Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la determinación de oficio en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2008 y 2009, en cuanto al impuesto y los intereses resarcitorios, con costas.
2Confirmar la multa aplicada, reduciéndola el mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en cuanto se confirma la sanción y por su orden en la proporción reducida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-62724901-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Junio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expte. N° 40.622-I caratulado “DI FAVIO, BRUNO ROMAN s/Apelación”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 18/32 el Sr. Bruno Román Di Favio, interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 26 de agosto de 2014 expedida por la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI N°209/2014 (DV NRR1) que determina de oficio con carácter parcial la obligación impositiva frente al Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2008 y 2009, por la suma de pesos noventa y un mil ciento treinta y ocho con ochenta centavos ($91.138,80) y veintiséis mil doscientos cuarenta con diez centavos ($26.240,10) respectivamente, con más la suma de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco con siete centavos ($195.455,07) en concepto de intereses resarcitorios y le aplica una multa equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto omitido de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la ley 11.683.
Manifiesta que el organismo fiscal determina un incremento patrimonial no justificado sobre la base de un supuesto “faltante de fondos” atento que entiende que no se acredita la fuente de los ingresos destinados a la adquisición de inmuebles y a las “refacciones” realizadas sobre el inmueble de la calle 3 de Febrero N°728. Señala que el Fisco Nacional sostiene que las “fluctuaciones patrimoniales” dan como resultado un faltante de fondos otorgándole el tratamiento de ingresos omitidos de declarar en los respectivos períodos fiscales, sin explicar en qué consiste dicho faltante.
Alega que de manera absurda el Fisco Nacional considera que corresponde gravar como “ganancias”, el valor declarado en el Impuesto sobre los Bienes Personales considerando a tal efecto, las valuaciones informadas en la declaración jurada de los inmuebles declarados en dicho impuesto.
Relata que durante la fiscalización informó que los fondos se originaban en el remanente de los ingresos obtenidos por la venta, en el año 2006, de su única propiedad ubicada en la calle Francia N°635, de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Al respecto, indica que dicha venta se efectuó por la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000) y la adquisición en el año 2008 del inmueble de la calle 3 de Febrero N°728, en el cual se realizó la construcción, fue por la suma de pesos cincuenta y dos mil ($52.000.-), arrojando dicha operatoria un excedente de pesos ochenta y ocho mil ($88.000).
Explica que el trabajo personal por él realizado en la refacción del inmueble justifica y permitió el aumento del valor de la propiedad al momento de su venta, transformándolo en un inmueble de mayor valor atento la subdivisión efectuada (unidad funcional 1 y 2). Por otra parte, aclara que sus familiares directos, hermano y madre, lo ayudaron económicamente mediante aportes dinerarios y/o en especie.
Plantea la nulidad de la resolución determinativa por resultar violatoria del debido proceso adjetivo -errónea valoración de la prueba- y la improcedencia de la aplicación del método indiciario. Señala que el Fisco se basó en un indicio para determinar la deuda sobre base presunta, violando los elementales principios del derecho tributario, entre ellos la verdad objetiva, el principio de legalidad y de razonabilidad.
Cita jurisprudencia. Adjunta prueba documental y propone prueba informativa, testimonial y pericial técnica –ingeniero civil, arquitecto y/o maestro mayor de obra- y pericial contable. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 52/71 la representación fiscal contesta el recurso.
En primer lugar, rechaza el planteo de nulidad incoado por el actor. Sostiene que no cabe hacer lugar a las argumentaciones expuestas por la contraria, habida cuenta de que el acto apelado resulta ser la culminación de un proceso ajustado a derecho y que de ninguna forma cercenó, violentó o afectó algún derecho o garantía del contribuyente. Señala que a los efectos de que proceda la nulidad planteada, el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca el que no debe haber sido convalidado. Cita jurisprudencia de la Cámara en dicho sentido (“Anteurquiza, Hugo Ramón” - CN Apel.- Sala IV - 26/03/1992). En lo que a la cuestión de fondo respecta, indica que el tema en discusión se reduce a una cuestión de hecho y prueba, por lo que entiende debe estarse a los elementos obrantes en autos que fueron recolectados por la auditoría fiscal y los antecedentes que constan en la causa y, finalmente, la aportada en esta instancia, señalando que en ningún momento la actora logra probar sus dichos.
Destaca que el actor reitera para la mayoría de los casos las consideraciones vertidas en oportunidad de contestar la vista, argumentos que fueron puntualmente analizados y contestados en la instancia administrativa al momento de resolver la determinación de la materia imponible. Resalta la seria investigación desarrollada por la fiscalización actuante en el afán de alcanzar la verdad de los hechos y dar fundamento suficiente a su posición. Relata que ante la falta de presentación de DDJJ en el Impuesto a las Ganancias y a partir del hecho cierto y preciso de haber realizado la construcción sobre inmueble propio de dos unidades funcionales (dúplex), que el propio responsable reconoce, arriba a la conclusión lógica de que la diferencia entre egresos totales e ingresos obtenidos de las ventas de los inmuebles responden a ingresos omitidos.
Recuerda que en los procedimientos administrativos, le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria probar la autenticidad de sus dichos, siendo en el caso que el contribuyente no aportó pruebas suficientes ni elementos nuevos, a los efectos de otorgar a la explicación brindada una base probatoria que permita desarticular la pretensión fiscal y desvirtuar las imputaciones formuladas, por lo que se está en presencia de indicios graves, precisos y concordantes que habilitan a la aplicación de lo establecido en el art. 18 de la ley N°11.683. Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal. Requiere que se confirme la resolución.
III. Que a fs 81 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa, a la prueba testimonial con excepción de la correspondiente a la Sra. Ana Lalla, punto VIII.3.V, por ser contraria su producción a lo dispuesto por el art. 427 del C.P.C.C.N. y pericial técnica ofrecida por la actora y se rechaza la pericial contable, punto VIII.5, toda vez que los puntos sobre los cuales versa la misma corresponden a cuestiones reservadas a su juzgador.
A fs. 104 se agrega respuesta del Banco Provincia, en tanto que a fs. 119/122 obra el Informe Pericial Técnico y a fs. 142/171 obra el testimonio de los testigos.
Que a fs.183 se clausura el período probatorio.
Que a fs. 188 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B”.
Que a fs. 189 se ordena poner los autos para alegar. A fs. 192/196 presenta su alegato el Fisco Nacional, en tanto que la parte actora no efectúa presentación alguna.
Que a fs. 198 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento al planteo nulificante de la parte actora, con relación a la violación del debido proceso adjetivo (errónea valoración de la prueba).
Que, al respecto, cabe advertir que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Fisco Nacional para encuadrar la conducta fiscal del recurrente, no resulta sustento para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación. Que tampoco se advierte en la especie vicio alguno en la finalidad ni en el procedimiento de determinación de oficio como alega el recurrente, tanto más cuanto que su planteo se funda en la falta de valoración de la prueba en sede administrativa, cuando surge de los actos que se tuvo en especial consideración la prueba rendida. Que, además, cabe considerar que este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (sentencia del 15/09/2006, Expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (Fallos 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”.
Que, así ello, cabe recordar que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (Conf. CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Por lo expuesto, debe rechazarse el planteo de nulidad interpuesto por la recurrente. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por el actor como excepción en los términos del art. 171 de la ley sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
En este aspecto cabe traer a colación lo expuesto por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), que dijo “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de Cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (Conf. “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que seguidamente corresponde adentrarnos en el análisis del fondo de la cuestión, exponiendo en primera instancia las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que sustentan los ajustes proyectados por el Fisco Nacional.
Que de conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 48/52 del Cuerpo Ganancias de los antecedentes administrativos de la O.I. 747.305, el cargo tiene origen en la O.I. 578.488 llevada a cabo por falta de presentación de DDJJ del Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2008 y 2009, respecto de los cuales resultó impuesto a ingresar, liquidación que fue conformada por la recurrente según detalle de bienes obrante a fs. 110 y DDJJ presentadas el 14/06/2012 que obran a fs. 113/116 del Cuerpo Bienes Personales de la O.I. antecesora.
Ahora bien, dado que dentro de las propiedades incluidas en las DDJJ presentadas a instancias de la fiscalización, se encuentra un inmueble respecto del cual se verifica que el contribuyente realizó la construcción de dos unidades funcionales (dúplex) sobre inmueble propio bajo el régimen de propiedad horizontal y se determinó interés fiscal en el Impuesto a las Ganancias, se dió inicio a una nueva fiscalización (O.I. 747.305) Que a efectos de verificar el correcto cumplimiento del citado impuesto la inspección actuante requirió al contribuyente que exhiba: a) Nota informando la actividad desarrollada en los años 2008, 2009 y 2010, b) las DDJJ del Impuesto a las Ganancias en función de la construcción y venta de las unidades funcionales N°1 y N°2 del inmueble de la calle 3 de Febrero N°728 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Que como respuesta a dicho requerimiento la actora manifiesta … “mi condición laboral es de precariedad. Asimismo, reitero que nunca tuve vehículo, cuenta bancaria, tarjeta de crédito, etc.”. Y sostuvo que no le correspondía presentar declaraciones juradas por el Impuesto a las Ganancias, atento que la construcción y venta de los inmuebles situados en la calle 3 de Febrero N°728, no fue realizada como “actividad empresaria” y se trataba de su única vivienda. Asimismo, señala que lo que hizo no fue una construcción nueva para la venta, sino una “refacción” de la construcción que ya estaba en la propiedad, siendo esas propiedades vendidas con posterioridad por motivos personales: “principalmente por poco espacio luego de la división y además para saldar situaciones contraídas para la refacción” (fs. 8/10 Cuerpo Ganancias O.I. 747.305).
Por otra parte, con relación al detalle analítico de la construcción y la documentación de respaldo que le fuera solicitada informó: “no poseo esos elementos puesto que por los motivos que ya expuse en realidad fue una reforma y ampliación de una construcción existente. Indicando que la reforma fue realizada lentamente durante el lapso que medio entre la compra (10/2006) y abril de 2008, o sea aproximadamente 18 meses”.
Que con el fin de esclarecer la situación el Fisco solicitó a la Municipalidad de San Isidro copia del expediente municipal N°13114/06 relativo a la construcción sobre el inmueble de la calle 3 de Febrero N°728 (fs. 1/11 del Cuerpo Antecedentes O.I. 747.305), de donde surge prueba fehaciente tanto de la compra como de la obra realizada. En efecto, en dicho antecedente obran dos planos de la propiedad en cuestión, uno es el plano de origen y el otro el plano de la nueva construcción presentado por el Sr. Román Bruno Di Favio, “Plano de demolición y obra nueva”.
Resalta que de la lectura de los mismos se constata que en el lugar había una construcción con dos locales al frente, con una entrada por pasillo que se dirigía a la propiedad particular. En tanto que el otro plano, con oblea “Dirección de Obras Particulares” y permiso de construcción de fecha 27/11/2006, permite ver el diseño de dos dúplex en planta baja, planta alta y altillo. Asimismo, a fs. 12 del Cuerpo de Circularizaciones de la O.I. 578.488, se acompaña nota titulada “Memoria descriptiva de la demolición” de fecha 05/09/2006 dirigida al Sr. Intendente Municipalidad de San Isidro, suscripta por profesional arquitecto Eduardo Quevedo.
Que en dicho expediente municipal se encuentra el detalle de la construcción (fs. 12 del Cuerpo Antecedentes O.I. 747.305) en donde consta la cantidad de metros construidos (307,34 m2), el valor del metro ($732) resultando un monto total de $224.972,88 de dicha construcción, como así también el monto de la demolición.
En tanto que a fs. 41 de dicho cuerpo obra el Formulario 908, de la Dirección Provincial de Catastro Territorial - Propiedad Horizontal-Resumen de Valuación de Subparcelas, suscripto por la Agrimensora María Luisa Miranda, CUIT 27-13120889-3, que asigna como valor total de edificio la suma de pesos doscientos veintiocho mil novecientos sesenta y ocho ($228.968).
Es así que del análisis de la documentación aportada por el contribuyente y de la recabada por el Fisco Nacional, se concluye que en el período fiscal 2008 los bienes incorporados al patrimonio: Edificación de dos unidades habitacionales sobre el inmueble situado en la calle 3 de Febrero N°728, por la suma de pesos doscientos veintiocho mil novecientos sesenta y ocho ( $228.968), de acuerdo con la presentación de la DDJJ del Impuesto sobre los Bienes Personales y el F.908- Dirección Provincial de Catastro Territorial- obrante a fs. 41 del Cuerpo Antecedentes e inmueble situado en la calle Misiones N°860, adquirido en partes iguales con el Sr. Néstor Raúl Di Favio, por la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000), según escritura de fecha 19/12/2008, obrante a fs. 20/22 del Cuerpo Impuesto sobre los Bienes Personales, determinan un faltante de fondos de pesos doscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y ocho ($ 298.968).
En efecto, no se registran ingresos de fondos en el período fiscal 2008, ni existencias de dinero al inicio, pero sin embargo se realizó la compra del 50% del inmueble de la calle Misiones N°860, por la suma de pesos setenta mil ($70.000) y la construcción del inmueble de la calle 3 de Febrero N°728 por un valor que se estimó en pesos doscientos veintiocho mil novecientos sesenta y ocho ($228.968), de acuerdo a lo declarado en la Dirección Provincial de Catastro Territorial.
En tanto que respecto del período 2009, se observa que se incorpora al patrimonio un inmueble, situado en la calle Talcahuano 1745, Martínez, Provincia de Buenos Aires, adquirido en la suma de pesos trescientos veinticuatro mil setecientos ($324.700), según escritura de fecha 28/12/2009, obrante a fs. 30/34 del Cuerpo Impuesto sobre los Bienes Personales, siendo que el ingreso por la venta de la unidad funcional N°1 de la calle 3 de Febrero N°728, por la suma de pesos doscientos dos mil novecientos noventa ($202.990) según escritura de fecha 22/10/2009, lo cual determina un faltante de fondos de pesos ciento veintiún mil setecientos diez ($121.710).
VI. Que exhibidos los elementos tenidos en cuenta por la fiscalización para efectuar la determinación de oficio que se apela, corresponde seguidamente adentrarse al examen de los mismos frente al cotejo de las probanzas rendidas por el recurrente en ambas instancias.
Cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fundar su decisión (conf. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/1987, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala V, “Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento” sentencia del 13/04/1998, “Manzino, Silvia B.”, TFN, Sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Que corresponde hacer notar que, como acertadamente lo expone la resolución impugnada, no es posible considerar válido el argumento intentado por el actor en cuanto a que los fondos de las adquisiciones de inmuebles y de la construcción del año 2008 se justifican con el remanente de la venta de su única vivienda del año 2006 y con dinero recibido de familiares.
Tal como lo señala el juez administrativo es el propio contribuyente quien no declara el supuesto dinero en efectivo que alega haber poseído al inicio del año 2008. En efecto, el mismo no se encuentra informado en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales presentadas.
Que como relatan los inspectores actuantes (fs. 85) “…resulta entendible que la misma (refiriéndose a la suma remanente), haya sido destinada al consumo personal durante el último trimestre del año 2006 y todo el año 2007”, ya que “… no obran presentaciones declaraciones juradas de ningún tipo para los años 2006 y 2007, que permitan inferir otra situación.
Máxime teniendo en cuenta que el fiscalizado aportó sólo las escrituras de compra y venta de inmuebles, y en tanto el mismo no presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias en ningún período, ni tampoco surge que haya tenido ingresos en relación de dependencia o de alguna otra actividad comercial, según consulta a las bases informáticas del Fisco Nacional, y que tampoco aportó documentación alguna que avale los supuestos compromisos financieros.
Tampoco demuestra en forma fehaciente y documentada el dinero que dice haber recibido de sus familiares, sumas que en ningún momento detalla en cuanto a monto, fecha y forma de entrega, siendo una mera alusión en sus respuestas a los requerimientos (fs. 8 del Cuerpo Ganancias) y en alguno de los testimonios de la prueba testimonial producida en autos, donde de manera imprecisa y vaga responden en general que: “sabe que contó con un préstamo”, pero no brindan ningún dato respecto de monto, fecha, forma de instrumentación, etc.. En efecto, en respuesta al punto 6 de la prueba testimonial, a la pregunta: Si sabe y como le consta, si la Sra. Ana Lalla le efectuó un préstamo al Sr. Di Favio, los testigos respondieron: i) Di Favio, Néstor Raúl (hermano): “La Sra. Lalla, que es su madre, le efectuó un préstamo para llevar adelante la obra y lo sabe porque lo han comentado en familia”, fs. 144; ii) Oliver Sánchez, José Antonio (vecino): “que sabe por comentarios del Sr. Bruno R. Di Favio que la madre lo ayudó económicamente con la obra y que incluso se muda a la casa de la Sra. Lalla, mientras llevaban adelante la obra” fs. 149/150; iii) De la Iglesia, Gustavo Adrián, que contesta: “sabe que contó con ese préstamo por dichos de Di Favio”, fs. 155; Sr. Ricardo Enzo Gordillo (vecino): “no le consta, pero sí le comentó el Sr. Di Favio que la madre, la Sra. Ana Lalla, lo ayudo económicamente”.
Que frente a la debilidad probatoria de las simples manifestaciones expuestas por el apelante a los fines de justificar el origen de los fondos faltantes que motivan los ajustes en el Impuesto a las Ganancias, ocurre que en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe destacar que el Informe técnico pericial obrante a fs. 119/122, efectuado en forma conjunta por el perito ingeniero civil, Mario Federico, matrícula CPic. CABA N°9421 y el perito de la actora Sr. Román Norberto, DNI N°7.597.565, quien manifiesta no poseer ningún título habilitante tampoco aporta luz a la resolución de la cuestión.
Ello así toda vez que a la pregunta 2) referida a si por el tipo de construcción puede concluirse que fue realizada de manera artesanal y personal, mediante el esfuerzo de una persona y algún ayudante que puede haber demandado un mayor transcurso de tiempo (18 meses aprox.) o bien, fue realizada de manera organizada con gran cantidad de trabajadores en corto tiempo (no más de 3 meses), el perito ingeniero responde: “no tengo ningún elemento de juicio que me permita dar respuesta satisfactoria a esta pregunta.” En tanto el perito de parte, que cabe recordar no posee ningún título habilitante, opina: “Me consta que toda la refacción fue realizada por el Sr. Di Favio con una persona ayudante y también mi colaboración sin ningún tipo de remuneración alguna ya que yo iba algunos feriados y fines de semana (cuando podía)”.
En tanto que respecto a la prueba informativa producida, el Banco de la Provincia de Buenos Aires comunica a fs. 104 que de las averiguaciones practicadas en el sistema bancario en Línea SUR, no surge la existencia de antecedentes de cuentas abiertas a nombre de la Sra. Ana Lalla (DNI 93.565.293).
De este modo no queda demostrado la existencia de los fondos correspondientes a la jubilación del exterior que el contribuyente alegó cobraba la Sra. Lalla (madre) y permitirían justificar el supuesto dinero que le habría prestado.
Que del cotejo de la prueba rendida en el expediente administrativo y en autos, se concluye que asiste razón al Fisco Nacional cuando asevera que de la documentación aportada no es posible verificar que el saldo en dinero en efectivo que el recurrente recibió por la venta del inmueble en el año 2006 sea el mismo que aplicó para la construcción y las adquisiciones de inmuebles en los años 2008 y 2009, pues nada de lo que obra agregado en los actuados permite afirmar o corroborar en forma acabada sus dichos.
En tal sentido, se vislumbra que la actividad fiscalizadora no ha hecho más que una debida aplicación de elementales principios que rigen la materia tributaria y que, en la particular situación en estudio, colocan en cabeza del responsable el cumplimiento de ciertos recaudos para poder verificar la existencia y medida de la relación sustantiva.
Que, coherentemente con lo antedicho, las afirmaciones y pruebas aportadas y producidas por el recurrente en sede administrativa no revisten entidad suficiente como para derribar el ajuste fiscal.
Que así las cosas, corresponde concluir que se verifica el incremento patrimonial no justificado invocado por el Fisco Nacional, sin que se haya probado suficientemente lo contrario. En tal sentido, resulta procedente confirmar el ajuste en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2008 y 2009, pues se concluye que el organismo fiscal efectuó una correcta aplicación del artículo 18, inc. f) de la ley 11.683 -sustento normativo de la determinación de oficio- que dispone “Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles”. Que corresponde precisar que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11.683 refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la citada presunción es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que ello así, teniendo presente que el recurrente no esgrime agravios ni produce prueba idónea que permita desvirtuar la activación de la presunción de existencia de ingresos omitidos que utiliza el Fisco en el caso, corresponde sin más su confirmación.
Por lo merituado, y teniendo en cuenta que ha existido un trabajo de inspección y fiscalización que permite razonablemente sustentar la posición fiscal y ante la falta de pruebas en contrario producidas por el apelante corresponde confirmar la determinación efectuada en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2008 y 2009, con más los intereses resarcitorios, y costas.
VII. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco Nacional como resarcimiento por la mora en que ha incurrido la contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Para la constitución en mora es menester que se verifique la coexistencia de los elementos formal y subjetivo, quedando en cabeza del contribuyente o responsable la carga de la demostración de la inimputabilidad. El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo (mora automática) en tanto que el elemento subjetivo se refiere a la imputabilidad del deudor. La ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre el origen de la mora del deudor, conduce a recurrir a los preceptos del derecho privado, por aplicación supletoria de dichas normas conforme lo autoriza el artículo 1° de la ley de rito, ya que no discrepan con la letra de la normativa fiscal ni resultan inadecuadas para la solución de los problemas impositivos. Sobre el particular, el art. 509 del Código Civil dispone que para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora el deudor, se debe probar que la misma no le es imputable (siendo ejemplos la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o culpa del acreedor).
Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revisado la doctrina del fallo “IKA Renault” exponiéndose que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le sea imputable, las particularidades del derecho tributario que indudablemente se reflejan en los diversos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil, queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de la obligación tributaria.
Es así que la consideración de este elemento posibilita la exoneración del deudor cuando pruebe que la mora no le es imputable, circunstancia que no se verifica en autos, por lo que corresponde confirmar la liquidación de intereses resarcitorios.
VIII. Que, por último, resta analizar la multa endilgada al contribuyente con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998).
Cabe recordar que el citado art. 45 de la ley 11.683, en su redacción vigente para los hechos aquí ventilados, establecía que: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable”.
Que con arreglo al texto legal, la infracción del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración objetiva la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
En lo que atañe al aspecto subjetivo, la figura requiere la existencia de culpa en el obrar del imputado. Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31/03/1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11.683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”.
Sentado ello y tras recordar su conocida doctrina en el sentido de que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena -que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente-, concluyó que “... si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN –“Morixe Hnos. SACI” - 20/08/1996). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales que claramente se exhiban como de difícil y/o alambicada interpretación.
En el caso bajo análisis, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto en su justa medida y, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
No obstante ello, con relación al quantum de la misma, cabe precisar que si bien la graduación de la pena es discrecional del Juez Administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar, como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, sobre la concreta aplicación de dicha facultad punitiva. Ello así, se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 80% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que la recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir las mismas al mínimo legal previsto por el artículo 45.
Por lo merituado, se confirma la sanción aplicada, reduciéndola al mínimo legal de la escala punitiva aplicada. Por todo lo expuesto, SE
1. Confirmar la determinación de oficio en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2008 y 2009, en cuanto al impuesto y los intereses resarcitorios, con costas.
2. Confirmar la multa aplicada, reduciéndola el mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en cuanto se confirma la sanción y por su orden en la proporción reducida.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos de la causa y de los antecedentes administrativos que efectúa el Vocal preopinante en los Considerandos I, II, III y V de su voto.
II. Que, asimismo, adhiere a a los fundamentos expuestos en el Considerando IV de su voto con relación al planteo de nulidad articulado en autos por la parte actora, concluyendo en su mismo sentido.
III. Que en cuanto al fondo de la cuestión, comparte las conclusiones a las que arriba el Instructor, compartiendo la argumentación que efectúa en el Considerando VI.
No obstante, es dable señalar que, en razón de los agravios que desarrolla la recurrente respecto del método presuntivo seguido por el Fisco Nacional, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007).
Al respecto, debe tenerse presente que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69) " (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). En definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. Que tal como lo expresa el Instructor, la prueba producida por la actora no alcanza dicho objetivo.
En efecto, cabe coincidir con el preopinante respecto de la debilidad de la prueba testimonial producida en autos. Al respecto, cabe tener presente que "aunque los préstamos de dinero entre parientes pueden evaluarse en sus proyecciones fiscales, atenuando las exigencias formales que deben satisfacer dichas operaciones cuando se pactan entre personas no vinculadas por lazos de parentesco, la omisión de la prueba documental debe suplirse por otros medios que acrediten fehacientemente la existencia, magnitud y modalidades de la operación, a cuyo efecto deberán ponderarse también el grado de parentesco atenuando el rigorismo fiscal cuanto próximo sea el mismo y el monto de la operación en el sentido que los medios por los que se trata de acreditarla deberán ponderarse en función del mismo, punto en el cual también revisten importancia las circunstancias y causas a que obedece el préstamo.
