Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 280.638
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue corresponde modificar la sentencia de fecha 14 de junio de 2023 (arts. 281, 726, 729, 957, 958, 959, 961, 965, 1012, 1013, 1061, 1063, 1067, 1078, 1079 inc. "b", 1080, 1081, 1082, 1090, 1187, 1192, 1194, 1203 y concs, Cód. Civ. y Com.; DNU PEN 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 714/20, 792/20, 814/20 y 875/20 y arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 242, 254, 260, 266, 267 y concs., CPCC).
POR ELLO: Se admite el recurso de apelación incoado por la representación de Días y Flores Adultos Mayores SRL con fecha 27/06/2023, 11:58:28 hs. y, en consecuencia, se revoca parcialmente la sentencia dictada el 14 de junio de 2023 en lo atinente a la prestación dineraria impuesta a favor del señor Jorge Adrián Mazzetto con motivo de la resolución del contrato de locación en los términos del art. 1203 del Cod. Civ. y Com. Costas de ambas instancias al señor Mazzetto por el principio objetivo de la derrota (arts. 281, 726, 729, 957, 958, 959, 961, 965, 1012, 1013, 1061, 1063, 1067, 1078, 1079 inc. "b", 1080, 1081, 1082, 1090, 1187, 1192, 1194, 1203 y concs, Cód. Civ. y Com.; DNU PEN 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 714/20, 792/20, 814/20 y 875/20 y arts. 34 inc. 4, 68, 163 inc. 6, 164, 242, 254, 260, 266, 267, 274 y concs., CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL C. 280.638 “DIAS Y FLORES ADULTOS MAYORES SRL C/ MAZZETTO JORGE ADRIAN S/ RESCISIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES”
En la ciudad de La Plata, a los 7 días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, se reúnen en Acuerdo la señora Jueza de la Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, doctora Irene Hooft y el señor Juez, doctor Federico García Ceppi, para dictar sentencia en la causa caratulada: “DIAS Y FLORES ADULTOS MAYORES SRL C/ MAZZETTO JORGE ADRIAN S/ RESCISIÓN DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES”, C. 280.638 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley, el cual arrojó el siguiente orden de votación: doctora HOOFT – doctor GARCIA CEPPI, el tribunal resolvió plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la sentencia de fecha 14 de junio de 2023?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTION planteada, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
I. En la sentencia de fecha 14 de junio de 2023, la Magistrada de grado admitió parcialmente la demanda por consignación de llaves y rescisión contractual interpuesta por la representación de Días y Flores Adultos Mayores SRL contra el señor Jorge Adrián Mazzetto. Y, seguidamente, hizo parcialmente lugar a la reconvención por cumplimiento contractual deducida por Jorge Adrián Mazzetto contra Días y Flores Adultos Mayores SRL, condenando a esta última a abonar al primero, dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de noventa y un mil pesos ($91.000), equivalente al 50% de los cánones locativos devengados desde el 26 de junio de 2020 hasta octubre de 2020, a la que se adicionará el 1% diario sobre los $18.200 de cada mes, desde las fechas de mora mensual, comenzando el 26 de junio de 2020 y hasta el mes de octubre, siempre que su cálculo final no supere la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días en los distintos períodos de aplicación (tasa activa). Las costas por cada acción fueron fijadas en el orden causado dada la imposibilidad de establecer un vencido.
Para así decidir, la Jueza a quo comenzó por señalar que el inmueble objeto de la locación celebrada entre las partes tuvo por destino un centro de día para adultos mayores, de manera que la solución de la controversia pasaba por la determinación de la influencia de la emergencia sanitaria derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19) en la ejecución de dicho contrato.
Sobre ese piso de marcha, consideró, en línea con prestigiosa doctrina autoral, que, si el local o establecimiento arrendado estuvo alcanzado por la suspensión de apertura con motivo de las restricciones adoptadas por la autoridad pública con motivo de la emergencia sanitaria atravesada, el supuesto quedaba claramente abarcado por el art. 1203 del Cód. Civ. y Com.
Con todo, la Magistrada “…interpretando lo sucedido en correlación y armonía con la totalidad del ordenamiento jurídico, [entendió] que elementales razones de justicia y equidad impiden que la frustración del fin del contrato deba ser exclusivamente soportada por el locador (arts. 2, 9 y 10 y sus doctr. del CCyCN).”
A la luz de tales lineamientos y acudiendo a la doctrina del esfuerzo compartido, receptada en el art. 60 de la ley 27.541, juzgó razonable que el actor abone al demandado, por la rescisión operada el 50% de lo que hubiese correspondido pagar si la locación hubiese sido rescindida en situaciones normales. Asimismo, ordenó que “tomando como norte el principio de reparación integral (arts. 17 y 18 de la Const. nac.), a ese monto deberá adicionarse el 50% - es decir 1% diario – de los intereses pactados (2% diario) mes a mes, siempre que su cálculo final no supere la tasa que cobra el Banco de la provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días en los distintos períodos de aplicación (tasa activa), toda vez que incluso el porcentaje fraccionado a la mitad podría resultar abusivo y contrario a la moral y buenas costumbres (conf. doct. esfuerzo compartido ya mencionada, art. 10 CCCN)”.
En ese orden de ideas, la colega de la instancia dejó expresamente establecido que el crédito reconocido sería liquidado desde el día 26 del mes de junio de 2020 “…dado que el alquiler se debía abonar del 20 al 25 de cada mes conforme cláusula primera, por lo que la mora opera el 26 de cada mensualidad. Ello así hasta el día del mes en que las llaves fueron puestas a disposición (anoticiadas) de la demandada reconviniente. Debe tenerse en cuenta que también se pactó que si por cualquier motivo que fuera el LOCATARIO desocupare todo lo arrendado con ulterioridad al día veintidós de cualquier período, dicha fracción de mes se deberá computar y abonar como mes entero (cláusula vigésimo segunda)”. Finalmente, la judicante explicó que elementales razones de buena fe conducían a considerar que el accionado tomó conocimiento de la pretensión actoral, así como también que las llaves del inmueble locado se encontraban a su disposición, a través de la primera notificación electrónica remitida al doctor Federico del Corazón de Jesús Escudier, a la postre, su letrado, el 16 de noviembre de 2020.
II. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora por medio del recurso de apelación fechado el 27/06/2023, 11:58:28 hs., concedido el 28 de junio de 2023 y fundado el 10/09/2023, 23:27:08 hs., con réplica de la contraria de 26/09/2023, 19:35:38 hs.
II.1. En apretada síntesis, la representación de Días y Flores Adultos Mayores SRL se desconforma con lo decidido por los siguientes
a) El reconocimiento del pago de una suma dineraria con origen en la resolución del contrato de locación que vinculara a las partes por aplicación del art. 1203 del Cód. Civ. y Com. resulta improcedente, principalmente, porque el impedimento de uso del inmueble a raíz de la emergencia sanitaria afectó completamente la actividad de su mandante. Así, remarca lo reñido de la solución adoptada, esto es, mantener la obligación del pago de la mitad del canon locativo y la mitad de los intereses luego de la fecha de comunicación de la rescisión - 22 de junio de 2020 –, con las previsiones del ordenamiento jurídico en materia de frustración del fin del contrato.
Añade que, desde su perspectiva, la doctrina del esfuerzo compartido no tiene cabida para analizar las consecuencias de la ineficacia contractual contemplada en el art. 1203 del Cód. Civ. y Com.
b) En la eventualidad, se agravia por la extensión de la morigeración de los intereses convenidos, al considerarla insuficiente. c) Finalmente, objeta el modo en el que se distribuyeron las costas.
II.2. Por su lado, el señor Mazetto solicitó la deserción del recurso impetrado por entender incumplida la carga prevista en el art. 260 del CPCC.
III. El recurso, por las razones que habrán de darse, es de recibo.
III.1. En forma liminar, se impone abordar el pedido de deserción formulado por el demandado en su contestación del escrito de expresión de agravios, el cual ha de rechazarse en el convencimiento de que las críticas ensayadas por la recurrente apuntan a desvirtuar la conclusión de la resolución en torno al reconocimiento de una obligación dineraria a favor del señor Mazetto y a las razones en que se apoya esa decisión. Por tanto, más allá de su atendibilidad, satisfacen la carga impuesta por el art. 260 del CPCC y corresponde su abordaje, sin perjuicio de aquellos aspectos puntuales que puedan evidenciar una falta de réplica suficiente y que, en su caso, así se indicará.
III.2. Ello sentado, arriba firme a esta instancia la existencia entre las partes de una locación celebrada el 19 de diciembre de 2017 y que versó sobre un inmueble que funcionaría como centro de día, así como también, la recepción atribuida al señor Mazetto de los despachos postales que daban cuenta, de un lado, de la voluntad de la locataria de resolver el contrato y, del otro, de la desocupación del inmueble, poniendo a disposición las llaves de acceso y las constancias de pago de los servicios suministrados en la finca.
Del mismo modo, no existe controversia acerca del acaecimiento de la crisis sanitaria derivada provocada por la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud en relación al virus Sars-Cov2 (Covid-19) (v. cons. del DNU PEN 260/2020), así como de la existencia de las diversas restricciones adoptadas por las autoridades nacionales y provinciales en procura de mitigar sus efectos (arg. art. 375, CPCC). Veámoslo con mayor detenimiento.
III.2.a. Con fecha 20 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del DNU 297/20, estableció la medida denominada “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), de conformidad con la cual “...las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.” Adicionalmente, se previó expresamente que “[d]urante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.” (arts. 1, 2 y 5, DNU PEN 297/20).
III.2.b. Las señaladas medidas fueron prorrogadas por el Poder Ejecutivo Nacional por medio de los decretos de necesidad y urgencia 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y recién comenzó a modificarse con el 605/20, norma por la que se estableció el denominado “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” (DISPO).
El DISPO implicaba una atenuación de las restricciones adoptadas durante el ASPO, pero solo en los lugares contemplados expresamente en el art. 3 del DNU PEN 605/20 y entre los que se excluyó expresamente el aglomerado urbano denominado “Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA), al que pertenecía – por decisión de las autoridades públicas - el partido de La Plata (art. 11). Según el art. 10 de la norma, el ASPO se prorrogaba en el AMBA hasta el 2 de agosto de 2020, prohibiéndose las actividades que implicaran la concurrencia de personas (art. 18 inc. 3, DNU PEN 605/20).
III.2.c. Las disposiciones vinculadas al AMBA se prorrogaron por los DNU PEN 641/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y recién fueron modificadas con el dictado del DNU PEN 875/20.
La citada norma, cuya entrada en vigencia fue fijada el 9 de noviembre de 2020, en lo que interesa especialmente para la actividad de los centros de día para adultos mayores, habilitó su ejercicio bajo un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemplara la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restringiera el aforo al 50% de las superficies cerradas (arts. 2, 3, 6, 36 y concs., DNU PEN 875/20).
III.3.a Llegados a este punto, no parece dudoso el encuadre de la situación apuntada en el supuesto de hecho contemplado en el art. 1203 del Cód. Civ. y Com., de acuerdo con el cual, "[s]i por causas no imputables al locatario, éste se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes."
La doctrina especializada es conteste en reconocer que la imposibilidad de usar la cosa conforme a su destino constituye una causal de conclusión de la locación basada en la frustración de la finalidad que tuvo el locatario al contratar e hizo conocer al locador, siempre que ella atienda a causas ajenas a las partes, o bien para los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito (cfr. Salgado, A.J. “Locación, comodato y desalojo: Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 157/159).
III.3.b. Contrariamente a lo que podría pensarse, la frustración de la finalidad del contrato no ha sido una institución desconocida por los autores vernáculos y nuestros tribunales (v.gr. CNCiv., Sala M, in re “Alerse SRL c/ Carrefour Argentina SA”, sent. de 13/10/1997 y cfr. Morello, A.M. "Ineficacia y frustración del contrato", 2ª ed., Librería Editora Platense, La Plata, 2006, p. 96 y sgtes.), sin embargo, sus particularidades y complejidades, han llevado a decir a Mosset Iturraspe que los cuestionamientos que suscita “encuentran sentido y razón en la medida en que se trata de una noción aún en formación, no entera y definitivamente perfilada; asimismo, le otorga fuerza el hecho de originarse en un sistema jurídico como el inglés, diferente al de base romanizada; por lo demás, participa de las imprecisiones de otros conceptos contractuales, como los de objeto y causa, con los cuales está muy relacionada”. Da cuenta, entonces, de un cuadro de situación que el citado jurista explica como una consecuencia de la formación de la idea de frustración sobre la base de otros conceptos, sin dejarlos enteramente de lado, sino más bien, superponiendo algunos aspectos nuevos a los ya conocidos (Mosset Iturraspe, J. “La frustración del Contrato: Noción. Semejanzas y diferencias.”, RDPyC. Contratos. Parte General. 2016-3, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, p. 467).
Desde el vamos, conviene precisar que la figura se encuentra comprendida en lo que más ampliamente ha sido concebido como “frustración del contrato”, expresión que abarca diversos supuestos en los que, por alguna razón, lo convenido entre las partes no puede llevarse a cabo.
En el caso puntual de la “frustración del fin del contrato”, el fenómeno aprehendido es el cambio de circunstancias ocasionado por un hecho sobrevenido, ajeno a las partes, que traduce la modificación a una situación presupuesta por los interesados, al celebrar un singular contrato, con un valor determinante para el mantenimiento de esa relación contractual, distorsionando la función concreta que este debía cumplir, según la intención común de los interesados, de modo tal de provocar que uno de los contratantes pierda su interés en cumplir el acuerdo (cfr. Aparicio, J. M. “La frustración del fin del contrato”, RDPyC. Problemática contractual. Contratos en general. 2014-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 178). Para Gianfelici, a falta de una definición legal y en sentido estricto, la frustración del fin del contrato es el supuesto de hecho en el cual desaparece, de modo absolutamente imprevisible, la utilidad que debía proporcionar una de las prestaciones, según su naturaleza o el acuerdo inequívoco de las partes (cfr. Gianfelici, M.C. e n Bueres, A.J. (dir.), “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, Hammurabi, Bs. As., 2018, t. 3-C, p. 361).
A su turno Mosset Iturraspe, enseña que la construcción jurídica que nos ocupa constituye una teoría para aludir a la finalidad malograda, a las expectativas fracasadas, en orden a la base subjetiva y objetiva del negocio. Así, para el autor citado, el quid del instituto se encuentra en la pérdida de utilidad, en el fracaso de lo que se pretendía o esperaba conseguirse (cfr. Mosset Iturraspe, J., ob. cit., p. 466).
La referencia a la base subjetiva y objetiva del negocio nos conduce a la necesidad de reparar -brevemente- en las elaboraciones de Karl Larenz. En efecto, para el jurista alemán, la noción “base del negocio” debe ser entendida en un doble significado: como base del negocio subjetiva y como base del negocio objetiva.
La base del negocio subjetiva se relaciona con la común representación mental de los estipulantes por la que ambos se han dejado guiar para fijar el contenido del convenio, de manera tal que ambas partes deben haber compartido conjuntamente la suposición de un estado de cosas que orientó sus expectativas o cálculos y dio plafón para la celebración del contrato. Al faltar o desaparecer este compuesto subjetivo, porque cada una de las partes ha incurrido en un error en los motivos vinculados a una plataforma fáctica admitida por ambas, existe un vicio de la voluntad. Por su parte, la base del negocio objetiva se conecta con el conjunto de circunstancias y el estado general de cosas cuya existencia o subsistencia es objetivamente necesaria para que el contrato, según la intención de ambos contratantes, pueda subsistir como una regulación dotada de sentido. La mentada base objetiva del negocio desaparece en dos hipótesis: a) Cuando la relación de equivalencia entre las prestaciones se destruye de tal modo que ya, propiamente, no cabe hablar de contraprestación (en el ordenamiento argentino, este supuesto ha sido conocido como doctrina de la imprevisión) y b) Cuando la común finalidad objetiva del contrato, expresada en su contenido, haya resultado definitivamente inalcanzable, aun cuando la prestación del deudor sea todavía posible (“frustración del fin del contrato”) (cfr. Aparicio, J.M. ob. cit., p. 168 y 169; Larenz, K. "Base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos", Olejnik, Bs. As., 2018, p. 43/45)
III.3.c. Como viéramos, las restricciones adoptadas por las autoridades en el marco de crisis sanitaria condujeron a que el funcionamiento de establecimientos como el emplazado en el inmueble de calle 119 nro. 320 de La Plata, dedicado a la prestación de servicios médicos y de rehabilitación motora y cognitiva a través de profesionales de la salud y auxiliares de la medicina, sin internación, a personas con y sin discapacidad psíquica y física, bajo la modalidad de centro de vía, resultara absolutamente impedida (v. DNU PEN 297/20, sus prórrogas y modificaciones, especialmente en lo atinente al AMBA).
De allí que la aplicación de la frustración de la locación resulte indudable en este caso. De un lado, por el acaecimiento de un hecho sobreviniente y ajeno a la voluntad de las partes, tal como ocurrió con la imposibilidad del desarrollo de las actividades que venían ofreciéndose a los distintos pacientes del centro de día por efecto de las restricciones sanitarias dispuestas por las autoridades públicas en el marco de la pandemia motivada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19). Y del otro, por la pérdida de utilidad del uso y goce del inmueble arrendado para el locatario, cuyo destino había sido claramente fijado por las partes en el contrato celebrado el 19 de diciembre de 2017 (v. cláusula segunda del contrato obrante como archivo adjunto al escrito de 23/07/2020, 11:17:30 hs).
III.4. Hasta aquí, las coincidencias con la decisión adoptada.
Corresponde ahora fundamentar el porqué del apartamiento que propiciaré respecto del criterio seguido por la Jueza de grado en lo atinente a las consecuencias de la ineficacia contractual admitida en los términos del art. 1203 del Cód. Civ. y Com.
III.4.a. Como se dijera anteriormente, la ineficacia en estudio se encuentra comprendida en lo que más ampliamente ha sido concebido como “frustración del contrato”, expresión que abarca diversos supuestos en los que, por alguna razón, lo convenido entre las partes no puede llevarse a cabo.
Siguiendo a Alterini – Corna – Angelani – Vázquez, ha de apuntarse que un acto eficaz es aquel que además de ser acto con existencia jurídica, opera como tal en el sistema, es decir, cuando su estructura contiene todos los requisitos exigidos por el ordenamiento para “ser” acto jurídico (sustancia) y además opera o funciona como tal, esto es, “vale” en el tráfico jurídico (operatividad) (Alterini, J.H. – Corna, P.M. – Angelani, E.B. – Vázquez, G.A. “Teoría General de las ineficacias”, La Ley, Bs. As., 2000, p. 11/12).
Ahora bien, la doctrina especializada no es uniforme a la hora de ubicar en uno u otro grupo a la ineficacia derivada de la frustración del fin del contrato.
Así, por ejemplo, Gianfelici, sostiene que “…se trata de una ineficacia funcional, en cuanto su razón determinante no radica en un defecto de la estructura misma del contrato (ineficacia genética), sino en las consecuencias que el contrato regularmente formado produce en la realidad”. (Gianfelici, M.C. "La frustración del fin del contrato", Hammurabi, Bs. As., 2004, p. 132).
Dicha tesis es rechazada por Alterini – Corna – Angelani – Vázquez, quienes al referirse a la ineficacia derivada de la frustración del fin del contrato señalan que ella configura una de tipo sustancial sobreviniente por resolución. “Sustancial” porque el acto afectado pierde uno de los requisitos exigidos por el ordenamiento para “ser”, lisa y llanamente no hay más acto y, “sobreviniente”, debido a que nos hallamos frente a negocios jurídicos eficaces o perfectos desde su gestación pero que, por una circunstancia posterior, pierden su sustancia.
A un lado las diferencias doctrinarias apuntadas, el art. 1090 del Cód. Civ. y Com. no deja lugar a dudas de que nos encontramos frente a un negocio jurídico resuelto que depende de una declaración de voluntad recepticia de quien se ve perjudicado por la alteración de la base objetiva del contrato, por eso la norma establece que “…[l]a resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra.” III.4.b. Sobre ese piso de marcha, la resolución del contrato hace que las partes deban volver a la situación que tenían antes de contratar entre sí, originándose una obligación restitutoria entre ellas cuyo régimen general ha de buscárselo en el art. 1081 del digesto unificado (arts. 1079 y 1080, Cód. Civ. y Com.).
En lo que interesa para el asunto que nos ocupa, no debe perderse de vista que en los contratos con prestaciones recíprocas y de duración, las cumplidas quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes. Justamente, este es el caso de la locación, en donde el uso y goce de la cosa locada por un lado y el pago del precio por el otro, constituyen obligaciones que no son factibles de ser restituidas (cfr. Stiglitz citado por López Mesa, M.J. “Ineficacia y nulidad de los actos y negocios jurídicos”, Hammurabi, Bs. As., 2019, p. 386/387)
De ahí que no resulte tarea sencilla justificar el pago del capital e intereses reconocidos en la sentencia apelada. Veamos.
Es evidente que dicho desembolso no tiene por causa la obligación restitutoria derivada de la resolución contractual operada en los términos del art. 1203 del Cód. Civ. y Com., sino –con palabras de la Jueza de grado- en “…elementales razones de justicia y equidad [que] impiden que la frustración del fin del contrato deba ser exclusivamente soportada por el locador (arts. 2, 9 y 10 y sus doctr. del CCyCN).”. Es decir, lejos de traducir una restitución de prestaciones cumplidas por las partes de un negocio jurídico devenido ineficaz con efectos retroactivos, en puridad, nos hallaríamos frente a un desembolso dinerario tendiente a mitigar los efectos para el locador de la frustración de la locación resuelta.
Pues bien, incluso soslayando el problema que supone para la observancia del principio de congruencia procesal la ausencia de un concreto pedimento de la parte demandada en la línea del fallo dictado, cuya reconvención se ciñó a lograr el cumplimiento de la obligación de restitución del inmueble locado al estado anterior a la celebración del contrato (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° CPCC), en rigor, la doctrina especializada, al analizar la forma en la que podría contemplarse el interés del deudor en los supuestos de frustración del fin del contrato, ha sido conteste en reconocer el reembolso de los gastos que hubiere realizado para el cumplimiento de la prestación que devino inútil para el acreedor con exclusión del lucro cesante (Gianfelici, M.C. "La frustración del fin del contrato", ob. cit., p. 136/137 y 139; Gianfelici, M.C. en Bueres, A.J. (dir), “Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias”, ob. cit., t. 3-C, p. 408; Freytes, A.E. "La frustración del fin del contrato y el Proyecto de Código", LL 2013-C, 951 y LLeyonline AR/DOC/1641/2013; Leiva Fernández, L.F.P en Alterini, J.H. (dir.), "Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético", 2ª ed., La Ley, CABA, 2016, t. V, p. 550; Hernández, C.A. en Lorenzetti R.L. (dir.), "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", 1º ed., Santa Fe, 2015, t.º VI, p. 218/219 y arg. arts. 1082, inc. "b", 1090 y concs., Cód. Civ. y Com).
Sobre el particular, explicaba Larenz que a diferencia de lo que ocurre cuando la prestación devino imposible por razones que no son imputables al acreedor, en donde el deudor no solo pierde todas las ganancias que hubiese podido obtener del contrato, sino también los gastos hechos que luego resultaron inútiles, en los casos de frustración de la finalidad sería excesivo hacer recaer en quien ha procurado cumplir el contrato todos los gastos debidamente realizados. Efectivamente, aquí se trata de un contratiempo que afecta por igual a ambas partes, por lo que es justo que ninguna de ellas obtenga ventaja alguna del contrato y, en contrapartida, no lo es que la parte diligente pierda, junto con su pretensión de remuneración, la indemnización de sus gastos (cfr. Larenz, K. ob. cit., p. 169/170 - el resaltado no es del original). Llegados a este punto, las particularidades que supone el enfrentarnos a una causal de resolución contractual en la que una de sus notas distintivas viene dada por la ajenidad del suceso frustrante para las partes, conducen a rechazar, por regla, la procedencia de reparaciones comprensivas del lucro cesante, tal como aconteciera en la sentencia de grado.
Así las cosas y dados los términos en que quedó trabada la litis, asiste razón a la representación de Días y Flores Adultos Mayores SRL al señalar la improcedencia de la prestación dineraria impuesta a favor del señor Jorge Adrián Mazzetto con motivo de la resolución del contrato de locación en los términos del art. 1203 del Cod. Civ. y Com.
Por las razones y con el alcance expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez, doctor Federico García Ceppi, adhirió al precedente voto por idénticos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la señora Jueza, doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a los fundamentos brindados corresponde admitir el recurso de apelación incoado por la representación de Días y Flores Adultos Mayores SRL con fecha 27/06/2023, 11:58:28 hs. y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia dictada el 14 de junio de 2023 en lo atinente a la prestación dineraria impuesta a favor del señor Jorge Adrián Mazzetto con motivo de la resolución del contrato de locación en los términos del art. 1203 del Cod. Civ. y Com. Las costas de ambas instancias harán de serle impuesta al señor Mazzetto por el principio objetivo de la derrota (arts. 281, 726, 729, 957, 958, 959, 961, 965, 1012, 1013, 1061, 1063, 1067, 1078, 1079 inc. "b", 1080, 1081, 1082, 1090, 1187, 1192, 1194, 1203 y concs, Cód. Civ. y Com.; DNU PEN 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 714/20, 792/20, 814/20 y 875/20 y arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 242, 254, 260, 266, 267, 274 y concs., CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Juez, Federico Guillermo García Ceppi, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que corresponde modificar la sentencia de fecha 14 de junio de 2023 (arts. 281, 726, 729, 957, 958, 959, 961, 965, 1012, 1013, 1061, 1063, 1067, 1078, 1079 inc. "b", 1080, 1081, 1082, 1090, 1187, 1192, 1194, 1203 y concs, Cód. Civ. y Com.; DNU PEN 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 714/20, 792/20, 814/20 y 875/20 y arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 242, 254, 260, 266, 267 y concs., CPCC).
POR ELLO: Se admite el recurso de apelación incoado por la representación de Días y Flores Adultos Mayores SRL con fecha 27/06/2023, 11:58:28 hs. y, en consecuencia, se revoca parcialmente la sentencia dictada el 14 de junio de 2023 en lo atinente a la prestación dineraria impuesta a favor del señor Jorge Adrián Mazzetto con motivo de la resolución del contrato de locación en los términos del art. 1203 del Cod. Civ. y Com. Costas de ambas instancias al señor Mazzetto por el principio objetivo de la derrota (arts. 281, 726, 729, 957, 958, 959, 961, 965, 1012, 1013, 1061, 1063, 1067, 1078, 1079 inc. "b", 1080, 1081, 1082, 1090, 1187, 1192, 1194, 1203 y concs, Cód. Civ. y Com.; DNU PEN 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 714/20, 792/20, 814/20 y 875/20 y arts. 34 inc. 4, 68, 163 inc. 6, 164, 242, 254, 260, 266, 267, 274 y concs., CPCC). Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac. 4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
Destinatario: MICHELLOD GUSTAVO ADOLFO Destinatario: MAZZETTO JORGE ADRIAN
Fin de la sentencia