de apoyo y fortalecimiento comunitario.-
En quinto lugar, se agravia de la decisión apelada en tanto la Sra. Jueza restringe su capacidad por cuestiones personales (separada, padres separados, infrecuentes reuniones familiares), que surgen de un expediente ajeno a la materia que aquí nos ocupa, cuestionando si dichas causales ameritan restringir su capacidad jurídica.-
Finalmente, reitera que no se especifica la patología que afecta a la suscripta por lo tanto no hay razón que amerite dictar una sentencia que restrinja su capacidad.-
Es así que solicita se revoque la sentencia de grado y ofrece prueba.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.-
1. Esta Sala II ha hecho referencia antes de ahora a " ...la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) especialmente en sus artículos 1, 3 inciso a), 12 y 26.1.
Por cierto que el concepto de discapacidad en el contexto de la Convención no se identifica con el concepto de incapacidad del derecho interno, sino que incluye a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Sentado ello es importante resaltar que el art. 12 de la Convención que vengo analizando establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad t ienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (inciso 1), que los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (inciso 2), que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (inciso 3) y que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria (inciso 5).-
Por cierto que, como órgano del Estado, estamos obligados a adoptar cuanta medida fuera menester para hacer efectivos los derechos de la Convención (art. 4).-
Son estas pautas las que debemos adoptar como norte y que, incluso, han llevado al legislador a rediseñar –muy recientemente- este tipo de acciones (art. 152 ter C. Civil en su redacción por ley 26657)" (Esta Sala II en causas nros. 52.884, R.s. 84/11 y 34.046, 82/17).-
En este camino, la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional (art. 1°) y reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona (art. 3°).-
Ese cambio de paradigma tan importante para las personas con discapacidad, donde la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume -una de las reglas generales en este tema-, ha sido receptado por nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 31, inciso 2°).-
Y en ese camino, el art. 32 del CCyCN, establece la figura de la capacidad restringida como una categoría jurídica genérica para brindar soluciones tanto en el ámbito patrimonial como en el personal , donde la incapacidad es la excepción a la regla general.-
La persona con capacidad restringida conserva su capacidad, aunque pueda ser limitada para determinado acto o actos . La restricción va a requerir a la vez una garantía consistente en la asignación de uno o más apoyos que ejercerán las funciones asignadas por el juez de conformidad con el art. 43 del mismo cuerpo.-
El Código establece expresamente que la restricción a la capacidad jurídica sólo puede ser en beneficio de la persona (art. 31, inc. b). En concordancia con las reglas generales (art. 31), el propio artículo 32, párrafo 3° establece que " el o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida ".-
Y, en su último párrafo, el art. 32 prevé la incapacidad excepcional y exclusivamente para aquella situación en que " la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz ".-
Asimismo, de acuerdo con lo que establece el art. 101, inc. c del mismo estatuto legal, el apoyo puede ser designado para representar a las personas a las cuales se le haya restringido la capacidad en algún aspecto.-
2. Ello sentado, corresponde en primer lugar, referir que la presente causa es consecuencia de la intervención en la problemática denunciada de los organismos administrativos y judiciales, debido a la conflictiva familiar que presentara la familia de la causante desde antaño reflejada en causas sobre violencia familiar existentes entre la Sra. P. -causante- y el Sr. C. -su pareja-, causa de abrigo respecto de la niña L. C. y el niño D. C., causas penales por posible abuso sexual que tienen como víctima a los menores referidos, etc..-
Es más la presente causa se inicia con la copia de una evaluación interdisciplinaria realizada en los autos sobre abrigo que tramitan ante el mismo Juzgado de Familia y que en este acto tengo a la vista.-
Con ello no podemos soslayar que la información que se pudiera obtener de cualquiera de las causas referidas no resulta ajena a la presente sobre determinación de capacidad de la Sra. P. pues en el fuero de familia no es posible resolver cuestiones aisladas y separadas cuando la problemática familiar afecta a las mismas personas que conforman el mismo núcleo familiar.-
Así es como rechazo el argumento de la Sra. P. respecto a que lo actuado en la medida de abrigo podría resultar ajeno a la presente.-
Ahora sí, veamos lo actuado respecto a la salud de la Sra. P..-
A fs. 8/9 la Sra. Asesora de Incapaces solicita la determinación de capacidad jurídica de la Sra. P. acompañando copia del informe obrante en los autos caratulados "C., D. y otro S/ Abrigo" realizado por el equipo técnico del Juzgado interviniente con fecha 25 de septiembre de 2017 y firmado por peritos psiquiatra, psicólogo y asistente social, con el cual solicita se de por cumplido con lo dispuesto por el art. 618 del CPCC (ver fs. 10).-
De dicho informe surge que su diagnóstico temporario es " trastorno de personalidad tipo paranoide " y que su pronóstico se encuentra " condicionado a la adherencia a tratamiento psiquiátrico y psicológico ", aconsejando " controles médicos clínicos y psiquiátrico. Tratamiento Psicológico y Psiquiátrico. Apoyo de terceros para el cuidado de sus hijos ", "...manifiesta que se anotó para comenzar tratamiento en el Hospital Borda...". Realiza higiene personal, alimentación, vestimenta con autonomía pero condicionado a la vulnerabilidad psíquica que padece. Lo mismo informan respecto del desempeño condicionado en su vida cotidiana, realizando cuidado de sus pertenencias, de sus espacios y preparación de alimentos con autonomía. Ha alcanzado nivel de instrucción básico. Manejo en la vía pública con autonomía, refiriendo tener conflictos con los colectiveros que la persiguen y agreden verbalmente, delante de sus hijos. Realiza salidas y concurre con sus hijos a lugares donde quedarían expuestos a situaciones de riesgo, expresa que en diferentes momentos y lugares han recibido agresiones verbales y físicas, golpes, amenazas, robo. La Sra. P. asiste a sus hijos en las necesidades básicas con dificultad, los lleva y los retira de la escuela desordenadamente, se relaciona disfuncionalmente con los hijos condicionada a la vulnerabilidad psíquica que padece . Su hijo mayor (Kevin de 19 años) vive con su abuela paterna no comunicándose con su madre y hermanos. Cuenta con recursos económicos básicos. Necesita ayuda para organizar la dinámica familiar .
Así es como en dicho informe los profesionales concluyen que " la Sra. P. necesita apoyo para sostener tratamientos médicos psiquiátrico y psicológico par sí misma y sus hijos. Se evidencia una limitación en la aptitud para ejercer el rol materno, necesita de una apoyatura por un tercero responsable, para el cuidado integral de sus hijos. Los mismos se encuentran en riesgo permanentemente teniendo en cuenta su vulnerabilidad psíquica y la de su madre. Se aconseja tratamiento psiquiátrico y psicológico para la Sra. M. P. en el hospital Borda" y observan que " teniendo en cuenta que los niños D. C. y L. C. tienen certificado de discapacidad, se aconseja solicitar acompañante terapéutico a contra turno de la jornada escolar a los fines de garantizar el cumplimiento de los tratamientos psiquiátricos y psicológicos en el Hospital Tobar García ".-
Posteriormente, en cumplimiento del art. 625 del CPCC, se realiza la pericia interdisciplinaria ordenada donde peritos psiquiatra, psicóloga y asistente social informan el 2 de julio de 2018 que en cuanto a autocuidado y vida cotidiana se maneja con autonomía pero sigue condicionada por su vulnerabilidad psico-psiquiátrica; en cuanto al manejo y administración de dinero , si bien lo ejerce por cuenta propia, presenta carencias de planificación, valoración y jerarquización de necesidades que la exponen a una administración fallida de los recursos de los que dispone. Respecto de su red socio familiar , destaca la vulnerabilidad de su continente familiar y socio-comunitario, su madre que la acompaña como familiar referente en la entrevista minimiza y soslaya las dificultades que presenta. Se reitera la necesidad de apoyo para la organización, gestión e instrumentación de tratamientos médicos (y específicamente de salud mental). En cuanto a su responsabilidad parental "se aprecia una mejoría en cuanto a lo ofrecido en su exploración psicopatológica respecto a lo que fuera consignado en fecha 25 de septiembre de 2017 en exp. 79.991, no obstante ello no altera en forma relevante la valoración acerca de sus competencias parentales". Los profesionales la reconocen competente para el ejercicio del sufragio activo y para comprender los alcances de los actos personalísimos como casarse, divorciarse, reconocer hijos, votar y testar. Finalmente, sostienen los profesionales que la Sra. P. necesita apoyo para administrar ingresos superiores a sus haberes, para disponer de sus bienes, para ejercer la patria potestad y para sostener tratamientos médicos pero no para manejarse en la vía pública; observando la evidente necesidad de una apoyatura por un tercero responsable . Concluyendo que su diagnóstico es trastorno de la personalidad no especificado, con un pronóstico de condición persistente, sin necesidad de internación, aconsejando tratamiento psiquiátrico y psicológico (ver fs. 28/30).-
A fs. 68 se da cumplimiento con la audiencia prevista por el art. 627 del CPCC y con el art. 35 del CC estando allí presentes la Sra. P., la Sra. Asesora, la Sra. Defensora y la Sra. Jueza, donde también se procede a notificar de todo lo actuado en autos hasta ese momento. En dicha audiencia, la Sra. P. ha agregado constancias de inicio de tratamientos psicológicos pero se observa que a fs. 49/59 las mismas sólo acreditan la solicitud de turnos y de consulta psiquiátrica como así también su asistencia a dos sesiones de psicología con la Licenciada Romina Giuliodori, quien en el informe agregado a fs. 62/3 de fecha 13 de marzo de 2019 refiere que la Sra. P. ha concurrido a seis sesiones desde el 19 de diciembre de 2018, relatando la situación con sus hijos y el acuerdo de continuar con el tratamiento pero sin incorporar un diagnóstico y pronóstico de su salud mental ni referir continuidad en el tratamiento.-
Con el escrito electrónico de fecha 25 de marzo de 2019, la Sra. Asesora solicita se restrinja la capacidad de la Sra. P. respecto al otorgamiento de actos jurídicos de disposición y de administración de su patrimonio, así como de actos jurídicos familiares y de los concernientes a los derechos personalísimos. Ante la inexistencia de referentes familiares y/o afectivos que presten asistencia debidamente conforme se desprende del Expte. N° 79991 caratulado "C. D. A. Y OTRO/A S/ ABRIGO", considera conveniente designar a la Curaduría Oficial de este Departamento Judicial como el apoyo necesario que contempla el art. 43 del C.C.C.N., debiendo revestir el carácter de representante en los términos del art. 101 inc. "c" del C.C.C.N. para el otorgamiento de los actos jurídicos de disposición y de administración del patrimonio de la causante, con cargo de periódica rendición de cuentas. Para los actos de disposición de importancia, aquellos que afecten significativamente el patrimonio, tal como operaciones inmobiliarias de cualquier índole, solicita contarse con la autorización judicial correspondiente, previa opinión del Ministerio Público Tutelar. En cuanto a los actos jurídicos familiares y los concernientes a los derechos personalísimos, solicita que la Sra. P. requiera directamente, o bien por intermedio de la figura de apoyo designada, la autorización judicial.-
Así es como a fs. 72/76vta. -7 de mayo de 2019- se dicta sentencia resolviendo restringir la capacidad jurídica de la Sra. P. para el ejercicio de todo acto de disposición y administración de bienes muebles o inmuebles como así también la administración de sumas de dinero, cualquiera sea su origen; para el ejercicio de derechos personales y/o personalísimos y para el ejercicio de la responsabilidad parental (ver ampliación de fs. 118 -5 de septiembre de 2019-)
Asimismo, dispuso la designación de la Curadora de Alienados Dptal. como apoyo de la causante, estableciendo que si bien cuenta con la representación necesaria para la realización de actos de administración y disposición de bienes y dinero deberá para los actos de importancia requerir la autorización específica previa opinión del Ministerio Pupilar . En cuanto a los actos jurídicos familiares y derechos personalísimos, deberá requerir la autorización judicial correspondiente previa opinión del Ministerio Público Fiscal.-
3. Con dicho panorama, es hora de dar respuesta a los agravios traídos por la causante de autos, haciendo la salvedad que la decisión a tomar, tanto en estos obrados como en la causa nro. 79.991, es ardua pues todos los derechos involucrados son atendibles e importantes.-
En primer lugar es necesario dejar sentado que contrariamente a lo que expone la Sra. P. y su asistencia letrada, en autos se ha establecido con claridad el diagnóstico de la causante como trastorno de la personalidad no especificado (ver informe de fs. 28/30), el cual también es informado por la obra social de la causante a fs. 91/92, por lo cual rechazo el agravio a su respecto. A ello se suma que la recurrente no especifica cuáles son las normas de salud de la OMS que refiere en su memorial.-
En cuanto a sus derechos personales , en lo que a la administración y disposición de bienes muebles e inmuebles se refiere, los profesionales intervinientes informaron que " necesita apoyo para disponer de sus bienes " (fs.30), puesto que dichas operaciones involucran valores que superan los ingresos y egresos provenientes de su oficio o del programa del cual resulta beneficiaria por lo que entiendo que la restricción en este aspecto resulta correcta.-
Siguiendo con los
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