Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2467/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE688382-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2467/21-TSJ Interlocutorio N°: 470 Actor: DIAZ FLORA MARIA Demandada: TEVEZ RAUL ALFREDO Objeto: COMPENSACIÓN ECONÓMICA Fecha: 15-06-2023 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 470 FOLIO Nº 1777/1782 PROT. ELECT. TSS1 004 O.231
Río Gallegos, 15 de junio de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “DIAZ FLORA MARIA C/ TEVEZ RAUL ALFREDO S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA”, Expte. Nº D-26.970/19 (D-2467/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
Voto de los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Miguel Fernando Basanta y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Juan Pablo Codino en PE688382-2022, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE664509-2022 por cuanto rechazó el recurso de casación que interpuso en PE160725-2021.-
Alega la recurrente que se configura en la especie, cuestión federal dado que lo decidido por este Tribunal Superior de Justicia vulnera los derechos constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal previstos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Tacha de arbitraria dicha sentencia, porque dice que la Excma. Cámara de Apelaciones se pronunció sobre una cuestión que no fue sometida a su competencia a través de un agravio introducido por alguna de las partes y luego esta resolución fue confirmada por este Alto Cuerpo (cfr. PE688382-2022, págs. 4/6).- Explica que lo acontecido en autos, finalmente lo lleva a interponer el presente recurso. Dice que el 25 de junio del 2020 se le notificó a Tevez, por cédula (a su domicilio sito en la ciudad de Córdoba), el inicio de esta demanda, con posterioridad a esa fecha los plazos fueron suspendidos por resolución dictada por este Tribunal Superior de Justicia a causa de la pandemia generada por el virus Covid-19.
Luego el Juez habilitó los plazos procesales y administrativos en éstos autos empero omitió disponer, dado que el demandado no había tomado aún intervención en autos, que dicha medida se le notificara en el domicilio real. Así ocurrió que al ser notificado de la demanda en su contra, mientras estaba vigente la suspensión de plazos y no enterarse de la habilitación de términos decidida, exclusivamente, para esta causa no pudo saber que le estaban corriendo los plazos para contestar la demanda y ello fue la causa de que el Juez considerara extemporánea su presentación (cfr. PE cit., págs. 7/9).- Apelada dicha decisión, la Cámara resolvió que le asistía razón al recurrente en que la habilitación de plazos dispuesta en esta causa debió notificarse por cédula en atención a que el demandado no se encontraba presentado en el expediente, por ese motivo, consideró que la habilitación de plazos nunca fue activada y no debe tenérsela en cuenta para el cómputo del término en cuestión.
Sin embargo el Tribunal a quo, realiza un nuevo cómputo de plazos, y concluye que el demandado tenía 28 días hábiles para contestar la demanda y que la presentación de Tevez excedió dicho plazo y por ende decreta su extemporaneidad, ello sin advertir que el plazo que se otorgaba en la cédula de traslado de la demanda que Tevez recibió en su hogar consignaba un plazo de 41 días hábiles para contestar (cfr. PE cit., pág. 9).- Acusa que la Cámara “…modificó indebidamente la decisión que había sido materia de agravio, extralimitándose en su competencia, al juzgar cuál era el plazo del que disponía el accionado...” (cfr. PE cit., pág. 8). Esta cuestión que no había sido abordada por el Juez de Primera Instancia significó un nuevo e indebido tratamiento a la cuestión en debate por parte de la Alzada (cfr.
PE cit., pág. 9).-
Explica que la Cámara falló en su contra introduciendo una cuestión ajena al recurso de apelación y por ello se vio obligado a recurrir a la instancia superior, por verse nuevamente agraviado al encontrarse impedido de hacer valer los derechos de los que se intenta valer, esta vez ya no por la contabilización de los días transcurridos desde la reanudación de plazos por habilitación de feria extraordinaria sin notificar al demandado, sino por el cómputo que hiciera la misma del plazo para contestar, con prescindencia de lo que era materia de agravios e incluso de las constancias de la causa, pues omite admitir que el demandado tomó en consideración el plazo que se hallaba consignado en la cédula de notificación de la demanda que recibió en su hogar que le otorgaba 41 días hábiles. A su entender se configuró así una decisión incongruente del órgano jurisdiccional de apelación, pues lo que motivaba la apelación era la consideración del tiempo transcurrido durante la feria judicial extraordinaria por pandemia a partir de una reanudación de plazos procesales que no había sido notificada al demandado (cfr. PE cit., págs. 9/10).- Considera que yerra el Excmo. Tribunal Superior de Justicia cuando desestima el recurso por advertir que el agravio en cuestión no había sido introducido en la Primera Instancia, al apelar la resolución del Juez de Familia porque dicha cuestión fue recién introducida en el fallo de Cámara (cfr. PE cit., pág. 10).-
Expresa que ha sido la propia Excma. Cámara de Apelaciones la que violó el principio de congruencia, resolviendo más allá de lo que fuera materia de agravios de la parte recurrente, y esta violación es precisamente el consiguiente agravio que originó el recurso de casación, cuyo rechazo por parte del Tribunal Superior de Justicia motiva el presente recurso extraordinario federal (cfr. PE y pág. cit.).-
Luego se ordena correr traslado a la parte contraria del recurso extraordinario, quien contesta. Oportunidad en la que procura se rechace el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada (cfr. PE733369-2022).-
Sustenta su pretensión en que a su entender no hay cuestión federal que habilite la vía extraordinaria, dado que no se ha fallado en contra de la Constitución Nacional, no ha existido ni violación ni interpretación contraria a su contenido (cfr. PE cit., pág. 3).-
Dice al respecto que: “No hay en el fallo recurrido repugnancia con la Constitución Nacional. Tampoco se ha realizado una interpretación contraria a norma constitucional alguna...” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Tampoco, dice, nos hallamos ante un caso de arbitrariedad de sentencia, pues no se da ninguno de los supuestos que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuran (cfr. PE cit., pág. 5).-
Por último explica que la incorporación de un tema novedoso en la instancia de casación ha sido motivo suficiente para el rechazo, según la reiterada doctrina de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. PE cit., págs. 6/8).-
Que en PE756759-2022 el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (Fallos 308:761, 2263 y 2421; 310:722; 311:499 y 2619) […] En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE480169-2022.-
II. Analizando la presentación de la parte demandada y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. Nº 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), 31/2011 y 38/2011, corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que el recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en la propiedades del documento se advierte que lo deducido en formato A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado parcialmente los requisitos del artículo primero. Si bien la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, las páginas 5, 9, 11 y 16 exceden los renglones permitidos por la normativa citada; ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º. Así las cosas, la carátula indicada cumple solamente con las exigencias de los incisos a), b), c), e), f), h), i); y parcialmente el inciso g).- Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, si bien no es sentencia definitiva, causa un gravamen de imposible o insuficiente remedio ulterior ya que implica, para el demandado, la pérdida del derecho a contestar la demanda, lo cual, conforme a la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia viabiliza su procedencia (Fallos: 303:1040, 320:1227); en tanto fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo no logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b).-
En la primera oportunidad procesal disponible, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, solo se limitó a expresar que hace reserva en forma genérica, utilizando la habitual fórmula vacía que solamente enuncia sin realizar un planteo idóneo, omitiendo expresar en forma inequívoca y concretamente, cual es la cuestión constitucional y convencional, y cómo se aplica al caso concreto (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica jurídica del recurso extraordinario y del recurso de queja”, Acordada 2/2007, Acordada 4/2007, Estrategias Procesales, Ed. Ediar, 2011, pág. 107). Este Tribunal Superior de Justicia se ha expresado en este sentido (cfr. Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 337, Folio 1280/1283).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c), se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual que no derive de su propia actuación, sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48.
Es decir, que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 104).- La recurrente refiere en el presente recurso extraordinario al artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar a cual de sus incisos, y enumerando las normas, doctrina y jurisprudencia que considera vulneradas.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 1º de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. art. cit., inc. 2º de la ley cit.) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio.
Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, la cuestión controvertida versaba y se resolvió en base a normas procesales provinciales y jurisprudencia local.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 367, Folio 1383/1391, entre otros).- En mérito de ello, en razón de la inexistencia de cuestión federal es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente procura encauzar su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este vicio, debe recordarse que el Máximo Tribunal ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 325:3265).- En autos, no se logra demostrar que el criterio adoptado por este Tribunal Superior de Justicia sea contrario a derecho o brinde una solución irrazonable a la cuestión litigiosa.
En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas en que sustenta la decisión. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la sentencia se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).- Corresponde concluir, entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Los hechos que motivaron el tratamiento del presente recurso extraordinario federal han sido adecuadamente expuestos en el relato de mis distinguidos colegas preopinantes; sin embargo disiento con lo resuelto en cuanto no concede el remedio procesal, en virtud de las razones que a continuación expondré.-
II. Tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012) y 38/2011, corresponde que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad comunes, formales y propios del recurso articulado.-
Es criterio sentado en la materia que es requisito de procedencia del recurso extraordinario que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos: 303:633; 306:1670).- En ese orden lo primero que se debe destacar es que el fallo recurrido, si bien no es definitivo, exhibe el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. Pues, en efecto causa un gravamen de imposible o insuficiente remedio ulterior ya que implica, para el demandado, la pérdida del derecho a contestar la demanda, lo cual, conforme a la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia viabiliza su procedencia (Fallos: 303:1040; 320:1227); en efecto, fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (cfr. art. 3º, inc. a) de la Acordada Nº 4/2007).- En consecuencia, en el presente, el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
III. Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, surge de los antecedentes de la causa que el presente recurso se interpuso ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo establecido y por quien tiene capacidad para recurrir, conforme el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y exhibiendo suficiente fundamentación, tal como exige el artículo 15 de la Ley Nº 48. A lo que se suma que la cuestión federal ha sido oportunamente introducida.- Seguidamente se observa que la parte recurrente dio integro cumplimiento con lo dispuesto por la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso en formato digital, y con los recaudos establecidos en el artículo 2º de esta Acordada, toda vez que la presentación se realizó en formato de hoja A4, y por lo tanto este recaudo formal también se encuentra satisfecho.-
Asimismo, conforme con las previsiones de la Acordada 4/2007, se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1º) y cuenta con la carátula en hoja aparte cumpliendo con las exigencias establecidas en el artículo 2º.-
IV. En cuanto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b), en tanto la cuestión federal fue introducida oportunamente, y luego mantenida en la siguiente instancia y posteriormente en su libelo casatorio.-
En cuanto a los requisitos propios o sustanciales, la recurrente invoca agravios de naturaleza federal. Denuncia, sobre el particular, violación a las disposiciones constitucionales entendiendo que la sentencia recurrida resulta violatoria de “...del derecho de defensa y debido proceso legal...” (cfr. PE688382-2022, pág. 4). Sostiene que existe relación directa e inmediata entre la arbitrariedad e ilegitimidad de la sentencia violándose preceptos convencionales y constitucionales, en cuanto al obrar incongruente de la Cámara de Apelaciones, introduciendo un planteo casatorio que no había sido sometido a su consideración, y concluye diciendo que si bien, el estudio de cuestiones procesales resultan ajenas, por regla y naturaleza a la instancia del artículo 14 de la Ley Nº 48, ello no resulta óbice para invalidar lo resuelto cuando los tribunales de la causa han excedido el límite de su competencia apelada, con menoscabo de garantías constitucionales. Por lo cual concluye que la intervención de la Corte en el tratamiento del presente recurso deviene imprescindible, dado que por la forma de resolver citada, justifica la excepcionalidad de la procedencia del recurso que habilita la doctrina de la arbitrariedad y que como correlato, habilita la instancia del artículo 14 de la Ley Nº 48, toda vez que la decisión es contraria a los derechos federales invocados y hace a la existencia de cuestión federal suficiente (cfr. PE cit., págs. 13/14).- Conforme surge de las constancias de autos, la pretensión se funda directamente en normas de máxima jerarquía de la Nación como lo es la Constitución Nacional. En virtud de lo expuesto, surge con claridad el estrecho vínculo entre la materia de estos autos con la normativa constitucional federal citada por la recurrente.-
Lo señalado precedentemente, permite concluir que la impugnación, cuenta, en principio, con fundamentos suficientes para dar sustento a la pretensión de revisión ante el Máximo Tribunal de la Nación. Los planteos formulados por la recurrente involucran cuestiones federales que se relacionan en forma directa e inmediata con el objeto del juicio. Se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria en los términos del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; artículos 14 de la Ley Nº 48 y 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; y ha sido interpuesto en los términos de los artículos 15 de la Ley Nº 48 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-
V. En este marco, atento el modo en que fueron desarrollados los agravios, estimo que el remedio intentado satisface los recaudos necesarios para su concesión.-
Por lo expuesto, corresponde conceder el recurso extraordinario de apelación federal en estudio y ordenar, en consecuencia, que se dispongan las medidas de estilo para su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE688382-2022.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1004O.231 Tomo: IX Interlocutorio: 470 Folio N°: 1777/1782 Secretaría: 1
Fin de la sentencia