Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2467/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por el demandado en PE160725-2021 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de PE142034-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2467/21-TSJ Interlocutorio N°: 719 Actor: DIAZ FLORA MARIA Demandada: TEVEZ RAUL ALFREDO Objeto: COMPENSACIÓN ECONÓMICA Fecha: 28-09-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 719 FOLIO Nº 4324/4330 PROT. ELECT. TSS1 020 S.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 28 días del mes de septiembre de dos mil veintidós, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el Dr. Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “DIAZ, FLORA MARIA c/ TEVEZ RAUL ALFREDO s/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA”, Expte. Nº D-26.970/19 (D-2467/21-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE160725-2021?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión, la Dra. Mercau, el Dr. Basanta y la Dra. Ludueña Campos dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia para dar tratamiento al recurso de casación articulado por el demandado, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Juan Pablo Codino (cfr. PE160725-2021), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE142034-2021). En su presentación, el recurrente procura se revoque la misma, sustentando la casación en la arbitrariedad y absurda valoración de las pruebas que, considera, contiene el fallo.- Un resumen del caso que motivó la elevación de estos autos será útil a los fines de clarificar la controversia que debe resolverse.-
Al demandado se le dio por perdido el derecho a contestar demanda por considerar, el Juez de la causa, que la presentación efectuada el 2 de marzo de 2021 (cfr. PE64125-2021) era extemporánea. Para así decidir se basó en la habilitación de plazos que había dispuesto en PE21498-2020. Es que si bien los plazos se encontraban suspendidos por disposición de este Tribunal Superior de Justicia a raíz de la pandemia Covid-19, en estos autos, excepcionalmente, se los habilitó mediante aquella providencia del 19 de noviembre de 2020. Así, al contar el término a partir de dicha habilitación, el Magistrado consideró vencido el plazo para contestar la demanda (cfr. PE68600-2021).- El accionado opuso contra dicho proveído, revocatoria con apelación en subsidio (cfr. PE78777-2021). La primera fue rechazada y, consecuentemente, se concedió la apelación (cfr. PE90173-2021).-
Lo que alegó en su recurso de apelación, surge de las constancias de autos: que el 25 de junio del 2020 la demandada fue notificada por cédula Ley Nº 22.172 en su domicilio sito en la ciudad de Córdoba (cfr. PE20294-2020). Con posterioridad a esa fecha, los plazos fueron suspendidos por la resolución tomada por este Alto Cuerpo a causa de la pandemia generada por el virus Covid-19. No obstante, ante un pedido expreso de la actora (cfr. PE cit.), el Juez habilitó los plazos procesales y administrativos; empero omitió disponer, dado que el demandado no había tomado aún intervención en autos, que tal medida se le notificara en el domicilio real (cfr. PE21498-2020).-
Por ello adujo en su apelación, que al ser notificado de la demanda en su contra mientras estaba vigente la suspensión de plazos y no enterarse de la habilitación de términos decidida exclusivamente para esta causa, no pudo saber que le estaban corriendo los plazos para contestar la demanda y ello fue el motivo de que su presentación resultara extemporánea. Explicó que: “…si mi cliente no se encontraba presentado y por ende para entonces no se encontraba vencido el término para comparecer y contestar el traslado conforme los plazos expresamente contenidos dentro de la Cédula Ley N 22172 librada en la presenta (sic) causa ¿De qué manera podría haberse el demandado enterado de la habilitación de los plazos? […] Así, se ha vulnerado en forma patente el derecho de defensa en juicio, al considerar extemporáneo (sic) la contestación de demanda, como consecuencia de una providencia que no fue del conocimiento ni fue notificada ni consentida por mi mandante…” (cfr. PE78777-2021).- La Excma. Cámara de Apelaciones resolvió, por un lado, que le asistía razón al recurrente en que la habilitación de plazos dispuesta en esta causa debió notificársele por cédula y, en atención a que el demandado no se encontraba presentado en el expediente, la misma debía dirigirse al domicilio real denunciado en el escrito de demanda; por ese motivo, consideró que la habilitación de plazos nunca fue activada y no debió tenérsela en cuenta para el cómputo del término en cuestión (cfr. PE142034-2021).-
No obstante, sostuvo el Tribunal a quo, que los plazos procesales se reanudaron a partir del 25 de junio de 2020 y se encontraron habilitados hasta el 15 de julio del mismo año, luego se decretó una nueva suspensión los días 16 y 17 de julio, a lo que le siguió el receso invernal y la feria extraordinaria desde el 1 de agosto hasta el 18 de diciembre de 2020 inclusive, período al que sucedió la feria de verano, hasta que finalmente se reanudaron los plazos el día 4 de febrero de 2021. Así es que, durante el lapso señalado precedentemente, transcurrieron, según la Alzada, doce (12) días hábiles de los veintiocho (28) que tenía el demandado para contestar la demanda, quedándole pendientes dieciséis (16) días hábiles, los que comenzaron a contar desde el 4 de febrero de 2021 (cfr.
PE cit.).- Dijo la Cámara: “…más allá de asistirle razón al recurrente en cuanto a la falta de notificación, se debe advertir que los plazos se reanudaron el día 4 de febrero de 2021, mediante Resolución del T.S.J. inscripta al T° N° CX, R° 148, F° 181/183, con lo cual los 16 días restantes comenzaron a correr a partir de ese día, venciendo el plazo conferido el día 1° de marzo de 2021. En consecuencia, atento a que la contestación de demanda se presentó mediante escrito PE64125-2021, código de validación ynhjm9, el día 2 de marzo del corriente año a las 20:37:54, por lo que a los efectos del proceso judicial y cómputo de plazos se tiene por presentado el día 3 de marzo de 2021 a las 8:00 hs. conforme lo dispuesto mediante el Artículo 10 del Anexo I de la Resolución del T.S.J. inscripta al T° CCXXVI, R° 73, F° 121/124, la misma resulta extemporánea.” (cfr.
PE cit.).- Contra esta decisión, el accionado interpone el recurso de casación, que funda en que el fallo recurrido es arbitrario y absurdo “…al ignorar…el plazo que expresamente se hallaba consignado en la cédula de notificación que recibió el Sr. Tevez de 41 días hábiles, pues ese (sic) el tiempo al que asciende el cómputo total de los días que Juez (sic) de Primera Instancia y Secretario firmaron en la cédula que recibió el accionado como el tiempo del que disponía para contestar la demanda y tal es así que en ese convencimiento el aludido hizo su presentación dentro de dicho término, lo cual fue erróneamente juzgado en la instancia anterior, que ha realizado su cómputo sin tener en cuenta la citada constancia que obra en la causa […] Y viene mi parte a plantear Recurso Extraordinario porque la Cámara de Apelaciones si bien considera que es invalida (sic) la rehabilitación de plazos, ya que no se concretó en la forma en que estipula el Código de Rito hace mención ahora a un plazo de 28 días que no surge de la constancia que tenía en miras para juzgar el cómputo que le fue otorgado al demandado para ejercer sus derechos, cuando expresamente la cédula otorgaba a mi mandante un plazo de 41 días al efecto, es decir, que a la fecha de presentación de la contestación de demanda aún quedaban 13 días hábiles para presentar la misma…” (cfr.
PE160725-2021).- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada (cfr. PE179577-2021), este Alto Cuerpo lo declara bien concedido (cfr. PE364531-2022), poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las mismas haya hecho uso de las facultades conferidas en dicha norma (cfr. certificación de PE382612-2022).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina que: “Por todo lo precedentemente expuesto, no cabe otra posibilidad que sostener, tal como lo hace el recurrente, que el interlocutorio atacado realiza un cómputo incongruente, vulnerando en forma manifiesta el derecho de defensa en juicio, debiendo prosperar los agravios esgrimidos por la parte demandada.” (cfr. PE403752-2022).-
Se llaman autos para dictar sentencia en PE270753-2022 y pasan las presentes actuaciones a estudio en PE416228-2022.-
II. De inicio, es oportuno dejar constancia que la resolución que da por decaído el derecho del demandado a contestar demanda -como acontece en autos- es equiparable a definitiva a los fines del recurso de casación, pues impide definitivamente al accionado ejercer en plenitud su derecho de defensa, que no podrá reeditar en ningún otro proceso, causándole así un gravamen de imposible reparación ulterior.-
Así es que se consideran equiparables a las sentencias definitivas los pronunciamientos anteriores a aquéllas que ponen fin al pleito e impiden su continuación y, también las que, como en este caso, acarrean un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, precisamente porque no habrá oportunidad, en adelante, de volver sobre lo resuelto (cfr. CSJN, “Comisión Municipal de la Vivienda c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Cumplimiento de contrato - Recurso de hecho”, del 09/03/2004, wwwrubinzalonline.com.ar. Cita: RC J 1761/04; Fallos: 292:202; 335:1885; 327:5965, entre otros).- En el caso, sintéticamente, lo que agravia al demandado es que en la cédula de traslado se le concedió un plazo de quince (15) días que se amplió en trece (13) días y en trece (13) días más en razón de la distancia para contestar la demanda (cfr.
PE160725-2021), es decir que, conforme a dicho instrumento, tenía un plazo de cuarenta y un (41) días hábiles para contestar. Sin embargo, independientemente del estiramiento del plazo producto de las ferias judiciales decretadas en virtud de la pandemia Covid-19 y que no han sido objeto de discusión, la Cámara, en la resolución ahora apelada, considera que el plazo del que disponía era de veintiocho (28) días: quince (15) más trece (13) en razón de la distancia (el demandado se domicilia en Córdoba).- Se advierte que en la cédula Ley Nº 22.172, mediante la cual se corrió traslado de la demanda al señor Tevez, se transcribió mal el proveído de fs. 47 (que otorgaba un plazo de quince (15) días más trece (13)) y en ella puede leerse: “De la demanda promovida, de la documental que la instruye, y del Reclamo Compensatorio efectuado por la accionante, córrase traslado al Sr.
Tevez Raúl Alfredo por el término de quince (15) días, plazo que se amplía en trece (13) días en razón (art. 476 inc. 2° del código de rito) plazo que se amplía en trece (13) días más en razón de la distancia…” (cfr. PE20294-2020).- Es decir que en la cédula aludida se hizo constar un plazo de quince (15) días, más trece (13), y trece (13) más (total cuarenta y un (41) días) y fue dentro de este plazo que el demandado contestó la demanda. No obstante se consideró, en la instancia de grado, extemporánea la presentación y se tuvo por no contestada la demanda, señalando la Cámara, sobre este punto, que el plazo para hacerlo era de veintiocho (28) días, los que vencieron el 1° de marzo de 2021; y como el escrito se agregó el 3 de marzo de 2021 a las 8:00 horas, el plazo ya había fenecido.-
III. Lo primero que se advierte es que el agravio con el cual el accionado arriba a casación, no fue introducido al apelar la resolución de primera instancia que había considerado extemporánea su contestación de demanda. En efecto, en el recurso de casación cuestiona la decisión porque -dice- que contestó la demanda dentro del plazo que, al efecto, indicaba la cédula con la cual se le corrió traslado de la acción; y que si dicho plazo estaba mal transcripto en la referida cédula, no puede su parte verse perjudicada por ese error que le es ajeno. Mientras que, con anterioridad, al apelar ante la Cámara, su embate se basó en que el Juez de Primera Instancia decretó una habilitación de plazos procesales, exclusivamente en estos autos, cuando aún no se había presentado en el expediente y sin mandar que se le notifique en el domicilio real, motivo por el cual no tuvo conocimiento de que le estaba corriendo el plazo para contestar demanda. Empero, nada dijo en esa oportunidad sobre el plazo transcripto en la cédula.- Si bien el agravio fue acogido favorablemente por la Alzada, que desestimó la habilitación de plazos y, en consecuencia, el cómputo realizado por el Juez interviniente, tomó otra fecha de inicio del plazo para contestar demanda (el 4 de febrero de 2021, momento en el que finalizó la feria extraordinaria decretada por este Tribunal Superior de Justicia por motivos de la pandemia Covid-19) y concluyó, igualmente, que ésta era extemporánea porque habían transcurrido los veintiocho (28) días que tenía para presentarla.-
IV. Contra esta decisión, el recurrente, en su libelo casatorio, introduce el debate sobre el plazo que surge de la mencionada cédula para contradecir el cómputo de dicho plazo efectuado por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Surge así, indudable, que dicho planteo se ha desarrollado recién en esta instancia de casación. Es decir que esta cuestión es novedosa, en la medida en que no ha sido planteada al apelar la sentencia de primera instancia ante la alzada; tal circunstancia impone, por sí sola, su rechazo, de acuerdo a la reiterada doctrina de este Tribunal sobre la materia. Así ha señalado este Alto Cuerpo: “…‘…Sabido es que las argumentaciones que conforman una defensa novedosa por no haber sido sometidas a decisión de los jueces de grado son inatendibles en casación…’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3053, Folio 4947/4953). Y asimismo que las cuestiones que no fueron sometidas a consideración de la Cámara de Apelaciones en oportunidad de interponerse el recurso ordinario de apelación, no pueden ser introducidas por vía del recurso extraordinario de casación (cfr.
