Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-744/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 108/115 por el Sr. Edgardo Mauricio Devito, contra la Municipalidad de Puerto Deseado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-744/15-TSJ Sentencia N°: 1074 Actor: DEVITO EDGARDO MAURICIO Demandado: MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 30/04/21 Texto:
TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1074 FOLIO Nº 3412/3418 PROT. ELECT. TSS1 004 C.211
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 30 días del mes de abril de dos mil veintiuno, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “DEVITO EDGARDO MAURICIO C/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº D-744/15-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 2°) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4°) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que a fs. 108/115 se presenta el Sr. Edgardo Mauricio Devito, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Carla Jesica Yamila Flores, promoviendo demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Puerto Deseado, con el objeto de que se revoque la Ordenanza N° 6265-HCD-2014 y el Decreto Municipal N° 144/14, mediante los que se dispuso la caducidad de la reserva del lote 14 de la manzana 126 de esa localidad. Pretende, asimismo, que se le restituya el inmueble identificado.- Sostiene que adquirió ese inmueble mediante la Ordenanza N° 452-HCD-1987, promulgada por el Decreto N° 508/87, y que ejerció la posesión por un lapso de veintisiete años y diecisiete días, desde el 30 de septiembre de 1987 hasta que intempestiva y arbitrariamente se decretó la caducidad aludida (cfr. fs. 108 vta./109).-
Rememora las distintas misivas que le remitió a la demandada y al nuevo adquirente del inmueble (cfr. fs. 109/111 vta).-
En la primera de ellas, rechazó la carta documento que le había enviado la autoridad administrativa notificándole la caducidad de la reserva del lote en cuestión e indicó que el municipio perdió el dominio. Invocó los artículos 3947, 4016 y 3951 del Código Civil entonces vigente, relativos a la prescripción como medio para adquirir el dominio. Expuso que hace veintisiete años que ejerce la posesión, manteniendo los impuestos al día y que junto a sus vecinos conformó una sociedad que dotó de los servicios esenciales (luz, gas y cloacas) a los terrenos y realizó la redistribución predial y mensura de cada lote. Dijo, por último, que era el propietario del inmueble (cfr. fs. 109 y vta.).- En la segunda reiteró su pedido para que el municipio se expida y en las dos siguientes lo intimó para que se abstenga de continuar con el ofrecimiento público iniciado (cfr. fs. 109 vta./111).-
La última misiva que detalla se dirigió al nuevo adjudicatario del inmueble, haciéndole saber que ha impugnado el ofrecimiento público (cfr. foja 111).-
Por otro lado, dice que el acta de posesión del 14 de julio de 2014 -mediante la cual la demandada tomó posesión del inmueble- es extemporánea, toda vez que el supuesto incumplimiento debía haberse producido hace más de veintisiete años. Agrega que el acta no especifica el tiempo de inicio y finalización de la prórroga de ciento veinte días que se le había otorgado y asevera que los actos administrativos no producen la interrupción de la prescripción (cfr. fs. 111 vta./112 vta.) Por último, alega un atropello a los derechos constitucionales contemplados en el artículo 17 de la Constitución Nacional (cfr. foja 112 vta.).-
Acompaña prueba que hace a su derecho (cfr. fs. 113/114 vta.).-
II. Que corrido el traslado pertinente (cfr. foja 126), la Municipalidad de Puerto Deseado contesta demanda (cfr. fs. 168/174 vta).-
Luego de la negativa en general y en particular de los hechos expuestos en la demanda (cfr. fs. 168/169 vta.) detalla los antecedentes administrativos previos al dictado de los actos impugnados (cfr. fs. 169 vta./171 vta.).-
Afirma que del expediente administrativo surge a todas luces que la caducidad de la reserva se dio por incumplimiento del actor de los plazos y requisitos dispuestos en la Ordenanza de reserva, de las prórrogas otorgadas en varias oportunidades y del incumplimiento de la Ordenanza General de Tierras Fiscales vigente (Ordenanza N° 3402-HCD-2000) (cfr. foja 171 vta.).-
Postula que pese a todos los plazos y posibilidades otorgadas al administrado a los fines de que diera inicio a la obra y la concretara según los planos aprobados, hizo caso omiso, pretendiendo que se le reconozca en sede judicial un supuesto derecho de propiedad por prescripción adquisitiva no planteado oportunamente en sede administrativa (cfr. foja 172).-
Expresa que la caducidad fue decretada respetando el debido proceso administrativo, los requisitos de validez del acto y los principios de igualdad y razonabilidad (cfr. foja cit.).-
Manifiesta que al actor sólo se le otorgó la tenencia precaria del inmueble y que las notas presentadas por este en sede administrativa, peticionando distintas prórrogas, demuestran el cabal reconocimiento de la titularidad del lote en cabeza del Estado Municipal; ello refuerza, a su juicio, la incongruencia del planteo mediante el cual el accionante se atribuye el carácter de legítimo propietario (cfr. foja 172 vta.).- Sostiene que en el presente juicio no procede un supuesto reconocimiento judicial o comprobación de los requisitos legales para usucapir, puesto que requiere un procedimiento legal propio no realizado por el actor oportunamente. Sin perjuicio de ello, y a tenor del principio de eventualidad, dice que no es cierto que el actor posea un derecho real sobre el inmueble, puesto que no ha ejercido una posesión ostensible y continua y que la situación de abandono del lote evidencia la pasividad de un tenedor precario (cfr. fs. 172 vta./173).- Por último, señala que luego de la caducidad decretada se realizó un ofrecimiento público de la tierra, siendo adjudicada a la Sra. Cintia Lorena Jenkins (cfr. foja 174).-
Acompaña documental, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la demanda (cfr. fs. 174 y vta.).-
A foja 175 se citó a la Sra. Jenkins en virtud de que la sentencia definitiva podría afectar sus derechos, sin que haya comparecido a estar a derecho (cfr. certificación actuarial de foja 180).-
A foja 197 vta. se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien dictamina que la demanda es formalmente admisible, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (cfr. foja 198 y vta.).-
A foja 200 se declaró la cuestión de puro derecho y se ordenó correr traslado en los términos del artículo 78 del CPCA, Ley N° 2600, sin que ninguna de las partes haya ejercido este derecho (cfr. foja 202).-
A foja 202 vta. se llamó autos para sentencia, pasando a estudio a foja 203.-
III. De inicio, cabe señalar que una de las notas permanentes en las distintas relaciones jurídicas que entabla el Estado con los particulares es lograr siempre el bien común. Los municipios, como un gran núcleo básico de cometidos administrativos, no son ajenos a este fenómeno (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1071, Folio 3397/3401).-
El interés público es el eje sobre el cual reposa el desarrollo de la función administrativa. Él gobierna la índole de las soluciones prácticas que, en cada caso, la Administración está llamada a adoptar en el marco vinculante de la juridicidad. Fundamenta teleológicamente a las diversas técnicas jurídicas de actuación y control que lo componen.-
El interés público se revela entonces como un sistema jurídico de protección al amparo del cual se resguardan y preservan relaciones de disponibilidad valiosas para la comunidad. A ese sistema jurídico de protección la voluntad general lo explicita, según el caso, mediante la Constitución y las leyes.-
Ciertamente, así descripto, el interés público, en tanto sistema jurídico de protección de bienes jurídicos ordenados a la satisfacción del bien común, es un deber irrenunciable e indisponible para los órganos que ejercitan la función administrativa; además, compromete el desarrollo de las demás funciones estatales (v.gr. la función judicial).-
El interés público es, entonces, el norte que debe guiar la solución de las controversias como las aquí planteadas. Ello así, por cuanto “…‘La enajenación y arrendamiento de las tierras fiscales, tanto en el orden nacional, provincial o municipal se realiza en cumplimiento de una política de interés público y como consecuencia de la actividad administrativa de fomento. No es la rentabilidad la que determina esos actos, sino el cumplimiento de fines donde se encuentra afectado el bien común de la Nación, Provincias o Municipio. Se enajenan o arriendan las tierras fiscales por motivos de gestión pública y su entrega a particulares o entidades queda afectada a fines públicos de fomento’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470 y XVII, Reg. 1046, Folio 3262/3270, voto de la mayoría).- Ha expresado este Tribunal Superior de Justicia que: “Dentro de una extensa gama de atribuciones, los Municipios poseen facultades y competencia para gobernar y administrar los intereses públicos dirigidos al bien común, conservar, administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio municipal, administrar y distribuir las tierras fiscales ubicadas dentro del ejido municipal, y dictar las ordenanzas que traten sobre el plan regulador del desarrollo urbano (cfr. art. 150, incs. 1, 4, 5, 7 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz). Asimismo, es atribución de los municipios disponer de las tierras fiscales que se encuentren dentro del ejido municipal (cfr. art. 3, Ley Nº 55), siendo que los bienes inmuebles integran el patrimonio municipal, así como los fondos que provengan de la venta de tierras fiscales (cfr. arts. 76 y 77, inc. b), Ley Nº 55). Además no debe olvidarse, que el Concejo Deliberante es el órgano que tiene como función dictar ordenanzas que, en la tutela de los intereses municipales, tengan por objeto los actos de disposición y administración de los bienes comunales (cfr. art. 47, Ley Nº 55). Y que la administración general y ejecución de las ordenanzas dictadas por el Concejo Deliberante, es atribución exclusiva del Ejecutivo Municipal (cfr. art. 58, Ley Nº 55).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1071, Folio 3397/3401.-
IV. De las actuaciones administrativas acompañadas (Expediente Administrativo N° 4390/87), surgen los siguientes datos útiles para la resolución de la causa: el 21 de agosto de 1987 el Sr. Devito solicitó a la Municipalidad de Puerto Deseado la adquisición de un terreno dentro del ejido municipal, cuyo destino sería la construcción de un local comercial y paramédico (cfr. foja 1). Luego de ello, el Honorable Concejo Deliberante emitió la Ordenanza N° 452-HCD-87 que le reservaba una parcela de tierra por el lapso de noventa días a partir de su promulgación. Al emitir su decisión, tuvo especialmente en cuenta la finalidad del proyecto que emprendería el administrado, aunque aclaró que ello no representaba el compromiso de venta al margen de las reglamentaciones vigentes (cfr. fs. 6/7). Esta ordenanza fue promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 508/87 (cfr. foja 5).- Con posterioridad, el Sr. Devito abonó en su totalidad el importe correspondiente a la tierra (cfr. foja 11.). Empero, el 27 de junio de 1988 se le hizo saber que la reserva se encontraba vencida y que para proseguir con los trámites debía dar cumplimiento con lo requerido por la ordenanza general de tierras entonces vigente, dentro de un plazo de cinco días hábiles (cfr. foja 12).-
Como consecuencia de una inspección concretada el 29 de junio de 1991 se constató que para esa fecha aún no se había dado inicio a la obra (cfr. foja 12). Poco menos de un mes después, la jefa del departamento catastro y tierras informó que la reserva se encontraba vencida y que no se había cumplimentado con los recaudos legales exigibles. Además, un agente recaudador del municipio también resaltó que existía una deuda en concepto de extensión de red de gas (cfr. foja 13 vta.). Esto último también fue reiterado en diciembre de ese mismo año (cfr. foja 14 vta.).- El 8 de agosto de 1994 el Sr. Devito solicitó por primera vez una prórroga de sesenta días para iniciar la construcción de su local comercial (cfr. foja 15). Sin embargo, para el 22 de mayo de 1995 el terreno aún seguía siendo un baldío (cfr. foja 16). Unos días después de esta última inspección, el administrado volvió a solicitar una nueva prórroga -en esta ocasión de noventa días- para la construcción del emprendimiento comercial y manifestó que era consciente de que se encontraba en falta con respecto a la reglamentación vigente (cfr. foja 21). Como corolario de ello, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado dictó la Ordenanza N° 2370-HCD-95 autorizando una prórroga por noventa días (cfr. fs. 26/27); este instrumento legal, a su turno, fue promulgado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N° 019/95 (cfr. foja 28).- En marzo de 1996 el jefe de obras particulares catalogó como baldío al estado del inmueble y en abril de ese año la directora de rentas informó que el Sr. Devito tenía una deuda en concepto de tasa por ocupación (cfr. foja 30); esto último, se reiteró en noviembre de 1997 (cfr. foja 30 vta.).-
El 10 de junio de 1998 el administrado anunció que en un lapso de quince días colocaría un cerco perimetral y que con posterioridad iniciaría la construcción del local comercial, una vez que le fuera acordado un préstamo para tal fin (cfr. foja 31). No obstante, a comienzos del año 2000 se llevó a cabo una nueva inspección en la que se verificó que la parcela era aún un baldío (cfr. foja 33).-
En febrero de 2000, ante la falta de cumplimiento de la normativa legal, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sugirió que se debía decretar la caducidad (cfr. fs. 34/35). No obstante, el Concejo Deliberante, a través de la Ordenanza N° 3423-HCD-00, le otorgó al Sr. Devito una nueva prórroga de ciento veinte días y sujeto el trámite a la nueva normativa general de tierras fiscales (Ordenanza N° 3402-HCD-00) (cfr. foja 41). Esta medida fue promulgada mediante Decreto N° 184/00 (cfr. foja 42).- Once años después se efectivizó una nueva inspección, a partir de la cual se corroboró que el lote continuaba siendo un baldío y que únicamente tenía un cerco premoldeado (cfr. foja 45).-
El 10 de mayo de 2012 el Sr. Devito peticionó una nueva prórroga -sin precisar esta vez un lapso de tiempo- y aseveró que ya tenía abonada la mano de obra (cfr. foja 56). No obstante, una inspección realizada en junio de 2013 da cuenta de que no existía ningún tipo de construcción ni tampoco servicios de gas y agua, consignando que no se cumplía con las condiciones de habitabilidad y que el avance de la obra era del cero por ciento (cfr. foja 58). En aquella época, el administrado volvió a requerir otra prórroga, sin especificar un tiempo determinado, y señaló que había contratado una empresa para la fabricación de una vivienda – oficina que sería colocada en el terreno (cfr. foja 63). Finalmente, en abril de 2014 se llevó adelante la última inspección, en la que se corroboró un avance de la obra equivalente a un dos por ciento (cfr. foja 69).- Ante ello, el Concejo Deliberante de Puerto Deseado emitió la Ordenanza N° 6265-HCD-2014 y el Departamento Ejecutivo Municipal dictó el Decreto N° 144/14, mediante los que se dispuso la caducidad de la reserva del lote 14 de la manzana 126 de esa localidad (cfr. fs. 85/87).-
Como consecuencia de ello, el Municipio tomó posesión del inmueble, tal como surge del acta que luce a foja 89.-
A fs. 96/97 el Sr. Devito dedujo recurso de reconsideración que fue rechazado mediante Resolución N° 7122/14 emitida por el Departamento Ejecutivo (cfr. fs. 98/100).-
V. Conforme han quedado expuestos los antecedentes de la causa, el asunto objeto de decisión se circunscribe a determinar si corresponde revocar los actos de la Municipalidad de Puerto Deseado, a partir de los cuales se declaró la caducidad de la reserva del lote 14 de la manzana 126 de esa localidad y, en su caso, ordenar que se le restituya el inmueble al actor.-
Si bien el demandante procura que se revoque en esta sede judicial dos actos previos denegatorios -la Ordenanza N° 6265-HCD-2014 y el Decreto Municipal N° 144/14- lo cierto es que de sus planteos emerge nítido la ausencia de argumentos que imputen la existencia de algún vicio en particular susceptible de provocar su invalidez.-
Se trata de un dato insoslayable a la hora de decidir, por cuanto el artículo 2 del CPCA, Ley N° 2600 al fijar la materia contencioso administrativa, en su inciso a) incluye a la impugnación de actos dictados en ejercicio de facultades regladas, de alcance particular, siempre que la impugnación se funde en razones de ilegitimidad y precisa que este supuesto se configura cuando tuviere vicios en la competencia, objeto, voluntad, procedimiento y forma del acto, desviación y abuso o exceso de poder, fuera arbitrario o violare los principios generales del derecho A su vez, esta regla debe leerse en consonancia con lo preceptuado por el artículo 48 de este digesto normativo, cuyo texto indica que la demanda debe precisar en qué forma y por qué motivo el acto impugnado agravia el interés jurídicamente tutelado de la parte actora.- Desde esta mirada, cobra vital relevancia para la contienda la presunción de legitimidad de la que se hallan revestidos los actos administrativos, consagrada en el artículo 12, primera parte, de la Ley N° 1260 de Procedimientos Administrativos.
“O sea que el legislador ha establecido por ley que se presume que todo acto administrativo ha sido dictado de acuerdo con normas jurídicas vigentes…” (cfr. Altamira Gigena, Julio Isidro, “Acto administrativo”; 2ª ed., Córdoba, Advocatus, 2019, pág. 60). Se trata de una presunción de regularidad del acto, de legalidad, de validez, de juridicidad (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 936, Folio 2797/2810). Particularmente en la materia bajo discusión, este Alto Cuerpo ha dejado establecido: “…‘El principio jurídico vigente en la materia es la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Se supone que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión.
El fundamento de este carácter deriva, de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales (‘Acto Administrativo Municipal’ -Julio R. Comadira- Ed. Depalma, 1992, página 100). Una de las principales consecuencias que se derivan de dicha presunción es que, siempre, es necesario, alegar y probar la ilegitimidad del acto.’ (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1046, Folio 3262/3270, voto de la mayoría antes cit.). Si bien no se trata de una presunción absoluta, quien pretenda la ilegitimidad o nulidad de un acto administrativo debe alegar y probar lo pertinente (cfr. Marienhoff, Miguel Santiago, “Tratado de Derecho Administrativo”, Cuarta Edición Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, t.
II, págs. 338/339). Es que, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es condición esencial de la organización del Poder Judicial el que no le sea posible controlar por su propia iniciativa los actos legislativos, ni aun los actos administrativos que, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa. Por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe necesariamente ser alegada y probada en juicio (Fallos: 291:499).- Así, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…‘…considerando el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública…’” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 977, Folio 2969/2983). Esta presunción, en suma, impone a quien controvierte la juridicidad de un acto administrativo, la carga de fundar la impugnación y acreditar los extremos fácticos en que se soporta la pretensión (SCBA, causa B. 65.381, “Gianichini de Massera, María Esther c/ Prov. Bs. As. (IPS). Demanda Contencioso Administrativa”, entre otros).- A lo dicho debe adunarse que el déficit argumental antes apuntado conspira contra el interés particular del administrado, en razón de las implicancias que conlleva para su tesitura el principio dispositivo.-
Se ha sostenido que: “El sistema judicial que en nuestro ordenamiento tiene el control de la Administración hace que el proceso administrativo cuente con los principios y reglas generales de los procesos judiciales, a los que cabe agregar los propios de este tipo de proceso. Entre los primeros se destacan: el principio dispositivo, que confía a las partes el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez…la disponibilidad del derecho material; la delimitación por las partes del alcance de la controversia…” (cfr. Pozo Gowland, Héctor M., “Los principios generales del proceso administrativo”, informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2491/2011).- En esta senda, Tomás Hutchinson dice que: “…la jurisdicción procesal administrativa jugará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la pretensión y la oposición […] Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se encuentra vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes, relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de Derecho material en el cual se fundó la pretensión […] la ley asigna a las partes la función de aducir y traer al proceso el material de hecho, limitando la función del juez al recibirlo, para valorarlo después. Se trata, por tanto, de una manifestación del sistema dispositivo en virtud del cual las partes serán las encargadas de aportar, alegar, probar o fijar los hechos que respectivamente le interesen […] El principio dispositivo entraña, pues, ‘un poder de disposición sobre el ejercicio de la acción y el objeto del proceso’. Es que en un proceso regido por dicho sistema, las partes son enteramente dueñas del derecho subjetivo material, de la pretensión e incluso de la actividad decisoria del órgano jurisdiccional, pues mediante la delimitación que efectúan del objetivo procesal vincula o condicionan el fallo del tribunal.” (cfr. autor cit., Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Rubinzal culzoni, Santa Fe, 2009, t. I, págs. 492/494).- La conjunción de la presunción de legitimidad de los actos con la ausencia de un embate certero y serio que denuncie los vicios bajo los cuáles pretende obtener su declaración de invalidez, a la luz del principio procesal descripto, conlleva, sin más, al rechazo de la pretensión actoral.-
VI. Sin perjuicio de lo antes expuesto, conviene recordar que el demandante intenta afincar su postura en el hecho de que, según sus propios dichos, ha ejercido la posesión del inmueble en cuestión durante más de veintisiete años y que ha adquirido su dominio mediante prescripción adquisitiva, invocando en sustento de su tesitura los artículos 3947, 4016 y 3951 del Código Civil entonces vigente.-
La primera de las normas prescribía que: “Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo”. Por su parte, el artículo 4016 disponía que: “Al que ha poseído durante veinte años sin interrupción alguna, no puede oponérsele ni la falta de título ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión” y, finalmente, el artículo 3951 del Código velezano preveía que: “El Estado general o provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer la prescripción”.- Ante ello, cabe advertir que la prescriptibilidad de una tierra perteneciente al dominio privado del Estado no resulta susceptible de cognición por parte de este Alto Cuerpo mediante esta instancia originaria, merced al diseño constitucional y legal plasmado en el ámbito provincial.-
En efecto, el artículo 132 de la Constitución Provincial designa a este Alto Cuerpo como el órgano decisorio de conflictos administrativos, encomendándole su resolución en única instancia y en juicio pleno (inc. 2°) y estipula que las causas resueltas por los tribunales inferiores, de acuerdo a las leyes procesales que se dicten, podrán ser resueltas por este cimero tribunal en grado de apelación (inc. 4°).-
De consuno con la manda constitucional precitada, el artículo 1 del CPCA, Ley N° 2600 determina que este Tribunal Superior conocerá en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo. Complementariamente, en su artículo 3 determina que no se regirá por esta ley, por ser materia excluida, los pleitos que deban resolverse aplicando sustancialmente normas de derecho privado (inc. b) y los asuntos cuyo juzgamiento hayan sido sometidos por la legislación a otros órdenes jurisdiccionales, aunque estén relacionados con la actividad de la administración pública (inc. e). Por su parte, el artículo 89 veda a este órgano jurisdiccional la posibilidad de hacer en la sentencia declaraciones sobre derechos civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes.- Es requerido que las cuestiones fundamentales debatidas en el proceso estén regidas por el Derecho Administrativo, dado que en definitiva el proceso administrativo es el proceso propio del Derecho Administrativo. A través de este proceso se materializa, entonces, el control jurisdiccional de la Administración, teniendo en cuenta no obstante que en el mencionado control únicamente se incluye la actividad de la Administración realizada bajo el régimen de Derecho Administrativo, ya que en los casos en los que la función de los órganos se proyecte sobre cuestiones civiles, se seguirá el régimen de Derecho Civil, y los trámites de control vendrán constituidos por el proceso civil (cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., t. I, págs. 467, 472/ 473).- Además debe destacarse que el acto administrativo cuestionado en esta sede judicial, no hace mención de ninguna norma contenida en el régimen Civil y Comercial, lo que denota la impertinencia del planteo efectuado por el accionante.-
Finalmente, debe tenerse presente que: “En cuanto a la competencia por razón de la materia, debe entender el juez en lo civil, ya que el juicio de usucapión constituye un típico asunto regido por la ley civil, cuyo conocimiento en el orden nacional no ha sido atribuido a los jueces de otros fueros…” (cfr. Areán de Díaz de Vivar, Beatriz, “Juicio de usucapión”; Hammurabi, Buenos Aires, 1984, pág. 218).-
VII. Por otro lado, los cuestionamientos que esgrime el accionante en torno al acta de toma de posesión (obrante a foja 88 del Expediente Administrativo) no son de recibo.-
Amén de que este tópico no fue introducido por el Sr. Devito al momento de formular su recurso de reconsideración contra los actos impugnados (cfr. fs. 96/97 de las actuaciones administrativas), tal como lo requiere el artículo 10 del CPCA, Ley N° 2600, lo cierto es que el acta de posesión indicada representa la materialización de lo ordenado oportunamente por la autoridad administrativa. En efecto, la Ordenanza N° 6265-HCD-2014 dispuso que la Municipalidad de Puerto Deseado tomaría posesión del lote, mediante acta elaborada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Dirección Municipal de Catastro (art. 2°), texto que fue reproducido por el Decreto Municipal N° 144/14 en su artículo 1°. De esta manera, ese obrar aparece como una consecuencia lógica de la fuerza de ejecutoriedad de los actos administrativos, que otorga a la Administración la potestad de ponerlos en práctica por sus propios medios, tal como lo prevé el artículo 12 de la Ley N° 1260.-
VIII. En orden a lo hasta aquí indicado, tampoco merece favorable acogida el supuesto atropello que el demandante denuncia en torno a los derechos receptados en el artículo 17 de la Constitución Nacional.-
“…Sabido es que para planteos de este tipo, es indispensable la mención concreta del derecho vulnerado y su conexión con la materia del pleito…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 944, Folio 2835/2842). Por lo tanto, la tenue mención que realiza de esa norma constitucional no alcanza para evidenciar un perjuicio directo o indirecto ni brinda, en la especie, elementos suficientes de los cuales pueda inferirse afectación o menoscabo por parte de la Administración en alguna esfera de interés o derecho del reclamante, cuya fuente resida en ese enunciado normativo de linaje constitucional.- Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento la forma en que me he pronunciado respecto de la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 108/115 por el Sr. Edgardo Mauricio Devito, contra la Municipalidad de Puerto Deseado; imponiéndose las costas en el orden causado (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600) y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 30 de abril de 2021.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 108/115 por el Sr. Edgardo Mauricio Devito, contra la Municipalidad de Puerto Deseado.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004C.211 Tomo: XVIII Sentencia: 1074 Folio N°: 3412/3418 Secretaría: 1
Fin de la sentencia