Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.016-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, en cuanto fue materia de agravio, el artículo 1° de la Resolución N° 5545/14, dictada en las actuaciones administrativa SIGEA N° 13696-161-2009. Con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-74005887-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Julio de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “DIAZ BURGOS EDUARDO FELIPE c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 36.016-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 2/10 se presenta el Sr. EDUARDO FELIPE DIAZ BURGOS, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 5545/14, de fecha 25 de agosto de 2014, dictadas en el marco de las actuaciones administrativas 13696-161-2009, por la que se le endilga la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1°, inc. a) del CÓDIGO ADUANERO, respecto de la mercadería documentada a través del despacho de importación N° 09 001 IC04 100832 K; y se lo intima al pago de $ 317.633,70 en concepto de multa, como así también se formula Cargo por la suma de U$S 68.659,03 y $56.180,11, con más los intereses previstos en el artículo 794 de la ley 22.415.
Señala que oficializó oportunamente la destinación de importación citada, documentando respecto al ítem 3, mercadería en la posición arancelaria 8482.99.00219R, para lo cual se abonaron la totalidad de los tributos correspondientes. Sin embargo, y luego de proceder a la verificación, el servicio aduanero consideró que dicha mercadería correspondía ser documentada en otra Posición Arancelaria 8482.99.00.212B, resultando de aplicación la Resolución N° 405/06 MEP.
Resalta que su condición de despachante de aduana lo exime de responsabilidad alguna atento haber actuado declarando y documentando la destinación en orden a la documentación brindada por el importador y que amparaba la mercadería importada según texto, calidad, componentes, valor, etc., por lo que, ante la presencia de discrepancias en torno a la clasificación de la mercadería, no puede irse en contra del despachante interviniente. Plantea la aplicación del principio del plazo razonable, remarcando que se advierte una afectación a la garantía del debido proceso y cita jurisprudencia al respecto.
Sostiene que corresponde exonerar de responsabilidad al despachante de aduanas por haber cumplido con la labor inherente a su función y ser ajeno a todo grado de responsabilidad, destacando que sirvió debidamente a la autoridad aduanera para que en su potestad y función de clasificar, disponga de cada elemento para llegar a la correcta clasificación.
Subraya que no existe posibilidad de reproche infraccional para con el despachante de aduanas que debidamente ha cumplido su función, y que la única discrepancia resultó ser una cuestión netamente clasificatoria. Afirma que para la mercadería de autos, la cual no es considerada mercadería terminada, no le es aplicable un derecho antidumping, resaltando que existe una clara equivocación del denunciante en cuanto al tipo de mercadería.
Peticiona la aplicación al caso de lo preceptuado en el artículo 898 del CÓDIGO Aduanero, en cuanto a la duda respecto a la aplicación o no del derecho antidumping, y cuestiona la graduación excesiva de la multa citando la ausencia de antecedentes y la buena fe como elementos para sustentar la reducción.
Finalmente, hacer reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que, oportunamente, se disponga absolverlo o en subsidio, reducir la multa por debajo del mínimo legal.
II. Que a fs. 21/25 y vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido en autos. En primer lugar, realiza un breve resumen del objeto de la causa y de lo actuado en sede aduanera. Asimismo, por imperativo procesal niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, documentación y/o copias que contenga el escrito en traslado, que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Destaca que resulta imprescindible que los despachantes de aduanas, importadores, transportistas, agentes de transporte, viajeros, tripulantes, etc. suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio e informaciones necesarias que permitan al servicio aduanero ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos aplicables. Manifiesta que las declaraciones efectuadas, para dar cumplimiento a las destinaciones u operaciones con mercaderías, introducidas o extraídas por las vías acuáticas, terretres o aéreas, comprometen las responsabilidad de quienes la formulan, ya que las inexactitudes en que incurran en ellas son punibles si, como efecto de ellas y en caso de pasar inadvertidas, se produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal, una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación o el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar, distinto del que efectivamente correspondiere. Cita jurisprudencia, normativa aduanera vinculada y destaca que, en el caso de autos, al tratarse de una mercadería distinta a la oportunamente documentada, y no habiendo aportado la actora pruebas conducentes en apoyo a sus dichos, resulta a todas luces que las conclusión arribada es acertada. Contesta el planteo de la prescripción efectuado por la actora y la violación del principio del plazo razonable argumentando que ha cumplimentado con todos y cada uno de los pasos procedimentales y en todo momento la recurrente ha tenido el pleno ejercicio de su defensa. Niega la posibilidad de aplicación del principio de la duda, que surge del artículo 898 del CÓDIGO Aduanero, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13696-161-2009 y 12131-126-2009 se inician a fs. 2 con el acta de denuncia N° 94/09 a través de la cual se determina que debe abonarse un derecho antidumping ya que se determino a prima facie una infracción al art. 954, inc. a), del C.A. A fs. 4 surge el sobre contenedor N° 09 001 IC004 100832 K. A fs. 6 surge la planilla de liquidación. A fs. 26 se resuelve aperturar sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del C.A. A fs. 28 obra la determinación de la garantía. A fs. 31/32 se solicita la restitución de la mercadería bajo el régimen de la resolución 2706/97. A fs. 55/55 y vta. surge la corrida de vista de todo lo actuado a la firma CKF SA y al despachante de aduana EDUAROD FELIPE DIAZ BURGOS. A fs. 62/94 se interpone acción de amparo. A fs. 106/112 vta. se presenta el referido despachante de aduana y contesta la vista conferida. A fs. 113 se tiene por presentadas a las partes, por contestado el traslado conferido y se abre a prueba. A fs. 125 se acompaña sobre contenedor con las muestras requeridas de la mercadería. A fs. 128/129 obra el dictamen técnico N° 9/14. A fs. 133/136 y vta. surge la Resolución DE PRLA N° 5545. A fs. 143/144 el despachante de aduana acredita apelación ante el Tribunal Fiscal contra la Resolución 5545/14 y acompaña formulario F4.
IV. Que, en primer lugar, y por una cuestión de orden procedimental, corresponde analizar el planteo de extinción de la acción, que fuera expresamente introducido en la litis por la parte recurrente en el Pto. 3. A) de su líbelo inicial (vide fs. 3/4 vta.).
Que sin perjuicio de la locución terminológica que emplea el apelante, cabe colegir que su pretensión se endereza a solicitar la declaración de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas (arts. 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero), por aplicación de la doctrina del “plazo razonable”.
En tal sentido, corresponde dejar sentado que el demandante ha sido solamente condenado en forma solidaria al pago de una multa de $ 317.633,70 en los términos del artículo 954, inciso a), de la ley 22.415 (confr. art. 1° de la Resolución DE PRLA Nro. 005545 de fecha 25 de agosto de 2014); y no por los tributos que surgen del artículo 3° de la Resolución aduanera apelada en la litis, sin perjuicio que del análisis del escrito recursivo y del F.4 glosado a 1 pareciera cuestionar ambos conceptos.
En efecto, y toda vez que mediante el referido artículo 3° se formula cargo por la suma de U$S 68.659,03, lo cierto es que se lo hace en forma innominada –y no ajustada a derecho-, es decir, sin mencionar los sujetos sobre los cuales recaen las consecuencias jurídicas del mismo. No obstante, del último Considerando de la citada resolución se desprende, sin hesitación alguna, que la DGA hace saber solamente al “importador sumariado” (y no al Despachante de Aduana interviniente) el monto de los tributos adeudados, por lo que cabe concluir que el Sr. EDUARDO FELIPE DIAZ BURGOS ha sido expresamente condenado al pago de la multa contenida en el artículo 1°, y no por los tributos enunciados en el artículo 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 005545 de fecha 25 de agosto de 2014.
V. Que, bajo tales premisas, a los efectos de la resolución de la litis corresponde analizar de modo expreso la aplicación de la doctrina del “plazo razonable de tramitación de los procesos fiscales”, que fuera introducida por la Vocalía de la 16va. Nominación en el espectro tributario nacional hace casi un decenio, y que pareciera permanecer aún atrapada en una suerte de epojé (ἐποχή) tanto doctrinaria como jurisdiccional, en la faz aduanera e impositiva, toda vez que, a pesar de constituir un indiscutido principio de raíz convencional (confr. art. 8, inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos), que ha sido reiteradamente destacado por señera jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y adoptado por nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver una causa de naturaleza aduanera en Fallos 334:1264-, se la sigue manteniendo “entre paréntesis” (Einklammerung), en un cuasi absoluta posición de «desconexión»
(Ausschaltung) al momento de resolver en justicia, donde no sólo quedan encerradas las doctrinas y teorías respecto de esta realidad, sino también la realidad del citado argumento apodíctico mismo, lo cual deriva -en consecuencia- en un estado de palmaria reducción fenomenológica (confr. Husserl, Edmund, 1962; “Ideas relativas a una fenomenológica pura y una filosofía fenomenológica”, Fondo de Cultura Económica, México, 2da. Edición en español), al que se debe hacer cesar, a los fines de garantizar un pleno, amplio, efectivo e integral estado constitucional y convencional de derecho.
Pues, en caso contrario, la referida garantía convencional seguirá bajo el estricto dogma de una vigilancia epistemológica (confr. Bachelard, Gaston; 1987, “La formación del espíritu científico”, Siglo XXI, Editores S,A, Buenos Aires, Argentina), propiamente solipsista, carente de sentido noemático, y sin posibilidad de desplazamiento alguno en el mundo jurídico circundante.
Es más, la Vocalía de la 17° Nominación en la década anterior aplicaba dicha doctrina (en la actualidad ha dejado de hacerlo) mediante un voto “conjunto” emitido por la Sala “F” –extremo que tiende a confundir, o directamente ha confundido, el análisis de la doctrina aduanera mayoritaria en relación al criterio del Tribunal Fiscal en la materia-, aunque TODOS los expedientes que se han resuelto en tal sentido eran originarios de la Vocalía de la 16° Nominación y, obviamente, proyectados por la misma.
VI. Que, bajo el referido paradigma, corresponde analizar la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas.
Que los artículos 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
VII. Que, en tales condiciones, por razones de brevedad y economía procesal corresponde remitirse -en lo primordial- a los fundamentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2011 en autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”, en tanto resulta sustancialmente análoga a la presente, a los fines de resolver lo atinente a la prescripción del Fisco para imponer sanciones en cabeza del Despachante de Aduanas.
En efecto, en lo que aquí interesa el Tribunal Cimero señalo que “...el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982)...”; por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
En este contexto, y dejando a salvo la opinión del suscripto esbozada en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.840-
A., del 2/12/2013, “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.553-A., del 3/12/2014, y “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020 –donde el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal-, entre otros, acerca de las facultades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, atento su singular naturaleza jurídica de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), cabe colegir que el procedimiento sumarial de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas). Ello así, toda vez que a la fecha se ha prolongado durante más de diecinueve (19) años, siendo que de las actuaciones administrativas se desprende que la fecha de vencimiento de la operación de importación objeto de autos ha tenido lugar en el año 2009.
A mayor abundamiento, cabe señalar que a idéntica solución arribó nuestro Más Alto Tribunal en la causa "Sudamericana de Intercambio SACI y F c/ Administración General de Puertos" (Fallos: 312:2075) respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto la pena de multa, en un supuesto semejante al que se plantea en el sub lite; siendo que en la causa "Egea" afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por [en ese caso] casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías del plazo razonable de proceso y del derecho de defensa" (Fallos: 327:4815). Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de tales precedentes, corresponde que sea este Tribunal Fiscal el que ponga fin a la presente causa —en cuanto aquí se trata— declarando la extinción de la acción penal por prescripción.
Asimismo, la decisión que se adopta guarda expresa correspondencia con la reciente doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sustentada por la Sala I in re “Alles Import SACIFI c/DGA-resol. 110/06”, del 8/4/2014 y por la Sala V in re “Aero VIP S.A. c/ DGA” del 19/6/2014; como así también por las Salas II y III de la Cámara Nacional de Casación Penal in re “Arano Miguel Ariel”, del 30/12/2011, e “Isasi, Esmeralda María”, del 25/9/2013, respectivamente; entre muchos otros.
VIII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada (25/8/2014) ha sido notificada al recurrente (7/5/2015) más de 8 meses después de haber sido dictada.
IX. Que, por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada, considerando el marco fáctico de excepción que se desprende de la litis -por lo que no procede adoptar la presente solución de modo automático y sin merituar el contexto temporal propio de cada causa a otros procesos que tramitan por ante este Tribunal-, en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
X. Que, no obstante el modo en que se decide el aspecto prescriptivo, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia de la Sala “F” en tal sentido –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
XI. Que, sentado ello, corresponde determinar si resulta procedente o no la imputación de responsabilidad solidaria al despachante de aduana, en relación a la infracción y a la pena de multa aplicable en la litis. Que, en primer lugar, cabe destacar que el despachante de aduana es un auxiliar del servicio aduanero que ejerce una función de representación al realizar en nombre de otros los trámites y diligencias respectivas a las destinaciones y demás operaciones aduaneras de importación o exportación.
Que, ante la aludida infracción de declaración inexacta, son responsables tanto el importador representado por el despachante de aduana, como este último en su carácter de documentante de la destinación, salvo que éste probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo, en cuyo supuesto será responsable solamente el importador.
Que, en ese sentido, tiene sentenciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Garibotti, Armando” (Fallos, 287:191), que en principio queda exento de responsabilidad el despachante que, cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador/exportador y a lo que surge de la documentación complementaria, salvo hechos personales que lo comprometan.
Que pacífica jurisprudencia en la materia ha sentado el criterio de que es suficiente que de algún modo esté acreditado el referido cumplimiento (es decir resulte o no tal acreditación de una prueba concretamente aportada por el despachante), y que deben considerarse cumplidas tales obligaciones cuando el despachante –en su declaración- se ajusta a las instrucciones del importador, siendo que –siempre conforme la jurisprudencia- así ocurre cuando el despachante se ajusta a los datos de la documentación complementaria (básicamente, factura comercial y conocimiento) obviamente proporcionada por el importador (ver voto del Dr. Jorge Sarli in re “ASTBURY, EDGARDO C/D.G.A. S/REC. DE APELACIÓN”, Expte Nº 16753-A, de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación).
Que el despachante de aduanas, en su intención de demostrar que la declaración efectuada se ajustaba a derecho, ofreció como prueba informativa librar oficios al INTI, a la Cámara de importadores de autopartes y al proveedor y/o fabricante del producto. Que, a fs. 28 solicita que para cumplir con dicha prueba resulta necesario librar oficio a la Dirección General de Aduanas, a efectos de que acompañe las muestras correspondientes a la mercadería objeto de tratamiento, lo cual es cumplido a fs. 49/68. Pese a ello, la aquí actora nunca mostró interés en la producción de la prueba tendiente a apuntalar sus argumentos, lo que derivó en que a fs. 108 se diera por decaído el derecho a producir prueba en la presente causa. Asimismo, de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 13696-161-2009 y 12131-126-2009 tampoco se advierte ninguna medida probatoria que permita desvirtuar los dichos del servicio aduanero en relación al Ítem 3 de la Destinación N° 09 001 IC04 100832 K. De esta manera, resulta imposible cotejar si la posición arancelaria declarada por la actora se ajusta verdaderamente a la mercadería importada, no siendo pasible de la aplicación de un derecho antidumping.
Que el despachante no ofreció ni tampoco aportó prueba que acreditase que estaba siguiendo expresas indicaciones de su mandante, circunstancia que hubiera posibilitado deslindarse de la responsabilidad que le fuera debidamente imputada.
Cabe señalar que con la entrada en vigencia de la ley 25.986, el despachante dejó de ser un mero gestor, circunscripto a realizar trámites de operaciones propias de sus funciones, para convertirse en un asesor de comercio exterior. De este modo se ha señalado que “la actividad profesional del despachante de aduana no sólo se limita a la importación o exportación de mercadería, sino que con su intervención colabora con el servicio aduanero en establecer en forma ordenada y correcta la percepción de tributos aduaneros” (ANDREA M. ZABALA DUFFAU Y EDUARDO VICENTE, LA RESPONSABILIDAD DEL DESPACHANTE DE ADUANA DESDE LA ÓPTICA PENAL, Revista de Estudios Aduaneros Nº 19, Segundo Semestre de 2007 / Primer Semestre de 2008).
Que, a mi juicio, el despachante de aduana debió advertir que la posición arancelaria declarada en el ítem 3 de la Destinación N° 09 001 IC04 100832 K no estaba en concordancia con la mercadería efectivamente importada, toda vez que, conforme surge de la Nota N° 48/2009 obrante a fs. 21/21 y vta. de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero constató un total de 100.000 unidades de aros externos terminados para rodamiento de bolas de una hilera correspondiente a la Serie 6203, los cuales se encontraban acondicionados en 4 pallets con 50 cajas de cartón cada uno de ellos conteniendo en su interior 50 envases tubulares plásticos conteniendo 10 unidades cada envase, siendo el peso neto total de los aros externos de 2700 kilogramos, origen China; clasificables por la posición arancelaria 8482.99.212 B., lo cual, como se afirmó precedentemente, no pudo ser desvirtuado por la parte actora, dando lugar a que dicha parte debiera tributar en concepto de derechos antidumping el equivalente a la diferencia del valor mínimo establecido de U$S 25,09 por kilogramos y el precio FOB declarado, según lo dispuesto por la Resolución MEP N° 405/06.
XII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto –por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras S.A. c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre muchos otros). Que, por ello, VOTO por:
Confirmar, en cuanto fue materia de agravio, el artículo 1° de la Resolución N° 5545/14, dictada en las actuaciones administrativa SIGEA N° 13696-161-2009. Con costas a la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, en primer lugar, hago propios el relato de los hechos y de la prueba colectada en la instrucción del sumario que tengo a la vista y que formulara el Dr. Garbarino.
En segundo, que no obstante compartir la solución que propicia para dar respuesta al entuerto, estimo necesario –pues a ello invita- formular ciertas aclaraciones frente a las horteras apreciaciones que realiza en el discurrir de su deposición.
Lenguaje claro o la ciénaga de la vanidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del poder judicial y zenit de nuestro cometido jurisdiccional, mediante la Resolución N° 2640/2023 ha receptado un reclamo popular y, obrando en consecuencia, invitó a los operadores del sistema de justicia a expresarnos de manera clara, sencilla y concreta fijando lineamientos para ello. La justicia como servicio público esencial no solo debe estar disponible para quien la requiera, debe ser accesible para que el lector promedio no deba recurrir a la piedra de Rosetta para su decodificación.- La doctrina también ha sido contundente en recoger el guante de ese desafío señalando que “(…) El juez tiene la obligación de explicarse. No se trata sólo de un derecho del usuario del servicio de justicia. El que desempeña una función pública debe hacer saber en forma clara los argumentos y razones que brinda para condenar o absolver. Estas razones han de ser entendidas, en primer lugar, por las personas a las que van dirigidas. Pero, además, por la sociedad toda, que así podrá ejercer un control democrático sobre estos actos públicos, como son las sentencias (…)” (Guillermo D. González Zurro, “Sentencias en Lenguaje Claro”, T. Edit., La Ley 2018-F del 28/12/2018, Cita ON LINE AR/DOC/2608/2018).
En lo personal, sigo convencido de que la claridad no está reñida con la sofisticación, ni el sentido común con el rigor técnico. Tal vez por eso nuestras resoluciones, sin necesidad de rodeos ontológicos, han sido acogidas y reproducidas desde antaño por el ámbito académico.
Comparto la enseñanza de Alejando Horowicz, ensayista y doctor en ciencias sociales, quien sutilmente enseña que “la fuerza del lenguaje sirve a la debilidad de sus protagonistas y la ironía desplaza, reemplaza, la solidez argumental” (v. Horowicz, A. (2021); “Los cuatro peronismos”, pág. 59, Buenos Aires, Edhasa.)
La ilustración que magistralmente realiza el Dr. Garbarino despertó en mi esfera íntima la honra de descubrir que nuestras modestas resoluciones han logrado tal resonancia que han pasado, al parecer, de la jurisprudencia a la fenomenología.
No todos los días uno desvela que, al imponer una multa aduanera, ha quedado atrapado en una “reducción fenomenológica pura” o que ha sido arrastrado a un “estado de palmaria desconexión” (¿de qué?) ni que, para interpretar el plazo de prescripción era preciso enfrentarse al “conjunto noemático” del derecho positivo. Así como reconozco la profundidad hermenéutica de quien ve en cada expediente una excusa para traer al foro a la Escuela de Gotinga lamento tener que incurrir en la no menos poco feliz práctica de exceder el marco de lo pretendido por el justiciable al excitar esta jurisdicción y a lo que acostumbro dar respuesta apropiada. Empero, estimo como mandato del buen operador jurisdiccional, el velar por una adecuada prestación del servicio de justicia -tan maltratado por los vanidosos profetas del derecho- y es por ello que formulo estas apreciaciones, tan foráneas a lo que quisiera como necesarias para expresar lo que debo pues, no todo da igual. (Enrique Santos Discépolo, Cambalache, 1934)
Sentado lo anterior, entiendo ahora que corresponde desentrañar la propuesta del Dr. Pablo Garbarino en el discurrir de su particular análisis y tratamiento del agravio que introduce la actora, puntualmente en relación a la afectación de su derecho a ser juzgado sin indebidas dilaciones Vale recordar que, tal como el Vocal titular de la Vocalía de la 16ª nominación viene izando desde antaño, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación –y no un operador de menor jerarquía- la que, desde “Losicer” (L.216.
XLV. Losicer, Jorge Alberto otros c/ BCRA Resol. 169/05 (expte. 105666/86 SUM FIN 7081) viene recomendando a los jueces –estimo que es contemplativo de la misión jurisdiccional de quienes integramos este tribunal jurisdiccional administrativo- la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión apelando para ello al exhaustivo análisis casuístico de circunstancias fácticas concretas: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento En este caso -cuyo génesis se remonta al año 2009- recaló en la Vocalía a cargo del Dr. Garbarino en el año 2015 y, si bien no presenta una complejidad a destacar, lo cierto es que la nimia proactividad de la actora en la sustanciación no puede resultar intrascendente a la hora de analizar el tiempo que insumió el proceso. Adviértase a guisa de ejemplo que a fs. 109 del principal, el Vocal instructor preopinante dio por decaído el derecho de la actora a producir prueba por su inactividad y falta de respuesta a las intimaciones cursadas. Notemos que el Estado, consabidamente burocrático e insaciable consumidor de los recursos que obtiene a través de la percepción de tributos, requiere de la responsable acción de quienes lo componemos, pero sin prescindir de la asistencia que el contribuyente debe brindar para lograr el éxito del contrato que nos rige como regla de convivencia.
Es tan quimérico como injusto erigirse como Juez del tiempo divorciándose de la realidad que enmarca el funcionamiento de la Aduana cuyas áreas técnico jurídicas están abarrotadas con sumarios que desnudan lustros de retraso.
Esa demora y la disfuncionalidad del sistema jurisdiccional aduanero no son ajenas a este Tribunal ni desconocidas para el contribuyente, máxime cuando – como en este caso- se desempeña onerosamente como operador del comercio exterior.
Las sabias y sagradas escrituras en Mateo 7:3 enseñan qué es lo que no debe hacerse al juzgar y esa debe ser la máxima que debe prevalecer ante la tentación de aplicar el instituto del plazo razonable al extremo de la devaluación de su nobleza.
Estas son las razones por las que no colijo razonabilidad en la pretensión extintiva del despachante de aduana, Eduardo Felipe Díaz Burgos.
Así lo voto.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar, en cuanto fue materia de agravio, el artículo 1° de la Resolución N° 5545/14, dictada en las actuaciones administrativa SIGEA N° 13696-161-2009. Con costas a la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Guillermo Felipe Coronel (20-23984361-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.07.07 18:01:14 ART Date: 2025.07.08 14:40:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.08 14:40:59 -03:00
Fin de la sentencia