Interlocutorio Tomo VI, Reg. 942, Folio 1120/1123 y Tomo IX, Reg. 1301, Folio 1745/1746).- En igual sentido: “…no corresponde en esta etapa extraordinaria adentrarnos al tratamiento de cuestiones que no han sido propuestas en segunda instancia, porque ello violaría el principio de congruencia…Corresponde reiterarlo, no se puede en esta excepcional instancia atender las reflexiones tardías de las partes, recuérdese que tal como lo explica Hitters (Recursos Extraordinarios y Casación, Ed. LEP, 2da. ed., pág. 182) en la casación hay motivos de impugnación reglados en forma expresa, se controla lo decidido en instancias ordinarias y que el recurso tiende a controlar providencias ya dictadas, de ahí entonces que resulten ajenas a este carril aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias (pág. 613).
Así se ha dicho que: ‘…Resultan inaudibles los planteos del recurrente que no fueron sometidos a conocimiento de la Cámara en el tiempo procesal oportuno, pues no pueden ser traídos intempestivamente a esta instancia extraordinaria…’ (SCBA, ‘Granea, Aldo M. s/ Robo calificado’, 2/04/03). Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 313:342).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XI, Reg. 400, Folio 2165/2170; Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2684, Folio 4092/4096).- La cuestión en torno a la cual el accionado estructura su planteo casatorio, se reitera, no fue sometida a consideración de la Excma.
Cámara de Apelaciones en oportunidad de interponerse el recurso de apelación, circunstancia que, conforme la doctrina ut supra referida, impide su introducción por vía del recurso extraordinario de casación, circunstancia que lleva, indefectiblemente, a su rechazo.-
V. En cuanto a la tacha de arbitrariedad con la cual el recurrente se agravia del fallo de Cámara, vale la pena acotar que no demuestra que la resolución recurrida contenga este vicio. Este Tribunal Superior de Justicia ya ha expresado que: “…el impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (confr. Bidart Campos, Germán J., “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T° II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 440/443).” (cfr. Interlocutorio Tomo XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803).- Este Alto Cuerpo también se ha expedido en el mismo sentido en Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros.-
Falencias que no posee el fallo bajo análisis. No debe perderse de vista que, tal como se señalara en el considerando precedente, ha sido el propio recurrente quien no ha planteado oportunamente la cuestión y este déficit recursivo es el que trae consigo el rechazo de su pretensión casatoria, es decir que ha sido su propio accionar quien le ha generado el perjuicio que alega.-
VI. En atención a las consideraciones expuestas, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado en PE160725-2021, imponiendo las costas por su orden atento las particularidades de la cuestión debatida y que el recurrente pudo válidamente creerse asistido de derecho para efectuar su planteo (cfr. art. 68 del CPCyC).-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la negativa.-
A la Primera Cuestión, la Dra. Fernández dice:
I. En primer lugar, comparto el relato efectuado de los antecedentes de la causa por mis colegas preopinantes. No obstante ello, disiento en la solución arribada.-
Según expresa el accionado en su libelo casatorio, es la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones la que abre el debate sobre el plazo que surge de la cédula de traslado de la demanda, pues la decisión de primera instancia que motivó su apelación se basó en la habilitación de plazos decretada a partir del 19 de noviembre de 2020 (cfr. PE68600-2021), la cual fue desestimada en Cámara por no habérsela notificado en el domicilio real; no obstante ello, dicho Tribunal realiza un nuevo cómputo del plazo tomando como punto de inicio el 4 de febrero de 2021, pero sin tener en cuenta el tiempo que al efecto se indicaba en la cédula (cfr. PE20294-2020). Es por ello que el casacionista considera que el debate sobre este punto se abre a raíz de dicha resolución.- Cabe puntualizar que el planteo referido precedentemente es plausible si tenemos en cuenta que, dada la fecha que tomó el Juez de primera instancia para iniciar el cálculo del plazo para la contestación de demanda (se desprende del proveído de PE68600-2021 que fue el 19 de noviembre de 2020), la extemporaneidad hubiera acaecido aunque el magistrado hubiese adoptado el plazo más amplio -cuarenta y un (41) días- que surge de la cédula cuestionada, de manera tal que al apelar ante la Alzada la resolución de PE68600-2021, era irrelevante argumentar sobre el error en la confección de la cédula Ley Nº 22.172 agregada al expediente como PE20294-2020 respecto del término que se otorgaba para contestar la acción y, claramente, tal como luego fue reconocido por la Cámara, el vicio radicaba en la falta de notificación al actor de la habilitación de plazos.- La descripción fáctica del caso nos lleva a considerar dos cuestiones que se enfrentan: por un lado la formal; en tal sentido, la doctrina de este Tribunal promulga que no se pueden traer a casación planteos que no han sido efectuados en las anteriores instancias.
Por el otro, un agravio sustancial al derecho de defensa, derecho de gran envergadura, resguardado por la más alta jerarquía normativa: Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que lo consagran con especial énfasis (artículo 75, inc. 22, de la Carta Magna; artículos 8º y 25 del Pacto de San José y artículos 7º, 8º y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros).- No en vano se señala que los derechos que resguarda el artículo 18 de la Constitución Nacional que refieren al debido proceso legal y a la defensa en juicio, se encuentran en la cima de la escala jerárquica dado su trascendental importancia (cf. Ekmekdjian, Miguel Ángel: “Tratado de Derecho Constitucional (Constitución de la Nación Argentina, comentada, y anotada con legislación, jurisprudencia y doctrina)”, Tomo II (Arts. 14 bis a 27), Buenos Aires, Depalma, 2001, págs. 223/224).-
La contestación de demanda es un acto procesal que por su trascendencia configura uno de los pilares básicos del derecho de defensa en juicio. Así, todo lo relativo a su validez debe ser examinado con criterio restrictivo (cfr. CNCiv., sala E, “K M A c/ G A M s/ divorcio”, del 25/06/2020, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: TR LALEY AR/JUR/22181/2020).-
En el contexto precedentemente descripto, la decisión de las instancias anteriores podría agraviar el derecho de defensa en juicio. Entonces, si debe ponderarse, es decir, sopesar cuál de las dos posiciones debe prevalecer en el caso concreto, teniendo en cuenta las vicisitudes que ha debido atravesar el demandado a raíz de yerros en el trámite de la causa que le son ajenos (no haberle notificado la habilitación de plazos en el domicilio real y colocar en la cédula un plazo para contestar demanda mayor al previsto en el expediente), pero que al final termina siendo el único perjudicado, e insistiendo sobre la superlativa protección que el estado constitucional de derecho brinda al debido proceso legal y a la garantía de defensa en juicio, es que se considera ajustado a derecho ingresar al análisis del planteo casatorio.
Es que encontrándose involucrado en la cuestión el ejercicio del derecho de defensa en juicio, corresponde optar por la solución que evite conculcar garantías de profunda raigambre constitucional.- A todo evento, es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que una decisión judicial no puede sustentarse en rígidos términos formales y de acuerdo a esta apreciación expresó: “La función primordial que compete al Juez es brindar la solución justa a un caso concreto, ésta no sería tal si ante un hecho como el de marras se tuviera en cuenta la mera forma sin analizar las circunstancias que lo rodearon. La búsqueda de la verdad real es el norte que guía al juzgador en su tarea. Así pues, para arribar a un resultado justo de la controversia (misión fundamental del Poder Judicial) debemos ir más allá de las cuestiones formales y analizar las demás circunstancias en que se produjeron los acontecimientos…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIV, Reg. 487, Folio 2649/2656).- En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: “…el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte […] porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia.” (cfr. “Colalillo Domingo C. c/ España y Río de la Plata (Cía de seguros)”, del 18/09/1957, Fallos: 238:550, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: TR LALEY AR/JUR/14/1957).- En igual línea de pensamiento, Carlos Santiago Nino, al hablar del debido proceso legal (due process of law) señala que el ritualismo en el procedimiento es uno de sus enemigos más peligrosos (cfr. autor cit.: “Fundamentos de derecho constitucional.
Análisis filosófico, jurídico, y politológico de la práctica constitucional”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 450).-
II. Dicho esto, corresponde examinar la procedencia sustancial del recurso, adelantando que se propicia el acogimiento de la casación interpuesta por las razones que se vierten a continuación.-
Del análisis del expediente surge palmario que ha existido un error de parte de quien confeccionó la cédula, la cual, a su vez, lleva la firma del Juez y Secretaria del Juzgado interviniente. Error que, razonablemente, pudo llevar a confusión al demandado, en lo que atañe al plazo para contestar la demanda; y por ello se agravia de que el Tribunal de mérito le dé por decaído el derecho a ejercer su defensa por una equivocación no imputable a su parte.-
Sabido es que la contestación de la demanda es uno de los pasos procesales más importantes de la contienda judicial; de allí deriva, como lógica consecuencia, la trascendencia de la notificación de la demanda, porque es el medio por el cual el demandado toma conocimiento de que existe un proceso en su contra, se lo emplaza a estar a derecho para que conteste y, en su caso, reconvenga, plantee las defensas que considere, ofrezca prueba, en síntesis, para que ejerza la garantía constitucional de la defensa en juicio.-
La notificación del traslado de la demanda se encuentra rodeada de una variedad de formalidades, con el fin de asegurar su efectivo conocimiento por parte de la emplazada, pues la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible el proceso. Ello supone un criterio riguroso en el examen del cumplimiento de una regular notificación de la demanda. Es más, el juez o la alzada, en su caso, no deben dudar en decretar la nulidad de oficio una vez advertida la indefensión frente a la viciosa notificación del acto. Este es un acto procesal que por su trascendencia configura uno de los pilares básicos del derecho de defensa en juicio. Así, todo lo relativo a su validez debe ser examinado con criterio restrictivo (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado con los Códigos Provinciales”, Tomo 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, págs. 346/347).- Ante la duda, se debe inclinar por la subsistencia del derecho a responder, que es la materialización del derecho a ser oído y ofrecer y producir la prueba que demuestre su postulación. El criterio restrictivo que impera en la materia fue recordado por el más Alto Tribunal al señalar que nuestro ordenamiento privilegia la adecuada protección del derecho de defensa y en circunstancias de encontrarse controvertida la notificación del traslado de la demanda, o en caso de duda sobre la irregularidad atribuida al acto, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de neta raíz constitucional, tales como el derecho de defensa en juicio (Fallos: 327:5965, 323:52 y 323:2653).- Es que tratándose de la notificación del traslado de la demanda, ese requisito de un fehaciente anoticiamiento de las partes debe ser apreciado desde una óptica rigurosa. Ello, habida cuenta la significación procesal de dicho acto y sus graves implicaciones, como su inescindible vinculación con la garantía constitucional de defensa en juicio (cfr. CNCom., sala C, “Pontoni Carlos René c/ Abraxase S.A. s/ Ejecutivo”, del 08/03/2016, www.rubinzalonline.com.ar. Cita Online: RC J 1317/16).-
De otro lado, y en cuanto al perjuicio sufrido, ha destacado también nuestro Máximo Tribunal que, dada la particular significación que reviste la notificación del traslado de la demanda -en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad-, cabe inferir la existencia del perjuicio por el solo incumplimiento de los recaudos legales, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional comprometida, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (cfr. CNCom., sala C, fallo cit.).- En este orden de ideas, cabe recordar que nuestro ordenamiento privilegia la adecuada protección del derecho de defensa y, en caso de encontrarse controvertida la notificación del traslado de la demanda, debe estarse a favor de aquella solución que evite la conculcación de garantías de raíz constitucional (cfr. dictamen de la Procuración General, que la Corte comparte y hace suyo en sum. Fallos 340:212).-
En el supuesto que nos ocupa, existió una equivocación en la confección de la cédula Ley Nº 22.172, que además lleva las firmas del Juez y Secretaria del Juzgado actuante y, no obstante, de acuerdo a lo decidido en grado, se hace cargar con las consecuencias de dicha falta al demandado, que no tuvo responsabilidad alguna y resulta ser el único perjudicado.-
Súmase a lo expuesto, que al tratarse de un acto en extremo trascedente para la secuela normal del proceso, se torna más rigurosa la protección que tienden a asegurar los principios de igualdad, lealtad, probidad y buena fe, mencionados en el artículo 34, inc. 5 c y d, del ordenamiento procesal, que el Juez como director del proceso debe hacer respetar. De allí derivan potestades que le permiten sancionar la conducta de las partes cuando no se ajusten a dichos principios. Así es que el Juez debe evitar la vulneración del principio general de buena fe, como así también que el proceso se convierta en un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional de los litigantes (cfr. López Mesa, Marcelo J. – Director, Rosales Cuello, Ramiro - Coordinador: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Con Leyes Complementarias Comentado y anotado con jurisprudencia”, Tomo I, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2014, pág. 344).- Ante la situación fáctica descripta, debe juzgarse ajustado a derecho garantizar los derechos de raigambre constitucional del debido proceso y de la legítima defensa, anteponiéndolos al formalismo procesal, máxime frente a un error que no justifica que el demandado tenga que soportar las consecuencias.-
III. Si bien las deficiencias que se hallan en la cédula mediante la cual se corrió traslado de la demanda traerían aparejado la declaración de nulidad y ordenar realizar una nueva notificación, ello es innecesario en el sub judice y contrario al principio de economía procesal, toda vez que el accionado ya ha contestado demanda (cfr. PE64125-2021). En definitiva y en honor al principio de economía procesal y en aras de evitar un innecesario dispendio jurisdiccional, lo correcto es revocar la resolución de Cámara que declaró extemporánea la contestación de demanda y, en su lugar, tenerla por contestada en legal tiempo y forma, ordenando al Juez de grado proveer dicho escrito.-
IV. Como epílogo de lo analizado en los Considerandos que anteceden, se juzga que no es razonable que el demandado deba cargar con las consecuencias de la notificación irregular acaecida en el sub lite, pues sin haber dado causa fue precisamente él privado de la oportunidad de ser oído y de hacer valer sus medios de defensa. Por lo tanto, teniendo en cuenta la trascendencia que reviste el traslado de la demanda, en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia de los principios de bilateralidad y contradicción (que, entre otros, conforman la garantía del debido proceso legal), se entiende que el Tribunal a quo efectuó un examen sólo formal de las constancias del caso, dejando de lado elementos relevantes que debieron ser tenidos en cuenta y apreciados de conformidad con las reglas de la sana crítica. Máxime siendo la contestación de la demanda uno de los pasos procesales más importantes de la contienda judicial y, tal como ya se señalara, ante la duda debe inclinarse por la subsistencia de ese derecho. Todo lo cual justifica la descalificación del fallo con sustento en la doctrina de la arbitrariedad por absurda valoración de las constancias de la causa, vicio que alega el casacionista, sin que ello implique abrir juicio alguno con respecto a las cuestiones de fondo que se plantean en el litigio. En consecuencia, corresponde tener por contestada la demanda con la presentación de PE64125-2021, debiendo el juez interviniente, una vez devueltas las actuaciones, proveer dicho escrito.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
A la Segunda Cuestión, la Dra. Mercau, el Dr. Basanta y la Dra. Ludueña Campos dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado, proponemos se dicte sentencia rechazando el recurso de casación interpuesto por el demandado en PE160725-2021 y, en consecuencia, confirmando la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de PE142034-2021, imponiendo las costas por su orden, atento a las particularidades de la cuestión debatida y que el recurrente pudo, válidamente, creerse asistido de derecho para efectuar su planteo (cfr. art. 68 del CPCyC).-
A la Segunda Cuestión, la Dra. Fernández dice:
Por lo expuesto, propongo que se dicte sentencia haciendo lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado en PE160725-2021, revocando la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de PE142034-2021, teniendo por contestada la demanda con la presentación de PE64125-2021, debiendo el juez interviniente, una vez devueltas las actuaciones, proveer dicho escrito, e imponiendo las costas por su orden, atento a las particularidades de la cuestión (cfr. art. 68 del CPCyC).-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 28 de septiembre de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dr. Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el demandado en PE160725-2021 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de PE142034-2021.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1020S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 719 Folio N°: 4324/4330 Secretaría: 1
Fin de la sentencia