Que en este sentido y tratándose de préstamos entre ascendientes y descendientes o personas vinculadas por un grado muy próximo de parentesco, a falta de instrumentos públicos o instrumentos privados con fecha cierta que acrediten el préstamo, para demostrar la realidad del mismo ha de probarse por otros medios de prueba la secuencia completa de la operatoria, en cuyos pasos debe intervenir al menos respecto de uno la documental o instrumentos cuya fecha resulte demostrada, es decir, debe acreditarse la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación de los mismos por parte de éste y, si fuere del caso su posterior restitución" (cf. in re "De Martino, Antonio Conrado", sent.
Del 31/05/94). Los testimonios producidos en autos no se encuentran respaldados por ningún otro elemento, ni alcanzan a desvirtuar los elementos colectados por la fiscalización en las actuaciones administrativas.
En tal sentido cabe aclarar que este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, en consonancia con cita de doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal, que la prueba testimonial en sede fiscal posee un valor probatorio acotado. Al respecto, y entre otros, cabe citar lo señalado por esta Sala in re "Wree Helmuth Tomás" (sentencia del 30/9/2002) donde se dijera "Que, la prueba testimonial en materia fiscal tiene un valor probatorio acotado, frente a otras circunstancias que resultan probadas...Que, las personas deponentes revestían, en varios casos, características de cuasi dependientes, familiares o amigos del actor...Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene inveteradamente resuelto que la prueba para desvirtuar la determinación del Fisco puede ser ampliamente desarrollada “aunque claro está que esa prueba no puede consistir únicamente... en certificaciones de sus propios dependientes...porque de admitirse tal procedimiento, los fraudes fiscales quedarían impunes” (CSJN in re S.I.A. S.A. 06/09/1967)."
En cuanto a la prueba pericial técnica, corresponde admitir la impugnación formulada por la representación fiscal a fs. 133/134 de autos, con sustento en que el perito designado a propuesta de la parte actora, quien fuera presentado por ésta como Maestro Mayor de Obras, reconoció en la misma pericia (vide fs. 119) carecer de título habilitante, sin acreditar -tal como lo señala el representante fiscal- antecedentes que justifiquen los conocimientos e idoneidad requeridas para dicha labor. Por otra parte, tal como lo señala el perito propuesto por el Fisco Nacional no pudo acceder al inmueble, apreciando el mismo desde la vereda, sin haber tenido mayores elementos de juicio que le permitieran dar respuesta satisfactoria al informe solicitado. En definitiva, dicho informe no incorpora ningún elemento a merituarse por parte de este Tribunal en el presente decisorio. Ello así, cabe concluir en el mismo sentido que el Vocal preopinante en cuanto a que corresponde confirmar el acto venido en recurso en cuanto determina impuesto.
IV. En cuanto a los intereses resarcitorios calculados en el acto determinativo apelado, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por ello, voto por su confirmación, con costas.
V. En relación al aspecto sancionatorio, multa aplicada con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683, cabe concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de las infracciones previstas en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde su confirmación. No obstante, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en el 80% del impuesto omitido; por el contrario, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal, con costas en lo que se confirma la multa y por su orden en la proporción en que se reduce la misma.
El Dr. Porporatto dijo:
Adhiero al voto del Dr. Magallón y a las precisiones que formula el Dr. Pérez en el Considerando III. de su voto respecto de la validez del método presuntivo seguido por el Fisco Nacional como así también en lo referido a la debilidad de la prueba testimonial producida en autos y por último a las observaciones que formula el distinguido colega respecto de la prueba pericial.
Por ello, SE
1. Confirmar la determinación de oficio en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2008 y 2009, en cuanto al impuesto y los intereses resarcitorios, con costas.
2. Confirmar la multa aplicada, reduciéndola el mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en cuanto se confirma la sanción y por su orden en la proporción reducida.
Regístrese, notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión y agregación al expediente papel.
Date: 2024.06.12 11:42:46 ART Date: 2024.06.12 16:18:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.13 19:08:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.13 19:09:01 -03:00
Fin de la sentencia