Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127957
GAL
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N ° 127957; JUZGADO DE FAMILIA N º 5 - LA PLATA
M., R. O. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de Octubre de Dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127957, caratulada: "M., R. O. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es competente esta jurisdicción para intervenir en autos?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. El Juez a cargo del Juzgado de Familia Nº 5 departamental en fecha 6 de septiembre de 2019 hizo lugar a la demanda promovida por la Asesora de Menores e Incapaces Nº 2 y declaró la incapacidad de R. O. M., DNI 26.426.744, nacido el día 1 de enero de 1984. Sostuvo que padece "Retraso Mental Moderado Asociado a Epilepsia", desde su infancia, requiriendo tratamiento psiquiátrico y la incorporación de acompañante terapéutico para sus actividades diarias e integración social, cuadro comprendido dentro de la situación prevista por el art. 32 apartado cuarto del Cód. Civ. y Com. Asimismo, designó un curador, cargo a ejercer por la Sra. Curadora Oficial Departamental, para la realización de los actos que R. no puede ejercer por sí –los que detalló en la sentencia-, y sin perjuicio de que el medio internativo (Clínica Psiquiátrica Ducont) continúe en la atención de las necesidades "sanitarias, asistenciales y sociales del paciente" y remitiendo mensualmente un informe sobre el estado actual del paciente, su pronóstico, evolución, estrategias de externación y todo dato de interés en relación al proceso protectorio entablado en su beneficio. Estableció que la presente sentencia será revisada en un plazo de tres años a partir de su notificación. Respecto de los derechos personalísimos, en caso que el paciente exprese su deseo de ejercerlos, dejó establecido que ello merecerá un particular abordaje en autos. Impuso las costas al causante, le otorgó el beneficio de litigar sin gastos y autorizó a la Dra. Natalia Fernanda Vecchioli -designada curadora definitiva- a tramitar y percibir directamente los haberes que por todo concepto correspondan al causante, a partir del presente decisorio, todo ello con cargo de oportuna rendición de cuentas, la que deberá realizarse semestralmente en autos con la documentación respaldatoria correspondiente (v. sent. de fs. 173/177).
Contra esta decisión interpone recurso de apelación la señora Curadora en fecha 10 de diciembre de 2019, el que fuera concedido en relación y con efecto suspensivo el día 13 de febrero de 2020 y fundado en el memorial que presentado en fecha 27 de mayo del corriente año.
En ajustada síntesis, se agravia del cargo que le fuera designado al entender que no se encuentren acreditados los supuestos legales previstos para su designación, pues solo ejerce sus funciones en los casos establecidos por ley y ante la falta de familiares o allegados que puedan ser designados como apoyo/curador del accionado. En tal sentido, refiere que R. M. siempre ha contado con la contención de su hermana, la señora C. C., quien –según la recurrente- ha sido su referente a lo largo de toda su vida y quien lo visita frecuentemente en su actual lugar de alojamiento. Asimismo, se descontenta con la declaración de incapacidad, la que no resulta coincidente con lo determinado por los peritos del Cuerpo Técnico, quienes han entendido que su situación se enmarca en el art. 32, segundo párrafo, por lo que es pertinente designar un sistema de apoyo que lo asista, debiendo ser designada su hermana. Finalmente, peticiona se evalúe la competencia en razón del territorio y de conformidad con el domicilio del señor Martínez.
Por su parte, la señora C. C. manifestó que asiste integralmente a su hermano R. y solicita ser designada curadora del mismo (v. presentación del 10/07/20, sist. Augusta). Por último, la Asesora sostuvo que, de conformidad a lo manifestado por la Curadora, entiende oportuno se haga lugar a lo allí requerido, nombrando como apoyo de su representado a la Sra. C. a sus efectos (v. dictamen del 3/08/20, sist. Augusta).
II. Cuestiones de orden lógico imponen abordar en primer término la cuestión de competencia planteada. Así, conviene recordar que incluso este Tribunal de Alzada goza de la potestad para observar ex officio la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de la pretensión y de la oposición, como de la constitución válida de la relación procesal, examinando recaudos previos y condicionantes de la decisión sustancial que está llamado a emitir de conformidad con los agravios articulados y en donde campea el principio de congruencia (art. 272 del C.P.C.C.), por lo que en la verificación oficiosa de los presupuestos procesales de admisibilidad señalados no hay propiamente reformatio in pejus (Conf. La Alzada -poderes y deberes-, J.J. Azpelicueta y A. Tessones, LEP, 1993, pp. 40/41).
Sentado lo expuesto, es dable señalar que en fecha 26 de febrero de 2020 se presentó la letrada patrocinante de la señora C. solicitando al juez de primera instancia que se declare incompetente para seguir entendiendo en estos autos, en virtud del domicilio del Sr. M., quien además se encuentra internado en una clínica ubicada en la ciudad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza. Agregó, a fin de fundamentar su pedido, que ambos poseen domicilio en calle Bolivar Nº 559, Ramos Mejía, La Matanza. En consecuencia, solicitó la remisión de los presentes actuados al Juzgado de Familia del Departamento Judicial de La Matanza.
No escapa al suscripto que, previo al dictado de la sentencia, ya había sido advertida la conflictiva de autos. En efecto, en fecha 13 de mayo de 2019, obra informe de visita interdisciplinario presentado por la Defensoría Oficial del señor M., en donde se tomó contacto con su hermana, quien –entre otros aspectos- manifestó que se encuentra impulsando el expediente de determinación de la capacidad de R., que tramita en el Juzgado de Familia Nº 2 de La Matanza (v. informe del 13/05/19, sist. Augusta).
Posteriormente, la Asesoría de Incapaces interviniente requirió se libre oficio al referido juzgado, a fin de que se informe el estado de las actuaciones (v. presentación del 8/11/19, sist. Augusta). El 28 de noviembre de 2019 se constató en la Receptoría General de Expedientes de La Matanza las actuaciones radicadas ante el Juzgado de Familia n°2 (v. auto e informe del 28/11/19, sist. Augusta). Reiterado el pedido por la Asesoría, se dispuso el libramiento del oficio en fecha 13 de febrero de 2020, sin constancias de su confección y libramiento (v. presentación del 4/02/20 y auto del 13/02/20, sist. Augusta).
Es por ello que en esta instancia, como medida para mejor proveer (art. 36 inc. 2, CPCC.), se requirió al juez a quo la remisión de las actuaciones físicas y al Juzgado de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de La Matanza una copia digitalizada y/o escaneada de los autos caratulados "M., R. O. S/ Internación" Expte. Nº LM-23091/2018 (v. auto del 10/09/20, sist. Augusta). Dichas medidas fueron cumplimentadas, respectivamente, en fecha 14 de septiembre y 1 de octubre del corriente año, encontrándose los autos en estado de resolver.
III. Las presentes actuaciones fueron iniciadas el 15 de julio de 2014 por las autoridades del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn en virtud de una orden de traslado a ese nosocomio oriundo del Juzgado de Paz Letrado de Cañuelas, conforme surge del informe de admisión que obra a fs. 3, en donde, además, se detalla como domicilio del señor R. M. sito en calle Santa Cruz 1 de mayo de la localidad de Cañuelas (v. fs. 3). Cabe destacar que el juez a quo autorizó la internación involuntaria del causante, y lo hizo sin perjuicio de la eventual competencia (v. fs. 4).
Luego de una serie de medidas tendientes a verificar y controlar el estado de salud e internación del aquí causante, lo cierto es que en fecha 19 de octubre de 2016 la titular de la Asesoría de Incapaces Nº 2 departamental inició demanda tendiente a determinar la capacidad jurídica ante el mismo órgano que conoció de su internación, sin efectuar consideración alguna respecto de su competencia (v. demanda de fs. 69/70) y que mereció favorable proveído (fs. 92/94).
Sin embargo, cierto es que al tiempo en que fuera iniciada la acción determinativa del ejercicio de la capacidad, razones de cercanía e inmediatez ameritaron la competencia del señor Juez de Familia de La Plata, considerando además que habían transcurrido más de dos años de su internación en el hospital local, por lo que pudo haberse entendido considerado consolidada la residencia (arg. art. 36, CCyC; 5 inc. 8, CPCC).
Ahora bien, en el devenir del proceso el señor R. M. fue trasladado por su hermana a la Clínica Neuropsiquiátrica Ducont, sita en calle Echeverría nº 278 de Villa Sarmiento, Ramos Mejía, lo que habría ocurrido recién en fecha 22 de mayo de 2017, lugar donde se encuentra actualmente alojado (v. informe de fs. 140 y comunicación de la Asesoría departamental del 18/05/20, sist. Augusta).
Asimismo, importa destacar que conforme el DNI del señor M., su domicilio real se encuentra actualmente situado en calle Bolivar e/ Castelli y Chacabuco nº 599 de Ramos Mejía, La Matanza, que coincide con el denunciado por su hermana C. R. C. (v. copia del DNI a fs. 4 de las actuaciones M. R. O. S/ Internación, expte. Nº LM-23091/2018, archivo adjunto “M. 2.pdf” del 1/10/20, sist. Augusta), sin soslayar que el mismo fue emitido en fecha 12 de abril de 2017.
IV. A. Es pertinente subrayar que al momento en que se entabló formalmente la acción, ya se encontraba vigente la regla de competencia dispuesta en el artículo 36 del Código Civil y Comercial (art. 7 CCyC).
En efecto, la referida normativa prevé que la solicitud de declaración de capacidad o de restricción de la capacidad debe ser interpuesta ante el juez correspondiente a su domicilio o de lugar de su internación (art. 36, CCyC). Dicha pauta, difiere de la actualmente prevista en Código Procesal, en cuanto establece que “en los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, (será competente) el del domicilio del presunto incapaz o, en su defecto, el de su residencia…” (art. 5, inc. 8, CPCC).
Se trata de una regla que recepta los estándares protectorios que la jurisprudencia había comenzado a perfilar. Al respecto, recuerda la Suprema Corte provincial que la competencia del juez del domicilio del presunto incapaz o, en su caso, del juez que hubiera prevenido constituyeron la regla general de aplicación en los supuestos de internación o de determinación de la capacidad, cualquiera sea la naturaleza o importancia de tal intervención (conf. doct. C. 118.642, resol. del 4-XII-2013 e/o), criterios que fueron atenuándose a partir de los principios elaborados en el precedente C. 109.819, sent. del 17-VIII-2011 y en sucesivos pronunciamientos, en los que en lo pertinente se consignó que consolidada la residencia del causante en un lugar distante del órgano judicial interviniente y frente a las particularidades que enmarcaron dicho caso, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otros en tal situación, donde se trataba del contralor del status médico-jurídico de una persona en situación de vulnerabilidad pues el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos de una persona con padecimientos mentales y en ese sentido, la aludida inmediación es la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante (SCBA, C. 120.521, 17/II/16).
Empero, si bien el rígido criterio de la perpetuatio jurisdictionis de a poco fue abandonándose a fin de analizar nuevamente la competencia en clave de inmediatez, los nuevos pronunciamientos descartaron una aplicación mecánica de un principio o regla por sobre otro, y ponderaron cuál resultaba de mayor peso en el caso concreto.
Ejemplifica lo expuesto lo establecido por la Suprema Corte, quien –sin perjuicio del criterio anteriormente referido- también sostuvo que “Planteado el conflicto de competencia (art. 161, inciso 2, Const. Prov.) entre dos tribunales de familia: aquél ante el cual se inició la causa de acuerdo al lugar de internación originario (art. 482, C.C.) y el que corresponde al lugar de internación actual ( nuevo orden normativo:arts. 35,36 y 42 del Código Civil y Comercia), los estándares que constituyen la regla general de aplicación en los supuestos de internación y de determinación de la capacidad jurídica y la prolongada internación del enfermo sin que el tribunal de familia que previno se excusara o inhibiera sino que prolongó su competencia durante un largo período, ni advertirse la concurrencia de alguna alteración en las condiciones imperantes con entidad suficiente para justificar el traslado de competencia que sorpresivamente pretende, es el competente para continuar entendiendo. En sentido similar se ha expresado la C.S.J. N. en la causa "G., A. S. y otro s/ Insania" (Res. 8 de septiembre de 2015).” (SCBA, C.123584, 13/XI/2019).
Por consiguiente, se colige que la regla de competencia prevista en el artículo 36 del Código sustancial no debe leerse en abstracto ni tomando sus pautas como órdenes regladas y preestablecidas. Es que, a partir de la incorporación en nuestra Constitución de los tratados internacionales de derechos humanos, y la constitucionalización del derecho privado que abrazó la sanción del Código Civil y Comercial, la tarea de los jueces no queda limitada a una función subsuntiva de los hechos del caso a la regla preestablecida expresada en la normativa interna en forma silogista.
Antes bien, cabe interpretar esa norma -como todo el ordenamiento jurídico sustancial- como una regla que ordena, pero no determina ni excluye otras posibilidades, y debe ser examinada junto con sus finalidades, las leyes análogas, los instrumentos sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (arts. 1 y 2, CCyC).
De allí que al momento de evaluar la competencia en procesos de determinación del ejercicio de la capacidad jurídica, concluyo que el juzgador debe efectuar un pormenorizado análisis de las circunstancias fácticas que arriban a su conocimiento, teniendo como norte brindar al justiciable la solución que mejor concilie el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, tutela reforzada al tratarse en el caso de una persona con discapacidad (arg. art. 36, inc. 5, Const. prov.; 75, inc. 23, CN; 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, especialmente reglas 8, 35, 42; art. 13, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 8, 25, Convención Americana de Derechos Humanos).
B. Sentado ello, me encuentro compelido a resolver si las presentes actuaciones deben continuar tramitando en esta jurisdicción -otorgándole primacía al principio de prevención-, o bien corresponde que sean remitidas al órgano que actualmente garantiza la inmediatez o cercanía del justiciable con el órgano de justicia.
En este orden, un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema nacional en la causa “M., M. S. s/ determinación de la capacidad” con remisión a los fundamentos del Procurador General, convocada a resolver un conflicto de competencia similar al presente, privilegió la jurisdicción correspondiente al domicilio donde actualmente residía la persona al hallarse en mejores condiciones para continuar el proceso, en atención al alcance del referido principio de inmediatez que –sostuvo- integra la garantía constitucional de acceso a una tutela judicial efectiva (CIV 6592/2015/CS1, sent. del 17/12/19).
Para así resolver, si bien tuvo en cuenta que el expediente se inició en julio de 2002 en el foro donde habitaba la causante en sede nacional, observó que M.S.M. residía desde, por lo menos, el año 2016 en el partido de Pilar, sin advertir que un cambio en la competencia fuera a generar perjuicios sustanciales a la interesada o a su curador, quien también vive en el partido de Pilar y siempre estuvo en contacto con su hermana, sin perjuicio de que viviera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires (conf. dictamen del Procurador General Víctor Abramovich, del 31/10/19).
Vislumbro en el alegado antecedente elementos fundamentales que coinciden con las particularidades del caso en estudio. Me refiero a: (i) la persistencia en la actual residencia por alrededor de tres años; (ii) la preponderancia del rol que posee en la vida del causante su hermana; (iii) la residencia de ambos en la misma localidad, lo que descarta perjuicios sustanciales para ambos.
En tal sentido, recientemente esta Sala recordó que cuando se procura establecer qué resolvió la Corte Suprema en un caso debe guardarse apego a sus hechos y, en principio, ceñir la solución estrictamente a los hechos relevantes. De lo contrario, si en tren de emplear el caso como precedente se generaliza excesivamente la particular situación decidida en él y se piensa que con esa sentencia la Corte habría resuelto todos los casos supuestamente semejantes, definidos en niveles de generalidad exagerados, estaría interpretándose la sentencia “como sí” fuera una ley o una suerte de declaración política abstrayéndosela de las específicas circunstancias que motivaron ese primer pronunciamiento y esa primera norma individual contenida en ella (causa 127.893, RSD 179/20, sent. del 14/10/20).
El precedente antes invocado no resulta ser un caso aislado. También el Máximo Tribunal -con remisión a los fundamentos del Procurador General- en los autos “F., L. M. s/ determinación de la capacidad”, se inclinó por la jurisdicción que en la actualidad garantiza la inmediatez, y aun cuando los referentes afectivos del causante residieran en la ciudad del juzgado primitivo, toda vez que de las constancias del expediente no se advertían dificultades para continuar con la toma de contacto asidua entre el causante y sus familiares (CIV 6592/2015/CS1, resol. Del 2/05/19; dictamen del Procurador General Víctor Abramovich, del 27/02/19).
En la especie, advierto que desde mayo de 2017 el señor R. O. M. reside sin solución de continuidad en la Clínica Neuropsiquiátrica Ducont, sita en calle Echeverría nº 278 de Villa Sarmiento, Ramos Mejía, residencia que puede considerarse como persistente, localidad en donde además posee su domicilio real y donde también reside y posee su domicilio su hermana, quien -sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva, sea o no designada curadora o sistema de apoyos de su hermano- es innegable la trascendencia que tiene en la vida del aquí causante, por ser la única familiar directa que lo visita y asiste desde el comienzo de las presentes actuaciones.
Adelanto que estas circunstancias fácticas me posicionan a favor de declinar la competencia y remitir las actuaciones a la jurisdicción donde actualmente reside el señor M., no sin antes analizar la conveniencia de la decisión y, fundamentalmente, la incidencia que pueda tener en la tramitación de las actuaciones en aquella localidad en beneficio de sus derechos.
Así, observo que en la tramitación de este proceso, el juez a quo no ha podido tomar contacto directo con el señor M., conforme el deber que surge del artícu
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