Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 128389
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro, con sede en Pilar y 2) hacer saber al Juzgado de Familia n°2 de San Isidro y al Juzgado de Familia n°2 de Pilar lo ordenado en el punto IV.
C. 128.389 "S. G. R. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA"
I. Se eleva a consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Mercedes y el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro -con asiento en Pilar-, en el marco de un proceso de determinación de la capacidad del señor G. R. S. (v. "Competencia-se resuelve" de 14-X-2022 y "Competencia-se resuelve" de 13-V-2024).
II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido reiteradamente que, en consideración al orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
II.2. Por otro lado, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares al presente, habiendo abordado la cuestión en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sent. de 17-VIII-2011 cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (entre otros; C. 122.717, "R., J. C.", resol. de 17-X-2018; C. 123.409, "M., O. G.", resol. de 16-X-2019; C. 126.097, "R., D. H.", resol. de 30-XI-2022; C. 125.895, "O., N. S.", resol. de 19-XII-2022; C. 125.813, "D., L. A", resol. de 31-III-2023).
En el antecedente citado, se afirmó que consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro. En tal supuesto, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en estado de vulnerabilidad, el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido es la aludida inmediación la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar a la persona y su patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente sus derechos (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que, posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuvaba en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así, como el principio de inmediación era considerado para determinar la competencia al inicio del proceso, conforme el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ante la situación de vulnerabilidad que evidenciaba el caso, debía otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
En ese sentido, la Corte Suprema nacional ha establecido, en el marco de los procesos sobre determinación de la capacidad, que la labor atribuida a los jueces por el Código de fondo implica un ejercicio de evaluación y de seguimiento que no podría desplegarse adecuadamente desde una sede judicial que no sea la del lugar donde habita establemente la persona; máxime cuando el desenvolvimiento de los profesionales involucrados podría verse dificultado fuera del ámbito territorial en el que fueron designados (Fallos: 339:1027; 339:859; 344:769; entre otros).
Como así también es doctrina del Máximo Tribunal nacional que la inmediación coadyuva a una supervisión judicial directa y personal de quien se ve afectado por la medida, a la par de que favorece la concentración de las diligencias dirigidas a determinar el estado de salud, con lo que elimina las gestiones superfluas y onerosas y evita las demoras en la adopción de decisiones relacionadas a la libertad ambulatoria de la persona internada (Fallos: 328:4832; 331:211 y causa 992/2019, sent. de 26-XI-2019, del Dictamen del Procurador, al que remite).
III. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los principios enunciados y bajo tales pautas habrá de dirimirse la contienda arribada, pues el magistrado de Mercedes se desprendió de las actuaciones luego de que el Hospital Interzonal Colonia "Dr. Domingo Cabred" informó que el causante había sido trasladado a la residencia geriátrica "Centro de Día y Hogar Estación Pilar", sito en ruta n°25 y San Fernando, de la localidad de Pilar (v. "Oficio recibido" de 18-II-2022 y su PDF adj. y "Actuario-informa" de 2-V-2024).
A mayor abundamiento, es menester resaltar que, en la materia que nos ocupa, una mirada constitucional-convencional cimentada en la concreción de una adecuada tutela judicial efectiva, no se agota únicamente en el principio de inmediación sino que se enaltece, a su vez, con la noción de especialidad; es decir, que el magistrado o magistrada que resultase competente debe ser una persona avezada en la temática acorde a las particularidades propias de los conflictos en materia de familia y de las personas involucradas, dada su íntima relación con la posible afectación y protección de derechos fundamentales (doctr. art. 706 inc. "b", Cód. Civ. y Com.). En este sentido, se destaca que el órgano especializado coincide con ser el órgano más cercano con respecto al lugar donde se encuentra el causante, por lo que no caben dudas que se encuentra en mejores condiciones de revisar la sentencia de determinación de la capacidad.
En conclusión, se declara competente para intervenir al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar (art. 5 inc. 8 del CPCC).
IV. Ahora bien, ponderando lo que surge de las constancias objetivas de la causa, precisamente en cuanto a la demora significativa e injustificada que ha sufrido el trámite cuando la misma se encontraba radicada ante el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro (v. "Receptoría-oficio de respuesta" de 9-XI-2022, "Pase a" de 9-XI-2022, "Pase a-ordena" de 1-XI-2022, "Pase a" de 14-XI-2022, "Actuario informa" de 10-IV-2024, "Pase a-ordena" de 12-IV-2024 y "Pase a" de 12-IV-2024), circunstancia que ha sido -inclusive- esclarecida a través del informe del Actuario de fecha 10 de abril de 2024 del cual se desprende que, luego de rechazar la competencia y ordenar la remisión al organismo jurisdiccional de Mercedes (v. proveído del 11-XI-2022), "... se consultó el libro de correo del Juzgado donde se advierte que con fecha 17/03/23 se remitió por error el expediente de referencia al Juzgado de Familia N°2 de Pilar...", y a la par, surge de las constancias digitales del sistema Augusta que la causa tampoco se radicó ni siquiera electrónicamente al Juzgado Civil y Comercial n°3 de Mercedes sino hasta que dicha cuestión fue advertida, perfeccionándose la remisión electrónica recién el pasado 23 de abril de 2024. De este modo, la falta de radicación electrónica en tiempo oportuno al organismo al cual se le atribuyó la competencia, sumado a que el expediente físico circuló erróneamente entre el Juzgado de Familia de San Isidro y el de Pilar durante el lapso de dos años, han operado contrariamente a los principios que en estos procesos se deben respetar y amparar, vulnerando una tutela judicial efectiva en una circunstancia en la cual -además- dicha tutela debe ser reforzada (doctr. art. 706 y concs., Cód. Civ. y Com.).
Así las cosas, corresponde exhortar al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro y al Juzgado de Familia n°2 de Pilar -quien retuvo la causa en soporte papel durante más de un año (v. informe del 10-IV-2024)-, a que observen en casos sucesivos la debida diligencia y celeridad, y proceda a la adopción y contralor de las medidas periódicas pertinentes para la protección de los derechos fundamentales de la persona, a fin de proveer a su debido resguardo (arts. 13 y concs., CDPC; 8, 25, CADH; 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 36.5, Const. prov.; 31, y concs., Cód. Civ. y Com.; 5, 7 inc. "e", 7 inc. l, 18 y concs., ley 26.657; conf. "Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad", de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, págs. 66/73).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de San Isidro, con sede en Pilar y 2) hacer saber al Juzgado de Familia n°2 de San Isidro y al Juzgado de Familia n°2 de Pilar lo ordenado en el punto IV.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/10/2024 10:35:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2024 13:23:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2024 18:51:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2024 11:17:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2024 13:39:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/10/2024 13:54:40 hs. bajo el número RR-681-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia