Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80531
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 —texto según ley 14.192— y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Asimismo, comuníquese lo resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
B.80.531 "N. V. A. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA S/ INC. DE MEDIDAS CAUTELARES - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. G. F. M. y J. Z. N., en su carácter de progenitores de V. A. N., solicitaron —en el marco del proceso de determinación de la capacidad jurídica de esta última— el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) la cobertura efectiva e integral del tratamiento interdisciplinario prescripto, consistente en escolaridad especial en jornada doble y prestaciones terapéuticas de fonoaudiología, psicopedagogía y psicología.
Asimismo, requirieron que se disponga el pago de los aranceles devengados desde el año 2024 por prestaciones oportunamente autorizadas.
II. Las actuaciones fueron radicadas en el Juzgado de Familia N° 1 de Bahía Blanca. Concedida la tutela cautelar (v. resol. del 14-V-2025 y su aclaratoria del 19-V-2025), la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación y opuso excepción de litispendencia, en virtud de la existencia de causas —según sostiene— similares en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 3 y ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Bahía Blanca (v. presentación electrónica de fecha 20-V-2025).
Sustanciado el recurso, las actuaciones fueron elevadas para su tratamiento a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca (v. resol. de 30-V-2025).
Sin embargo, dicho tribunal ordenó la formación de un incidente y su remisión a la Cámara en lo Contencioso Administrativo departamental, al considerar que —conforme la competencia atribuida por el artículo 17 bis de la ley 13.928 a las cámaras en lo contencioso administrativo como tribunales de alzada— el tratamiento del recurso no podía ser abordado por esa Sala. A tales fines fundó su decisión en lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa B. 75.350, "D. V., L. D.", resolución de fecha 1-VIII-2018. Asimismo, dispuso la remisión de las actuaciones principales al juzgado de origen (v. resol. de 26-VI-2025).
Radicadas las actuaciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicho órgano también resolvió inhibirse de intervenir en la controversia. Para así decidir ponderó que la resolución recurrida fue dictada en el marco de un proceso de determinación de la capacidad jurídica —materia de competencia exclusiva del Fuero de Familia— en el cual el Instituto provincial requerido no intervino en carácter de parte ni de tercero. En tal sentido, sostuvo —en criterio divergente del adoptado por su par remitente— que el caso no encuadraba en la previsión del artículo 17 bis de la ley 13.928.
A su vez, consideró que "…Tampoco resulta jurídicamente atendible —y menos aún cuando se la sustenta en una mera remisión normativa sin desarrollo argumental alguno, como aconteció en el caso— la decisión de escindir el incidente cautelar y remitirlo al fuero contencioso administrativo, pues ello importa desvincular un aspecto accesorio del proceso principal, quebrando la unidad de jurisdicción y provocando la intervención simultánea de órganos judiciales distintos con pronunciamientos sobre la misma relación procesal".
En consecuencia, los integrantes de ese tribunal consideraron que la competencia para conocer en el recurso correspondía a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por tratarse del fuero natural llamado a resolver la contienda y en tanto el proceso no se encontraba regido por la ley 13.928.
En virtud de ello, promovieron la contienda negativa de competencia y elevaron las actuaciones a este Tribunal (art. 7 inc. 1 CCA), conforme surge de la resolución del 18-XII-2025.
III. Esta Suprema Corte de Justicia, en varias oportunidades, ha resuelto la competencia del juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes vinculados con él, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Ac. 37.036, "Murchison SA", resol. de 2-VI-1987; B. 68.039, "Falabella", resol. de 6-X-2004; B. 68.099, "Furnari", resol. de 22-XII-2004; B. 73.591, "Bodo SRL", resol. de 15-VII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 76.156, "Salazar", resol. de 30-X-2019; B. 76.795, "Acosta", resol. de 19-III-2021; B. 78.013, "Caro", resol. de 10-VI-2022 y B. 78.062, "Sciorra", resol. de 30-VI-2022).
Ello se funda tanto en el principio según el cual lo accesorio sigue a lo principal como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un solo órgano judicial quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (doctr. causas B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 74.484, cit.; B. 77.497, "Costa", resol. de 26-XI-2021 y B. 79.147, "Fernández", resol. de 29-IV-2024).
En consonancia con ello, el inciso 1 de dicho artículo establece que será el juez ante quien se sustancia el pleito principal quien tenga conocimiento de una amplia gama de incidencias vinculadas con este, entre las cuales se encuentran las medidas cautelares y las acciones accesorias en general (arts. 6 inc. 4, CPCC y 77 inc. 1, CCA; doctr. causa B. 77.029, "Vives", resol. de 12-VII-2021, y sus citas).
IV. En ese contexto, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata en cuanto sostuvo que la resolución recurrida fue dictada en el marco de un proceso de determinación de la capacidad jurídica —materia ajena al ámbito de aplicación de la ley 13.928— y que la medida cautelar dispuesta y su impugnación constituye una incidencia accesoria a dicho proceso principal.
En tales condiciones, y habida cuenta de la estrecha vinculación existente entre el presente incidente de apelación y el proceso principal caratulado "N., V. Á. s/ determinación de la capacidad jurídica", corresponde que sea la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca la que conozca en el recurso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 —texto según ley 14.192— y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Asimismo, comuníquese lo resuelto a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2026 12:05:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2026 12:50:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 09:32:51 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/04/2026 10:20:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2026 12:06:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/04/2026 16:18:16 hs. bajo el número RR-247-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia