Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 38238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas de Alzada , atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Causa Nº MO-38238-2017
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P. V. M. S. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA Causa N º MO-38238-2017" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO - GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO , dijo:
1. Frente a la resolución de fecha 7 de Diciembre de 2022, que desestimó la intervención de perito psiquiatra en el presente, se presenta la Asesoría e interpone recurso de apelación, el cual fue concedido en relación, fundándolo con el escrito de fecha 27 de Diciembre de 2022, que fuera replicado con fecha 6 de Febrero de 2023.
Presentaciones a cuyos términos cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Con fecha 23 de Febrero de 2023 se llamó "autos" , providencia que se encuentra consentida, procediéndose luego al sorteo del orden de estudio y votación, lo que deja las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, debo recordar el voto emitido por mi con fecha 8 de Marzo de 2023 (R.S. 43/2023) en la causa F5-2488 del Registro de la Sala 3.
Decía allí, recordando precedentes anteriores en los que también voté, que:
"Es indudable que la ley 26.657 importó una modificación sustancial del rígido sistema binario adoptado por Vélez Sársfield y parcialmente mantenido por la reforma de la 17.711.
El nuevo modelo recoge los reiterados reclamos de la doctrina argentina tendientes a implementar un sistema graduable y flexible que amplía el margen de decisión judicial, de modo de permitir adecuar la restricción a la capacidad de ejercicio a las circunstancias personales de la persona, resguardando en el mayor grado posible, su esfera de autonomía personal (TOBIAS, en "Código Civil y Comercial de la Nación…", dirigido por ALTERINI, Tomo I, pág.340, tercera edición, La Ley, año 2019).
El nuevo modelo adoptado exige, para que el juez pueda expedirse, el imprescindible dictamen de un equipo interdisciplinario, conforme expresa el art.37 del CCyCN, sin determinar la integración de ese equipo.
Cabe señalar que el carácter imprescindible del examen interdisciplinario sólo indica la necesidad de que el magistrado se pronuncie habiendo necesariamente valorado ese medio probatorio.
Ahora bien, el art.3 de la ley 26.657 dispone que se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes "…históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos...".
A su turno el art.8 dispone que debe promoverse que la atención en la salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente, entre lo que expresamente incluye las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social y otras disciplinas que no interesan ahora para nuestra decisión.
Por su parte, los arts.16 y 20 de la ley, respectivamente referidos a toda internación y a la internación involuntaria, requieren en ambos casos, evaluación y diagnóstico interdisciplinario con la firma de al menos dos profesionales, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.
De esta manera, y para estos efectos, la ley ha establecido una suerte de equiparación entre los profesionales de ambas disciplinas.
Pero acá no se trata de una internación, que es un recurso terapéutico de carácter restrictivo, sino de un proceso de determinación de capacidad, que no está específicamente regulado por la ley de salud mental, aunque si fuertemente influido y condicionado por ella (en cuanto a la independencia de la internación involuntaria y la capacidad de la persona ver LORENZETTI, "Código Civil y Comercial de la Nación…", Tomo I, pág.202, punto 7, Rubinzal-Culzoni, año 2014).
En lo concreto, la ley 26.657 al requerir un abordaje interdisciplinario de la salud mental vino a terminar con la hegemonía del médico psiquiatra, pero no eliminó su actuación"
Más aun, al reconocer a la salud mental como un proceso determinado, entre otros, por componentes biológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales, no solo no eliminó del equipo interdisciplinario al médico psiquiatra sino que a través de aquella concepción y para esta concreción de derechos, mantuvo al médico como un integrante necesario.
Solo que ahora ya no es un primus inter pares.
En este sentido, la doctrina ha dicho que en tanto debe comprobarse la existencia de una alteración mental o de una adicción, el equipo siempre debe estar integrado por un médico, hecho que no da preeminencia a su dictamen por sobre el resto de los profesionales intervinientes (CLUSELLAS, "Código Civil y Comercial de la Nación…", Tomo 1, pág.145, parágrafo 3, editorial Astrea-FEN, año 2015).
Se expresa muy bien esa idea cuando dice que "…La necesidad de "interdisciplinariedad" impone concluir que ha de partirse, desde ahora, de una composición del cuerpo de peritos no circunscripta a la profesión médica, comprensiva de otras ramas del saber…", para agregar más adelante que "…Es perceptible que el objetivo perseguido por un abordaje interdisciplinario consiste en evitar circunscribir a la psiquiatría lo atinente a la valoración de los presupuestos requeridos por la ley para la restricción a la capacidad y la internación, posibilitando integrar al proceso a profesionales de otras disciplinas…" ("Código Civil y Comercial", dirigido por ALTERINI, Tomo I, pág.398, edición de La Ley, año 2019 ).
En el mismo sentido GARATE dice que "…Es bueno destacar que la evaluación no sólo es de carácter médica, sino también social, ya que todos los informes son por principio interdisciplinarios…" (Revista de Anales de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP, Año 14/N°47-2017, "La determinación de la capacidad jurídica, principios y procesos").
Así, el nuevo CCyCN adoptó dos sistemas restrictivos de la capacidad de ejercicio: la declaración de capacidad restringida y la declaración de incapacidad.
El inc. c del art. 31 en concordancia con el art. 3, párrafo final, del Código Civil y Comercial, reproduce una directiva ya mencionada en la ley 26.657, en lo atinente a la necesaria intervención interdisciplinaria e integradora como modalidad de abordaje en la atención y promoción de la salud mental, aplicado para la toma de decisiones durante el trámite del proceso y el tratamiento, mediante un equipo en que participen -según los casos- profesionales de la psicología, de la psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, o de otras disciplinas y campos -art. 8 y conc. ley citada-.
Justamente, el citado art. 37 al enunciar los aspectos sobre los cuales debe manifestarse la sentencia que restringa la capacidad de una persona mayor de trece años, prescribe en su párrafo final que la decisión debe basarse en el dictamen del equipo interdisciplinario, al cual la ley considera imprescindible para que el juez pueda expedirse sobre el diagnóstico, pronóstico y diseñar el régimen encaminado a la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible de aque en cuyo interés se sigue el proceso.
La "interdisciplina" es un concepto que trasciende a la "multidisciplina" en cuanto al menos requiere de un primer esfuerzo de integración. Este enfoque surge en primer lugar del reconocimiento de la complejidad de los problemas del mundo real, cuya solución no siempre (probablemente casi nunca) se agota en el análisis que pueda ser realizado dentro de fronteras de una disciplina, aislada del resto del saber científico. La interdisciplina resiste los múltiples intentos de definirla. No obstante, es claro que aún en su definición minimalista requiere integrar de alguna manera en el abordaje de un problema concreto elementos distintivos de diferentes disciplinas. Las fronteras de este concepto son disusas, al punto que Nissani se permite ubicar la idea en algún punto de un continuum fluido con dos polos que representan por un lado el saber estrictamente disciplinar y por el otro una gran síntesis del saber humano. El nivel de riqueza interdisciplinaria estaría dado por el número de disciplinas involucradas en el análisis, la "distancia" teórica entre ellas, la creatividad involucrada en la combinación de elementos y finalmente el grado de integración alcanzado.
Claramente se excluye una mera yustaposición de saberes, exigiendo un esfuerzo de integración. El uso por parte del legislador, por su reiteración y énfasis, no puede ser simplemente pasado por alto como fruto del azar o una distracción, sino como un mandato preciso sobre la modalidad de abordaje requerida legalmente para la problemática de la salud mental. En la práctica, ello plantea una serie de desafíos de naturaleza compleja, que deberán sortearse para aprovechar la riqueza del trabajo interdisciplinario (Muñiz, Carlos "El abordaje interdisciplinario de la salud mental. Situación actual a partir de la ley 26657 y dec. 603/13 publicado en DF y P 2014, 3/3/14, cita online AR/DOC/4184/2013).-
Debe componerse un equipo que trabaje como tal, por manera que sus conclusiones resultan de un esfuerzo de integración de los distintos saberes involucrados, que el magistado podrá seleccionar tomando como guía -a falta de otra reglamentación- las áreas científicas y técnicas mencionadas en aquel art.8, sin descartar la participación de otros profesionales si fuera menester para una decisión más ajustada al desempeño patrimonial de quien se trata, bajo el lema que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible (Muñiz, "El abordaje interdisciplinario de la salud mental"; Revista de derecho de familia y de las personas).
En cuanto al aspecto procesal de la cuestión, se ha entendido que ha de convenirse que el primer y fundamental aspecto del diagnóstico y pronóstico de la dolencia, que exige el art. 37 del CCyCN como recaudo de la sentencia resulta como regla de exclusiva incumbencia de los médicos psiquiatras; a salvo algunos supuestos en que pudiere requerirse dictamen de psicólogo, y que lo mismo sucede con relación a la determinación de la época en que se manifestó la dolencia y en punto al régimen que se propone para la protección, asistencia y promoción de la autonomía de la persona de cuya capacidad se trate (MORELLO, "Códigos Procesales…", Tomo VII, pág. 687, apartado "e", cuarta edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, año 2016); todo lo cual, agrego, constituye un derecho de la persona (arts.1, 3, 7 y conc. ley 26.657).
Cabe señalar que en el ámbito de la Provincia de Bs. As., el Código procesal vigente, el art. 629 prescribe que para disponer la rehabilitación del inhabilitado el juez designará tres médicos psiquiatras o legistas para que lo examinen.
Así, no habiéndose derogado la normativa procesal al respecto, cabe concluir que en el equipo interdisciplinario debe participar al menos un médico psiquiatra a fin de respetar lo dispuesto por dicho art. 629.
Cabe agregar que es necesario que la evaluación interdisciplinaria no vaya "en desmedro" de la evaluación pericial realizada por tres médicos psiquiatras, interpretando que se trata de una garantía judicial y alegando que "lo que la nueva ley propone es sumar y no restar garantías mediante un abordaje interdisciplinario que tenga en consideración una mirada integral respecto de la persona y su entorno".
Por otro lado, en cuanto a los psicólogos, la ley 10.306 que regula el ejercicio de la profesión en la provincia de Buenos aires, lo autoriza expresa y específicamente a efectuar "diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad" (art. 2).
A mi juicio, y por lo expuesto, no cabe duda entonces que el diagnóstico médico es necesario, pero nunca suficiente. Es un aspecto probatorio más en un marco que no puede eludir el requisito de la interdisciplinariedad (conf. LORENZETTI, op. cit., Tomo I, pág.180, parágrafo III.2.A ; OLAZABAL, "Un nuevo procedimiento para la determinación de la capacidad", RDF 76, 153, TR LA LEY AR/DOC/4669/2016; MORELLO, "Códigos Procesales…", Tomo VII, pág.730, apartado "C", Abeledo-Perrot, año 2016). En igual sentido se ha expedido la jurisprudencia actual, entre otros Cámara de Trenque Lauquen, cs.99993; Junín cs.10203.
En la provincia de Buenos Aires está vigente el Acuerdo N° 3353 del 24/10/2007 que fija la planta funcional de los Juzgados de Familia pertenecientes al Departamento Judicial de Morón, entre otros, en que el Equipo Técnico Auxiliar está integrado por un Médico Psiquiatra, un Psicólogo, un Asistente Social y dos profesionales Auxiliares de la Justicia con título de Asistente Social o Psicólogo, a elección de los magistrados.
De esta manera ha SCBA ha considerado, y no ha modificado su consideración, que la especialidad del Médico Psiquiatra era necesaria en la composición del Equipo Técnico Auxiliar, con lo cual cabe inferir que su intervención en los procesos de determinación de capacidad sigue siendo necesaria, aunque no excluyente ni suficiente como lo era en otros tiempos.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental, a propósito de la escasez de médicos psiquiatras en los equipos técnicos de los juzgados de familia departamentales ha dictado la Resolución de fecha 25/8/2022 mediante la cual hace saber a los Magistrados Titulares de los Juzgados de Familia Departamentales con Sede en Ituzaingó y, por su intermedio a las Dras.Paula Rivas y Claudia Décima, médicas psiquiatras de dichos organismos, que deberán prestar colaboración con "… aquellos organismos del fuero de Familia Departamental que se encuentren en análoga situación de vacancia…", con lo cual se puede emplear el mismo criterio de colaboración que inspira esta resolución con y entre otros Juzgados de Familia que cuenten entre su equipo técnico con médico psiquiatra" .
Ahora bien, en aquel caso particular señalé algunas circunstancias que modificaron la decisión en cuanto a ese proceso concreto pues, frente a una tramitación de varios años, donde el causante ya había sido evaluado por médicos psiquiatras, existían certificados médicos y un pronóstico irreversible del cuadro, existiendo incluso pronunciamientos judiciales basados en dichos elementos, remarqué que se trataba " de una persona que demuestra una patología que trasciende la época actual, ya que la padece de larga data y con pronóstico irreversible, donde en varias oportunidades fue evaluado por médicos psiquiatras quienes han dado y concidido con el diagnóstico; sostener e insistir con la reevaluación actual por dicho especialista, reconociendo la problemática que ello implica- sería en lo particular una posición excesiva de mi parte que no se compadece con el servicio de tutela judicial efectiva y continua -art. 15 C.P.- y principios de celeridad y economía procesal. Es decir, que en lo particular se exime de tal requisito por lo que deberá confirmarse los argumentos volcados por la a quo ".
Pues bien, este caso ostenta suficientes puntos de analogía como para sostener igual temperamento.
En efecto: la Sra. Pepe ha sido evaluada en el año 2017, con un diagnóstico de autismo infantil, enfermedad que allí se mencionó como de evolución crónica e irreversible (ver fs. 27/29vta.) y en base a ello se dictó sentencia restringiendo su capacidad jurídica.
Por lo demás, en el informe que ahora genera el cuestionamiento recursivo, se habla del mismo cuadro y del CUD (ver informe de fecha 28 de Noviembre de 2022), no surgiendo del mismo que nada haya variado en la situación de Maria Sol.
No creo, entonces, que en el caso concreto sea necesario acudir a la intervención de un psiquiatra, por las razones ya expuestas en el voto que he transcripto.
Promoveré, entonces, que se confirme el auto apelado, sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO dijo
Por sus mismos fundamentos, y computando asimismo la postura asumida en la causa nro. 31106-2022 del Registro de la Sala 3° (sentencia del 27 de Abril de 2023) por mi colega, la Dra. Liliana Graciela Ludueña adhiriendo allí a la postura del Dr. Jorda, he de adherir totalmente al voto y propuesta del Dr. Cunto en este caso.
Quedará pendiente, para otros casos en los que pudiera asumir mi estimado colega Dr. Cunto la postura que indique la necesidad de intervención de un psiquiatra, el reanálisis por parte del suscripto de la posición a tomar sobre el tema, dada la orientación que se ha asumido, por mayoría, en el aludido precedente de la Sala 3°.
Consecuentemente, a la cuestión propuesta doy mi voto por
LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas de Alzada , atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE, INCLUSO LAS ACTUACIONES RECEPCIONADAS EN SOPORTE PAPEL, HACIENDO SABER A LAS PARTES QUE SI ALGUNA IMPUGNACION EXTRAORDINARIA RESULTARA ADMISIBLE DEBERA PRESENTARSELA ANTE ESTE TRIBUNAL (ART. 279 CPCC) Y QUE, EN CASO DE SER NECESARIO, ESTA SALA REQUERIRA LA REMISION DE LOS OBRADOS A LA INSTANCIA DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 09/05/2023 12:21:38 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 12:30:12 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 12:31:06 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 09/05/2023 12:31:07 hs. bajo el número RS-146-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia