Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127767
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, con sede en Avellaneda.
C. 127.035 "L. E. C. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD"
I. Se eleva a consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Familia n°6 del Departamento Judicial de San Isidro y el Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús -con asiento en Avellaneda-, en el marco de un proceso de determinación de la capacidad de la señora E. C. L. quien padece "Epilepsia - Retraso Mental - Trastorno del espectro autista" (v. Sist. Augusta, trámite: "Sentencia interlocutoria" de 28-VIII-2023).
II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido, reiteradamente, que en consideración al orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "G., J. D.", resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "D., J. M.", resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C. J.", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "A., O. R.", resol. de 14-VI-2017).
II.2. Por otro lado, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares al presente, habiendo abordado la cuestión en el precedente C. 109.819 "N., N. E.", sent. de 17-VIII-2011 cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (entre otros C. 122.717, "R., J. C.", resol. de 17-X-2018; C. 123.409, "M., O. G.", resol. de 16-X-2019; C. 126.097, "R., D. H.", resol. de 30-XI-2022; C. 125.895, "O., N. S.", resol. de 19-XII-2022; C. 125.813, "D., L. A", resol. de 31-III-2023).
En el antecedente citado, se afirmó que consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro. En tal supuesto, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en estado de vulnerabilidad, el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido es la aludida inmediación la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.
Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar a la persona y su patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente sus derechos (arts. 15, 36 incs. 5 y 8, Const. prov.; 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-; 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
También se señaló en el precedente aludido que, posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con el causante coadyuvaba en mayor medida a proteger los derechos del paciente. Así, como el principio de inmediación era considerado para determinar la competencia al inicio del proceso, conforme el art. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, ante la situación de vulnerabilidad que evidenciaba el caso, debía otorgársele la misma trascendencia a lo largo de todo el trámite.
En ese sentido, la Corte Suprema nacional ha establecido, en el marco de los procesos sobre determinación de la capacidad, que la labor atribuida a los jueces por el Código de fondo implica un ejercicio de evaluación y de seguimiento que no podría desplegarse adecuadamente desde una sede judicial que no sea la del lugar donde habita establemente la persona; máxime cuando el desenvolvimiento de los profesionales involucrados podría verse dificultado fuera del ámbito territorial en el que fueron designados (Fallos: 339:1027; 339:859; 344:769; entre otros).
Como así también es doctrina del Máximo Tribunal nacional que la inmediación coadyuva a una supervisión judicial directa y personal de quien se ve afectado por la medida, a la par de que favorece la concentración de las diligencias dirigidas a determinar el estado de salud, con lo que elimina las gestiones superfluas y onerosas y evita las demoras en la adopción de decisiones relacionadas a la libertad ambulatoria de la persona internada (Fallos: 328:4832; 331:211 y causa 992/2019, sent. de 26-XI-2019, del Dictamen del Procurador, al que remite).
III. En la contienda traída a resolver, son plenamente aplicables los principios enunciados y bajo tales pautas habrá de dirimirse el conflicto arribado, pues la magistrada de San Isidro se declaró incompetente como consecuencia del pedido formulado por P. E. F., quien entonces integraba el sistema de apoyos de la interesada junto a J. E. L. y de la solicitud realizada por la Asesoría de Incapaces interviniente (v. "Manifestación-Formula" de 3-III-2020, "Audiencia del art. 627 CPCC- Acta" de 28-III-2023, "Asesor-presenta dictamen" de 8-VI-2023).
En conclusión, teniendo en consideración el estadio procesal de la causa y a fin de posibilitar el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con la causante, que su lugar de alojamiento no se ha visto modificado desde el 1 de noviembre de 2018 y que no existen indicios que permitan afirmar que su residencia vaya a variar en lo inmediato, se declara competente para intervenir al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra alojada la señora E. C. L., es decir, al Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, con sede en Avellaneda (art. 5 inc. 8 del CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Familia n°6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, con sede en Avellaneda.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/12/2023 20:51:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2023 09:29:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:12:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:45:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2023 11:38:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/12/2023 13:48:26 hs. bajo el número RR-874-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia