Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125813
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto lo resuelto el 19 de diciembre de 2022 (doctr. arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC; arts. 9 y 13, ley 26.378) y declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás.
C. 125.813 "D. L. A. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA"
I. Esta Corte resolvió, en el marco del presente conflicto de competencia (art. 161, inc. 2, Const. prov.), que debía entender en autos el Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino (v. sistema Augusta, resol. de fecha 19-XII-2022).
Recibidas las actuaciones, el magistrado a cargo informó que el causante se encontraba alojado en la localidad de Baradero desde el año 2021 (v. trámites "Oficio recibido" de 13-IX-2022 y su pdf titulado "d.+l..pdf" y "Oficio recibido" de fecha 28-XII-2022). Seguidamente, se requirió la nueva elevación del expediente, para su consideración (v. proveídos de 28-XII-2022 y 29-XII-2022).
II.1 Corresponde -entonces- efectuar una nueva mirada sobre el conflicto a dirimir.
II.2. En efecto, esta Corte ha acudido, para la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de la declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, a las pautas fijadas por los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Así, el primer precepto citado establece que el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado, como también, entrevistarlo en forma personal antes de pronunciar cualquier resolución.
En igual línea, la siguiente norma prevé la intervención del interesado en el proceso, pudiendo aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Consignándose, además, en cuanto a la competencia, la interposición de la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación.
II.3. A partir de los criterios elaborados en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sent. de 17-VIII-2011 -y en sucesivos pronunciamientos similares- este Tribunal estableció que, consolidada la residencia del usuario del servicio de salud mental en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar su persona y patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
II.4. En vista de lo expuesto, a la luz de tal criterio doctrinal y las líneas directrices definidas en el digesto civil y comercial para la designación del juez competente, bajo tales pautas, habrá de dirimirse la contienda arribada.
Así, en el caso particular que se considera, el magistrado de origen se desprendió de las actuaciones frente a la denuncia de que el joven D., L. A. se encontraba internado en un centro especializado para la patología que lo aqueja, en la localidad de Baradero, lugar donde permanece alojado desde el 4-X-2021, siendo la internación en el Hospital Municipal de Colón anterior a dicha circunstancia (v. trámites: "Resolución registrable" de 11-V-2022, "Oficio recibido" de 13-IX-2022, pdf titulado "d.+l..pdf" y "Oficio recibido" de 28-XII-2022).
En ese sentido, la Corte Suprema nacional ha establecido, en el marco de los procesos sobre determinación de la capacidad, que la labor atribuida a los jueces por el Código de fondo implica un ejercicio de evaluación y de seguimiento que no podría desplegarse adecuadamente desde una sede judicial que no sea la del lugar donde habita establemente la persona; máxime cuando el desenvolvimiento de los profesionales involucrados podría verse dificultado fuera del ámbito territorial en el que fueron designados. (Fallos: 339:1027; 339:859; 344:769; entre otros)
En conclusión, a fin de posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante y considerando que su lugar de alojamiento no se ha visto modificado desde el 4 de octubre de 2021, se declara competente para intervenir al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra internado L. A. D., es decir, al Juzgado de Familia n° 2 de San Nicolás (art. 5 inc. 8 del CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Dejar sin efecto lo resuelto el 19 de diciembre de 2022 (doctr. arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC; arts. 9 y 13, ley 26.378) y declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/02/2023 15:07:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/02/2023 17:19:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2023 08:12:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:41:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:25:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:33:13 hs. bajo el número RR-84-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia