Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123409
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDevolver los presentes autos al Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Moreno -General Rodríguez, a sus efectos (conf. art. 352, inc. 1, CPCC). Asimismo, deberán remitirse copias certificadas de las presentes actuaciones así como de esta resolución al Juzgado en lo Civil -Familia- que por turno corresponda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Plata, 16 de Octubre de 2019.
I. La señora O. B. G. solicitó, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de San Isidro la internación de su hija O. G. M., domiciliadas ambas en Carapachay, partido de Vicente López (v. fs. 5).
Posteriormente, la Comisaría Primera de Moreno comunicó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 de Mercedes la detención de la causante y posterior internación en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca", situada en la localidad de Torres, partido de Luján, trasladada luego a la Clínica de Salud Mental S.A.I. de Vicente López (v. fs. 18/26, 35/36, 53).
A continuación, la señora Asesora de Incapaces promovió la insania (hoy determinación de la capacidad jurídica; Ac. 3.725, modificado por Ac. 3.728) y conforme surge de las constancias de autos, la señora O. G. M., fue dada de alta, residiendo en la casa familiar en Villa Adelina, partido de San Isidro (v. fs. 62, 122, 233/235).
Con base en esa circunstancia, el magistrado se declaró incompetente para continuar interviniendo en estos obrados, con fundamento en el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, remitió las actuaciones al órgano en turno del Departamento Judicial de San Isidro, siendo radicado por antecedentes en el Juzgado Civil y Comercial n° 4 departamental (v. fs. 335, 336 vta.).
El órgano admitió la competencia atribuida en junio de 2009 (v. fs. 340), la causante continuó morando en la citada localidad hasta noviembre de 2012 cuando comenzó a alternar en las casas de sus hijos, ambas en el partido de San Isidro (v. fs. 569), mudando por último su residencia a Moreno (v. fs. 576, 611, 678/680, 695/696).
Transcurridos varios años, la magistrada se declaró incompetente dado el domicilio referenciado. En ese marco, basó su decisión en el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial e invocó así el principio de inmediación. En consecuencia, remitió las actuaciones al Juzgado de Familia en turno del Departamento Judicial de Moreno (v. fs. 702/705).
El Juzgado de Familia n° 1 de Moreno-General Rodríguez que resultó sorteado (v. fs. 728 vta.), asumió la intervención en el año 2015 (v. fs. 729) y pocos meses después la causante ingresó en el Hospital Psicoasistencial "Dr. José T. Borda" de la ciudad de Buenos Aires, con permisos de salidas a las casas de sus hijos (v. fs. 767/768, 785).
Luego de tres años desde su primera intervención, la titular del Juzgado de Moreno destacó que la permanencia de la señora O. M. en Moreno fue por un breve lapso en toda la tramitación del expediente, habitando la mayor parte de su vida en Villa Adelina o Carapachay, donde vive su familia, a lo que adicionó que en la actualidad se encuentra en el Hospital Borda de Capital Federal, por lo que se declaró incompetente para continuar interviniendo. En línea con los criterios señalados por el máximo tribunal provincial y el principio de prevención que consagra el art. 706 del Código Civil y Comercial de la Nación, entendió que el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 de San Isidro debe continuar con la tramitación (v. fs. 847/851).
Éste, previa comunicación telefónica con el Hogar Rawson de Capital Federal corroboró que la señora M. reside allí desde el 28 de febrero de 2018, por tal motivo el magistrado de San Isidro, con fundamento en el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial y los arts. 35,36 y 706 del Código Civil y Comercial de la Nación, no aceptó la competencia endilgada. En apoyo a su postura citó jurisprudencia nacional y devolvió los autos al remitente, quien mantuvo su postura y dada la contienda negativa suscitada, reenvió los mismos a su par de San Isidro, quien finalmente los elevó a este Tribunal (v. fs. 864/866, 872, proveído electrónico de fecha 25-VI-2019).
Recibidas las actuaciones en esta Sede, a fin de dirimir la cuestión de competencia traída, esta Corte dispuso que el órgano de inicio informe si la señora M. continúa internada en el Hogar "Rawson", de Capital Federal, en su caso, el actual lugar de internación (v. fs. 873), a lo que se dio respuesta mediante oficio electrónico de fecha 4 de septiembre del año en curso.
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II.1. De la indagación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se aprecia que para la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de la declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 de dicho cuerpo normativo, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad.
En ese orden de ideas, se observa el mandato del primer precepto citado en cuanto establece que el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado como así también entrevistarlo en forma personal antes de pronunciar cualquier resolución.
En igual línea, la siguiente norma prevé la intervención del interesado en el proceso, pudiendo aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Consignándose, además, en cuanto a la competencia, la interposición de la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación.
II.2. Por otro lado, merece reseñarse que bajo la vigencia del Código anterior, este Tribunal resolvió a través de la Acordada 1.902, que el juez que había prevenido en la internación de una persona en virtud de lo dispuesto por el art. 482 del Código Civil, era el competente para conocer en las nuevas internaciones de aquella, como así también respecto a la demanda de su inhabilitación o insania, formulada en el mismo proceso o independientemente (art. 4, Acordada cit.; causas C. 117.996, "R., J. I.", resol. de 26-VI-2013; C. 118.814, "R., C. M.", resol. de 19-II-2014; C. 119.461, "P., N. D.", resol. de 5-XI-2014 y C. 119.973, "R., C. G.", resol. de 17-VI-2015).
En tal contexto, también se estableció que la prevención se presentaba cuando alguno de los jueces o tribunales intervenía en el proceso, cualquiera fuera la naturaleza o importancia de tal intervención (causas C. 117.324, "P., E. S.", resol. de 19-XII-2012; C. 117.852, "G., R. L.", resol. de 15-V-2013; C. 118.814, "R., C. M.", resol. de 19-II-2014; C. 119.236, "O., R. C.", resol. de 3-IX-2014 y C. 120.019, "R., J.", resol. de 15-VII-2015).
II.3. Sin embargo, tales estándares que constituyeron la regla general de aplicación en los supuestos de internación e insania, fueron atenuándose a partir de los principios elaborados en el precedente C. 109.819 "N., N. E., sent. de 17-VIII-2011 y en sucesivos pronunciamientos similares, en los que en lo pertinente se consignó que consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente y frente a las particularidades que enmarcaron dicho caso, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otros en tal situación, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en situación de vulnerabilidad pues el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido, la aludida inmediación es la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar su persona y patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuva en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así como se considera la inmediación para determinar la competencia al inicio del proceso (ya que la establece el domicilio del presunto incapaz: art. 5 inc. 8, CPCC) ante la situación de vulnerabilidad que evidencia el caso, debe otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
II.4. En vista de lo expuesto, puede afirmarse que el criterio doctrinal antes reseñado se inscribe en las líneas directrices definidas en el nuevo digesto para la designación del juez competente, y bajo tales premisas, habrá de dirimirse la contienda arribada.
Así, en el caso particular que se considera, es pertinente ponderar especialmente a ese fin que, al comienzo de la causa, la señora M. se domiciliaba junto con su madre en Carapachay, partido de Vicente López, luego en la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca", situada en la localidad de Torres, partido de Luján, posteriormente en la Clínica de Salud Mental S.A.I. de Vicente López, así también estuvo internada en el Hospital Nacional "José T. Borda", y desde el 28 de febrero de 2018 en el Hogar Rawson de Capital Federal, donde permanece hasta la actualidad (v. oficio electrónico del 4 de septiembre del corriente año).
En tal virtud, el argumento vertido por la magistrada de Moreno para desprenderse de la presente causa y remitirla, por el principio de prevención al magistrado de San Isidro, carece de asidero toda vez que la señora M. tiene su residencia consolidada en el Hogar Rawson de Capital Federal, por lo que corresponde intervenir en autos al magistrado con competencia en la materia de ese lugar y, dado que se encuentra fuera del ámbito geográfico de la jurisdicción provincial, debe disponerse la devolución de la causa al Juzgado de Moreno-General Rodríguez a fin de que proceda según corresponda (conf. art. 352, inc. 1, CPCC; causa C. 121.607, "F., A. S.", resol. de 20-IX-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Devolver los presentes autos al Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Moreno -General Rodríguez, a sus efectos (conf. art. 352, inc. 1, CPCC). Asimismo, deberán remitirse copias certificadas de las presentes actuaciones así como de esta resolución al Juzgado en lo Civil -Familia- que por turno corresponda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Regístrese, hágase saber, remítase y cúmplase con lo dispuesto en el párrafo precedente.
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia