Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 24354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el causante Sr. Andrés Pérez y se modifica la resolución apelada dejando establecido que el Sr. A. P. podrá administrar y manejar el dinero que le asigna su apoyo semanalmente de la forma que lo venían realizando y que claramente describe en su memorial de agravios, con ayuda de la Sra. A. P. , conforme también lo concluyen las profesionales en el informe de fecha 10 de noviembre de 2021.
Asimismo, SE ESTABLECE que la restricción para manejo de dinero únicamente operará para operaciones que superen el monto de dos o más de sus haberes mensuales, para lo cual requerirá la asistencia de su apoyo -Sra. A. P.- , conforme lo expuesto en el mismo informe.
Finalmente, frente a cualquier circunstancia que se presente al respecto para el futuro y que denote una inadecuada administración o un riesgo para el causante, deberá su apoyo o la Asesoría interviniente formular el pertinente planteo en orden a actuar lo que corresponda para la debida protección de sus bienes.
Sin imponer costas de Alzada , atento el carácter de la resolución (art. 68, 2ª p., CPCC).
Causa Nº MO-24354-2021
En la fecha impuesta al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P. A. J. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA Causa N º MO-24354-2021" habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Corresponde hacer lugar al recurso del causante?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia N° 5 Departamental con fecha 11 de marzo de 2022 resolvió hacer lugar a la demanda promovida en autos restringiendo la capacidad de ejercicio del Sr. A. J. P., quien padece de ESQUIZOFRENIA, limitándole la realización de cualquier acto de disposición como de administración y de manejo de dinero, debiéndose exigir autorización judicial previa al ejercicio de los derechos personalísimos y los actos jurídicos familiares a excepción del derecho a voto. Asimismo, nombró a la Sra. A. M. P. en la función de apoyo.
2. Contra tal forma de decidir se alzó con fecha 21 de marzo de 2022 el mismo causante interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido en relación con fecha 28 de marzo y fundado con el memorial de fecha 6 de abril, el cual mereció la réplica de la Sra. P. -apoyo y hermana- con fecha 13 de abril y la vista de la Asesoría interviniente de fecha 4 de mayo, todas fechas del mismo año.
3. Con fecha 12 de mayo de 2022 se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
El recurrente se agravia de la resolución apelada en cuanto a la limitación que se ha dispuesto respecto de la administración y manejo del dinero pues implica una restricción y limitación a sus actividades y habilidades, que al día de hoy aún conserva.
Expresa que con el dinero que maneja -50% de sus haberes-, realiza compras de alimentos en comercios de cercanía. Dicho monto se lo asigna su hermana semanalmente para cubrir esos gastos, anotando los mismos en un cuaderno para llevar un control, siendo una actividad y responsabilidad que mantiene de forma autónoma.
Por ello entiende que la decisión de la sentenciante restringe y limita las capacidades que aún conserva, implicando un retroceso en su situación actual por lo que solicita se modifique el decisorio, autorizándolo al manejo de la suma ya referida.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.
III. La solución:
1. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, es del caso traer a colación algunos fundamentos vertidos en otra oportunidad (causas nros. 34.415, R.S. 53/2016 y 47.944, R.S. 295/2020) que resultan de aplicación al presente.
Decíamos allí que:
"Si se parte de que el paradigma tradicional en materia de salud mental consistía en un régimen paternalista que pretendía evitar todo riesgo para la persona protegida, podría resumirse el cambio que introduce la Convención mediante el concepto de "dignidad del riesgo".
Para Sosa, dicho principio implica que la vida y la libertad indefectiblemente conllevan riesgo por lo que su existencia, la del riesgo, es condición necesaria para evitar la aniquilación de la libertad y la subjetividad de la persona.
Ello ha llevado a decir de Villaverde que, "a diferencia de los sistemas de protección social que atrapan a las personas con discapacidad considerándolas un objeto a tutelar, la asistencia adecuada se encamina a la liberación de las personas en sus propias vidas, a la ampliación de su esfera de actuación en la que decidan por sí mismas lo que quieren hacer y al reconocimiento del valor de su aporte a la sociedad que integran "como parte de la diversidad y de la condición humana" ("Código Civil y Comercial", Eduardo Gabriel Clusellas -coordinador-, Astrea Editora Notarial, 2015, pág. 126).
(...)
En apoyo de esta postura recurro a Convenciones y Tratados con jerarquía constitucional, vigentes al momento del dictado de la sentencia en estudio para lo cual he de referir jurisprudencia reciente donde claramente se explica el cambio de paradigma que el sistema judicial debe procesar sin reservas frente a decisiones de gran valor para las personas involucradas en estos casos.
"El Código Civil y Comercial en sus arts. 31 a 50 referidos a las "Restricciones a la Capacidad", completó la labor iniciada por Ley de Salud Mental (Ley 26.657), poniendo al derecho civil argentino en la senda del modelo adoptado por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad (Ley 25.280) y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (en adelante CDPD - Ley 26.378, con jerarquía constitucional por ley 27.044; art. 31 de la Const. Nacional); este abanico se completa con la "Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud" del 14/11/1990, y los "Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas" del 9/11/1990. La CDPD resulta el primer tratado de consenso universal que importa la especificación concreta de los derechos de las personas con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, adoptando el modelo social de la discapacidad; modelo que importa un giro trascendental en la condición de las personas con discapacidad ya que deja de considerarlas portadoras de una patología que las "discapacita" y ubica "el problema" en el escenario social (Cfr. Herrera, M.-Caramelo, G.-Picasso, S. -directores-, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tit. Preliminar y Libro primero; Edit. Infojus, Cda. de Bs. As., 2015, pág. 80; Palacios, Agustina; El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, Edit. Cinca, Madrid, 2008; Palacios, A.- Bariffi, F., Coordinadores, Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos; Edit. Ediar, Bs. As., 2012). Concretamente el art.12 de la CDPD reconoce que "las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.".
A ello se le suma la garantía de no discriminación que establece su art. 2º el cual entiende como discriminación a "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo". La Observación Nº 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 31 de marzo a 11 de abril de 2014 establece que "La igualdad ante la ley es un principio básico general de la protección de los derechos humanos y es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan específicamente el derecho a la igualdad ante la ley. En el artículo 12 no se establecen derechos adicionales para las personas con discapacidad simplemente se describen los elementos específicos que los Estados partes deben tener en cuenta para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la igualdad ante la ley, en igualdad de condiciones con las demás".
Así también lo entendió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica ", en el cual señalo que "La discapacidad resulta de la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En las Convenciones anteriormente mencionadas se tiene en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, lo cual implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, actitudinales o socioeconómicas." (Corte IDH del 28/11/2012, Serie C, Nº 257, párr. 290 y 291). En tal sentido los Dres. Kraut y Diana expresan que "El respeto del modelo social implica que no debe privarse a la persona de su posibilidad de elegir y actuar. La aplicación del sistema creado a partir de la Convención de la ONU para personas con Discapacidad debe guiarse por el principio de la "dignidad del riesgo", es decir, el derecho a transitar y vivir en el mundo, con todos sus peligros y la posibilidad de equivocarse." (Kraut, A. - Diana, N.; Derecho de las personas con discapacidad mental: hacía una legislación protectoria; pub. en L.L.2011-C-1039).
En este marco el Código Civil y Comercial de la Nación establece como regla que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos (cfr. arts. 22 y 23 Cód. Civ. y Com.). Esta capacidad debe presumirse y garantizarse en toda circunstancia y a todas las personas, con independencia de cualquier característica personal e incluso de cualquier diagnóstico médico (Cfr. Kraut, A. y Palacios, A.; Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Ricardo Lorenzetti, Director; T. I, Edit. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe., 2014, pág. 126)" (cfr. microjuris.com MJJ96449, "D.J. S/ Insania y Curatela", Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, 22/12/2015).
Es del caso también traer a colación que recordábamos desde esta Sala -causa nro. 52.884, R.S. 84/11- que el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (inciso 1), que los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (inciso 2), que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica (inciso 3) y que los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, CONTROLAR SUS PROPIOS ASUNTOS ECONÓMICOS y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria (inciso 5).
Amén de lo cual, no podemos olvidar las pautas sentadas en el art. 31 del CCyCN en cuanto a que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional (inc. b) y operando siempre con la mínima restricción posible sobre derechos y libertades (inc.f)".
2. Pues bien, a la luz de lo expuesto, se observa que el informe interdisciplinario llevado a cabo en autos y agregado con fecha 10 de noviembre de 2021, consigna que el Sr. A. P. puede con supervisión manejar y administrar su dinero, observando allí mismo que cobra y maneja el 50% de sus haberes y que realiza compras cercanas a su domicilio también con supervisión . En las conclusiones las profesionales determinan que el causante puede administrar hasta uno o dos haberes mínimos con ayuda y que si fuera superior a dos haberes, necesitaría asistencia .
Consecuentemente, y a la luz del principio de mínima restricción antes referenciado, sin perder de vista tampoco que la pretensión recursiva no ha sido resistida por la Asesoría de Incapaces ni por la Sra. A. P. -apoyo del causante-, al contrario, acompañan la modificación solicitada por el recurrente, entiendo que deberá hacerse lugar a la misma, modificándose la resolución apelada, y dejando señalado que el Sr. A. P. podrá administrar y manejar el dinero que le asigna su apoyo semanalmente de la forma que lo venían realizando y que claramente describe en su memorial de agravios, con ayuda de la Sra. A. P., conforme también lo concluyen las profesionales en el informe de fecha 10 de noviembre de 2021.
Asimismo, la restricción para manejo de dinero únicamente operará para operaciones que superen el monto de dos o más de sus haberes mensuales, para lo cual requerirá la asistencia de su apoyo -Sra. A. P.-, conforme lo expuesto en el mismo informe.
Todo ello, sin perjuicio de dejar establecido que -frente a cualquier circunstancia que se presente al respecto para el futuro y que denote una inadecuada administración o un riesgo para el causante- deberá su apoyo o la Asesoría interviniente formular el pertinente planteo en orden a actuar lo que corresponda para la debida protección de sus bienes.
Si mi propuesta es compartida se deberá hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el causante Sr. A. P. y modificar la resolución apelada en cuanto al manejo del dinero antes referido. Sin imponer costas de Alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2ª p. CPCC)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Cunto por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el causante Sr. Andrés Pérez y SE MODIFICA la resolución apelada DEJANDO ESTABLECIDO que el Sr. A. P. podrá administrar y manejar el dinero que le asigna su apoyo semanalmente de la forma que lo venían realizando y que claramente describe en su memorial de agravios, con ayuda de la Sra. A. P. , conforme también lo concluyen las profesionales en el informe de fecha 10 de noviembre de 2021.
Asimismo, SE ESTABLECE que la restricción para manejo de dinero únicamente operará para operaciones que superen el monto de dos o más de sus haberes mensuales, para lo cual requerirá la asistencia de su apoyo -Sra. A. P.- , conforme lo expuesto en el mismo informe.
Finalmente, frente a cualquier circunstancia que se presente al respecto para el futuro y que denote una inadecuada administración o un riesgo para el causante, deberá su apoyo o la Asesoría interviniente formular el pertinente planteo en orden a actuar lo que corresponda para la debida protección de sus bienes.
Sin imponer costas de Alzada , atento el carácter de la resolución (art. 68, 2ª p., CPCC).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCIÓN AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUÍDOS POR LAS PARTES.
DEVU ÉLVASE SIN MÁS TRÁMITE.
Atento haberse elevado electrónicamente las actuaciones, se las devuelve en el mismo formato, radicándolas en este acto.
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2022 12:31:04 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2022 12:59:16 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2022 13:00:47 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 01/09/2022 13:17:43 hs. bajo el número RS-289-2022 por GOMEZ PABLO MARTIN.
Fin de la sentencia