Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 28.827-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución 1205/10 (AD PASO), con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-112187693-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Septiembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (por encontrase vacante la Vocalía de la 14ª nominación) con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “DI DOMENICO ARMANDO c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” Expte. 28.827-A y su acumulado “VANESA DURAN S.A. c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” Expte. 28.828-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: ARMANDO DI DOMENICO se presenta, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 1205/10 (AD PASO) dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres, en el marco de las actuaciones administrativas 12325-69-2006, por la cual se lo condenó, conjuntamente con la firma VANESA DURAN S.A., al pago de una multa que asciende a la suma de $143.558,90 y se los intimo al pago de $143.558,90 en concepto de tributos, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954. 1 inc. a) del Código Aduanero (“CA”). Relata los antecedentes administrativos e indica que al efectuar diversos despachos declaró que la mercadería comprendida en los mismos se trataba de “bienes de uso”, cuestión que acarreó la no aplicabilidad de los anticipos cuya percepción se le ha encomendado al servicio aduanero, correspondientes a los impuestos internos llamados IVA adicional, anticipo de impuesto a las ganancias e ingresos brutos, mientras que de las tareas de fiscalización realizadas por el servicio aduanero se habría comprobado que dichas mercaderías estarían destinadas a ser “bienes de cambio”, lo que conllevaría la aplicación de percepciones del 20%, 6% y 1%, respectivamente. Luego procede a expresar agravios, manifestando en primer lugar que la exigencia tributaria respecto del despachante de aduana es manifiestamente improcedente, ya que no es sujeto pasivo de la obligación, ni existe normativa alguna que lo obligue en forma solidaria con el contribuyente. Agrega que no existe de su parte una actuación culposa y que ha cumplido con los deberes a su cargo, ajustando su accionar de acuerdo a los datos suministrados por su mandante, los cuales se encuentran respaldados en la documentación exigida por el servicio aduanero. Refiere que el hecho en disputa consiste en el tratamiento asignado a la mercadería con posterioridad al libramiento, lo que no puede ser imputable a quien no tiene el poder de control y dirección del destino final, en tanto su responsabilidad fenece con el libramiento de la mercadería. Cita jurisprudencia, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 9/15 se presenta la firma VANESA DURAN S.A., mediante letrado apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 1205/10 (AD PASO). Relata los antecedentes administrativos reiterando lo indicado por el despachante de aduana y agrega una distinción teórica entre los bienes de uso y los bienes de cambio. Procede luego a expresar agravios y sostiene, en primer lugar, la incompetencia del servicio aduanero para determinar y fiscalizar las percepciones al impuesto a las ganancias, IVA adicional e ingresos brutos, lo que tornaría nula de nulidad absoluta la resolución apelada. Expresa que la DGA solo está facultada para intervenir en carácter de agente de retención y/o percepción de los mencionados impuestos, con arreglo a las disposiciones que dicte la DGI, quien conserva las facultades de aplicar, percibir y fiscalizar los mismos. Continúa indicando que el servicio aduanero, como consecuencia de una fiscalización, interpreta que no correspondía declarar a los bienes importados como bienes de uso, sino que se trataría de bienes de cambio, lo que implicaría la determinación de una diferencia de porcentaje en concepto de impuesto a las ganancias, IVA adicional e ingresos brutos, para lo cual la DGA resulta incompetente, ya que dicha facultad está atribuida a la DGI. Cita jurisprudencia que hace a su derecho. Agrega que el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres resulta también incompetente, por razones de materia, para castigar por la infracción prevista y penada por el art. 954 ap. 1 inc. a) del CA. Posteriormente, indica que las percepciones exigidas resultan improcedentes, ya que según indica los productos importados forman parte de la imagen de la empresa, algunos de ellos siendo packaging de los productos y otros siendo herramientas de venta o trabajo. Refiere que los mismos no fueron objeto de venta, razón por la cual no se cumple con el objeto de las percepciones. Respecto de la declaración inexacta, señala que no existe diferencia entre lo declarado y lo resultante de la comprobación. Por último, sostiene que para el hipotético caso en que se considere que existió una declaración inexacta no ha existido culpabilidad de su parte, ya que la conceptualización de un bien de uso o bien de cambio no resulta ser una cuestión pacifica, sino opinable y que depende la casuística del caso. Hace reserva de caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación de la Aduana: Luego de efectuada la acumulación (fs. 30) y previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 69/82). Relata los hechos del caso y niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho alegados por las contrarias que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Respecto de la pretendida nulidad, indica que la Aduana puede ejercer las facultades necesarias para establecer el impuesto que recae en cada operación de importación, en los aspectos que se vinculan específicamente a su percepción. Cita jurisprudencia. Detalla el marco normativo correspondiente al IVA y al impuesto a las ganancias para concluir que el servicio aduanero puede exigir dichos impuestos con motivo de la importación definitiva, independientemente de cómo ella se produzca o realice. Agrega que de las propias registraciones del importador surge que el tratamiento de los bienes importados ha sido gastos o bienes de cambio, por lo que debe descartarse que el destino sea bien de uso, y en consecuencia se deben tributar los impuestos conforme las normas lo exijan. Se expresa luego sobre los argumentos del despachante de aduana e indica que a los fines de su exculpación debió probar adecuada y terminantemente que recibió instrucciones a las cuales debía someterse para declarar la documentación acompañada de modo inexacto como lo hizo, en un acto que se presupone libre, aun actuando a nombre de otro. Por último, expresa que la resolución apelada se ajusta a derecho, toda vez que en el caso se presentaron declaraciones juradas inexactas que de haber pasado inadvertidas hubieran podido producir un perjuicio fiscal. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicite se confirme la resolución en crisis, con expresa imposición de costas.
IV. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 30 se resuelve acumular el expediente 28.828-A al que lleva el número 28.827-A. Con fecha 21.09.23 pasan los autos a sentencia.
V. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas 12325-69-2006 se inician con la Nota 95/06 (fs. 1/3) por la cual se concluye que deberá efectuarse una fiscalización con el objetivo de verificar el manejo contable de las mercaderías en análisis desde su ingreso al país por medio de los despachos de importación en los que se declaró como bienes de uso, y comprobar de qué manera se la ha contabilizado, o que fin contable tuvieron. A fs. 4/5 obra el Informe 68 SEFVIM, que concluye que el operador ha incurrido en declaración engañosa, en tanto ha utilizado la ventaja de declarar la mercadería como bien de uso, mientras que de su contabilidad surge que le ha dado un tratamiento de costos o gastos de promoción y no de bienes de uso.
A fs. 6/8 obra consulta “NOSIS” de importaciones a Argentina efectuadas por el importador VANESA DURAN S.A. entre el 01.01.04 y el 31.12.05. A fs. 9 obra el Memorando 88/06 (DV FOPO) por el cual se solicita documentación a la firma importadora. A fs. 14/296 la firma VANESA DURAN S.A. contesta el requerimiento efectuado y aporta documentación. A fs. 297 obra la Nota 411/06 (DV FOPO), a través de la cual se remiten las actuaciones a la Dirección Regional Aduanera Córdoba a fin de que realice una fiscalización externa integral con el objetivo de determinar la existencia de una incorrecta declaración. A fs. 298 luce la Nota 520/06 (DI RAPO). A fs. 299/301 obra acta de constancia del 21.06.06 mediante la cual el funcionario de la Dirección Regional Aduanera Córdoba se presenta en el domicilio de la firma importadora y solicita el aporte de documentación.
A fs. 302 obra el formulario F 206/l que detalla la documentación aportada por la firma, que luce agregada a fs. 303/759. A fs. 760 luce la planilla titulada “Registración contable de la mercadería importada s/despachos detallados”. A fs. 761/762 obra el Informe 249/06 (SE FECO) donde se brinda el detalle de la verificación efectuada. A fs. 764/765 obra el Informe 118/06 (SEFVIM), el cual concluye que la firma ha incurrido en una declaración engañosa. A fs. 766/769 luce el listado de despachos de importación correspondientes a la firma VANESA DURAN S.A. y a fs. 770/987 se agregan las consultas de declaración detallada y consulta de ITEM de cada una de las destinaciones. A fs. 988/991 se agrega nuevamente listado de despachos de importación.
A fs. 992/993 luce la Nota 197/06 (SE FVIM) por la cual se concluye que la firma VANESA DURAN S.A. ha incurrido en la infracción tipificada por el art. 954 CA. A fs. 994/996 obra la Nota 910/06 (DV FOPO), por la cual se ratifica lo indicado en la Nota 197/06. A fs. 998/1000 obra resolución del 05.01.07 por la cual se dispone instruir sumario contencioso contra la firma VANESA DURAN S.A. y el despachante de aduana, bajo el N° 003/07. A fs. 1007/1012 se presenta el despachante de aduana y contesta la vista otorgada, en tanto que a fs. 1017/1029 hace lo propio la firma importadora. A fs. 1030 se tiene por contestada la vista otorgada, se declara la cuestión como de puro derecho y se pasan los autos a resolver.
A fs. 1032/1040 luce el Dictamen 712/08, el cual concluye que correspondería dictar fallo condenatorio, y a fs. 1041/1044 se dicta la Resolución 1205/10 (AD PASO), apelada en autos.
VI. Decisión del caso: De manera previa corresponde expedirse sobre el planteo de incompetencia efectuado por las coactoras, relativo a las facultades del servicio aduanero para determinar y fiscalizar las exigencias tributarias en materia de IVA adicional, impuesto a las ganancias e ingresos brutos.
La co-actoras han declarado que la mercadería importada se trata de bienes de uso, lo que acarrea la no aplicabilidad de los anticipos de IVA adicional, impuesto a las ganancias e ingresos brutos, anticipos cuya percepción ha sido encomendada por la legislación aplicable a la Aduana. El servicio aduanero, a través de sus facultades de verificación y fiscalización, estableció que la mercadería importada se trata de bienes de cambio, por lo que intimó a la firma importadora y su despachante de aduana al pago de los anticipos de los tributos adeudados, precedentemente señalados. En este caso, lo que el servicio aduanero le imputa a las co-actoras es una diferencia en la naturaleza del bien, sosteniendo que debieron declarar la mercadería como bien de cambio.
Cabe destacar en primer lugar que, contrariamente a lo indicado por la actora, de acuerdo a nuestra legislación vigente la determinación de la obligación tributaria, específicamente en el caso del IVA y del impuesto a las ganancias, se efectúa sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos (art. 11 ley 11.683), es decir, que normativamente la determinación ha sido delegada en el sujeto pasivo de la obligación tributaria, procediendo la AFIP –DGI- a determinar de oficio la materia imponible solo cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas (art. 16 ley 11.683). La regla es, entonces, la autodeterminación del IVA y el impuesto a las ganancias, no su determinación por la Dirección General Impositiva como erróneamente se sostiene por las co-actoras. Los sujetos pasivos de los tributos son reemplazados por el Fisco en la determinación de los impuestos referidos solamente en los casos especialmente previstos por el ordenamiento procedimental. En toda lógica, la determinación que realicen los contribuyentes –aun ante la DGA- no es en medida alguna vinculante para la DGI, quien podrá, como ya se dijo, revisarla en caso de que la misma resulte impugnable, procediéndose en dicha instancia y ante dicho organismo a determinarse, ya sea de oficio o conjuntamente, el importe a ingresar por cada uno de los tributos.
La recalificación de un bien importado por parte del servicio de aduanero, como de uso o de cambio, de ninguna manera importa determinación de los tributos involucrados. Ello consiste, conforme lo exige la normativa aplicable, en el cumplimiento de una carga impuesto a la Aduana a los efectos de percibir, en la cuantía legalmente exigible, los importes resultantes de la aplicación del régimen correspondiente a la operación de importación, facultad que la Aduana posee con fundamento en lo expresado por el art. 1 inc. c) de la ley del IVA, y Resoluciones DGI 3431/91, 3543/92 modif. por Res. DGI 3964/95 y modif. y Decretos N° 2394/91 y 1076/92. No puede desconocerse en consecuencia que la Aduana posee las facultades necesarias para liquidar el impuesto que recae en cada operación de importación definitiva y en los aspectos que se vinculan a su percepción, sin que ello implique interferir con la DGI en lo que respecta a sus facultades de revisión de la determinación impositiva que, de modo separado y autónomo, realizará luego el contribuyente respecto del IVA (en períodos mensuales) o el impuesto a las ganancias (en períodos anuales).
Por lo expuesto, la excepción de incompetencia opuesta por las co-actoras no puede prosperar.
VI.1. Sentado ello, corresponde resolver en autos si la resolución apelada, en cuanto condena a la firma importadora y al despachante de aduana al pago de una multa que asciende a la suma de $143.558,90 y los intima al pago de $143.558,90 en concepto de tributos por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1 inc. a) del Código Aduanero (CA), se ajusta a derecho.
La Aduana imputó a las co-actoras la infracción mencionada y las intimó al pago de la diferencia de tributos por considerar que han incurrido en declaración engañosa, en tanto utilizaron la ventaja de declarar la mercadería como bien de uso mientras que de sus registros contables surgió que se les dio el tratamiento de costos o gastos de promoción, es decir, que dichas mercaderías estarían destinadas a ser bienes de cambio y no bienes de uso.
La firma importadora centra su defensa indicando los productos importados no fueron objeto de venta, ya que los mismos forman parte de la imagen de la empresa, algunos de ellos siendo packaging de los productos y otros siendo herramientas de venta o trabajo, por lo que no se cumpliría con el objeto de las percepciones. Por su parte, el despachante de aduana expresa que no posee poder de control y dirección respecto del destino final de los bienes importados, por lo que no se le puede imputar el tratamiento asignado a la mercadería con posterioridad al libramiento.
VI.2. No resulta controvertido en autos que la firma VANESA DURAN S.A. importó de forma definitiva mercadería proveniente de Brasil, que se trata de continentes en general, como embalajes, fundas, estuches, cajas, etiquetas impresas, valijas, bolsitas, envases de papel cartón, etc., que se corresponden con posiciones arancelarias de acuerdo al componente principal de esas mercaderías, como ser NCM 39 plásticos y sus manufacturas, NCM 42 Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería, NCM 48 Manufacturas de papel y cartón, NCM 62 Prendas y complementos (accesorios), NCM 71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. A través de tales operaciones declaró en opciones y ventajas que las mercaderías en cuestión se trataban de bienes de uso.
Se destaca además que dicha firma tiene como actividad principal la venta al por mayor y menor de artículos de relojería, joyería y fantasía, en tanto que su actividad secundaria es la venta al por mayor y por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para playa. Asimismo, sus ventas dentro del mercado interno son efectuadas a través de una red de vendedores independientes ubicados en todo el país.
Finalmente no resulta ocioso señalar, de modo general, que la aplicación de percepciones en el IVA y Ganancias cuando se trata de importaciones de bienes de cambio tiene un elemental racional económico que finca en que la comercialización -inmediata o mediata- de tales bienes de cambio permite una recuperación financiera del impuesto percibido por la Aduana, en similares términos temporales. Por oposición, cuando se trata de la importación de bienes de uso la carga impositiva de las percepciones no reconoce tal racional -propio de la comercialización-; en consecuencia las normas liberan a los importadores de tales productos de las percepciones de impuestos. Dicho esto resulta manifiesto que todo este sistema de percepciones en la importación se estructura, en cuanto a su razón de ser, sobre la buena fe -obligación de veracidad- del importador al calificar los bienes que importa, sea como bienes de uso o bienes de cambio.
VI.3. La cuestión radica entonces en determinar si las mercaderías importadas por la firma VANESA DURAN S.A. son bienes de uso, conforme las calificó.
Según las normas contables e impositivas los bienes de uso presentan las siguientes características: 1) son tangibles, de carácter físico y no se consumen con el primer uso; 2) existe intención de utilizarlos en el desarrollo de la actividad, es decir, que deben estar afectados al cumplimiento del objeto principal del ente; 3) su permanencia dentro del activo de la empresa debe ser relativamente constante e inmovilizada en general, que debe ser superior a un año; 4) se lo debe haber adquirido o producido con la intención de ser utilizado dentro de la empresa y no con la intención de su reventa; 5) están incluidos aquellos bienes que aún están siendo utilizados, en construcción, tránsito o montaje; y 6) También son considerados bienes de uso los “anticipos a proveedores” por este tipo de bienes.
Por su parte, los bienes de cambio son aquellos que se destinan directa o indirectamente a la comercialización, considerándose como tales a todos los que se adquieren o desarrollan para su posterior distribución, a los que están en proceso de producción o a aquellos que se consumen para producir los bienes a vender. La clave para determinar este tipo de bienes está dada por la comercialización, tanto los bienes que se comercializan como los que se consumen para producirlos son considerados bienes de cambio.
Los bienes de cambio se distinguen de los bienes de uso en que estos últimos no están involucrados en la comercialización, no se incorporan en el bien final ni se consumen para que este se produzca. En contraste, los bienes de cambio suelen ser el núcleo del negocio y de la actividad comercial de una empresa. A su vez, otra distinción fundamental está dada por la permanencia de los bienes de uso dentro del activo de la empresa, por lo que se los llama activos fijos. Conforme surge de la lectura de las actuaciones administrativas, la propia firma indica, al contestar la solicitud realizada por el servicio aduanero mediante el Memorando 88/06 (DV FOPO), que los productos objeto de las importaciones “…forman parte de la imagen de la empresa, algunos de ellos siendo el packaging de los productos por nuestra empresa comercializados (panas, cajitas, etc.) y otros son herramientas de ventas o trabajo (expositores, medidores, maletines, etc.)”. Seguidamente agrega “…no existiendo facturas de venta de los mencionados productos ya que son adicionales que acompañan a los productos comercializados en el caso del packaging y en el caso de las herramientas de venta son productos proveídos por la empresa a sus clientes para que cumplan la función mencionada anteriormente de herramientas para la ayuda de ventas” y que “…en el caso de los productos que conforman el packaging acompañan al artículo objeto de la venta y en el caso de los productos que son ayuda de venta o herramientas de trabajo se distribuyen a los clientes acorde al interés de la empresa en desarrollar o apoyar más o menos a determinados clientes” (ver fs. 14 y 15 de las act. adm.).
De lo expuesto por la propia firma se puede colegir con facilidad que, aun de manera indirecta, los productos importados han sido destinados a la comercialización, por estar incorporados al bien final –ya sea como packaging o herramientas de venta- y por ende distribuidos a sus clientes, por lo que no han sido adquiridos con la intención de ser utilizados dentro de la empresa. Muy por el contrario, forman parte del núcleo del negocio –atento al tipo de productos de que se trata- y no han tenido permanencia dentro del activo de la empresa. En consecuencia, no quedan dudas que su fin ha sido, aun de manera indirecta, la comercialización, ya que tampoco se demuestra de qué forma fueron afectados al cumplimiento del objeto principal del ente.
Sin perjuicio de que lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para considerar que los bienes importados no pueden calificarse como bienes de uso, resta señalar que el servicio aduanero, en marco de las tareas de verificación desarrolladas, le solicitó a la firma que aporte documentación contable –ver acta de fs. 299 y formulario F 206/l de fs. 302 de las act. adm.-, la cual fue compulsada por el verificador actuante, obteniéndose como resultado que los productos importados fueron contabilizados en la cuenta pérdidas de su registración contable, habiéndose imputado como “Gastos de promoción” –ver planilla titulada “Registración contable de la mercadería importada s/despachos detallados” a fs. 760 e Informe 249/06 (SE FECO) obrante a fs. 761/762 de las act. adm.-.
A mayor abundamiento, también se verificó el listado de bienes de uso confeccionado por la propia firma al 31.12.04 y al 31.12.05, que obra a fs. 646/656, donde se puede observar que no se encuentran detalladas las mercancías ingresadas mediante los despachos de importación objeto de autos. Es decir que la propia empresa no solo no le dio el tratamiento de bienes de uso en su registración contable, sino que además no los incluyo en el listado de bienes de uso por ella misma confeccionado, por lo que a todas luces resulta que las mercaderías importadas no son bienes de uso conforme la propia contabilidad de la empresa (base para la confección de su balance fiscal y ulterior determinación del IVA y del impuesto a las ganancias correspondiente).
Resta señalar, como corolario de lo actuado por la firma importadora, que al momento de contestar la vista otorgada en marco del sumario instruido en su contra –fs. 1017/1029 de las act. adm.- la actora tuvo la oportunidad de expedirse o refutar los informes contables emitidos por el verificador actuante de la Aduana, oportunidad en la cual no hizo mención alguna al respecto.
Todo lo hasta aquí expuesto pone en evidencia la contradicción en que ha incurrido la firma importadora, quien declara a la mercadería importada como un bien de uso, pero al momento de registrarla contablemente lo hace como “Gastos de promoción” y paralelamente no la incluye en su propio listado de bienes de uso. En tal sentido la recalificación de la Aduana de tales bienes como de cambio cuanta con suficiente fundamentos como para ser confirmada en esta instancia.
Por ello, los argumentos de la recurrente no pueden prosperar.
VI.4. Que corresponde por último analizar los agravios vertidos por ARMANDO DI DOMENICO respecto a la procedencia de la condena impuesta en su calidad de despachante de aduana.
La responsabilidad infraccional que le cabe al despachante debe ser examinada conforme el principio del art. 908 del CA, a partir del cual no resulta penalmente responsable en materia infraccional si prueba haber cumplido las obligaciones a su cargo. Esto ha sido interpretado por reiterada jurisprudencia de modo que no resulte responsable quien no se ha apartado de las instrucciones impartidas por su mandante.
Entendemos que se trata de una generalización que no puede extenderse latitudinariamente; el despachante de aduana no sólo actúa como mandatario del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse dentro de los límites del poder otorgado, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe actuar ajustado a derecho y colaborar eficazmente con el servicio aduanero.
Por ello, el sólo hecho de invocar haber seguido instrucciones de su mandante no puede resultar eximente de responsabilidad en los términos del art. 908 del CA. Sin duda ese análisis requiere extrema prudencia, a fin de evitar criterios rigoristas que impliquen exigir del despachante de aduana una conducta imposible, de acuerdo a su saber y experiencia. Pero también debemos tener presente su función de “auxiliar del servicio aduanero”, esto es, colaborador en la correcta gestión aduanera.
En el caso de autos el despachante debió conocer el régimen jurídico aplicable a las mercaderías importadas en atención a la actividad comercial de su cliente, por lo que un adecuado ejercicio de sus funciones hubiera sido asesorarlo y declarar correctamente las mercaderías como bienes de cambio, para estar en condiciones de comprometer una declaración veraz. Al respecto, tal calificación, vale señalarlo, no reviste en determinados casos (como el presente) una dificultad técnica insuperable, sino que luce como evidente. Asimismo, y contrariamente a lo alegado, el despachante no ha acreditado en autos haber limitado su accionar al cumplimiento de las instrucciones dadas por el importador, por cuanto no ha sido acreditada la existencia de las mentadas instrucciones en las que se expresara que la mercadería tenía un destino como bienes de uso.
Debe tenerse presente que se trata de un profesional especializado en la gestión aduanera y, por lo tanto, conocedor de las consecuencias emergentes de su conducta. En ese sentido, se torna aplicable el principio general del derecho, conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos Que, por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana resulta responsable, en forma solidaria, conjuntamente con la firma importadora.
En consecuencia, VOTO POR:
Confirmar la Resolución 1205/10 (AD PASO), con costas.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar la Resolución 1205/10 (AD PASO), con costas.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ava. Nominación (art. 52 RPTFN y art.
1162 CA).
Date: 2023.09.21 17:02:28 -03:00 Date: 2023.09.22 08:54:10 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.22 08:54:11 -03:00
Fin de la sentencia