Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 40.007-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones venidas en recurso, en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 33.980.- (pesos treinta y tres mil novecientos ochenta) por la representación procesal y de $ 84.949.-(pesos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, José Luis Domper, en la suma de $34.752 (pesos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos), los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio y demás pautas establecidas en el art. 3º inc. e) del decreto ley Nº 16.638/57.
4Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ $74.514 (pesos setenta y cuatro mil quinientos catorce), equivalente a 10,02 (diez con 2/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 186.286 (pesos ciento ochenta y seis mil doscientos ochenta y seis), equivalente a 25,04 (veinticinco con 4/100) UMA, los …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-54621376-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Mayo de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 40.007-I caratulado “DEUTZ AGCO MOTORES S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias.”
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 70/79, Christoph Schulz en representación de DEUTZ AGCO MOTORES S.A., en adelante DAMSA, interpone recurso de apelación contra la resolución N° 59/14 (DV ORR1) de fecha 28 de mayo de 2014 dictada por el Jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva en los términos que autoriza el artículo N° 76 inciso b) de la Ley N° 11.683 o LPT (t.o. en 1998 y modif.). En ella se impugnaron las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos 2008 y 2009 y se determinaron de oficio los nuevos saldos a favor de la empresa.
En su presentación informa que el Fisco Nacional cuestiona la deducción de intereses y diferencias de cambio por considerar que los pasivos que le dan origen no estarían vinculados con la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas.
Para arribar a dicha conclusión se entendió, principalmente, que en los préstamos asumidos por DAMSA no se acreditó contraprestación alguna. Además, consideró que la documentación acompañada no cuenta con fecha cierta y en un caso no se produjo la debida traducción pública por encontrarse en idioma extranjero Explica las relaciones societarias existentes entre DAMSA y sus dos accionistas -DEUTZ AG 50% y AGCO ARGENTINA S.A.50%, y entre estos dos últimos y la empresa MOTORES DE SAN LUIS S.A., de la cual resultan también ser los tenedores del 100% del capital accionario, en partes iguales. Por último, destaca que entre DAMSA y MOTORES DE SAN LUIS S.A., a pesar de coincidir en los mismos accionistas, su relación es solo comercial.
Describe que comercialmente MOTORES DE SAN LUIS S.A. ejercía la actividad industrial a través de la fabricación de motores y transmisiones en la localidad homónima. En los años 2001 y 2002 se produjo un proceso de adquisición y transferencia de prácticamente la totalidad de los activos y pasivos hacia DAMSA, la que comenzó a desarrollar la citada actividad en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente los dos accionistas transfirieron las acciones que tenían en la empresa de San Luis.
En ese marco expresa que DAMSA recibió personal, líneas de producción y herramental, bienes de cambio, bienes de uso, créditos a cobrar y toda la red de concesionarios que comercializaban los productos (motores). También que recibió licencias que autorizan la producción y entre otros, pasivos vinculados a dicha actividad, que justamente son los que en mayor medida generan los intereses y diferencias de cambio, ahora cuestionadas. Cita y remite a determinados actos (memorias, actas, escrituras públicas) que convalidarían en forma global tales decisiones económicas y destaca que los pasivos recibidos de MOTORES DE SAN LUIS S.A. como los intereses y diferencias de cambio abonadas en consecuencia de ellos, son gastos necesarios que DAMSA realizó para obtener, mantener y generar la ganancia gravada, porque si ella no asumía tales pasivos, no podría estar realizando hoy en día la fabricación de los motores ni su comercialización (el destacado les pertenece). Frente a ello considera que el Fisco Nacional yerra al sostener que no existió contraprestación alguna con relación a los mutuos, pues ello es evidente; agrega que los hechos descriptos en los dos párrafos anteriores son parte del costo o del precio que tuvo que abonar para recibir todos los elementos que le permiten ejercer su actividad industrial y comercializar su producción.
Para sustentar su descripción, reitera que básicamente el Fisco Nacional cuestiona ciertos aspectos de la instrumentación de los mutuos que generaron los intereses y diferencias de cambio objetadas, específicamente requiere fecha cierta en los contratos y demostración de la entrega/recepción de los fondos. Al respecto expone que el origen de tales pasivos respecto de DAMSA data de períodos muy antiguos (2001/2002), sobre los cuales operó la prescripción y no existe obligación legal de conservar documentación.
En segundo término, recuerda que no es DAMSA quien celebró los contratos ni quien recibió los fondos, pues los préstamos le fueron otorgados a MOTORES DE SAN LUIS SA y DAMSA no tuvo ninguna intervención en ellos, y agrega que se ha limitado a recibirlos como parte de lo que podríamos llamar “unidad de negocios fabricación y comercialización de motores”.
En forma inmediata expresa que cuenta con documentación suficiente que acredita erogaciones en concepto de “intereses y diferencias de cambio” y su vinculación con su actividad generadora de renta gravada, pero no puede exigírsele la acreditación de cuestiones que exceden su intervención en el caso.
Refuerza la idea de que los contratos celebrados con MOTORES DE SAN LUIS S.A. fueron presentados en copias de copias que recibió de tal empresa y no ha tenido nunca los originales, ni elementos para acreditar fecha cierta o el ingreso de los fondos a Motores de San Luis S.A, más allá de las copias de liquidaciones bancarias que pudo aportar a la inspección y que obran en los antecedentes administrativos.
Subsidiariamente estima que, si se pretendiera indagar sobre el origen de los préstamos en cabeza de su tomador original, ofrece pruebas que intentan demostrar los hechos y actos desarrollados por terceros. MOTORES DE SAN LUIS S.A., DEUTZ AG y AGCO ARGENTINA S.A.
Insiste en que se trata de un pasivo adquirido a Motores como un precio que abonó o está abonando para adquirir los activos necesarios para el desarrollo de su actividad.
Finalmente, ofrece prueba informativa y pericial contable, hace reserva del caso federal, y solicita que oportunamente se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas al fisco.
II. Que a fs. 101/107 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos solicitando, su rechazo en base a las consideraciones, doctrina y jurisprudencia imperante en la materia; y la consiguiente confirmación de la resolución apelada, con costas.
Niega todos y cada uno de los hechos y derechos expuestos en la demanda, excepto aquellos que surjan de la contestación del recurso y/o de los antecedentes administrativos.
Inicia su contestación indicando que el ajuste proviene de una conducta desarrollada por la contribuyente contraria a normas específicas que regulan la liquidación del Impuesto a las Ganancias, cuya consecuencia directa e indefectible es la alteración de la base imponible al haber declarado saldos a favor en exceso, ya que dedujo intereses generados por obligaciones que no tuvieron por objeto aumentar, o conservar ganancias gravadas. Describe que a partir de la verificación llevada a cabo por personal fiscalizador de la Dirección General Impositiva, en uso de las facultades conferidas por los artículos 33 y 35 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) se formularon cargos respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2008 y 2009. Con fecha 20 de marzo de 2014 se otorgó la vista que prevén los artículos 16 y 17 de la citada norma, impugnándose supuestos préstamos declarados por DAMSA, atento que los contratos celebrados entre DEUTZ AG y MOTORES SAN LUIS S.A. están en idioma inglés y alemán, no cumplimentándose los requisitos establecidos en el artículo 28 del Decreto N° 1759/72, debiendo acompañarse la correspondiente traducción hecha por traductor matriculado. Agrega que no se acreditó contraprestación para asumir el supuesto mutuo en moneda extranjera.
A ello se suma que el contrato celebrado con AGCO ARGENTINA S.A. aportó copia del mutuo carente de fecha cierta en los términos de los artículos 1034 y 1035 del Código Civil, en la que se hace constar la entrega por parte de esta última a la actora de la suma de U$S 2.140.500. Reitera que tampoco se acredita contraprestación para asumir el supuesto mutuo en moneda extranjera.
Deja constancia que la contribuyente no efectuó descargo ni ofreció prueba en sede administrativa, en oportunidad de otorgarse la vista de las actuaciones (art. 17 LPT).
No obstante, lo manifestado por la actora respecto que los mutuos son gastos necesarios para obtener, mantener y generar ganancia gravada, considera que los mismos no se encuentran debidamente acreditados, careciendo de elementos esenciales que le restan toda virtualidad, tornándolos inoponibles ante terceros.
Se agravia que la recurrente por un lado sostiene que son gastos necesarios, pero por el otro manifiesta que son pasivos que recibió de la firma MOTORES DE SAN LUIS S.A, y que no ha celebrado los contratos ni recibió los fondos, no contando con documentación original para acreditar su verdadera existencia. Refleja que es la propia recurrente, quien admite que presentó a los fiscalizadores “copia de las copias” que recibió de Motores de San Luis S.A. y no ha tenido nunca los originales, ni elementos para acreditar la fecha cierta, o el ingreso de los fondos, más allá de las copias de liquidaciones bancarias que pudo aportar a la inspección.
Refuerza su argumentación, expresando que la actora admite que no cuenta con los elementos probatorios necesarios para desvirtuar los ajustes realizados y por otro lado que por su propia negligencia e inobservancia de las normas y formas aplicables al caso, supuestamente absorbió deudas que nunca podrá acreditar por falta de pruebas. No puede demostrar la necesariedad de los gastos cuando desconoce el ingreso de fondos y el destino dado a los mismos.
Entiende sobre el contrato entre DEUTZ AG con MOTORES DE SAN LUIS S.A. que el mismo no fue traducido y que más allá de los dichos carentes de sustento e inacción probatoria en sede administrativa, tampoco lo aporta en esta instancia, tal como los exige la normativa aplicable. Cita artículos del Código Civil con relación a la falta de fecha cierta en los contratos de mutuo, concluyendo que los mismos deben ser celebrados por Instrumento Público o en Instrumento privado con fecha cierta, circunstancia que no se da en la presente causa y por ende no procede la declaración como pasivos.
El hecho que las memorias y actas de directorio refieran a los supuestos contratos de mutuo, en nada modifica la posición fiscal, atento que los registros deben ser respaldados por la documentación necesaria para probarlos, hecho que tampoco se refleja en la causa.
Ofrece como prueba documental los antecedentes administrativos que se acompañan en seis (6) cuerpos. A su vez se opone a las medidas probatorias ofrecidas por la recurrente, en particular rechaza la informativa en poder de terceros (de los propios accionistas) ya que de haberla considerado importante debió aportarla en esta instancia jurisdiccional. En igual sentido opina respecto de la informativa que se solicita a MOTORES DE SAN LUIS S.A., ya que a través de los mismos accionistas se pudo tener acceso a la información. Se opone, en virtud del artículo 166 de la Ley N° 11683 a que se produzca prueba que no fue ofrecida en sede administrativa cuando correspondía contestar la vista conferida en el procedimiento de determinación de oficio.
Hace reserva del caso federal y solicita que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 108 se dio traslado de la oposición por parte del Fisco Nacional a la producción de las medidas probatorias ofrecidas por la actora y a fs. 114/116 obra la contestación.
A fs. 119 esta Vocalía rechazó la oposición del Fisco Nacional y resolvió abrir a prueba por el término de 60 días, haciendo lugar a la informativa y a la pericial contable con fecha 15 de agosto de 2015 A fs. 359 se da por concluido el proceso de instrucción, obrando previamente la contestación de los oficios librados a DEUTZ AG y AGCO ARGENTINA S.A., no así el que debía producir MOTORES DE SAN LUIS S.A. A continuación, luce además el informe generado en forma conjunta por los peritos contadores designados por las partes.
Mediante IF-2022-31344299-APN-VOCXII”TFN se elevan las actuaciones a la Sala. A través de los IF-2022- 40599235-APN-DTD#TFN e RE-2022-41847187-APN-SGAI#TFN se incorporan los alegatos producidos por las partes y por IF-2022-48178784-APN-VOCXII#TFN los autos quedan en condiciones para el dictado sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde circunscribir el tema a decidir a los efectos de resolver si el acto administrativo apelado se dictó en base a los hechos y derecho aplicable. La empresa DAMSA que cierra sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año, dedujo de sus balances impositivos de los años 2008 y 2009 del Impuesto a las Ganancias, intereses y diferencias de cambio originados principalmente en dos pasivos que habría adquirido con sus dos accionistas, DEUTZ AG y AGCO ARGENTINA S.A. La Administración Federal de Ingresos Públicos impugnó dichas deducciones con el argumento que en los pasivos que les dan origen no se logró demostrar que estos últimos se adquirieron para destinarlo a la generación de ganancias gravadas con el tributo, no habiendo acreditado una prestación compensatoria en favor de la empresa.
Que en consecuencia el debate se centra en que según el Fisco, la documentación presentada durante la fiscalización fue insuficiente y hasta contradictoria, destacando que la empresa no respondió a la vista de las actuaciones en el marco del procedimiento de determinación de oficio que prevén los artículos 16 y 17 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y mod), adelantando que no es un dato menor, ya que la fiscalización se había iniciado casi cuatro años antes en el año 2010, el 25 de marzo de 2013 se le dieron a conocer los cargos y finalmente mediante Resolución 29/14 (DV ORR1) se otorgó la vista correspondiente Que la cuestión a resolver se reduce a una cuestión de hecho y prueba donde se hace trascendente las probanzas que las partes han acercado para sostener sus posturas.
V. Que no se controvierte que los ajustes que se proponen en los ejercicios 2008 y 2009 se encuentran encadenados a los pasivos que se cuestionan adquiridos en el año 2001.
Que cabe recordar que la afirmación que hace la actora que de no haberse hecho cargo de los pasivos de MOTORES DE SAN LUIS S.A. no podría estar realizando hoy en día la fabricación de los motores ni su comercialización, no forma parte de un proceso de reorganización societaria, sino que todas las operaciones estarían realizadas como entre partes independientes.
Que el argumento sobre la adopción de pasivos que pertenecían a la empresa mencionada es parte del costo que tuvo que abonar para recibir todos los elementos que le permiten ejercer la actividad industrial y comercializar su producción, cabe señalar que ello no se implementó como la adquisición de un valor ni otra figura comercial y además la compra de créditos y bienes de cambio se ha documentado por separado.
Que con relación al agravio sobre la prescripción y la no obligación de conservar documentación corresponde aclarar que la primera operó para determinar tributos de aquel período -2001- pero de ninguna manera para exhibir y acompañar la documentación que está impactando sobre la determinación de impuestos correspondientes a los períodos no prescriptos (2008 y 2009). Tampoco se puede tornar oponible la no existencia de obligación legal, si es justamente la actora la que necesita demostrar que se trata de un pasivo tomado para ser afectado a la actividad, atento que desde el año 2001 viene percutiendo en los resultados impositivos de todos los ejercicios comerciales y fiscales.
VI. Que la empresa hace saber en su presentación recursiva ante este Tribunal que, respecto de los pasivos, no es DAMSA quien celebró los contratos ni quien recibió los fondos, pues los préstamos le fueron otorgados a MOTORES DE SAN LUIS S.A. y DAMSA no tuvo ninguna intervención en ellos, y se ha limitado a recibirlos como parte de lo que podríamos llamar “unidad de negocios fabricación y comercialización de motores”. Esta afirmación se la puede calificar como dogmática, confusa y ambigua, ya que habla de los préstamos con carácter general refiriéndose a un único pasivo, pero al mismo tiempo, a todos los obtenidos por MOTORES (en particular los que están siendo objeto de debate), cuando durante el proceso previo y en esta instancia, más allá de la coincidencia de montos declarados al 31/12/2001 por pasivos (U$S 2.140.500 con cada uno de los acreedoresaccionistas) responden a dos operaciones diferentes, con DEUTZ AG, asumiendo el pasivo que tenía con MOTORES DE SAN LUIS S.A. y con AGCO ARGENTINA S.A. celebrando un mutuo con entrega de dinero fechado el 28 de diciembre de 2001. A ello se suma que las deudas aparecen registradas en fechas diferentes y que durante el mes de julio de 2001 MOTORES DE SAN LUIS S.A. habría facturado a DAMSA los stocks de motores y repuestos, con carácter previo a la venta de sus acciones. Entonces más allá de las explicaciones amplias esta situación es la que encabeza el desarrollo.
Que en su último agravio dice que cuenta con documentación suficiente que acredita erogaciones en concepto de “intereses y diferencias de cambio” y su vinculación con su actividad generadora de renta gravada. Como se observa solo afirma respecto del pago de intereses, pero elude referirse al pasivo que los genera, aquí cuestionados.
En su lugar el Fisco Nacional al referirse a la falta de documentación o insuficiencia de la presentada, considera que no ha podido verificar que los pasivos fueron destinados a la actividad de la empresa, con especial énfasis en que DAMSA estaría tomando un pasivo de más de 4 millones de pesos-dólares a su cargo respecto de una empresa con la que solo tiene actividad comercial, sin explicar ni demostrar las razones y oportunidad de ello. Considera que son todas apreciaciones faltas de elementos probatorios.
VII. Que para abordar en forma completa el análisis corresponde dejar mención que junto con el recurso DAMSA acompañó una escritura pública de fecha 24 de julio de 2001 por la que se celebra el contrato de cesión de créditos y acciones litigiosas pertenecientes a MOTORES DE SAN LUIS S.A. por la suma de U$S 139.824,00, con fecha de autorización del 5 de julio de 2001 –acta de reunión de directorio N° 48- donde se individualiza cada una de las causas que adquiere y que componen la cesión identificando al acreedor, el juzgado por el que tramita el cobro y el monto involucrado. Es de destacar la precisión con la que el Directorio autoriza la cesión de créditos litigiosos singularizando en la propia acta de directorio uno por uno cada uno de ellos. También se acompañó otra escritura pública de veintiuna páginas de fecha 31 de julio de 2001, con una minuciosa descripción, de una cesión de créditos, en donde se distingue cada uno de los créditos adquiridos por un total de U$S 3.565.620,23 con fecha de pago el día 31 de agosto de 2001, suscribiéndose en ese momento y por dicha suma un pagaré. En el cuerpo de la escritura se detallan cada una de las facturas, o débitorefinanciación, el número que permite su identificación, la fecha de vencimiento y el importe, al final del detalle de cada “cliente” y el importe total del crédito que corresponde contra cada “cliente”. Se cita el acta de directorio N° 48 de fecha 26 de julio de 2001 en la que se resolvió el otorgamiento de la autorización para que el presidente de la empresa suscriba el contrato de cesión, citando un anexo I con el detalle de cada crédito. Estas escrituras presentadas junto con el escrito recursivo, constituye un primer elemento probatorio que permiten apreciar la estrictez que rodea a los actos comerciales que desarrolla DAMSA. Con carácter preliminar, en ambos casos, existió una autorización del directorio para que el presidente lleve a cabo cada una de las operaciones que le individualiza a priori –y solo esas- y luego una escritura pública firmada ante escribano en la que milimétricamente se identifica cada uno de los créditos que está recibiendo a través de la operatoria de cesión. A ello se suma y se destaca la prolijidad y transparencia que implicó haber diferenciado los créditos corrientes de los litigiosos.
En cambio, habría tomado a cargo un pasivo sin documentación de respaldo de ese mismo calibre y adoptado decisiones no expuestas que carecen de la prudencia observada en los antecedentes citados que acompañó la misma empresa al interponer el recurso.
Ahora bien, como si esto fuera poco estas dos operaciones nada tienen que ver con “hacerse cargo de un pasivo” sobre el que el Fisco está reclamando su origen, ya que las operaciones de cesión de créditos se instrumentaron y se identificaron las formas de pago. La labor que pretendió desarrollar el Fisco Nacional respecto de las deudas, está dentro de sus facultades amplias que le otorga la Ley 11.683, intentando verificar si esos pasivos aparentemente subrogados estaban destinados a actividades gravadas tal como se le terminó cuestionando. Sin embargo, esa labor se inicia con el pedido de documentación de respaldo, pero resulta razonable que una vez en su poder le permita y la habilite a analizar su contenido, a fin de verificar las condiciones, entre otras tasa de interés, plazos del compromiso, la calidad del acreedor, etc……. Corresponde resaltar que esta documentación arribó a las actuaciones junto con el recurso el 24 de junio de 2014. (Resolución determinativa del 28 de mayo de 2014).
En esa misma oportunidad acompañó la nómina del personal y específicamente las memorias de los estados contables correspondientes a los ejercicios 2001 (28 de enero de 2002) y 2002 (28 de febrero de 2003). En la primera de ellas de 2 páginas se destacan las actividades de comercialización de motores y repuestos. En cuanto a los motores importados señala que se produjo un importante aumento del stock y en repuestos una baja en el nivel de ventas del 4%. A continuación, se ocupa de las perspectivas para 2022 con la siguiente apreciación macro económica. “Asimismo se está evaluando una importante cantidad de proyectos sobre la base de un motor producido, localmente marcado por la sensible mejora que presenta el régimen de competitividad en fabricantes nacionales”. De allí se desprende que ningún proyecto parece haberse consolidado al 31 de diciembre de 2001 y resultando cuanto menos llamativo que se haya tomado una deuda por proyecto que aún no tienen definición. En el acápite CONTEXTO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD señala que en el marco de la decisión de hacerse cargo de la fabricación de motores en el país, adquirió los créditos, el stock de motores y las partes, piezas y conjuntos que pertenecían a la firma MOTORES de San Luis. S.A. Finaliza informando a los accionistas que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $ 204.252.
En ningún lugar se ha reservado un párrafo para precisar que las adquisiciones de bienes de cambio/bienes de uso, pudieron haber significado la adquisición de un pasivo de más de 4 millones de pesos-dólares cuando las ventas netas en todo un ejercicio comercial ascendieron a $ 8.842.520 o frente a un Patrimonio neto por $ 4.316.300. Como se puede apreciar se está frente a un pasivo de alta significatividad y relevancia. Tampoco en las notas a los estados contables surge indicio de las importantes adquisiciones de mercaderías y/o de los pasivos asumidos. El intento de demostrar la existencia del pasivo recién llega “parcialmente” pasada la fiscalización, inclusive la vista y la interposición del recurso, con motivo de las pruebas informativas producidas. La informativa dirigida a MOTORES DE SAN LUIS S.A. nunca se produjo, a pesar de los vínculos societarios y comerciales existentes con DAMSA y con sus accionistas. Para DAMSA no es un proveedor más, sino que es un proveedor de quien dice se hizo cargo de un pasivo que supera los dos millones de pesos-dolares o los cuatro millones, según sea la documentación que se analice. La divergencia se plantea pues en el escrito se hace una afirmación y en la prueba aparece otra diferente.
Respecto de las otras dos informativas con las que DAMSA entendió que lograría demostrar que los pasivos fueron adquiridos para la generación de ganancias gravadas, la suerte ha sido la siguiente:
a) Deutz AG presentó los contratos traducidos más seis anexos suplementarios, y la pregunta es si se está frente a una prueba hábil o la falta de oportunidad para producirla ha provocado efectos acciones irrecuperables. Entiendo que la falta de aporte de la documentación suficiente en instancia de la inspección y vista de actuaciones, bloqueó el proceso de fiscalización y la profundización de la investigación que permitiera determinar el origen y destino de los supuestos pasivos, pues con ello se neutralizó la continuidad del análisis. Las actuales pruebas dirigidas a acreditar la celebración de los contratos, que se exhiben, (caso DEUTZ AG) ¿cumplen la misma función en el año 2016 que cuando lo solicitó la fiscalización a partir del año 2010? La falta de aporte de documentación al abortar la tarea fiscalizadora impidió la continuidad del análisis especialmente porque la administración fiscal no pudo analizar aspectos que hoy se observan en los contratos y sus adendas como una tasa de interés original del 10,72% en dólares (anexo II – noviembre 1999), muy superior a las de mercado, plazos de pago y demás cláusulas. En esas condiciones –con ese ratio de tasa de interés- dice haber asumido el pasivo con DEUTZ AG (anexos I, II y III), más allá de las reducciones posteriores que la llevan al 5%. Se observa que aquella estrictez para aceptar créditos tal como se observó en párrafos anteriores, no fue utilizada o por menos demostrada ya que no expuso la autorización previa -ni convalidación ni informe a los accionistas- de las razones que pudieron haber justificado tomar un pasivo en semejantes condiciones y sin plazo de devolución. A ello se suma el plazo de devolución que originalmente iba hasta 2017 y luego llega al año 2021. Y tampoco puede descartarse en la hipótesis de análisis el vínculo entre el deudor y el acreedor (su propio accionista), con lo cual ello obliga a prestar atención a aspectos esenciales que solo pudieron haberse verificado con la probanza oportuna a fin de verificar que se trataba de una operación realizada entre partes independientes. Sin embargo, la no presencia de documentación oportuna impidió que se evaluara la operación a la luz de los precios de transferencia o el cumplimiento de normas de subcapitalización, labor que no puede retrotraerse por la conducta nada transparente de la empresa.
Y esto no significa que las pruebas sean rechazadas por el mero hecho de que no fueron ofrecidas en sede administrativa, sino por el contrario las mismas son analizadas en esta instancia pero se llega a la conclusión que no tienen habilidad por haberse perforado y alterado el proceso de fiscalización no pudiéndose opinar sobre aquellos actos que tienen incidencia en los períodos fiscales 2008 y 2009. De allí surge el mes de noviembre del año 2021 como cancelación teórica final con DEUTZ AG, este elemento confirma las serias dudas respecto de la existencia del pasivo adquirido en 2001, de su calidad impositiva –podría haberse tratado de un aporte de capitalo del destino a la obtención de ganancias gravadas.
A ello se suma que se abrió a prueba el 6 de agosto de 2015 y luego de justificaciones respecto del plazo, DEUTZ AG uno de los acreedores-accionistas –aportó la documentación recibida por Secretaría, el día 2 de febrero de 2016-.
b) Su segundo accionista AGCO ARGENTINA S.A. tratándose de una empresa argentina y accionista de DAMSA recién produjo la informativa el 9 de agosto de 2016. Sorprende la documentación acompañada, esto es contratos de mutuo de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Ninguno cuenta con fecha cierta ni certificado. Data el primero de ellos del mes de diciembre de 2006, no existiendo vinculación alguna con el período de origen del préstamo -2001- Luego en su presentación insólitamente refiere a un contrato de mutuo firmado con MOTORES DE SAN LUIS S.A. el 31 de enero de 2000 (no aporta contrato) y que con fecha 31 de enero de 2001 (sic) DAMSA se hizo cargo, con lo cual estarían surgiendo incoherencias tales como que DAMSA dice haber firmado el contrato de mutuo con AGCO el 28 de diciembre de 2001. Luego dice que no es posible aportar la documentación respaldatoria de la entrega de fondos por no contar con la misma atento que transcurrió el plazo obligatorio durante el cual se la debe conservar.
O sea, ninguna evidencia respecto del pasivo a convalidar y por el contrario contradicciones claras entre la información a respaldar y la informativa.
c) La tercera prueba informativa nunca se produjo a pesar de haberse oficiado hasta la Inspección General de Justicia, para ubicar el domicilio.
Por último, queda por analizar la pericial contable, que si bien fue producida y los aspectos descriptivos previos a responder el cuestionario han sido confeccionados en forma conjunta por los profesionales, las respuestas han sido elaboradas en forma individual, con la misma distancia argumental que existe durante todo el expediente. Por un lado el perito de la actora sostiene que determinadas facturas emitidas por MOTORES DE SAN LUIS S.A. fueron compensadas con los pasivos que aquí se encuentran en debate, situación que desdibuja el argumento anterior porque el pasivo con AGCO ARGENTINA S.A. se habría contraído no por compensación ni sustitución del deudor, sino por fondos recibidos por DAMSA tal como surge del contrato de mutuo que se examinó, sin entrar a considerar la validez del mismo, hechos que no permiten otorgarle legitimidad a los pasivos. Otro de los aspectos confusos de relevancia es la descripción que hicieron en una de sus respuestas los dos peritos, al aclarar que los comprobantes recibidos por DAMSA de MOTORES DE SAN LUIS S.A. no poseen forma de pago. Ello lleva a pensar en la existencia de una serie de operaciones concatenadas sin ninguna transparencia que les permita otorgarle veracidad.
Por el otro lado el perito de fisco insiste en que no se ha demostrado el origen, recepción de dinero y fundamentalmente la falta de contraprestación por haber asumido los pasivos.
Por ende, no existe una coincidencia que convaliden el primer documento que justifiquen asumir una tasa de interés en dólares del 10,72% cuando ha quedado demostrado con los propios medios que aportó la actora que previo a una decisión de compra de activos, existió una autorización previa de parte del directorio, perfectamente individualizada e instrumentadas por escritura pública.
Como se puede apreciar ningún elemento probatorio puede ser considerado válido para conmover el criterio fiscal, por lo que considero que debe confirmarse los ajustes practicados y por ende la resolución recurrida.
VII. Que en oportunidad de presentar su alegato la recurrente introduce un planteo referido a la prescripción de las facultades del ente fiscal para reclamar el pago de las obligaciones compensadas con el saldo aquí cuestionado al considerar que la cuestión debatida ha devenido por este motivo abstracta.
Que atento lo resuelto en los Considerandos precedentes y teniendo en cuenta que dicho planteo no fue incorporado en su escrito recursivo no corresponde abocarse a su tratamiento.
VIII. En consecuencia voto por confirmar las resoluciones venidas en recurso, en todas sus partes, con costas. Que las Dras. O Donnell y Gómez dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones venidas en recurso, en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 33.980.- (pesos treinta y tres mil novecientos ochenta) por la representación procesal y de $ 84.949.-(pesos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional, José Luis Domper, en la suma de $34.752 (pesos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos), los que quedan a cargo de la recurrente, en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio y demás pautas establecidas en el art. 3º inc. e) del decreto ley Nº 16.638/57.
4. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ $74.514 (pesos setenta y cuatro mil quinientos catorce), equivalente a 10,02 (diez con 2/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 186.286 (pesos ciento ochenta y seis mil doscientos ochenta y seis), equivalente a 25,04 (veinticinco con 4/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercer etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 4/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. – Date: 2022.05.31 15:02:23 -03:00 Date: 2022.05.31 16:50:55 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.31 20:12:18 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.31 20:12:19 -03:00
Fin de la sentencia