Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 137685
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de Quilmes.
C. 137.685 "S. G. S. E. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA"
I.1. El titular de la Asesoría de Incapaces n°4 del Departamento Judicial de La Matanza inició, el 25 de noviembre de 2024 ante el Juzgado de Familia n°7 del mismo Departamento Judicial, el presente proceso de determinación de la capacidad de la joven S. E. S. G. -nacida el 23 de diciembre de 2007-, quien padece un retraso mental moderado con deterioro de comportamiento y trastornos mixtos de la conducta y de las emociones. Asimismo, solicitó que se extraiga la documentación de la causa relacionada que tramitaba ante el mismo organismo caratulada "S. G., S. E. Medidas precautorias" (Expte. LM-34843-2012), iniciada el 8 de noviembre de 2012 (v. "Demanda-se presenta" de 25-XI-2024 y su PDF adj.).
Luego, informó que en comunicación telefónica con el "Hogar San Valentín" donde se encuentra alojada la joven le habían relatado que no dieron frutos las gestiones para obtener una pensión, por lo que solicitó que cautelarmente se le diera intervención a la Curaduría Oficial a fin de que pudiese realizar dicho trámite. En consecuencia, se designó a la Curaduría departamental como curador ad bona (v. "Medida cautelar-solicita" de 12-III-2025 y "Medida cautelar-se provee" de 14-III-2025).
I.2. Seguidamente, se presentó el titular de la Curaduría Oficial y solicitó que el magistrado se declare incompetente para continuar interviniendo. Ello, en tanto la joven se encontraba alojada en un hogar de la localidad de Quilmes. Así, el juez hizo lugar al pedido efectuado. Argumentó que el centro de vida de la joven se encontraba en la localidad de Quilmes, sumado a que hacía a su interés superior y a garantizar la tutela judicial efectiva que interviniese un organismo con competencia territorial allí. Sin más, remitió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes de Quilmes (v. "Curador-presenta dictamen" de 17-III-2025 y "Competencia-se resuelve" de 18-VI-2025).
I.3. Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de Quilmes que resultó desinsaculado (v. "Receptoría oficio de respuesta" de 19-VI-2025 y "Pase a30-VI-2025"), su titular rechazó la competencia atribuida. Para así decidir, entendió que la joven residía en el "Hogar San Valentín" desde el 14 de enero de 2022 y que el Juzgado de La Matanza había prevenido en los autos "S. G., S. E. Medidas precautorias" (Expte. LM-34843-2012) y "S. G., S. E. Abrigo" (Expte. LM-36734-2012). Citó el art. 830 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y devolvió las actuaciones (v. "Competencia- se resuelve" de 11-VII-2025 y 14-VIII-2025).
Una vez recibidos los autos, el Juzgado de Familia n°7 de La Matanza sostuvo sus argumentos y, atento al conflicto negativo de competencia, los elevó ante esta Corte (v. trámites: "Competencia-se resuelve" de 13-VIII-2025, "Elevación a Cámara-se ordena" de 19-VIII-2025 y "Pase a" de 20-VIII-2025).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que en consideración al nuevo orden normativo vigente para la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
En ese orden de ideas, se observa el mandato del primer precepto citado que establece que el juez debe garantizar la inmediatez con el causante y entrevistarlo en forma personal antes de pronunciar cualquier resolución.
En igual línea, la siguiente norma prevé la intervención del interesado en el proceso, pudiendo aportar todas las pruebas que hacen a su defensa, consignándose también en cuanto a la competencia, la interposición de la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 121.233, "G., A. B.", resol. de 28-XII-2016 y C. 121.451, "S., R. M.", resol. de 29-III-2017).
Con relación a este último precepto, este Tribunal ha sostenido que si la persona está internada, aquella debe ser interpuesta ante el juez del lugar donde se lleva a cabo la medida con el objeto de asegurar el principio de inmediatez que debe regir durante todo el proceso (causas C. 123.196, "P., C. M.", resol. de 2-V-2019; C. 123.653, "S., J.", resol. de 26-II-2020; C. 123.740, "T., S. B.", resol. de 29-IV-2020; C. 125.760, "R., M. G.", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.518, "V., K. P.", resol. de 10-VIII-2022).
II.2. Además, la Corte Suprema nacional ha indicado que en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes se destaca la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (Fallos: 338:1149; 340:415; 342:1031; entre otros).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño" (Fallos: 328:2870 y 331:2047).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, últ. parte, en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN; art. 706 Cód. Civ. y Com.; art. 4, ley 13.298).
II.3. Tales parámetros resultan plenamente aplicables a fin de resolver la contienda de competencia traída a esta Corte. En este sentido, resulta pertinente resaltar que S. E. reside en el "Hogar San Valentín" desde el año 2022. Sin embargo la determinación de la capacidad fue promovida el 25 de noviembre de 2024 y fue en la primera intervención de la Curaduría Oficial que se solicitó la declaración de incompetencia. Así, en esta instancia procesal donde recién se ha iniciado el proceso es de suma trascendencia garantizar el principio de inmediación y tutela judicial efectiva, con el objetivo de asegurar la participación de la causante (v. "Demanda-se presenta" de 25-XI-2024 y su PDF adj. y "Curador-presenta dictamen" de 17-III-2025).
En efecto, la competencia se fija en función del sujeto de tutela, cuyo interés prevalece sobre los principios de prevención y de la perpetuación de la jurisdicción. Ello, en sintonía con las directivas del Código Civil y Comercial, que consagran como principio procesal el respeto de la inmediación y de la tutela judicial efectiva (v. arts. 706 y 716, Cód. Civ. y Com.; doctr. CSJN, causa 372/2018, sent. de 7-VI-2018, del Dictamen del Procurador, al que remite; causas C. 125.369, "R. D. C. J.", resol. de 24-V-2022; C. 125.624, "A. A.", resol. de 10-VI-2022 y C. 125.803, "F. T. A.", resol. de 15-VII-2022).
De allí que una razonable interpretación del orden normativo señalado anteriormente, con el objeto de garantizar el principio de inmediatez, tutela judicial efectiva e interés superior de la joven, conduce a resolver que el órgano hábil para actuar en este expediente es el Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de Quilmes (arts. 35, 36, 706 y conc., Cód. Civ. y Com.; 3, CDN; ley 26.061).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de Quilmes.
Regístrese, hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/09/2025 15:57:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/09/2025 10:55:00 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2025 19:58:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2025 11:08:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2025 12:35:28 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/09/2025 13:08:44 hs. bajo el número RR-726-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia