Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126642
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de Morón con asiento en dicha localidad y 2) hacer saber al juzgado que deberá abordar la cuestión sometida a su tratamiento respetando las indicaciones formuladas en el acápite IV de la presente.
C. 126.642 "Z. R. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA"
I. Se eleva a la consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de Morón -con asiento en la localidad de Morón- y el Juzgado de Familia n°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -con asiento en la localidad de Banfield-, en el marco de un proceso de determinación de la capacidad de R. Z. -nacido el 2 de julio de 1983- quien padece un retraso mental moderado y un trastorno psicótico no especificado (v. "Informe psiquiatra" de 10-XII-2019, "Interlocutoria (concluye la causa)" de 27-XI-2020, "Competencia - se resuelve" de 29-III-2021 y "Elevación a Suprema Corte - se ordena" de 30-V-2023).
II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que en consideración al orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
II.2. Por otro lado, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares a la presente, habiendo abordado la cuestión en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sent. de 17-VIII-2011 cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (entre otros C. 122.717, "R., J. C.", resol. de 17-X-2018; C. 123.409, "M., O. G.", resol. de 16-X-2019; C. 126.097, "R., D. H.", resol. de 30-XI-2022; C. 125.895, "O., N. S.", resol. de 19-XII-2022; C. 125.813, "D., L. A", resol. de 31-III-2023).
En el antecedente citado, se afirmó que, consolidada la residencia del causante en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro. En tal supuesto, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en estado de vulnerabilidad, el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido es la aludida inmediación la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar a la persona y su patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente sus derechos (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que, posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuvaba en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así, como el principio de inmediación era considerado para determinar la competencia al inicio del proceso, conforme el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ante la situación de vulnerabilidad que evidenciaba el caso, debía otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
En ese sentido, la Corte Suprema nacional ha establecido, en el marco de los procesos sobre determinación de la capacidad, que la labor atribuida a los jueces por el Código de fondo implica un ejercicio de evaluación y de seguimiento que no podría desplegarse adecuadamente desde una sede judicial que no sea la del lugar donde habita establemente la persona; máxime cuando el desenvolvimiento de los profesionales involucrados podría verse dificultado fuera del ámbito territorial en el que fueron designados (Fallos: 339:1027; 339:859; 344:769; entre otros).
Como así también es doctrina del Máximo Tribunal nacional que la inmediación coadyuva a una supervisión judicial directa y personal de quien se ve afectado por la medida, a la par de que favorece la concentración de las diligencias dirigidas a determinar el estado de salud, con lo que elimina las gestiones superfluas y onerosas y evita las demoras en la adopción de decisiones relacionadas a la libertad ambulatoria de la persona internada (Fallos: 328:4832; 331:211 y causa 992/2019, sent. de 26-XI-2019, del Dictamen del Procurador, al que remite).
III. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los principios enunciados y bajo tales pautas habrá de dirimirse la contienda arribada, pues el magistrado de Lomas de Zamora se desprendió de las actuaciones luego de que se acreditó en autos el traslado de R. Z. a la Clínica Privada Gregorio Marañón S.A., sita en calle Santa Rosa n°2381, de la localidad de Castelar, partido de Morón. Asimismo, surge de las constancias objetivas de la causa, que el causante se encuentra alojado en dicha institución desde el 28 de agosto de 2020 y no hay perspectiva de que a corto plazo egrese de la institución con un familiar o sea trasladado (v. "Oficio contesta" de 1-IX-2020 y su PDF adj., "Oficio recibido" de 30-III-2021 y sus PDF adjs., "Informe asistente social" de 29-V-2023 y "Oficio recibido" de 7-VI-2023 y su PDF adj.).
En conclusión, a fin de posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante, considerando especialmente el tiempo transcurrido desde el inicio de las presentes actuaciones y el estadio procesal de la causa, se declara competente para intervenir al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra internado R., es decir, al Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de Morón -con asiento en Morón- (art. 5 inc. 8 del CPCC).
IV. Por otro lado, advirtiendo la demora en que incurrieron los organismos entre los que se trabó el conflicto negativo de competencia, y atento a la especial relevancia que cobran los principios de inmediación y tutela judicial efectiva en estos procesos, se requiere al organismo al que se le atribuye la competencia que observe en su tramitación celeridad y proceda a la adopción y contralor de las medidas periódicas pertinentes para la protección de los derechos fundamentales del causante (arts. 13 y concordantes, CDPC; 8, 25, CADH; 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 36.5, Const. prov.; 31 y sigs. Cód. Civ. y Com.; 5, 7 inc. "e", 7 inc. l, y concordantes, ley 26.657).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°4 del Departamento Judicial de Morón con asiento en dicha localidad y 2) hacer saber al juzgado que deberá abordar la cuestión sometida a su tratamiento respetando las indicaciones formuladas en el acápite IV de la presente.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:27:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2023 14:58:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2023 09:18:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:24:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:05:15 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:11:59 hs. bajo el número RR-563-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia