Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 18137
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, disponiendo que -en la instancia de origen- se actúe lo conducente para que el Sr. Torres sea evaluado también por un médico psiquiatra, quien deberá emitir dictamen que complemente al ya emitido. Dejando establecido que en caso de ser necesario, la jueza de primera instancia podrá requerir la colaboración de médico psiquiatra integrante del Equipo Técnico Auxiliar de otro Juzgado de Familia Departamental, el que deberá prestar la colaboración que al respecto se le solicite.
Sin costas de Alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2º p. del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-18137-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "T. H. E. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA Causa N º MO-18137-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO , dijo:
1. La resolución del 28 de Septiembre de 2022 (donde se desestima el pedido de integrar el equipo técnico con un psiquiatra) ha sido apelada por la Asesoría con fecha 13 de Octubre de 2022, concediéndose el recurso en relación y teniéndolo por fundado con dicho escrito, a cuyos términos cabe remitirse.
El 2 de Noviembre de 2022 se notifica la Defensoría que interviene por el Sr. Torres y el 9 de ese mismo mes y año, lo hace su hermana (que interviene como apoyo), quien adhiere a lo postulado por la Asesoría.
Con fecha 1 de Diciembre de 2022 se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, debo comenzar señalando que -como bien lo expone la Asesoría interviniente- la resolución apelada hace alusión a una providencia de fecha 10 de Agosto de 2022, que según se dice habría sido consentida, pero no se observa en el trámite del expediente ninguna providencia que date de esa fecha.
Tampoco se observa que, al fijar la fecha para la evaluación (providencia del 30 de Junio de 2022), se hubiera dejado señalada la modalidad de actuación sin médico psiquiatra.
Con lo cual, no veo consentimiento alguno de parte de la Asesoría quien, lo remarco, frente al primer conocimiento de la forma en que se llevó a cabo la evaluación, exteriorizó su postura, lo que terminó desembocando en el auto hoy apelado.
Aclarado este punto, es necesario señalar ahora que la cuestión que aquí se ha planteado encuentra respuesta en el voto que emitiera en la Causa n° MO-9731-2021, resolución del 15 de Diciembre de 2022.
Decía allí que:
" Es indudable que la ley 26.657 importó una modificación sustancial del rígido sistema binario adoptado por Vélez Sársfield y parcialmente mantenido por la reforma de la 17.711.
El nuevo modelo recoge los reiterados reclamos de la doctrina argentina tendientes a implementar un sistema graduable y flexible que amplía el margen de decisión judicial, de modo de permitir adecuar la restricción a la capacidad de ejercicio a las circunstancias personales de la persona, resguardando en el mayor grado posible, su esfera de autonomía personal (TOBIAS, en “Código Civil y Comercial de la Nación…”, dirigido por ALTERINI, Tomo I, pág.340, tercera edición, La Ley, año 2019).
Así, el nuevo CCyCN adoptó dos sistemas restrictivos de la capacidad de ejercicio: la declaración de capacidad restringida y la declaración de incapacidad.
El nuevo modelo adoptado exige, para que el juez pueda expedirse, el imprescindible dictamen de un equipo interdisciplinario, conforme expresa el art.37 del CCyCN, sin determinar la integración de ese equipo.
Cabe señalar que el carácter imprescindible del examen interdisciplinario sólo indica la necesidad de que el magistrado se pronuncie habiendo necesariamente valorado ese medio probatorio.
Ahora bien, el art.3 de la ley 26.657 dispone que se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes “…históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos ... ”.
A su turno el art.8 dispone que debe promoverse que la atención en la salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente, entre lo que expresamente incluye las áreas de psicología , psiquiatría , trabajo social y otras disciplinas que no interesan ahora para nuestra decisión.
Por su parte, los arts.16 y 20 de la ley, respectivamente referidos a toda internación y a la internación involuntaria, requieren en ambos casos, evaluación y diagnóstico interdisciplinario con la firma de al menos dos profesionales, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.
De esta manera, y para estos efectos, la ley ha establecido una suerte de equiparación entre los profesionales de ambas disciplinas.
Pero acá no se trata de una internación, que es un recurso terapéutico de carácter restrictivo, sino de un proceso de determinación de capacidad, que no está específicamente regulado por la ley de salud mental, aunque si fuertemente influido y condicionado por ella (en cuanto a la independencia de la internación involuntaria y la capacidad de la persona ver LORENZETTI, “Código Civil y Comercial de la Nación…”, Tomo I, pág.202, punto 7, Rubinzal-Culzoni, año 2014).
En lo concreto, la ley 26.657 al requerir un abordaje interdisciplinario de la salud mental vino a terminar con la hegemonía del médico psiquiatra, pero no eliminó su actuación.
Más aun, al reconocer a la salud mental como un proceso determinado, entre otros, por componentes biológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales, en este caso, del señor H. C. R., no solo no eliminó del equipo interdisciplinario al médico psiquiatra sino que a través de aquella concepción y para esta concreción de derechos mantuvo al médico como un integrante necesario.
Solo que ahora ya no es un primus inter pares.
En este sentido, la doctrina ha dicho que en tanto debe comprobarse la existencia de una alteración mental o de una adicción, el equipo siempre debe estar integrado por un médico , hecho que no da preeminencia a su dictamen por sobre el resto de los profesionales intervinientes (CLUSELLAS, “Código Civil y Comercial de la Nación…”, Tomo 1, pág.145, parágrafo 3, editorial Astrea-FEN, año 2015).
TOBÍAS expresa muy bien esa idea cuando dice que “…La necesidad de “interdisciplinariedad” impone concluir que ha de partirse, desde ahora, de una composición del cuerpo de peritos no circunscripta a la profesión médica, comprensiva de otras ramas del saber…”, para agregar más adelante que “…Es perceptible que el objetivo perseguido por un abordaje interdisciplinario consiste en evitar circunscribir a la psiquiatría lo atinente a la valoración de los presupuestos requeridos por la ley para la restricción a la capacidad y la internación, posibilitando integrar al proceso a profesionales de otras disciplinas…” (“Código Civil y Comercial”, dirigido por ALTERINI, Tomo I, pág.398, edición de La Ley, año 2019 ).
En el mismo sentido GARATE dice que “…Es bueno destacar que la evaluación no sólo es de carácter médica, sino también social, ya que todos los informes son por principio interdisciplinarios…” (Revista de Anales de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP, Año 14/N°47-2017, “La determinación de la capacidad jurídica, principios y procesos”).
En cuanto al aspecto procesal de la cuestión, se ha entendido que ha de convenirse que el primer y fundamental aspecto del diagnóstico y pronóstico de la dolencia, que exige el art. 37 del CCyCN como recaudo de la sentencia resulta como regla de exclusiva incumbencia de los médicos psiquiatras; a salvo algunos supuestos en que pudiere requerirse dictamen de psicólogo, y que lo mismo sucede con relación a la determinación de la época en que se manifestó la dolencia y en punto al régimen que se propone para la protección, asistencia y promoción de la autonomía de la persona de cuya capacidad se trate (MORELLO, “Códigos Procesales…”, Tomo VII, pág. 687, apartado “e”, cuarta edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, año 2016); todo lo cual, agrego, constituye un derecho de la persona (arts.1, 3, 7 y conc. ley 26.657).
En cuanto a los psicólogos, la ley 10.306 que regula el ejercicio de la profesión en la provincia de Buenos aires, lo autoriza expresa y específicamente a efectuar “diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad” (art. 2).
(...)
A mi juicio, y por lo expuesto, no cabe duda entonces que el diagnóstico médico es necesario, pero nunca suficiente. Es un aspecto probatorio más en un marco que no puede eludir el requisito de la interdisciplinariedad (conf. LORENZETTI, op. cit., Tomo I, pág.180, parágrafo III.2.A ; OLAZABAL, “Un nuevo procedimiento para la determinación de la capacidad”, RDF 76, 153, TR LA LEY AR/DOC/4669/2016; MORELLO, “Códigos Procesales…”, Tomo VII, pág.730, apartado “C”, Abeledo-Perrot, año 2016).
3. En la provincia de Buenos Aires está vigente el Acuerdo N° 3353 del 24/10/2007 que fija la planta funcional de los Juzgados de Familia pertenecientes al Departamento Judicial de Morón, entre otros, en que el Equipo Técnico Auxiliar está integrado por un Médico Psiquiatra, un Psicólogo, un Asistente Social y dos profesionales Auxiliares de la Justicia con título de Asistente Social o Psicólogo, a elección de los magistrados.
De esta manera ha SCBA ha considerado, y no ha modificado su consideración, que la especialidad del Médico Psiquiatra era necesaria en la composición del Equipo Técnico Auxiliar, con lo cual cabe inferir que su intervención en los procesos de determinación de capacidad sigue siendo necesaria, aunque no excluyente ni suficiente como lo era en otros tiempos.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental, a propósito de la escasez de médicos psiquiatras en los equipos técnicos de los juzgados de familia departamentales ha dictado la Resolución de fecha 25/8/2022 mediante la cual hace saber a los Magistrados Titulares de los Juzgados de Familia Departamentales con Sede en Ituzaingó y, por su intermedio a las Dras.Paula Rivas y Claudia Décima, médicas psiquiatras de dichos organismos, que deberán prestar colaboración con “… aquellos organismos del fuero de Familia Departamental que se encuentren en análoga situación de vacancia…”, con lo cual se puede emplear el mismo criterio de colaboración que inspira esta resolución con y entre otros Juzgados de Familia que cuenten entre su equipo técnico con médico psiquiatra.
Por las razones expuestas, citas legales y doctrinarias, propongo hacer lugar al recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la Asesora de Incapaces, revocar la resolución de fecha 21/4/2022 en lo que ha sido materia de agravios, dejar sin efecto la providencia de fecha 19/8/2022 en tanto fuera consecuencia de la anterior, y disponer que el equipo interdisciplinario que deberá evaluar al señor H. C. R. deberá estar integrado también por un médico psiquiatra.
En caso de ser necesario, la jueza de primera instancia podrá requerir la colaboración de médico psiquiatra integrante del Equipo Técnico Auxiliar de otro Juzgado de Familia Departamental, el que deberá prestar la colaboración que al respecto se le solicite ".
Las razones allí expuestas, devienen de plena aplicación al presente caso.
Y, todavía, se suma una razón mas: la persona designada como apoyo del Sr. Torres, al replicar el memorial adhiere a la tesis de la Asesoría.
No pierdo de vista que, en el auto de fecha 28 de Septiembre de 2022, se está requiriendo el aporte de un certificado por médico psiquiatra pero, a mi modo de ver, ello implica trasladar a las partes algo que -en nuestra Provincia- debería ser llevado a cabo por el equipo técnico del tribunal.
Luego, y por lo dicho, promoveré la revocación del auto apelado, con los alcances señalados en el antecedente ya mencionado.
Voto, en consecuencia, por
LA NEGATIVA
A LA MISMA CUESTION, el señor Juez doctor GALLO, dijo:
En la causa que cita el Dr. Cunto, fui convocado a dirimir la disidencia generada en el seno de la Sala III entre mis dos estimados colegas, Dr. Jorda y Dr. Cunto, y dadas las circunstancias concretas de aquel caso, me sumé a la tesis del primero de los nombrados.
Allí aclaraba que coincidía con el Dr. Jorda en cuanto a que la LSM se limita a mencionar la intervención interdisciplinaria (al igual que el CCyCN) y apunta a diluir la preponderancia que, en los tiempos pasados, tenía la psiquiatría en el abordaje de la salud mental. Ello responde al paradigma social que actualmente impera en la materia.
Pero también que coincidía con el Dr. Cunto en la importancia de la mirada de la psiquiatría en el ámbito de la salud mental.
Remarcando que son, como tan bien se lo ha plasmado en el art. 13 de la LSM, “diferentes saberes que integran el campo de la salud mental” y que deberían complementarse para ampliar y profundizar, en la mayor medida posible, el auxilio interdisciplinario que se brinda a la magistratura a la hora de definir estas cuestiones.
Con todo, y de acuerdo con las circunstancias de aquel caso (que aquí son diversas), allí adherí al voto del Dr. Jorda.
Pues bien, sucede que aquí no se ha dado disidencia alguna y no hay razón para que yo disienta con el voto inicial del Dr. Cunto, porque -como decía- las circunstancias de esta causa y aquella son diversas .
Además, la persona al cuidado del Sr. Torres (su apoyo) ha adherido expresamente a la postura de la Asesoría, con lo cual no veo razón ni fundamento para votar en sentido diverso del criterio sostenido por el Dr. Cunto.
Finalmente, destaco que -como bien lo señala el Dr. Cunto- aquí en ningún momento se había preanunciado que la evaluación interdisciplinaria sería llevada a cabo sin intervención de médico psiquiatra.
Consecuentemente, y por tales razones, doy mi voto por
LA NEGATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución apelada, disponiendo que -en la instancia de origen- se actúe lo conducente para que el Sr. Torres sea evaluado también por un médico psiquiatra, quien deberá emitir dictamen que complemente al ya emitido. DEJANDO ESTABLECIDO que en caso de ser necesario, la jueza de primera instancia podrá requerir la colaboración de médico psiquiatra integrante del Equipo Técnico Auxiliar de otro Juzgado de Familia Departamental, el que deberá prestar la colaboración que al respecto se le solicite.
Sin costas de Alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2º p. del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE
Firmas
Funcionario Firmante: 02/02/2023 09:54:51 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2023 11:24:54 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2023 11:27:18 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/02/2023 11:27:19 hs. bajo el número RS-3-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia