Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2024-36345237-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2Intimar a Díaz & Forti S.A. a que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la tasa de actuación por la suma de $710.001,89 más intereses resarcitorios, hasta la fecha de pago, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda en caso de incumplimiento, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964).
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $62.480, equivalente a 0,61 UMA por la representación procesal, y $156.200, equivalente a 1,53 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Contador Público José Luis Gómez en la suma de $35.500 equivalente a 0,35 UMA, también a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-80396016-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Agosto de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2024-36345237--APN-TFN#MEC caratulado "Díaz & Forti S.A. (Incidente)"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Díaz & Forti S.A. solicita que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, en los términos del art. 78 y ss. del C.P.C.C.N, en relación al recurso de apelación deducido contra la Resolución N° 173/2023 que tramita en el EX-2024-
13539757--APN-SGAI#TFN.
En virtud de lo previsto en el art. 2° de la ley 25.964, en la oportunidad indicada en el art. 3° de dicha norma, Díaz & Forti S.A. está obligado a ingresar la tasa de actuación de este Tribunal de $710.001,89.
II. Díaz & Forti S.A. funda su pedido en encontrarse imposibilitado materialmente de afrontar el pago por carecer de fondos y de bienes y agrega que en fecha 10 de febrero de 2021 solicitó la apertura de su concurso preventivo, expediente que, según sus dichos, se encuentra radicado ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito en lo Civil y Comercial de la 7ma. Nominación de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. A los fines de probar la situación económica que alega, aportó prueba documental consistente en sus estados contables al 31 de diciembre de 2022 y la declaración jurada del impuesto a las ganancias del mismo período. Además, ofreció la producción de prueba informativa y pericial contable.
A través del IF-2024-10200773-APN-DTD#JGM tomó intervención la representación fiscal y afirmó la improcedencia del beneficio solicitado atento no haber demostrado Díaz & Forti S.A. su insolvencia o incapacidad económica. Se opone asimismo a la producción de la prueba informativa y pericial contable ofrecida, por no resultar suficientes para establecer la imposibilidad de afrontar al pago de la tasa de actuación.
Mediante la PV-2025-118050955-APN-VOCXI#TFN de fecha 23 de octubre de 2025, este Tribunal hizo lugar únicamente a la prueba pericial contable que obra producida en IF- 2026-44853767-APN-DTD#JGM y rechazó la restante. Dicho auto fue recurrido por revocatoria, recurso que fue rechazado. Sin perjuicio de ello, se le requirió que acompañe copia del escrito de la presentación de la demanda de apertura concursal el 23 de febrero de 2021 recibida por el Juzgado, lo cual fue cumplido y se agregó mediante IF-2025-126842701-APN-DTD#JGM (apertura del concurso). En dicha oportunidad también, la recurrente acreditó documentación respecto de la homologación del concurso el 26 de abril de 2025 (IF-126842899-APN-DTD#JGM).
A su turno, la representación fiscal impugnó la pericia (IF-2026-58277103-APN-DTD#JGM). De ello se corrió traslado a Díaz & Forti S.A. y a su perito contable quienes respondieron en la presentación del 11 de junio de 2026. En la PV-2026-60826573-APN-VOCXI#TFN, se corrió vista a las partes de la prueba producida en el presente incidente de conformidad con lo dispuesto por el art. 81 del C.P.C.C.N., la cual fue contestada solamente por el Fisco Nacional bajo el IF-2026-63920690-APN-DTD#JGM de fecha 29 de junio de 2026. Allí manifestó, esencialmente, que el informe pericial contable no posee eficacia probatoria suficiente para justificar el otorgamiento del beneficio. Finalmente, a través de la PV-2026-78567842-APN-VOCXI#TFN se eleva el Expediente a la Sala para tratar la solicitud.
III. Que el pedido de la recurrente se encuentra particularmente enderezado a evitar sufragar la tasa establecida por la ley 25.964. Dicha ley, en su art. 9º consagra la exención a las personas que actúen con beneficio de litigar sin gastos el que según el art. 78 del C.P.C.C.N. se acuerda a las personas que carecen de recursos, esto es, a los que se encuentren en una situación tal de pobreza que de no poder afrontar el pago de la tasa de actuación se vería afectado su derecho de estar en juicio. El fundamento de este instituto es la necesidad de garantizar la posibilidad de comparecer ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia, lo que se vería frustrado si el recurrente no pudiera recurrir ante este Tribunal, por no poder afrontar las erogaciones que ocasiona el proceso.
Ahora bien, no basta la sola afirmación de la existencia de la situación de pobreza que exige la norma legal para que el beneficio sea otorgado, sino que, en palabras de la Cámara, es indispensable por parte del solicitante una actividad procesal tendiente a demostrar concretamente no solamente la carencia de medios sino también la imposibilidad de obtenerlos sin comprometer su propia subsistencia o la de su familia, ya que “…como contrapartida de los intereses de quien lo solicita se hallan los de la contraria y los de la comunidad general interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos que podrían ser conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (CSJN, Fallos 311:1372; 313:1015” –conf. “Martinez Araoz, Victoria de los Milagros”, sentencia del 7/9/2018, entre otros-.
Cabe ahora entonces examinar si Díaz & Forti S.A. ha producido la prueba que exige la procedencia de su solicitud. Para ello debe estarse a la documentación acompañada junto con su solicitud y los resultados de la prueba pericial contable rendida en esta sede.
En relación a la primera, los estados contables de la empresa al 31 de diciembre de 2022, dan cuenta que la sociedad registraba activos corrientes por $6.693.955.824,30, de los cuales $720.897.508,96 estaban en caja y bancos; también tenía créditos por ventas a cobrar por $676.698.213,28 y $828.246.499,32 en inversiones.
Si bien es cierto que la declaración jurada del impuesto a las ganancias presentada por el período fiscal 2022 arrojó un saldo negativo de $1.049.357.805,42, no es menos cierto que con la documentación disponible se pudo constatar que en períodos siguientes ese resultado se revirtió, tal lo que muestra el perito del Fisco Nacional en el informe pericial producido en este Expediente. Así, el resultado del período fiscal 2024 fue de $19.129.956.170,44, como allí se dice no por ventas, sino producto de rendimientos en inversiones relevantes.
En cuanto al informe pericial contable, el perito del Fisco Nacional dio cuenta que si bien en el ejercicio 2023 el PN era negativo por $74.472.161.276,96 en el ejercicio siguiente fue positivo por $5.767.712.857,80, es decir que había mejorado notablemente su situación. Destacó, asimismo, que aún cuando Diaz & Forti S.A. había tramitado un concurso preventivo, ella misma había informado que se encontraba cerrado con homologación de un acuerdo. Mencionó también que, en el marco de dicho proceso, la empresa había logrado una quita de $3.251.977.543,56, hecho que, según manifestó, indudablemente había mejorado su situación.
Señaló, entonces, que en el ejercicio 2024 el índice de liquidez de la empresa había sido de 57,72 y el de solvencia de 38,75, y, por ende, que tenía suficiente capacidad para cubrir deudas a corto plazo con activos líquidos, como la tasa de actuación prevista en la ley 25.964.
Agregó que en el ejercicio 2024 la empresa tenía activos importantes, entre ellos, en caja y bancos por $22.112.887,44, inversiones por $162.882.627,33 y bienes de uso por $9.588.688,06. Por último, dio cuenta del blanqueo efectuado por Diaz & Forti S.A. en el mismo año por un importe de $19.129.956.170,44.
Por su parte, el perito designado por Diaz & Forti S.A. concluyó en el informe que la empresa no cuenta con fondos líquidos y disponibles a la fecha 31 de octubre de 2025 para afrontar el pago de las costas causídicas del presente proceso, pero a continuación aclara que no tuvo a su disposición documentación e información actualizada para efectuar dicha afirmación. Ello, tal como surge de allí también, por problemas de salud del accionista principal que impidieron que se abocara a tareas habituales de administración. Fue precisamente por esta afirmación que la representación fiscal impugnó dicha respuesta.
De cualquier modo, el experto designado por el recurrente agrega en el mismo informe que el activo a dicha fecha era superior al pasivo (activo total $6.972.726.870,94, pasivo total $196.384.669,45) y que el PN era de $6.776.342.201,49, en coincidencia con la información que dio el perito del Fisco Nacional.
Hace saber allí también que según le informara la empresa al 31 de diciembre de 2025 tenía fondos por U$S 29.250.519 e Inversiones por $116.666.298,59, entre otros conceptos.
De todo lo expuesto se desprende con meridiana claridad que Diaz & Forti S.A. contaba con fondos suficientes para hacer frente a la tasa de actuación que por aplicación de la ley 25.964 le corresponde abonar este Tribunal por la suma de $710.001,89, en virtud del recurso de apelación por ella misma presentado.
Por otra parte, si bien Díaz & Forti S.A. invoca su estado de cesación de pagos a partir de su situación concursal, también acreditó que en dicho proceso se logró un acuerdo de acreedores, es decir que no está en trámite y en el que, además, obtuvo una quita concursal de $3.251.977.543,56.
La prueba, entonces, aportada y rendida en este Expediente, exhibe la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de la tasa y demás gastos del juicio que ella misma ha iniciado ante este Tribunal.
Debe recordarse, que por tratarse de un privilegio, es un requisito básico que quien solicita un beneficio de litigar sin gastos debe aportar antecedentes y debe brindar explicaciones, en ambos casos razonables y aunque sean mínimas, acerca de la impotencia patrimonial que luego, pruebas mediante va a acreditar, que le impiden hacer frente a los gastos de un proceso que voluntariamente ha iniciado ante este Tribunal.
IV. Por lo expuesto, voto por rechazar el beneficio de litigar sin gastos, con costas, e intimar a Díaz & Forti S.A a que en el plazo de 5 días ingrese la tasa de actuación prevista en la ley 25.964, más intereses resarcitorios. En caso de incumplimiento se librará la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios desde la fecha de su devengamiento (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964, y sus reglamentos).
Los Dres. Martin y Gomez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2. Intimar a Díaz & Forti S.A. a que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la tasa de actuación por la suma de $710.001,89 más intereses resarcitorios, hasta la fecha de pago, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda en caso de incumplimiento, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964).
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $62.480, equivalente a 0,61 UMA por la representación procesal, y $156.200, equivalente a 1,53 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Contador Público José Luis Gómez en la suma de $35.500 equivalente a 0,35 UMA, también a cargo de la recurrente, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.08.20 13:18:28 ART Date: 2026.08.20 13:37:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.20 13:45:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.20 13:46:40 -03:00
Fin de la sentencia