Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 137289
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de General San Martín.
C. 137.289 "D. V. H. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA"
I.1. Se eleva a consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de General San Martín y el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco del proceso de determinación de la capacidad del señor V. H. D..
I.2. De la compulsa de la Mesa de Entradas Virtual (MEV) y las constancias electrónicas de la causa surge que el presente proceso fue iniciado el 21 de diciembre de 1995 ante el Juzgado Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de General San Martín por la titular de la Asesoría de Incapaces n°1 departamental, con el objeto de restringir el ejercicio de la capacidad jurídica de V. H. D., quien padecía una patología de salud mental. Inicialmente el causante se encontraba alojado en la Colonia "Dr. Manuel A. Montes de Oca" (actual Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carillo"), sito en la localidad de Torres, partido de Luján, desde su ingreso en el mes de julio de 1994.
Con fecha 22 de junio de 1998, se declaró la incapacidad del interesado -en los términos del Código Civil derogado- y se le designó un curador, cargo que recayó en la Curaduría Oficial. Tal pronunciamiento ha sido revisado periódicamente el 1 de diciembre de 2010; el 25 de marzo de 2014; el 8 de agosto de 2019, designándose como sistema de apoyo para los actos de administración al Curador Oficial y al equipo de su dispositivo residencial; y finalmente, el 12 de octubre de 2023, manteniéndose las restricciones vigentes (v. trámites: "Insania: sentencia-iniciado por Asesoría" de 22-VI-1998; "Interlocutoria registrable" de 1-X-2010, 25-III-2014; "Sentencia interlocutoria" de 8-VIII-2019 y "Sentencia interlocutoria" de 12-X-2023).
Cabe destacar que, en ese tiempo, el causante fue externado del nosocomio e ingresó a una residencia autogestionada por ex-pacientes -Residencia "Los Tilos"- supervisada por la referida institución de salud -de quien depende-, situada en la misma localidad. Y que, desde el mes de noviembre de 2021, reside en una vivienda que alquila en ese pueblo junto a su pareja, contando -además- con la supervisión del equipo interdisciplinario del hospital especializado (v. "Vista-contesta (Obs.: agrego informe social)" de 20-IV-2022 y arch. adj.; "Asesor de Menores-presenta dictamen" de 2-VI-2023 y arch. adj.; "Vista-contesta (Obs.: informe social) " de 30-VI-2023 y arch. adj.).
I.3. Transcurridos casi treinta años desde su inicio, el día 4 de agosto de 2024, la Defensora Oficial solicitó al juez civil que, atendiendo al domicilio de su patrocinado, se expidiera acerca de la competencia para continuar interviniendo en autos. A dicho planteo adhirieron tanto la Curaduría Oficial como la Asesoría n°1 (v. trámites: "Vista-contesta" de fechas 4-VIII-2024, 12-VIII-2024 y 5-IX-2024). Sin embargo, el magistrado civil y comercial rechazó el planteo de incompetencia, sosteniendo que el interesado residía en dicha localidad desde el año 1995 y que su situación actual no configuraba una variación con entidad suficiente para imposibilitar su tutela judicial efectiva. Fundó su postura en numerosos precedentes dictados por este Superior Tribunal (v. "Interlocutoria registrable (Obs.: Competencia se resuelve) " de 9-X-2024).
Contra dicha resolución, el titular de la Curaduría oficial interpuso recurso de apelación, que fue admitido por la Sala I de la Cámara de Apelación Civil y Comercial departamental haciendo lugar a la incompetencia y disponiendo la remisión del expediente al Departamento Judicial de Mercedes. El Tribunal de Alzada consideró que, encontrándose consolidada la residencia del señor D. en la localidad de Torres, correspondía que interviniera el órgano jurisdiccional más cercano a dicho lugar; y fundó su decisión en un antecedente dictado por esa Sala que, a su vez, citaba un precedente dictado por esta Corte el día 24 de abril de 2024 -aunque no precisó en qué causa- (v. "Recurso-se interpone" de 16-X-2024 y "Sentencia definitiva" de 25-II-2025).
I.4. Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Mercedes, que resultó desinsaculado, el magistrado a cargo rechazó la competencia endilgada. Para ello, entendió que el organismo que había prevenido venía interviniendo por más de 25 años y que la distancia entre aquél y el lugar de internación no había sido obstáculo para que todos los operadores judiciales pudieran tomar contacto personal y directo con el causante. De este modo entendió que debía primar el principio de "perpetuación de la jurisdicción" por sobre el de inmediación; y que este último concepto se reformulaba a partir de la utilización de los medios telemáticos en la administración de justicia. Citó antecedentes de este Tribunal y devolvió las actuaciones al organismo civil y comercial para su reconsideración (v. "Receptoría oficio de respuesta" de 3-IV-2025; "Pase a/se provee" de 21-IV-2025; "Competencia-se resuelve" y "Pase a" de 25-IV-2025).
I.5. Finalmente, el juez de General San Martín recordó lo decidido por su superior y devolvió la causa a su par de Mercedes, quien elevó el expediente a este Tribunal para resolver la contienda negativa (v. "Pase a-se provee" de 6-V-2025).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II.1. Liminarmente, es dable señalar que por resolución de este Tribunal n°1.204/17 se estableció que las causas de familia que, con carácter residual, tramitan por ante los juzgados civiles y comerciales -como acontece en autos- a fin de garantizar un efectivo y pleno goce de los derechos reconocidos y al propio tiempo coadyuvar a asegurar una mejor administración de justicia, debían continuar tramitando en dichos juzgados hasta su finalización.
Sumado a lo expuesto, esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares, habiendo abordado la cuestión por primera vez en los expedientes C. 121.959, "H., J. A." y C. 121.111, "H., T." -ambas resols. de 25 de octubre de 2017- cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (causas C. 123.552, "C., G. A.", resol. de 16-X-2019; C. 123.824, "C., J. L. ", resol. de 4-III-2020; C. 124.727 "F., J. R.", resol. de 18-V-2021; C. 130.008, "R. M., A.", resol. 24-II-2025; e. o.).
En los antecedentes señalados se afirmó que no era admisible la sorpresiva declaración de incompetencia del órgano que había prevenido y tramitado la causa durante un prolongado lapso de tiempo si, más allá de la cita de los principios de inmediatez y economía procesal contenidos en el texto de la inhibitoria, no se apreciaba la concurrencia de algún acontecimiento que hubiera "producido una alteración de las condiciones imperantes con suficiente entidad como para justificar un traslado de la competencia" (Dictamen del Procurador Fiscal subrogante, en CS, "G., A. S. y otro s/ insania", 8-IX-2015, LL 6-X-2015, 9; Cita online: AR/JUR/29742/2015). Se valoró entonces que el causante continuaba internado en el mismo centro de salud desde hacía mucho tiempo y ello no había sido obstáculo para que los operadores judiciales concurrieran al hospital a fin de tomar contacto con el usuario del servicio de salud. En sentido similar ya se había expresado la Corte federal ("G., A. S. y otro s/ insania", 8-IX-2015, cit.).
II.2. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los argumentos enunciados pues, en el supuesto que se considera, la causa fue iniciada en el año 1995 ante el órgano civil y comercial. En aquella oportunidad, el causante se encontraba internado en la excolonia "Montes de Oca" de la localidad de Torres, partido de Luján. Tiempo después, en el marco de su proyecto de externación, el señor D. se trasladó a una residencia autogestionada, supervisada por el Hospital y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo", en la citada localidad. Allí permaneció hasta que, en el mes de noviembre de 2021, se mudó -junto a su pareja- a una vivienda que alquiló a su empleador, ubicada en la calle … … … y … … de la localidad de Torres, en donde desarrolla su vida cotidiana y continúa con el seguimiento del equipo profesional (v. "Vista-contesta (Obs.: informe social) " de 30-VI-2023 y arch. adj.).
Así, en todo ese tiempo, se aprecia que -en sintonía con los argumentos brindados por el magistrado civil y comercial- los operadores judiciales no han expresado hallar obstáculos concretos para materializar la efectiva tutela judicial del causante, como tampoco ha sucedido ningún hecho que modifique la situación en que se encontraba desde que comenzaron las actuaciones.
A mayor abundamiento, puede añadirse que la distancia existente entre el lugar de residencia actual y el Juzgado de inicio es de aproximadamente 80 kms., mientras que la separación con el órgano de Mercedes es de 65 kms., no resultando una diferencia significativa que, a simple vista, implique que un eventual cambio de jurisdicción vaya a maximizar la efectividad del principio de inmediatez reglado por los arts. 35 y 706 del Código Civil y Comercial (causa C. 130.008, "R. M., A.", resol. 24-II-2025).
Por lo expuesto, corresponde declarar hábil para seguir actuando en esta causa al órgano que previno (conf. art. 1, Resol. 1.204/17 y causas C. 121.959, cit., C. 121.930, "B., O. A.", resol. de 29-XI-2017; C. 122.139, "J., M. L.", resol. de 20-XII-2017; C. 130.008, "R. M., A.", resol. 24-II-2025; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para seguir interviniendo en estas actuaciones al Juzgado Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de General San Martín.
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por los medios que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2025 11:25:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:25:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 07:00:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 12:48:09 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2025 14:03:40 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2025 13:02:59 hs. bajo el número RR-374-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia