Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126206
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en las presentes actuaciones y su AGR. 1 al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes.
C. 126.206 "A. D. R. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA"
I. La Titular de la Asesoría de Incapaces n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes promovió -el 11-VI-2021 y ante el Juzgado de Familia n° 2 de esa departamental- la determinación de la capacidad jurídica de D. R. A. -hoy de 32 años de edad- con domicilio en el Hospital Domingo Cabred, sito en la localidad de Open Door, partido de Luján, quien padece un trastorno psicótico y se encuentra allí alojado desde el año 2018. Explicó que la asesoría intervino en el marco del trámite de los autos "A., D. R. s/ Internación" (expediente QL-29920-2013), que tramitó ante ese mismo órgano (v. Sist. Augusta, trámites: "Demanda- se presenta", de fecha 11-VI-2021 y pdf adj., y "Asesor presenta dictamen" de 28-IX-2021 y sus pdf adjs.).
Seguidamente, se dio inicio al proceso de determinación de la capacidad y se ordenó la producción de la prueba (v. trámite "Primer despacho se provee" de 28-IX-2021). Transcurrido un lapso de tiempo, luego de reiterados intentos de realizar la prueba pericial y tomar contacto con el interesado -habiéndolo efectivizado, finalmente, en forma telemática- (v. trámites: "Informe interdisciplinario" de fechas 10-XII-2021, 14-II-2022 y 26-IV-2022; "Informe presenta" de 25-II-2022 y su pdf adj., "Audiencia art. 35 acta" de 26-V-2022) y ante el requerimiento de la Defensoría Oficial -previo pase al Fiscal y al Asesor- el magistrado se declaró incompetente para continuar interviniendo. Ello, al considerar que, en el control de las internaciones, la competencia está determinada por la cercanía al lugar de internación, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva del causante y el principio de inmediación. Fundó su postura en el art. 35 del Código Civil y Comercial de la Nación y en antecedentes de este Tribunal. En consecuencia, remitió las actuaciones al órgano de Familia en turno del Departamento Judicial de Mercedes (v. trámites: "Defensor presenta dictamen" de 26-V-2022; "Fiscal presenta dictamen" de 27-V-2022; "Asesor presenta dictamen" de 30-V-2022 y "Sentencia interlocutoria", de fecha 15-VI-2022).
El Juzgado de Familia n° 2 de Mercedes -que resultó desinsaculado (v. trámite: "Receptoría oficio de respuesta", de fecha 21-VI-2022) rehusó la atribución conferida. En efecto, explicó que en el marco de las determinaciones de la capacidad no se acepta la sorpresiva declaración de incompetencia, cuando las circunstancias fácticas no han variado. Así, citando precedentes de esta Corte, elevó los presentes a este Tribunal (v. trámites: "Competencia se resuelve", de fecha 24-VI-2022 y "Pase a" de 27-VI-2022).
II. Por otra parte, arribó también a esta Sede la causa "A., D. R. s/ Internación" (v. C. 126.206 AGR1, trámite: "Pase a" de 1-II-2023), iniciada en el año 2013 ante el mismo Juzgado de origen, en la que el titular de dicho organismo declaró incompetente para continuar interviniendo y remitió las actuaciones al citado Juzgado de Mercedes, que también rechazó la competencia atribuida. Seguidamente, devolvieron las actuaciones al órgano que previno, que las elevó a este Tribunal (v. AGR1, cit.; trámites: "Escritos varios" de 6-V-2022 y su pdf adjunto, "Competencia se resuelve" de 9-V-2022 y "Competencia se resuelve" de 21-VI-2022).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
III.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente que, en consideración al nuevo orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
En ese orden de ideas, se observa el mandato del primer precepto citado en cuanto establece que el juez debe garantizar la inmediatez con el causante como así también entrevistarlo en forma personal antes de pronunciar cualquier resolución.
En igual línea, la siguiente norma prevé la intervención del interesado en el proceso, pudiendo aportar todas las pruebas que hacen a su defensa, consignándose, además, en cuanto a la competencia, la interposición de la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 121.233, "G., A. B.", resol. de 28-XII-2016 y C. 121.451, "S., R. M.", resol. de 29-III-2017).
III.2. A partir de los criterios elaborados en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sent. de 17-VIII-2011 -y en sucesivos pronunciamientos similares- este Tribunal estableció que, consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar su persona y patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuvaba en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así como se consideraba la inmediación para determinar la competencia al inicio del proceso (ya que la establece el domicilio del presunto incapaz: art. 5 inc. 8, CPCC) ante la situación de vulnerabilidad que evidenciaba el caso, debía otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
III.3. En vista de lo expuesto, puede afirmarse que el criterio doctrinal antes reseñado se inscribe en las líneas directrices definidas en el digesto de fondo para la designación del juez competente, y bajo tales pautas, habrá de dirimirse la contienda arribada.
Así, en el caso particular que se considera, el señor D. R. A. reside desde hace 5 años en el Hospital Cabred de la localidad de Open Door (v. trámite "Informe interdisciplinario" de 26-IV-2022). El magistrado que intervino en el control de legalidad de la internación se desprendió de la competencia, en tanto la realización de ciertos actos procesales -vinculados al presente proceso de determinación de la capacidad jurídica- se vio obstaculizada por la imposibilidad de traslado del causante hasta el organismo. En efecto, fueron reiterados los intentos de efectivizar la prueba pericial y la audiencia reglada por el art. 35 del Código Civil y Comercial de la Nación, de manera presencial y aún telemática (v. trámites: "Informe interdisciplinario" de fechas 10-XII-2021, 14-II-2022 y 26-IV-2022; "Informe presenta" de 25-II-2022 y su pdf adj., "Audiencia art. 35 acta" de 26-V-2022).
De allí que, en salvaguarda de los principios de inmediación y tutela judicial efectiva, a fin de posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante, entendiendo que esto coadyuvará -en mayor medida- a proteger sus derechos (conf. art. 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), se declara competente para intervenir al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra internado D. R. A., es decir al Juzgado de Familia n° 2 de Mercedes (art. 5 inc. 8 del CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones y su AGR. 1 al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase, junto a su AGR.1 por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:15:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 16:08:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 13:00:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:48:15 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:33:14 hs. bajo el número RR-71-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia