Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 137123
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes. y 2) Exhortar al Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de La Matanza en los términos indicados en el punto IV.
C. 137.123 "C. A. A. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA"
I. Se eleva a consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de La Matanza y el Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de un proceso de determinación de la capacidad del señor A. A. C. -nacido el 20 de marzo de 1976- quien padece un trastorno por consumo de exotóxicos (v. Sist. Augusta, trámites: "Competencia se resuelve" de 27-XII-2024 y "Competencia se resuelve" de 24-II-2025).
II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente que, en consideración al orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
II.2. Por otro lado, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares al presente, habiendo abordado la cuestión en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sentencia de 17 de agosto de 2011, cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (entre otros C. 122.717, "R., J. C.", resol. de 17-X-2018; C. 123.409, "M., O. G.", resol. de 16-X-2019; C. 126.097, "R., D. H.", resol. de 30-XI-2022; C. 125.895, "O., N. S.", resol. de 19-XII-2022; C. 125.813, "D., L. A", resol. de 31-III-2023).
En el antecedente citado, se afirmó que consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro. En tal supuesto, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en estado de vulnerabilidad, el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido es la aludida inmediación la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar a la persona y su patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente sus derechos (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que, posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuvaba en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así, como el principio de inmediación era considerado para determinar la competencia al inicio del proceso, conforme el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ante la situación de vulnerabilidad que evidenciaba el caso, debía otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
En ese sentido, es doctrina del Máximo Tribunal nacional que la inmediación coadyuva a una supervisión judicial directa y personal de quien se ve afectado por la medida, a la par de que favorece la concentración de las diligencias dirigidas a determinar el estado de salud, con lo que elimina las gestiones superfluas y onerosas y evita las demoras en la adopción de decisiones relacionadas a la libertad ambulatoria de la persona internada (Fallos: 328:4832; 331:211 y causa 992/2019, sent. de 26-XI-2019, del Dictamen del Procurador, al que remite).
III. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los principios enunciados y bajo tales pautas habrá de dirimirse la contienda arribada. Si bien, al menos desde el año 2013 el causante reside en Open Door, primero en el Hospital Interzonal Colonia "Dr. Domingo Cabred" y luego en un dispositivo de externación en la misma localidad que pertenece al nosocomio, lo cierto es que el juzgado de origen ha demostrado la imposibilidad de poder llevar adelante la tarea de controlar la internación y llevar adelante el proceso de determinación de la capacidad (v. "Despacho simple" de 28-III-2025 y "Documentación-acompaña" de 9-IV-2025 y su PDF adj.).
En este sentido, teniendo en consideración el estadio procesal de las actuaciones -donde aún no se ha dictado sentencia de determinación de la capacidad- y con el objeto de posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el señor C. adquiere especial relevancia el principio de inmediatez, correspondiendo declarar competente para intervenir al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra alojado, es decir, al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes (art. 5 inc. 8 del CPCC).
En efecto, la competencia se fija en función del sujeto de tutela, cuyo interés prevalece sobre los principios de prevención y de la perpetuación de la jurisdicción. Ello, en sintonía con las directivas del Código Civil y Comercial, que consagran como principio procesal el respeto de la inmediación y de la tutela judicial efectiva (v. arts. 706 y 716, Cód. Civ. y Com.; doctr. CSJN, causa 372/2018, sent. de 7-VI-2018, del Dictamen del Procurador, al que remite; causas C. 125.369, "R. D. C. J.", resol. de 24-V-2022; C. 125.624, "A. A.", resol. de 10-VI-2022 y C. 125.803, "F. T. A.", resol. de 15-VII-2022).
IV. Finalmente, no puede soslayarse que la causa tuvo inicio el día 17 de abril de 2002 y al día de la fecha no hay sentencia de determinación de la capacidad, como tampoco se ha impulsado oficiosamente la causa hasta su conclusión en vista de la protección y el resguardo de los derechos de la persona involucrada en autos . No se advierte, además, que la demora excesiva haya encontrado justificación en imposibilidades concretas y objetivas que pudieren haber obstaculizado la concreción de una tutela judicial efectiva diferenciada -como requiere este tipo de procesos- (arts. 706, 707, 709 y concs., Cód. Civ. y Com.). De manera tal que, ponderando lo que dimana de las constancias objetivas de la causa en cuanto a la demora significativa e injustificada que ha sufrido el trámite cuando la misma se encontraba radicada ante el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de La Matanza, corresponde exhortar al organismo a que observe, en casos sucesivos, la debida diligencia y celeridad, y proceda a la adopción y contralor de las medidas periódicas pertinentes para la protección de los derechos fundamentales de las personas, a fin de proveer a su debido resguardo (arts. 13 y concs., CDPC; 8, 25, CADH; 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 36.5, Const. prov.; 31, y concs., Cód. Civ. y Com.; 5, 7 inc. "e", 7 inc. l, 18 y concs., ley 26.657; conf. "Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad", de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, págs. 66/73).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°1 del Departamento Judicial de Mercedes. y 2) Exhortar al Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de La Matanza en los términos indicados en el punto IV.
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:22:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:12:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:18:46 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2025 15:29:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2025 09:49:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/09/2025 13:55:34 hs. bajo el número RR-608-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia