Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 19803-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución de fs. 39/41vta.; con costas (art. 68, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ Buenos Aires, 17 de junio de 2014.
I. Que, a fs. 39/41vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PLA 1355/04 en cuanto condena al despachante de aduana Francisco Di Dieco al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954, apartado 1, inciso a, del Código Aduanero.
Impuso las costas a la demandada.
Para resolver como lo hizo, recordó que mediante los DI 48987-2/94 y 48979-7/94, oficializados ambos el 04/03/94, Azúcares Lapataia SA había documentado la importación para consumo de 500 toneladas de azúcar de caña, invocando origen y procedencia Brasil, acompañando los certificados de origen emitidos por la FIESP, tratándose, por ende, de mercadería negociada en el PAR 4 con una preferencia porcentual del 20%. Mencionó también que en dichos despachos se había declarado al vendedor de la mercadería con domicilio en un tercer país (USA), adjuntándose las respectivas facturas de venta.
Señaló que el servicio aduanero había entendido que, al emitirse la factura en un tercer país no miembro de la ALADI y hallarse suspendidas las operaciones realizadas en esas condiciones (arg. circular télex 19/94), no correspondía aplicar el régimen preferencial del PAR 4, de modo tal que se configuraba el supuesto de declaración inexacta con perjuicio fiscal respecto a la importadora y el despachante de aduana intervinientes.
Por su parte, el TFN interpretó que la preferencia arancelaria sí era aplicable porque el acuerdo internacional no contenía disposición alguna en materia de triangulaciones comerciales, y revocó la imputación formulada a la aquí actora.
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36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ Precisó que el servicio aduanero había fundado la imputación en la circular télex 19/94, del 06/01/94 –vigente a la fecha de oficialización de los despachos-, mediante la cual se puso en conocimiento de las aduanas que quedaba sin efecto la circular télex 352/92 y se estableció la suspensión a partir del 03/01/94 de las operaciones cuya factura comercial fuera extendida por un tercer país distinto del de exportación respecto de las mercaderías negociadas en el marco de la ALADI; todo ello de acuerdo con el fax nro. 7 de la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, documento del que no se encontró copia en las actuaciones.
Añadió que, el 10/06/94, mediante la circular télex 581/94 se volvieron a autorizar las denominadas operaciones de “triangulación comercial”, cesando de esa manera la suspensión que se había dispuesto con la anterior circular 19/94, hasta tanto se expidiera en forma definitiva el Comité de Representantes de la ALADI.
Indicó, a su vez, que dicho Comité se pronunció recién el 10/10/97 mediante el Acuerdo 91 y las Resoluciones 227 y 239, en las que dispuso que cuando la mercadería objeto de intercambio fuera facturada por un operador de un tercer país, miembro o no miembro de la ALADI, el productor o exportador del país de origen debería señalar en el formulario respectivo, en el área relativa a observaciones, que la mercadería objeto de su declaración era facturada desde un tercer estado, identificando debidamente al operador. De modo tal que la ALADI restableció lo que en su momento había dispuesto la circular télex 354/92, suspendida en sus efectos por la circular 19/94.
Consideró, entonces, que la suspensión dispuesta internamente por esta última circular respondió a que se estaba elaborando un marco normativo específico en el ámbito de la ALADI -lo que recién se concretó en el año 1997-, no obstante lo cual también cesó internamente en 1994, mediante la referida circular 581/94.
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36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ Aclaró que ninguna de esas circulares mencionaba norma alguna de la ALADI, ni de su Comité de Representantes –que según el Tratado de Montevideo de 1980 es quien tiene facultades reglamentarias del acuerdo-, que estableciera la suspensión cuestionada y, a todo evento, explicó que el citado Acuerdo 91 y las Resoluciones 227 y 239 del Comité de Representantes, del año 1997, sólo determinaron requisitos de origen –es decir, lo que debía determinarse en el campo observaciones del certificado de origen- pero no suspendieron la aplicación del régimen arancelario preferencial.
Por otra parte, reafirmó que ni la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales ni una dependencia aduanera –como ser la secretaría técnica de la ex ANA- tenían facultades para dejar sin efecto las preferencias establecidas en un tratado internacional.
Finalmente, a mayor abundamiento, señaló que en los certificados de origen presentados junto con los despachos de importación se había hecho referencia a las facturas comerciales, en las que constaba cuál era la firma vendedora (Czarnikow-Rionda Sugar Trading INC); su domicilio en la ciudad de Nueva York, USA; que la venta se efectuaba a la importadora Azúcares Lapataia SA; y que el exportador brasilero era la empresa Azucareira Corona SA. Como así también, que en el cuerpo de ambos despachos se consignaron exactamente los mismos datos de identificación; de modo tal que se cumplimentó lo que, en definitiva, dispusieron las normas dictadas en el ámbito de la ALADI.
II. Que, contra dicha resolución, a fs. 42 interpuso apelación el Fisco Nacional (que se concedió a fs. 50) y a fs. 44/47vta. expresó agravios; los que no fueron replicados.
Después de reseñar el cuadro normativo aplicable, el recurrente ratifica que el acuerdo de alcance regional -PAR 4- no contenía disposición alguna acerca de la llamada triangulación y que fue, 3 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ precisamente, ante ese vacío legal que la circular télex 354/92 reglamentó la posibilidad de efectuar esas operaciones en las que la factura comercial fuera extendida por un tercer país distinto del país de exportación. Plantea que la misma facultad que le permitió a la Aduana reglamentar la posibilidad de efectuar ese tipo de operaciones es la que se ejerció para dejarla sin efecto -con el dictado de la circular 19/94- y para, posteriormente, restablecerla mediante la circular 581/94. A todo evento, aclara que la secretaría técnica de la ex ANA jamás dejó sin efecto preferencias establecidas en un tratado internacional, sino que simplemente denegó la posibilidad de efectuar operaciones de triangulación con países no miembros de la ALADI que ella misma había autorizado. Sobre esa base, reafirma su facultad reglamentaria y la legitimidad de la circular télex 19/94.
III. Que corresponde resolver si se configuró en autos la infracción al artículo 954, inciso a, del Código Aduanero con respecto a los despachos de importación nros. 48987-2/94 y 48979-7/94, toda vez que en ellos se declaró la aplicación del régimen arancelario preferencial del PAR 4 siendo que las facturas comerciales correspondientes a la mercadería habían sido emitidas por un operador de un tercer país no miembro de la ALADI y, a la fecha de su registro, se encontraban suspendidas las operaciones de triangulación, en virtud de lo dispuesto en la circular télex 19/94.
IV. Que, ante todo, cabe recordar que el respeto al principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera obliga a los operadores ante la Aduana a guardar fidelidad en sus manifestaciones, procurando no incurrir en falsedades con respecto a los bienes que importan o exportan, así como las características de las operaciones, de forma tal de asegurar un adecuado tratamiento aduanero para las mercaderías (confr. esta Sala, in re “De Giacomo Juan Carlos (TF 18092-A y acum. 18988-A) c/DGA”, sentencia del 26/12/08). 4 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ El Código Aduanero tutela tal principio y, precisamente por ello, en el artículo 954 reprime y sanciona al que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta que, de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir, entre otros supuestos, un perjuicio fiscal con una multa de 1 a 5 veces el importe de dicho perjuicio (apartado 1, inciso a).
V. Que, al documentar los aludidos despachos de importación, la actora declaró con exactitud las características de cada operación -500 toneladas de azúcar de caña, negociada al amparo del PAR 4 con una preferencia porcentual del 20%, país de origen y procedencia Brasil, exportado por la empresa brasileña Azucareira Corona SA, por cuenta y orden de Czarnikow-Rionda Sugar Trading Inc., con domicilio en Nueva York, USA, quien expide las facturas comerciales CR-208 y 209; datos que, a su vez, condicen con los obrantes en los certificados de origen ALADI adjuntos a los despachos, cuya validez no ha sido cuestionada (v. sobres contenedores de los DI 48987-2/94 y 48979-7/94 a fs. 33/34, act. adm.).
El único argumento en que la Aduana sustenta la imputación es la vigencia de la circular télex 19/94 a la fecha de registro de las operaciones, norma que fue dejada sin efecto cinco meses después por la circular 581/94 (v. fs. 10/11, act. adm.), a la espera de lo que se dispusiera en el orden internacional; ámbito en el que, por otra parte, jamás se prohibió o suspendió la preferencia arancelaria con respecto a aquellas mercaderías facturadas por un tercer país (miembro o no miembro de la ALADI), sino que simplemente se establecieron los requisitos que deberían cumplir los productores o exportadores del país de origen para acreditar aquél con relación a esas operaciones facturadas por un tercero.
Cabe hacer notar, en este punto, que en ningún momento la Aduana discutió el carácter originario de la mercadería – 5 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ determinado conforme al marco regulatorio establecido a nivel multilateral-, y, en ese contexto, la pretensión de suspender la preferencia arancelaria oponiendo una circular interna aparece como una medida incompatible con la conducta asociativa y reñida con el principio de primacía del derecho de integración En efecto, debe tenerse en cuenta que las propias reglas de origen preferenciales vigentes en los acuerdos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo de 1980, como es el caso del PAR 4, tienen ya como objetivo evitar la denominada “triangulación comercial” -es decir, que países que no cumplen con los criterios y condiciones de producción previstos en cada acuerdo para dar a la mercadería el carácter de originaria se beneficien con sus preferencias- (confr. www.aladi.org, Integración y comercio, Regímenes de origen); pero si, como ocurre en el caso, se encuentra fuera de discusión el cumplimiento de tales criterios y condiciones de producción, la suspensión de la preferencia arancelaria con el fin declarado de evitar los supuestos de triangulación, además de contraponerse al espíritu del Acuerdo –que de ningún modo prohíbe la facturación por parte de un tercer país, miembro o no de la ALADI-, resultaba redundante.
Por lo demás, como puso de resalto el TFN, en el caso se cumplieron los requerimientos de las normas dictadas a nivel ALADI con posterioridad a los hechos de la causa, porque se señaló en el cuerpo de los despachos que la mercadería en cuestión era facturada desde un tercer país, identificando el nombre y domicilio del operador que emitía la factura (arg. Acuerdo 91 y Resoluciones 227 y 239, Comité de Representantes).
En suma, toda vez que el origen zonal de la mercadería no es materia de controversia y que se cumplió con lo que en definitiva prescribieron las disposiciones dictadas en el ámbito de la ALADI, y ponderando a su vez el principio de primacía del derecho de integración, se concluye en que la preferencia arancelaria 6 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 36205/2013 DI DIECO FRANCISCO (TF 19803-A) c/ DGA s/ correspondiente al PAR 4 era aplicable a las operaciones documentadas en los DI nros. 48987-2/94 y 48979-7/94, por lo que la declaración contenida en aquéllos resultó exacta y veraz.
En virtud de todo lo expuesto, se desestima el recurso del Fisco Nacional y se confirma la resolución de fs. 39/41vta. en cuanto revoca la sanción impuesta al despachante de aduana, Francisco Di Dieco; con costas de Alzada a la demandada vencida (art.
68, CPCCN).
Por ello, SE RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 39/41vta.; con costas (art. 68, CPCCN).
Se deja constancia que el doctor Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia