Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122930
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se revoca el fallo impugnado y se devuelven los autos al Tribunal de origen para que -con nueva integración- dicte un nuevo pronunciamiento, disponiendo la restricción de capacidad adecuada en función de la necesidad actual de protección jurídica de M. E. A. C., especificando -en su caso- las funciones y actos que se limitan estableciendo el sistema de apoyos y salvaguardias que resulte necesario, con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación especificando sus funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la nombrada (arts. 32, 37 y 38 y concs., Cód. Civ. y Com., y 289, CPCC).
Costas por su orden atento a la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.930, "C., M. E. A.. Determinación de la capacidad jurídica".
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró la incapacidad de M. E. A. C. en los términos del art. 32 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 178/182 vta.).
Se interpuso, por la señora Defensora Oficial Titular de la Unidad de Defensa Civil n° 14 Especializada en Salud Mental, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 187/211 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora M. H. T. promovió demanda solicitando la declaración de insania de su hija M. E. A. C.. Asimismo, requirió ser designada Curadora definitiva de la causante.
Manifestó que al nacer M. E. A. fue diagnosticada con una enfermedad severa, padeciendo de mielomeningocele permanente que la torna incapaz para desarrollarse plenamente, encontrándose imposibilitada desde el punto de vista físico y psíquico (v. fs. 15).
Más adelante, la peticionante readecuó su pretensión conforme la normativa vigente (v. fs. 130/131).
El Juzgado de Familia n° 8 de Lomas de Zamora dictó sentencia haciendo lugar a la pretensión y declarando la incapacidad de M. E. A. C.. Designó a la señora M. H. T. como curadora de la causante (v. fs. 136/139 vta.).
Dicho pronunciamiento fue apelado por la Defensora Oficial Titular de la Unidad Funcional de Defensa Civil n° 14 Especializada en Salud Mental (v. fs. 142 y 155/156 vta.).
II. A su turno, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación departamental confirmó el fallo dictado en primera instancia (v. fs. 178/182 vta.).
III. Contra dicho modo de resolver se alza la Defensora Oficial mencionada, en su carácter de abogada de la señorita M. E. A. C., denunciando la violación de los arts. 32 y 38 del Código Civil y Comercial, la Ley Nacional de Salud Mental, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (v. fs. 187/211 vta.).
Expone que en el transcurso del proceso quedó demostrado que M. E. puede interactuar con terceros, manifestar sus necesidades, deseos, enojos, perspectivas, gustos y disgustos, por lo cual, eliminar su capacidad jurídica por considerarla "incapaz" aun cuando no se encuentran cumplidos los extremos estrictos que la legislación exige para ello, resulta sumamente arbitrario y perjudica a su asistida sin fundamentos válidos (v. fs. 205 vta.).
Sostiene que se ha infringido el art. 32 del Código Civil y Comercial al no dictarse una medida que vele por la menor limitación posible de la capacidad de la persona, confirmando la designación de un curador cuando la ley vigente expresamente prescribe que ello es excepcional y que solo procede cuando se demuestra la ineficacia de los sistemas de apoyo (v. fs. 206 y vta.).
Solicita que se revoque el fallo impugnado; se declare restringida la capacidad de su asistida y se le designe un sistema de apoyo a tal fin (v. fs. 206 vta. y sigs.).
IV. El recurso debe prosperar.
IV.1. Comparto y hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en el dictamen de fs. 223/225 vta. en cuanto -luego de extraer las constancias probatorias pertinentes- afirma que "...la conclusión a la que arriba la sentencia de primera instancia, confirmada por la Exma. Cámara de Apelaciones, no se ajusta a los parámetros vigentes de evaluación de la salud mental de una persona (conf. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -C.D.P.D.-, aprobada por Resolución de Asamblea General de Naciones Unidas el 13-VI-2006, incorporada a nuestro derecho interno por ley 26.378; ley de Salud Mental 26.657 y arts. 31 a 47, CCyCN)" (fs. 225).
IV.2. Como recordé en el precedente C. 115.346, "Z., A. M.", sentencia de 7-V-2014, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (C.D.P.D.) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporadas a nuestro derecho interno por las leyes 26.378 y 25.280, han venido a marcar un cambio de paradigma respecto de la concepción de las personas con discapacidad, basado en la autonomía y la dignidad.
Así, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad tiene como propósito "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente" (art. 1).
En su art. 3, establece como "Principio de la Convención": "el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas" (inc. "a").
Regula expresamente que: "Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad" (art. 4).
Reafirma el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Declara que los Estados Partes "asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de la autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas" (art. 12).
El Código Civil y Comercial ha seguido los lineamientos establecidos en las Convenciones citadas, partiendo de la premisa de la excepcionalidad de las medidas de restricción a la capacidad y, dentro de esa excepcionalidad la última alternativa es la declaración de incapacidad que sólo podría tener lugar cuando la "persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz" (art. 32, Cód. Civ. y Com.).
En el sub lite , tal como observa el señor Procurador General, "...surge de las constancias del expediente que la señorita C. no se encuentra 'absolutamente' imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad" (fs. 224).
Se basa, para sostener lo dicho, en el informe del Centro de Día Fundación Camila Dragone al que concurre diariamente la causante cuyas constancias más relevantes reproduce (v. fs. 224 y vta.).
Luego destaca: "...surge también del informe de los peritos Gabriel Carvallo, Fabián González y Rosana Kennis, del 17 de febrero de 2016, que la señorita M. E. C. se ha expresado con palabras y éstas fueron perfectamente comprendidas pues han sido explicitadas en el informe (ver fojas 93 vta.)..." (fs. 224 vta.).
Y agrega que "Tampoco se desprende de autos que el sistema de apoyos haya resultado ineficaz. De hecho, la señora M. H. t. -madre de M. E.- se ocupó de ella toda su vida, contando para ello con ayuda de E. C. y sus otros hijos..." (v. fs. 224 vta.).
Por ello comparto la conclusión a la que arriba el señor Procurador General en cuanto a que en el presente caso no se encuentran reunidos los supuestos mencionados en el último párrafo del art. 32 del Código Civil y Comercial que habilitan la excepcional declaración de incapacidad de una persona (v. fs. 224 vta./225).
V. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar el fallo impugnado y devolver los autos al Tribunal de origen para que -con nueva integración- dicte un nuevo pronunciamiento, disponiendo la restricción de capacidad adecuada en función de la necesidad actual de protección jurídica de M. E. A. C., especificando -en su caso- las funciones y actos que se limitan, estableciendo el sistema de apoyos y salvaguardias que resulte necesario, con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación especificando sus funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la nombrada (arts. 32, 37 y 38 y concs., Cód. Civ. y Com., y 289, CPCC).
Costas por su orden atento a la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
La presente se notificará con copia del dictamen de fs. 223/225 vta.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se revoca el fallo impugnado y se devuelven los autos al Tribunal de origen para que -con nueva integración- dicte un nuevo pronunciamiento, disponiendo la restricción de capacidad adecuada en función de la necesidad actual de protección jurídica de M. E. A. C., especificando -en su caso- las funciones y actos que se limitan estableciendo el sistema de apoyos y salvaguardias que resulte necesario, con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación especificando sus funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la nombrada (arts. 32, 37 y 38 y concs., Cód. Civ. y Com., y 289, CPCC).
Costas por su orden atento a la índole de las cuestiones planteadas (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Notifíquese con copia del dictamen de fs. 223/225 vta. y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia