Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 9806
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto con fecha 18 de junio de 2021 y confirmar la resolución apelada de fecha 14 de junio de 2021 ; sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 del CPCC).
Asimismo, ENCOMENDAMOS al Juzgado de Origen la pronta continuidad de la presente causa a fin de resolver la situación del jóven C., considerando que la misma ha sido iniciada en el año 2018.
Causa N º MO-9806-2019
Y VISTOS : el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Asesora en la presentación electrónica de fecha 18 de junio de 2021 que fuera concedido en relación con efecto suspensivo el día 24 de agosto, siendo fundado con la presentación de fecha 30 de agosto, cuyo traslado fuera ordenado con fecha 31 de agosto y que mereciera la contestación de la Unidad Funcional de Defensa N°3 Dptal., todas fechas del mismo año.
Asimismo, con fecha 16 de septiembre se llamó "autos al acuerdo", sorteándose el 21 de septiembre el orden de estudio y suspendiéndose dicho llamado con fecha 26 de octubre.
Consecuentemente, habiéndose cumplido con la medida ordenada en el mismo auto de suspensión, por medio de la certificación realizada por el actuario en primera instancia de fecha 5 de noviembre, SE REANUDA en este acto el llamado de "autos al acuerdo".
a.- Previamente, cabe aclarar que la presente causa ha llegado a esta Alzada en formato papel y en formato digital, habiéndose en este caso realizado el estudio de la cuestión con las constancias que surgen de la consulta del Sistema Augusta y de la Mesa de Entradas Virtual.
Sentado ello, cabe recordar que Esta Sala II ha hecho referencia antes de ahora a "...la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) especialmente en sus artículos 1, 3 inciso a), 12 y 26.1.
Por cierto que el concepto de discapacidad en el contexto de la Convención no se identifica con el concepto de incapacidad del derecho interno, sino que incluye a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Sentado ello es importante resaltar que el art. 12 de la Convención que vengo analizando establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (inciso 1), que los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (inciso 2), que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (inciso 3) y que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria (inciso 5).-
Por cierto que, como órgano del Estado, estamos obligados a adoptar cuanta medida fuera menester para hacer efectivos los derechos de la Convención (art. 4).-
Son estas pautas las que debemos adoptar como norte y que, incluso, han llevado al legislador a rediseñar –muy recientemente- este tipo de acciones (art. 152 ter C. Civil en su redacción por ley 26657)" (Esta Sala II en causas nros. 52.884, R.s. 84/11 y 34.046, 82/17).-
En este camino, la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657) tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional (art. 1°) y reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona (art. 3°).-
Ese cambio de paradigma tan importante para las personas con discapacidad, donde la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume -una de las reglas generales en este tema-, ha sido receptado por nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 31, inciso 2°).-
Y en ese camino, el art. 32 del CCyCN, establece la figura de la capacidad restringida como una categoría jurídica genérica para brindar soluciones tanto en el ámbito patrimonial como en el personal, donde la incapacidad es la excepción a la regla general.-
La persona con capacidad restringida conserva su capacidad, aunque pueda ser limitada para determinado acto o actos. La restricción va a requerir a la vez una garantía consistente en la asignación de uno o más apoyos que ejercerán las funciones asignadas por el juez de conformidad con el art. 43 del mismo cuerpo.-
El Código establece expresamente que la restricción a la capacidad jurídica sólo puede ser en beneficio de la persona (art. 31, inc. b). En concordancia con las reglas generales (art. 31), el propio artículo 32, párrafo 3° establece que "el o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida".-
Y, en su último párrafo, el art. 32 prevé la incapacidad excepcional y exclusivamente para aquella situación en que "la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz".-
Asimismo, de acuerdo con lo que establece el art. 101, inc. c del mismo estatuto legal, el apoyo puede ser designado para representar a las personas a las cuales se le haya restringido la capacidad en algún aspecto.-
b.- Sentados estos conceptos generales sobre los cuales caminaremos en la presente resolución, hemos de referir que en autos se presenta el apoderado del "Hogar San Francisco de la Loma" con fecha 6 de septiembre de 2018 con el objeto de promover este juicio de determinación de capacidad del jóven C. T. C. P. (20 años), quien se encuentra alojado en dicho hogar por carecer de grupo social o familiar continente y por sufrir una enfermedad que lo afecta gravemente. Asimismo, solicita -entre otras cuestiones-, se designe provisoriamente como apoyo o curadora a la directora del hogar, Sra. G. M. R..
Con fecha 16 de mayo de 2019 la Unidad Funcional de Defensa N° 3 acepta el cargo de abogado del jóven causante de autos.
Resueltas las cuestiones de competencia que se suscitaron en autos, el 15 de abril de 2021, la Sra. Asesora interviniente al recibir un oficio firmado por la Sra. R. solicitando se la autorice para firmar el formulario para la renovación del CUD del jóven. Ante ello la Sra. Asesora solicita al Juzgado de Origen que se designe " como persona de apoyo provisoria del causante a la Sra. Curadora Zonal de Alienados, a fin de que realice los tramites pertinentes y administración de su pensión ".
A lo cual la Sra. Curadora se opone pues afirma que la Sra. R. ejerce el apoyo de hecho del causante, que la misma se presenta como pretenso apoyo, que es la persona que viene ejerciendo de hecho el apoyo del jóven C., por ello es que peticiona ante la Asesoría la autorización para tramitar el C.U.D. al causante. A ello agrega que la Directora de la institución ya se encuentra autorizada a percibir los haberes del causante en los autos "C. P. C. T. S/ Abrigo", por lo que solicita, hasta el dictado de la sentencia definitiva, se la designe como persona de apoyo en los términos del art. 34 del CCyCN para efectuar el C.U.D al causante y el control de su salud.
A ello la Asesoría contesta con fecha 11 de mayo que la causa referida sobre abrigo estaría finalizada y destaca lo normado por el art 32 del C.C.C, en el cual se contempla la designación de el o los apoyos que se estimen corresponder a fin de garantizar la tutela afectiva y protección integral de los intereses de su representado, por lo que entiende que podrá designarse cautelarmente a la Curaduría Oficial de Alienados en conjunto con la Directora de la institución Sra. R..
La UFD N° 3 nada objeta a lo solicitado por la Asesoría.
Ante ello, con fecha 2 de junio, la Sra. Jueza de grado resuelve designar como apoyos provisorios del jóven C. a la Sra. R. y a la Curaduría Zonal en los términos de los arts. 31, 32 y 43 del CCyCN, autorizando a la primera a percibir por un año su pensión.
Ante el planteo de aclaratoria de la Sra. Curadura de fecha 10 de junio, la Sra. Jueza hace lugar a la misma, resolviendo designar únicamente como apoyo provisorio del causante a la Sra. R. (14 de junio de 2021).
Ante ello, la Sra. Asesora plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo rechazado el primero, se concede el segundo con fecha 24 de agosto, argumentos a los cuales me remito al memorial presentado y a su contestación, en honor a la brevedad.
c.- Ahora bien, ante esta cuestión cabe recordar que "De la Ley de Ministerio Público -N° 14.442- se obtiene concretamente que en su organización será el Asesor de Incapaces -como miembro del Ministerio Público- quien intervenga en las cuestiones que interesen a la persona y bienes de los incapaces (art. 38).
Tanto el Código Civil y Comercial de Nación en sus arts. 33, inciso d y 40, último párrafo, como el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires en su art. 620, primer párrafo, hacen referencia a la actuación del Ministerio Público pero, por supuesto, que ello interesa a las Asesorías de Incapaces pues resulta ser el Asesor en su función de protección de la persona, quien ejerza el control de legalidad en este tipo de procesos " (causa nro. 34.046, R.S. 82/17).
Y en ese sentido, el inciso séptimo del art. 38 referido, establece claramente entre los deberes y atribuciones de las Asesorías " Controlar a la situación de los incapaces o internados alojados por cualquier causa en lugares de detención o establecimientos sanitarios, velando por el respeto de los derechos y garantías formulando las denuncias y requerimientos pertinentes; y promover su externación cuando corresponda ".
La misma normativa en su art. 108 establece en cuanto a las Curadurías que actuarán "... de acuerdo a las instrucciones y reglamentos que dicte el Defensor General, y los acuerdos que éste celebre con la Suprema Corte y demás órganos; como así respecto del artículo 622 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando un insano carezca de familiares o éstos se hubieran excusado con causa suficiente o no existan personas habilitadas para asumir su representación ".
Ello se condice con lo dispuesto en el art. 1 del Ac. 1989/81 SCBA que expresa: " En los supuestos contemplados por el art.622 del Código Procesal cuando el insano carezca de familiares o éstos se hubiesen excusado con causa suficiente o no existan personas habilitadas para asumir la representación , los Jueces o Tribunales discernirán el cargo de Curador definitivo del incapaz en la persona del Curador Oficial de Alienados .”
Ello sentado, resulta importante destacar que aquí nos encontramos ante la designación de un curador o apoyo provisorio y que aún no se han realizado en la causa los informes necesarios para establecer si el jóven C. necesitará la designación de un sistema de apoyo o de un curador/a.
Entonces, en dicho camino, resulta muy importante destacar que de las presentaciones realizadas en autos bregando por los derechos del jóven C., ha sido siempre la Sra. R. quien ha firmado todas las peticiones a su respecto, quien se ha ofrecido -a través del letrado apoderado del hogar - a ejercer dicha función y quien ya ha sido autorizada en los autos sobre abrigo para ser designada como apoderada en la institución donde el jóven cobra su pensión.
Al respecto hemos de referir que a la vista contamos con la causa en formato papel caratulada "C. P., C. T. S/ Abrigo" nro. 5899/2017, de donde obtenemos que el Servicio Local de Merlo adoptó una medida de abrigo a su favor el día 6 de febrero de 2017, fecha desde la cual el causante, de por entonces 16 años, habita en el Hogar referido debido a su discapacidad, a la muerte de su madre -quien se encargaba de su cuidado- y a no contar con una familia continente para su protección.
De fs. 54 surge que la directora Sra. R. -médica universitaria- solicita ser autorizada a percibir la pensión por invalidez del jóven con urgencia, debido que ante la muerte de su progenitora, podría dejar de percibir su beneficio. Así es como la Sra. Jueza de grado, la autoriza a través del auto de fecha 20 de septiembre de 2017.
A ello debo sumar que de los informes agregados en dichos autos sobre abrigo surge que el jóven C., hoy de 20 años, es dependiente total para todas las actividades de la vida diaria (ver fs. 76/82 y 64).
Es decir, que si bien la presente causa apenas se encuentra iniciada, el jóven C. se encuentra bajo el cuidado de una institución donde sus profesionales se encargan de su atención, siendo la Sra. R. la cabeza de dicho establecimiento, que viene cumpliendo la función de "apoyo de hecho", como se ha referido en autos, desde hace varios años.
Además, si bien surge que la causa sobre abrigo se encuentra archivada -o cerrada como alega la recurrente-, ello no quita que lo allí resuelto conforme al cuidado que ejerce la Sra. R. como cabeza del establecimiento, no deba ser tenido en cuenta.
Entonces, ante ello y conforme las funciones que detenta tanto la Asesoría como la Curaduría -las cuales hemos referido anteriormente-, no encontramos óbice alguno para que la Sra. R. ejerza la función provisoria correspondiente por sí sola pues así ya lo ha venido haciendo sin surgir denuncia alguna de autos sobre mal desempeño, que la Asesoría podría haber realizado en estos autos durante todos los años de su internación.
Es más, nuestra experiencia sobre el trabajo de la Curaduría Zonal de Alienados, nos lleva a concluir que sus argumentos para que "provisoriamente" sea la Sra. R. quien proteja los derechos del jóven sin el control de dicho organismo, resultan atendibles puesto la cantidad de causas en donde deben cumplir con su tarea es muy amplia, considerando que tienen competencia en más de un departamento judicial, lo cual claramente podría ir en desmedro de los derechos del jóven C.. Sumado a que compartimos el concepto -en base a los deberes y atribuciones referidos- que es la Asesoría quien ejerce el control sobre la situación de internación del causante en todo a lo que ella atañe.
En este sentido, conforme los agravios de la recurrente, sabido es que en caso de presentarse rendiciones de cuentas muy complejas que no puedan ser comprensibles por la Asesoría, la misma podrá recurrir, a través del Juzgado de Origen, a los peritos que conforman la Asesoría Pericial Deptal para el estudio de las mismas con mayores conocimientos contables, si ello fuera necesario. No obstante ello, la experiencia al respecto nos demuestra que debido a las bajas sumas que conforman las pensiones por invalidez -como en este caso-, las rendiciones de cuentas no suelen ser complejas.
Es más, consideramos que la referencia al sistema de apoyo amplio que menciona la recurrente no involucra la supervisión de un apoyo o curador/a a otro/a sino el ejercicio de distintas funciones que mejoren la situación del causante y no que tornen engorroso el cuidado por controles innecesarios cuando ya hay un organismo que debe cumplir dicha función de control: la Asesoría.
Además, el art. 108 de la ley 14.442 hace referencia a otras personas cuando expresa que la Curaduría actuará cuando "...no existan personas habilitadas para asumir su representación", siendo esas "otras personas" la Sra. R., quien si bien no ha sido evaluada para una posible representación porque aún no contamos con sentencia que determine la capacidad del causante o su incapacidad, claramente puede desempeñar por sí sola el cargo provisorio aquí en discusión sin la intervención de la Curaduría y con el control de la Asesoría.
Y claro está que lo aquí resuelto lo es únicamente para este caso concreto y de ninguna manera puede interpretarse que podrá utilizarse como regla general para otros casos en cuanto a la intervención o no de la Curaduría Zonal como apoyo o curador provisorio.
Por estas razones y por la normativa referida, consideramos que deberá rechazarse el recurso de la Asesoría interviniente.
Ello dicho, esta Sala II RESUELVE : RECHAZAR el recurso interpuesto con fecha 18 de junio de 2021 y CONFIRMAR la resolución apelada de fecha 14 de junio de 2021 ; sin costas de Alzada atento el carácter de la resolución (art. 68 del CPCC).
Asimismo, ENCOMENDAMOS al Juzgado de Origen la pronta continuidad de la presente causa a fin de resolver la situación del jóven C., considerando que la misma ha sido iniciada en el año 2018.
REGÍSTRESE . NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCIÓN AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVU ÉLVASE SIN MÁS TRÁMITE.
ATENTO HABERSE ELEVADO EN FORMATO PAPEL, DEVU ÉLVASE EL MISMO EN UN CUERPO POR CUERDA CON LOS AUTOS CARATULADOS "C. P., C. T. S/ ABRIGO" NRO. 5899/2017 EN UN CUERPO, SIRVIENDO LA PRESENTE DE ATENTA NOTA DE ENVÍO.
Y HABIÉNDOSE ELEVADO TAMBIÉN ELECTRÓNICAMENTE LAS ACTUACIONES, SE LAS DEVUELVE EN EL MISMO FORMATO, RADICÁNDOLAS EN ESTE ACTO.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:28:19 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:39:40 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:41:38 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/12/2021 13:01:54 hs. bajo el número RR-55-2021 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia