Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 17626
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
Causa N ° C11-17626
VISTOS: los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de fecha 17 de marzo de 2023, concedidos en relación y fundados con los memoriales de fechas 22 y 28 de Marzo y 5 de Abril de 2023, replicados con fecha 30 de Marzo y 5 de Abril; presentaciones, todas estas, a las que cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Que dos son los aspectos que se traen a nuestro conocimiento y decisión, los que abordaremos separadamente
a) La desestimación del planteo de adquisición de moneda extranjera sin percepción tributaria
El auto apelado desestima el planteo de fecha 2 de Febrero de 2023 mediante el cual se pretendía que, existiendo fondos depositados pertenecientes a la Sra. P., se la autorice a adquirir moneda extranjera sin las percepciones previstas por la ley 27.541 (arts. 35 y concordantes) y en la Resolución General N° 4815/2020.
Abordando la cuestión, coincidimos con el Sr. Juez de Grado en el sentido de que la situación de autos no encuadra en ninguna de las excepciones contempladas por dicha normativa como para eximir de la percepción tributaria aludida.
Por lo demás, el tema -y la autorización pretendida- escapa a los alcances de este proceso.
Inicialmente, y como bien lo señala el sentenciante, no se observa que se hubiera introducido planteo de inconstitucionalidad de tal normativa, con lo cual no podríamos inaplicarla sin más.
Incluso porque, de existir tal planteo, el tema debería tramitarse con el organismo tributario (AFIP).
Ahora, y aun así, la cuestión constitucional podríamos abordarla oficiosamente.
Pero sucede que, para hacerlo, debería surgir con claridad que la inversión pretendida sería la única posible para preservar el valor de los bienes de la Sra. P..-
Y, por cierto, la adquisición de moneda extranjera a valor oficial no se perfila, con grado de evidencia, como la única opción posible, existiendo otras posibilidades de inversión con similar (o incluso mejor) rendimiento en el contexto económico actual (el Sr. Juez de Grado menciona una posibilidad, pero en realidad existen otras).
Adviértase, en este sentido, que la adquisición de moneda extranjera, a su cotización oficial y sin las percepciones tributarias, teniendo en cuenta el específico contexto en el cual quedaría depositada, solo permitiría su posterior realización también a valor oficial.
Frente a lo cual, y aun cuando hubiéramos computado el último aumento de la moneda extranjera, otro tipo de inversiones (por ejemplo, el plazo fijo) parece arrojar un mejor resultado en lo inmediato que la adquisición a valor oficial para luego realizarla también a valor oficial.
Luego, por tales razones, no habiéndose introducido planteo constitucional ni correspondiendo tampoco abordar el tema de manera oficiosa y existiendo otras posibilidades de inversión, deberá confirmarse -al menos por el momento y sin perjuicio de lo que pudiera replantearse, en la instancia de origen, si variaran las circunstancias o si se introdujera planteo constitucional al respecto- este aspecto de la resolución apelada.
b) El reemplazo de la curaduría por un abogado de la matrícula
Como bien lo recordaron la Asesoría interviniente y el Sr. Juez de Grado, en la causa F3-56567 R.S. 163/2020 esta Sala ha sostenido que
" Así vemos que con fecha 30 de Enero de 2019, la Sra. Curadora Oficial (designada como apoyo, en los términos que de allí surgen, en la sentencia dictada el 10 de julio de 2018), formuló un planteo en el cual sostenía que, atento el monto de los ingresos de la Sra. Baez y el hecho de encontrarse la misma internada, existía un remanente de dinero, señalando que no se daba el supuesto del art. 622 del CPCC, peticionando la designación de un letrado de la matrícula para que siga interviniendo en su lugar.
El Asesor de Incapaces, en su dictamen del 3 de Abril de 2019 manifestó su postura contraria a tal petición; mientras que la Defensa Oficial, con fecha 26 de Abril de 2019 adhirió al pedido de la Curaduría.
Llegado este punto, es necesario recordar -como se lo hace en el fallo apelado- que el art. 87 de la ley 12.061 prescribe la intervención de la Curaduría General en los supuestos contemplados por el artículo 622 del Código Procesal, cuando un insano carezca de familiares o estos se hubieran excusado con causa suficiente o no existan personas habilitadas para asumir su representación.
Por lo demás, el art. 622 del CPCC habla de la intervención de la curaduría, cuando el presunto insano careciere de bienes o éstos sólo alcanzaren para la subsistencia.
Lo propio hace la Resolución 127/06 de la Procuración General.
Pues bien, aquí la discusión ha girado en rededor de la suficiencia, o no, de los ingresos de la Sra. Baez.
El argumento del recurso es que su ingreso de algo mas de siete mil pesos (al momento de la fundamentación, poco mas de diez mil) sería suficiente para proveer a su subsistencia, alegando que una prueba de ello ha sido el remanente que se fue acumulando.
Abordando el tema, debo ahora señalar que la cuestión no puede observarse sino desde una atalaya convencional y a través del lente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Especialmente los derechos a un nivel de vida adecuado (art. 28), que incluso nos hablan de la asistencia estatal para sufragar gastos vinculados con su situación de discapacidad (art. 2 inc. c) y los deberes estatales contemplados en el art. 12.3 (vinculados con el ejercicio de la capacidad jurídica).
Por cierto, y como lo hemos señalado en otros casos, al tiempo de definirse cualquier cuestión relativa a los temas en análisis, el interés prevaleciente debe ser el de la persona en cuyo beneficio de lleva adelante el procedimiento (esta Sala en causa nro. 53.850 R.S. 611/06).
En este contexto, tengo para mi -al igual que lo ha concluido la Sra. Juez de Grado y lo ha sostenido el Sr. Asesor de Incapaces- que si fuera menester disponer la intervención de un abogado particular, para cumplir el rol que hasta el momento viene desempeñando la Curaduría, el (magro) remanente que ha ido quedando a la Sra. Baez de manera mensual, o la suma que se ha ido acumulando, se vería necesariamente afectada por tal circunstancia, debiendo detraerla frente a otras eventualidades que podrían suceder.
Aclaro que ni la suma denunciada inicialmente, ni la señalada con posterioridad (al fundar el recurso) oscilantes entre los 7 y los 10 mil pesos en el curso del año pasado (2019), son indicio de pudiencia o suficiencia económica, sino mas bien todo lo contrario.
Reflexiono, en este sentido, que si por razón de su situación de salud, la persona en cuyo beneficio de lleva adelante el proceso debiera utilizar, siquiera parcialmente, sus escasos ingresos, ello para nada se ajustaría a las antedichas pautas convencionales.
Y ni siquiera el hecho de que, mes a mes, hubiera podido quedar un remanente modifica esta conclusión, teniendo en cuenta que -de disponerse la intervención de un letrado particular- necesariamente habrá de ser retribuído, sin perder de vista las pautas arancelarias del art. 9 ap. I de la ley 14.967 (incluso las mínimas).
Coincido, entonces, con el temperamento que subyace al auto apelado y, desde mi punto de vista, no están dadas las condiciones para que se modifique lo otrora decidido en cuanto a la intervención, en autos, de la Curaduría ".
Pues bien, en la especie es claro que la Sra. P. tiene un remanente de sus ingresos (que en verdad son magros), suma que se ha ido acumulando.
Y si bien nominalmente la acumulada puede parecer una suma importante, en su real valor no es suntuaria o excesiva.
En tal contexto, distraer dicha suma hacia el pago de un abogado de la matrícula implicaría un desmedro respecto de su bienestar y las posibilidades que se presentan, ya que las sumas en cuestión podrían aplicarse a un destino que mejore su calidad de vida.
Luego, siguiendo el antedicho criterio, y en sintonía con las posturas asumidas por la Asesoría y la Defensoría al replicar el planteo de la Curaduría, entiende la Sala que la apelación no es de recibo aquí tampoco.
Por ello, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 4013, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 12:20:53 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 12:37:38 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 12:38:45 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 17/08/2023 12:38:46 hs. bajo el número RR-144-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia