Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175531
EXPEDIENTE N º 175.531 Juzgado de Familia N ° 3
En Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: " ARROYUELO MARCOS DAMIÁN S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA – Cuadernillo del art. 250 del CPCC ". Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto José Loustaunau y Ricardo Domingo Monterisi.
1. ¿Es justa la sentencia dictada el 11/7/2022?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU DIJO :
I. En la resolución atacada, de acuerdo a lo solicitado el 3/6/2022 por la Curaduría Oficial -sistema de apoyo del causa Marcos Damián Arroyuelo-, y lo dictaminado por la Asesoría interviniente el 23/6/2022, la Jueza de Familia decretó la medida cautelar innovativa, y ordenó a Anses que, en forma urgente e inmediata, otorgara al causante la pensión derivada de su abuela fallecida -Sra. María Eulalia Migueles-, quien en vida percibía la asignación por hijo con discapacidad y tenía al joven a su cargo, no sólo respecto de la manutención económica, sino también como sostén afectivo.
Se refirió al derecho al beneficio previsional por discapacidad y a prestaciones asistenciales contempladas en la normativa vigente (ley 22.431; ley nacional 24.901 y provincial 10.592; ley 19.032 modif. por ley 25.615); a lo establecido en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y señaló que ello debía materializarse mediante el dictado de una medida cautelar urgente que garantizara los derechos fundamentales del joven, que se encontraban vulnerados. En cuanto a los presupuestos de las medidas cautelares, consideró que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora se habían acreditado debidamente con los certificados de discapacidad agregados en autos.
El pronunciamiento fue apelado y fundado por el apoderado de Anses -Dr. Emanuel J. Fernández Plaza- el 14/7/2022. El recurso no fue contestado.
II. Se agravia el recurrente de la medida cautelar que ordenó al organismo, en forma urgente e inmediata, otorgar al joven Arroyuelo, la pensión derivada del haber jubilatorio de su abuela fallecida -Sra. María Eulalia Migueles-, y solicita que se deje sin efecto.
Alega que la medida es improcedente, pues no se cumplió con el procedimiento legal establecido: “agotamiento de la vía administrativa” que es fundamental porque no se siguen los controles a los que están sujetos los trámites previsionales a fin de evitar las captaciones de beneficio, sobre todo cuando se ordena a título cautelar conceder el beneficio a un titular excluido legalmente de los derechohabientes previsionales con derecho a pensión. A pesar de ello, agrega, la Curaduría Oficial en su carácter de figura de apoyo personal y patrimonial insiste con este tipo de acciones, sin agotar la vía administrativa y fuera de la competencia federal originaria.
Sostiene que el dictado de la cuestionada medida, sin haberse iniciado las actuaciones administrativas, máxime cuando el actor percibe un beneficio de pensión derivada , frustra la aplicación de disposiciones generales emitidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que se asume en forma ilegítima facultades propias de otros Poderes del Estado. Por ello, solicita que se deje sin efecto la medida decretada, hasta tanto exista una resolución definitiva de las mencionadas actuaciones administrativas.
Plantea que por haber sido citada y compelida la Anses en este proceso, la jueza debería declararse incompetente y dejar sin efecto la medida dispuesta, teniendo en cuenta que aquí se discute la aplicación del art. 53 de la ley 24.241 (que excluye a los nietos de los derechohabientes previsionales con derecho a acceder a la pensión). Reitera que el beneficio otorgado no está previsto en la ley aplicable, y el tema debatido es de naturaleza federal. Alude que, en su caso, debería ordenarse al titular que reclamara por la vía legal ante el Juzgado Federal en turno de esta ciudad, como órgano competente para dirimir las cuestiones en que el Estado Nacional es parte demandada, en tanto la materia previsional es de competencia federal. En apoyo a su postura, cita jurisprudencia.
Expresa que no se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia de una medida cautelar, esto es, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, a los que debe sumarse un tercero, establecido de modo genérico para toda cautelar, la contracautela.
Entiende que no hay verosimilitud del derecho; que la existencia de similitudes (con marcadas diferencias) del art. 53 de la ley 24.241 con los arts. 37, 38 y concds. de la ley 18.037 no obstan al hecho de haberse dispuesto una medida cautelar autosatisfactiva sin fundamento legal correcto, tornándola improcedente por no estar debidamente fundado el derecho aplicable. Reitera la exclusión del nieto contemplada en el citado art. 53, y explica que otorgarle sin más el beneficio redundaría en una afectación al erario público, patrimonio común de los afiliados. Explica que el causante no está habilitado para acceder al beneficio de pensión derivada de su abuela, ya que la ley vigente no lo incluye, por lo cual la cautelar ordenada vía pretoriana afecta la división de poderes y coloca al poder judicial provincial en el lugar de un legislador negativo.
Manifiesta que el joven no se encuentra en situación de desamparo para acreditar el peligro en la demora denunciado, ni está comprendido en las excepciones de la ley 26.854 (que regula las medidas cautelares en las causas en las que el Estado Nacional o sus entes descentralizados son parte o intervienen).
Se refiere a la falta de contracautela, y alude que toda medida cautelar requiere que se cumpla con este recaudo, pues lo contrario, tornaría de imposible cumplimiento la medida. Por ello, para el eventual caso de que su recurso fuera rechazado, solicita que se intime a la demandante a dar caución en los términos del art 199 CPCC.
Plantea el caso federal en los términos de la ley 48 por la vulneración del derecho de propiedad del acervo común de los beneficiarios, y por la no aplicación de una ley federal y de orden público (24.463).
III. Tratamiento del recurso .
1. En relación a la incompetencia alegada por el apoderado de Anses, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 827 del CPCC, los jueces de Familia tendrán competencia exclusiva, en las siguientes materias: incs. n) Declaración de incapacidad e inhabilitaciones, sus rehabilitaciones y curatela; ñ) Guarda de personas; y o) Internaciones.
De esta manera, será competente para entender en medidas como la aquí dispuesta, el juez interviniente en el proceso principal de restricción de la capacidad, que es el correspondiente al domicilio o residencia de la persona en cuyo interés se promueve el proceso o del lugar de su internación (arts. 36 del CCyC y 5 inc. 8° del CPC). Ello, sin perjuicio de que en esta materia cautelar rige lo dispuesto por el art. 196 del CPC, en cuanto a que cualquier magistrado puede decretar medidas en caso de urgencia, sin perjuicio de remitir las actuaciones al juez que le correspondiera intervenir (conf. GUAHNON, Silvia V., Medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia , Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2016, p. 456).
2. Aclarado lo anterior, corresponde efectuar una reseña de los antecedentes de la causa.
- La Sra. Asesora de Incapaces -Dra. Silvia Fernández- promovió -el 17/9/2015- el juicio de determinación de la capacidad jurídica de Marcos Damián Arroyuelo (nacido el 29/2/1988), y la apertura del proceso fue dispuesta el 21/9/2015. Se fijó el plazo para la producción de las pruebas pertinentes, y se ordenaron los traslados a fin de asegurar la debida defensa y las medidas de protección a los bienes del causante. El 22/9/2015 se realizó la pericia interdisciplinaria por parte del Dr. Alisio, el Lic. Fascinato y la Lic. Alves (conf. arts. 31 inc. c), y 37 del CCyC, y arts. 620 pto. 3° y 625 del CPCC).
- El 15/3/2016 el Dr. Julio César Furundarena -Titular de la Defensoría Oficial Nº 8- asumió la intervención como representante legal del Sr. Arroyuelo.
- El 26/11/2018 el Dr. Duilio Daniel Gabotto -Curador Oficial Procuración General S.C.J.B.A.- dictaminó sobre su designación como integrante del sistema de apoyo del causante.
- El 1/12/2021 se efectuó la actualización de la pericia interdisciplinaria. En el informe, el Dr. Alisio y la Lic. Paso refirieron, en cuanto al aspecto vincular, que tenía un hermano, Jeremías Arroyuelo de 39 años (con antecedentes penales: privación de su libertad), quien actualmente se encontraría residiendo en Mar del Plata en una pensión (del Barrio de la terminal vieja), y se desempeñaría como empleado de mensajería en "Pedidos Ya".
Sobre el aspecto habitacional, señalaron que Marcos no tenía un domicilio de residencia, y se encontraba en situación de calle. Se indicó, también, que no tenía antecedentes laborales, ni beneficios previsionales, y se desconocía su situación patrimonial; que tenía obra social -PAMI- por su abuela.
En relación al aspecto sanitario, expusieron que tenía antecedentes de comportamientos y conductas de carácter errático desde su edad infanto juvenil, con una falta significativa para prevenir en su persona situaciones de riesgo social y personal; que el consumo abusivo de sustancias psicoactivas le imprimía a su cuadro un agravante en perjuicio de su salud, y promovía una situación de desamparo y marginalidad como la que había transitado desde el fallecimiento de su abuela. Agregaron, que el joven explicó que hacía 4 días le habían dado de alta en la Unidad 34 del Melchor Romero, donde permaneció internado 6 meses por una resolución penal a raíz de un hecho delictivo: robo.
Calificación medica: 1) Diagnóstico: retraso mental leve – moderado, más trastorno por consumo de sustancias - Demencia por consumo de sustancias psicoactivas. 2) Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó: clínicamente, en la preadolescencia. 3) Pronóstico: malo. 4) Régimen aconsejado para su asistencia y cuidado: requería de una figura de apoyo que promoviera la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación y cuidado; que la ausencia de familiares continentes exigían que este rol fuera asumido por un ente Oficial. 5) Necesidad de internación: no la requería al momento de la evaluación.
Respecto de la dinámica familiar, manifestaron que desde el fallecimiento de su abuela -María Eulalia Migueles- no contaba con familiares referentes; que carecía en forma absoluta de un referente adulto de contención y apoyo que minimizara su estado de vulnerabilidad.
En cuanto al desempeño en las actividades diarias, en el aseo y cuidados personales presentaba un hábito de tendencia al descuido y carencia de higiene; que utilizaba transporte público en caso de necesidad; que conocía el valor del dinero pero no había adquirido capacidad administrativa; que deambulaba en forma errática e incurría en actos delictivos; que leía y escribía con dificultad; que entablaba relaciones inestables de características marginales, y la capacidad de autogestión era nula.
En las consideraciones finales, informaron que la condición de vulnerabilidad registrada requería de un dispositivo institucional de contención asistencial íntegro que promoviera la adquisición de hábitos de vida saludables, tendientes a la inserción social. En este sentido, estimaron que el apoyo y contención que requería debería ser proporcionado con la mayor celeridad posible desde la figura oficial que correspondiera, para luego promover, dentro de las posibilidades, una paulatina y progresiva autonomía.
- En la sentencia dictada el 22/2/2022, la Jueza expresó que de acuerdo a las pericias efectuadas por el equipo interdisciplinario, como así también de los restantes informes y de la audiencia celebrada con el causante en el marco del art. 627 del CPCC y del art. 35 del CCyC, se desprendía la necesidad de declarar la restricción de la capacidad para determinados actos, toda vez que Marcos Arroyuelo no podía ejercer todos los actos de manera autónoma, especialmente los referidos a la realización de actos de la vida común y a la salud en la órbita personal, así como a la administración y disposición de bienes en la órbita patrimonial, lo que lo convertía en un sujeto vulnerable que requería de apoyo y garantía legal.
En consecuencia, hizo lugar al proceso promovido, y restringió el ejercicio de la capacidad jurídica de Marcos Damián Arroyuelo, únicamente para: a) actos de la vida común (cuidados personales, viajar, tareas domésticas); b) actos relacionados con el ejercicio del derecho a la salud; c) actos de administración y disposición del patrimonio; d) actos procesales. Estableció un sistema de apoyo familiar que debería respetar las pautas que luego especificó. Asimismo, designó a la Curaduría de Alienados Dptal. en carácter de integrante del sistema de apoyo del Sr. Arroyuelo, para los actos antes detallados, con cargo de rendición de cuentas. Alegó que el cargo se discernía por este acto, y su ejercicio comenzaría desde la notificación de la presente. Hizo saber al Curador cuáles eran sus funciones, y destacó que como sistema de apoyo debía procurar el beneficio y el mejor interés del causante, la promoción de su autonomía y favorecer las decisiones que respondieran a sus preferencias. Finalmente, dispuso la revisión de la sentencia en un plazo de tres años.
- En su presentación del 3/6/2022, el Dr. Gaboto -Curador Oficial- solicitó que se dictara una medida cautelar innovativa, en la que se ordenara a Anses otorgar a Marcos Arroyuelo la pensión derivada por el fallecimiento de su abuela, quien en vida lo tuvo a su cargo, no sólo en cuanto a la manutención económica, sino también como sostén afectivo.
Expuso datos relevantes que fundan la necesidad de la medida solicitada, entre ellos, que de los informes del equipo técnico del Juzgado, los médicos tratantes, las evaluaciones de Salud Mental del HIGA e informes de los asistentes sociales surgía, que el único referente familiar que le brindó contención económica a lo largo de su vida, fue su abuela, Sra. María Eulalia Migueles. Se refirió al diagnóstico indicado en la pericia realizada en 2015, similar a la segunda, efectuada en 2021; que el régimen aconsejado para su asistencia y cuidado fue la "incorporación a un dispositivo institucional de características duales"; que también se informó allí, que ambos progenitores tenían antecedentes de consumo de sustancias tóxicas, infiriéndose que su desarrollo y crecimiento discurrió en un contexto marcado por la marginalidad; que su progenitora falleció cuando Marcos tenía 4 años, y desde ese momento fue su abuela paterna quien asumió su crianza, pero desde su fallecimiento la exposición a situaciones de riesgo de su integridad psicofísica adquirió mayor significación; que tendía a permanecer en situación de calle e institucionalización, y carecía en forma absoluta de un referente adulto de contención y apoyo que minimizara su estado de vulnerabilidad. Como antecedente del estado a cargo, destacó que la Sra. Migueles había iniciado el proceso de guarda de su nieto ante el Tribunal de Menores N° 1, dictándose la sentencia de guarda a su favor (conf. surge del reflejo de pantalla extendido por ANSES que adjuntó), es decir, que Marcos se encontraba a cargo de su abuela.
Expresó que la Sra. Migueles percibía, como parte integrante de su haber jubilatorio, la asignación como hijo discapacitado a cargo de Marcos Arroyuelo y, derivado de esa relación registrada en Anses, también lo tenía a cargo en Pami, de lo que se sigue que a través de su abuela el joven contaba con un ingreso mensual (asignación como hijo discapacitado a cargo) que Anses liquidaba y tenía obra social (Pami), aunque actualmente, derivado del fallecimiento de su abuela, no cuenta con ingreso alguno, sólo con la cobertura de Pami a través de la medida cautelar ordenada por la jueza, en conclusión, el causante se encuentra en un estado de precariedad y total vulnerabilidad.
Por la gravedad de la situación descripta, el Curador Oficial consideró que resultaba necesario adoptar medidas definitivas que permitieran garantizar una estabilidad en la situación económica y sanitaria de su representado. Se refirió al art. 53 de la Ley 24241, que prevé una prestación mensual “Pensión por Fallecimiento” para el grupo familiar a cargo del fallecido, cuyo objetivo es cubrir la contingencia por muerte en el núcleo familiar; que este es un derecho derivado que tenía el causante al momento de su fallecimiento y presupone que la muerte produjo una afectación económica desfavorable para seguir afrontando las necesidades, derivadas de la pérdida de los ingresos provenientes del causante. Menciona quiénes tienen derecho al beneficio de Pensión por Fallecimiento (hijos/as solteros, e hijas viudas) hasta los 18 años, limitación que no rige cuandoéstos se encontraran incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o al cumplir los 18 años.
Explica que la citada ley considera que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en él un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular; que la autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si éste estuvo a cargo del causante, y el Decreto N° 143/01 (que modificó la citada norma) menciona las condiciones exigidas -algunas aquí presentes-, y afirma que, en el caso, su representado estuvo a cargo económico exclusivo de su abuela hasta que ésta falleció, y la enfermedad que determinó su incapacidad es anterior a su fallecimiento. Advierte que el único recaudo que no se encuentra previsto es que el beneficiario de la prestación derivada no sea hijo del titular, sino su nieto, circunstancia que imposibilita iniciar el trámite administrativo ante Anses en procura de un derecho que -a su juicio- le corresponde a Marcos, en razón de la necesidad y dependencia económica de su abuela, quien destinaba los recursos en su favor, y éstos se interrumpieron a partir de su fallecimiento dejándolo en una situación de desamparo y vulnerabilidad.
Considera que las leyes previsionales deben interpretarse sin rigorismos para no desnaturalizar su finalidad, y el otorgamiento de la cautelar requerida a un hijo incapacitado, es dar amparo a quienes, luego de la muerte del causante, no están en condiciones de procurarse sustento ni obtener un empleo, lo que se encuentra acabadamente acreditado en las actuaciones. Entiende, que desde esta perspectiva de derechos humanos se debe analizar la titularidad del derecho de pensión del Sr. Arroyuelo, y ello implica que tal derecho no debe resultar ni antecedente ni consecuente de un proceso administrativo, en tanto Marcos resulta titular de este beneficio en función de la normativa constitucional (art. 75 inc. 22 y 23) y supralegal de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y su derecho se autoabastece y no requiere de trámite alguno para su reconocimiento.
Reitera el pedido de la medida cautelar, y agrega que, en un caso análogo, el Juzgado de Familia N° 5 decretó una medida cautelar y ordenó a Anses otorgar al Sr. Alejandro Javier Silva una pensión derivada del haber jubilatorio de su abuelo Luis María Silva.
- La Asesoría interviniente dictaminó -el 22/6/2022- que la Jueza podía hacer lugar a lo peticionado-
- El 11/7/2022 se decretó la medida cautelar innovativa y se ordenó a Anses que, en forma urgente e inmediata, otorgara a Marcos Damián Arroyuelo la pensión
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