Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2321/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 353/358 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 334/341.-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Lorenzo Martín Díaz, condenando a la demandada Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en el considerando IX y en el término de diez (10) días.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2321/19-TSJ Interlocutorio N°: 685 Actor: DÍAZ LORENZO MARTÍN Demandada: SOC. ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Objeto: LABORAL Fecha: 21-05-21 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 685 FOLIO Nº 3992/4000 PROT. ELECT. TSS1 013 S.211
Río Gallegos, 21 de mayo de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “DÍAZ LORENZO MARTÍN c/ SOC. ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA s/ LABORAL”, Expte. Nº D-1087/16 (D-2321/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Nancy Haydée Piutrillán Sánchez (cfr. fs. 353/358 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 334/341, que revocó el pronunciamiento de Primera Instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda incoada.-
II. En la especie, el actor se desempeñaba como Profesional Auxiliar Especializado A en una sucursal de un supermercado de la localidad de Puerto Deseado hasta que el 16 de junio de 2016 fue despedido por su empleadora, quien lo consideró incurso en la causal de abandono de trabajo (cfr. art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo) (cfr. foja 46).-
El trabajador promovió demanda laboral con el objeto de procurarse el cobro de haberes adeudados y de los créditos indemnizatorios derivados del despido sin justa causa (cfr. fs. 45/49).-
La magistrada de origen hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a la demandada a abonar una suma dineraria en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, salarios previstos en el artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, SAC y vacaciones proporcionales, con más los intereses calculados desde la fecha del distracto hasta su efectivo pago (cfr. fs. 264/266 vta.).-
La sentenciante consideró que el dependiente se ausentó de su puesto de trabajo en virtud de un cuadro de angustia y depresión como corolario de una pérdida familiar que sufrió. Tuvo en cuenta que los especialistas en psicología y psiquiatría que lo atendieron le habían prescripto reposo laboral, lo que fue corroborado por el control médico dispuesto por la empleadora. Desde esta perspectiva, entendió que las intimaciones formuladas por la empleadora no se ajustaban a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y que, además, no se encontraban cumplidos los presupuestos de hecho que habilitaban la ruptura del vínculo laboral en los términos del artículo 244 del ordenamiento laboral, toda vez que el trabajador respondió las intimaciones cursadas por el principal, justificando sus ausencias y poniendo a disposición los certificados médicos pertinentes.- Apelada esta decisión, la Excma. Cámara de Apelaciones la revocó y, consiguientemente, rechazó la demanda.-
Para así decidir, precisó que el accionante no probó que su empleadora hubiera consentido su alejamiento fuera de su área de control médico. Meritó que la empresa tuvo por justificadas las ausencias durante los meses de enero y febrero de 2016 pero que exteriorizó su voluntad de no tolerar dicha circunstancia en lo sucesivo mientras no pudiera ejercer su facultad de control (cfr. foja 338).-
En este marco, sostuvo que el hecho de que el empleado haya depositado los certificados médicos ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Salta -lugar donde se encontraba- y mantenerse fuera del radio de acción de la empleadora, implicó un quebrantamiento al principio de buena fe establecido en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. foja 339 vta.).-
Finalmente, puntualizó que la conducta adoptada por el trabajador equivalía a una negación al sometimiento de control médico.-
Contra dicho modo de resolver se alza el actor mediante recurso de casación, aduciendo violación de la ley o doctrina legal, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 353).-
Sostiene que la Excma. Cámara de Apelaciones viola el principio in dubio pro operario, al no resultarle suficiente la remisión de certificados médicos desde Salta durante los meses de enero y febrero de 2016 (cfr. foja 354).-
Aduce la infracción del principio de buena fe. Refiere que la empleadora no probó que se haya negado al control, toda vez que no lo intimó a la realización del mismo, sino que informó que las inasistencias a partir de marzo de 2016 se tendrían por injustificadas. Argumenta que se lo ha responsabilizado de una negativa a un control que jamás existió y que la empresa lejos de citarlo a que se realice un examen médico para constatar la evolución de su enfermedad decidió despedirlo (cfr. fs. 355 y vta.). Enfatiza que la patronal en ningún momento fijó fecha de control médico, ni auditoría (cfr. foja 356).- Afirma que la sentencia en crisis avasalla el principio protector que tutela la dignidad del trabajador en su condición de persona humana y está dirigido a equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador (cfr. foja 356 vta.).-
Manifiesta que la decisión de la empleadora de despedirlo por abandono de trabajo no resulta ajustada a derecho. Asevera que esta causal sólo se configura ante una actitud del dependiente que deja de concurrir sin motivo, lo que no acaeció en el presente caso. Subraya que no se encuentran cumplidos los presupuestos de hecho de la norma invocada como fundamento de la ruptura del vínculo laboral, toda vez que no hubo ni omisión, ni silencio de su parte (cfr. foja 357).- Alega la violación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los artículos 7, 9, 63, 68, 79, 208, 210, 211, 213, 231, 232, 239 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 353, 354, 355 vta., 356 y vta., 357 vta. y 358).-
A fs. 360 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A fs. 370 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso de casación interpuesto, y en consecuencia ordena poner los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Únicamente la demandada hizo uso de las facultades que le otorga dicha norma, y expuso los argumentos por los cuales entiende que no corresponde hacer lugar al recurso de casación de su contraria (cfr. fs. 374/379).- A fs. 381/382 vta. dictamina el Sr. Agente fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que los agravios esgrimidos por el actor deben prosperar.-
A foja 384 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 385 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria, articulada por la parte actora, aquélla se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.-
En la presente contienda el trabajador cuestiona la causal invocada por la empleadora con fundamento en la injuria específica fundada en el abandono de trabajo (cfr. art. 244 de la LCT) y, con ello, la legitimidad del distracto así formulado.-
Ante ello, el tribunal de segunda instancia interviniente a fin de dilucidar la controversia focalizó su razonamiento exclusivamente en las inasistencias en las que incurrió el empleado y juzgó que su desplazamiento a la Provincia de Salta imposibilitó el ejercicio del derecho de control médico de la empleadora. Sobre esta base decidió, finalmente, rechazar la demanda incoada.-
Este modo de decidir infringe los preceptos normativos que resultan de aplicación al caso, en especial, lo dispuesto por el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo y la doctrina forjada en la materia por este Tribunal Superior de Justicia, por lo que se adelanta, desde ya, que el recurso ha de prosperar.-
IV. La persona trabajadora, al concertar el contrato de trabajo, asume una obligación principal consistente en realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios (cfr. arts. 21 y 22 de la LCT). Cumple con su prestación poniendo a disposición del empleador su fuerza de trabajo para que éste, dirigiéndolo, la aplique a la realización de aquéllas actividades (cfr. arts. 103 y 197 de la LCT).-
Junto a este deber fundamental, se presentan una serie de obligaciones complementarias, como lo son el deber de diligencia y colaboración (cfr. art. 84 de la LCT) y de aceptar dentro de lo normado y razonable los poderes jerárquicos del empleador (cfr. arts. 63 a 71 de la LCT).-
Una de las manifestaciones principales propia de la diligencia de una buena persona trabajadora constituye la asistencia regular, prestando la actividad laboral en los días y horarios establecidos, evitando toda ausencia injustificada, que eventualmente pueda menoscabar el normal funcionamiento de la empresa.-
La falta injustificada de esa diligencia representa un incumplimiento contractual que habilita la aplicación de sanciones disciplinarias proporcionadas al incumplimiento (cfr. arts. 67 a 69 de la LCT), o acudir al despido por justa causa, cuando la inobservancia constituya injuria a los intereses de la empresa, y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación (cfr. art. 242 de la LCT). Cuando el incumplimiento a ese débito contractual asume además la particular modalidad de que las inasistencias son continuadas e inmotivadas, denotando el ánimo del empleado o de la empleada en dejar el trabajo, la cuestión -dentro de determinadas condiciones- podría enmarcarse dentro de la injuria específica denominada abandono-incumplimiento (cfr. art. 244 de la LCT).-
V. Sin embargo, las facultades rescisorias del empleador se encuentran sujetas a límites que impiden su ejercicio arbitrario.-
El trabajo es una necesidad y un medio indispensable para alcanzar el perfeccionamiento espiritual y material. Se encuentra ligado de manera inseparable con la persona que lo produce y por eso es un derecho fundamental que debe ser respetado y tutelado. Atentar contra él o limitar indebidamente su ejercicio, implica una ofensa de la persona en lo más central de su naturaleza.-
Por ello, la estabilidad en el empleo aparece como un principio clave en el campo de la disciplina laboral, cuya proyección atraviesa todos y cada uno de los aspectos relevantes de la relación de trabajo. Su instrumentalización exige, entre otras cosas, que durante la vigencia del contrato de trabajo se garantice a la per-sona trabajadora una protección apropiada frente al despido injustificado, de modo tal que esta tiene derecho a permanecer en su empleo mientras no se verifique un hecho que justifique la extinción de la relación, con invocación y prueba de justa causa.- Su reconocimiento constitucional viene dado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto garantiza la protección contra el despido arbitrario. A su vez, varias normas internacionales integrantes del bloque de constitucionalidad federal (cfr. art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) contienen cláusulas vinculadas con la estabilidad. Entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el “derecho a trabajar” (cfr. art. 6.1), el cual según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye el derecho a no ser privado de trabajo en forma injusta (cfr. Observación General Nº 18, § 4) y, ante su vulneración, reconoce el derecho a una reparación adecuada (cfr. Observación cit., § 48).- A nivel supralegal, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) establece que los Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.-
Por su parte, la Ley de Contrato de Trabajo contiene una serie de reglas destinadas a contrarrestar la inestabilidad de la relación laboral, entre las que interesa destacar el artículo 10 que consagra la conservación del contrato de trabajo.-
VI. La extinción del vínculo laboral bajo la figura del abandono de trabajo compromete la estabilidad en el empleo, puesto que no apareja conse-cuencias reparatorias. Por lo tanto, las exigencias para su configuración deben ser apreciadas con criterio estricto, de modo tal que se compatibilicen los principios rectores en la materia. Ello obliga a adoptar un enfoque prudente y libre de todo dogmatismo.-
El abandono-incumplimiento, tipificado en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, se caracteriza por la abstención voluntaria e injustificada del deber contractual de prestación laboral, cuya gravedad constituye injuria impeditiva de la prosecución de la relación. El trabajador no cumple con su deber de prestación de servicios (art. 84 de la LCT) sin causa que legitime su actuar (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 588, Folio 3368/3376).- Requiere para su configuración: a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral; b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, durante el plazo fijado (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XV, Reg. 528, Folio 2961/2963 y XVII, Reg. 588, Folio 3368/3376). Consiguientemente, si falta alguno de estos requisitos no se configurará la causal específica de abandono de trabajo por parte del trabajador.-
VII. Las ausencias prolongadas e injustificadas al puesto de trabajo y la consecuente falta de prestación del débito laboral importan una grave fractura del sinalagma contractual y habilitan la puesta en marcha de la figura bajo análisis.-
En el caso bajo examen, el actor manifestó que en el mes de septiembre de 2015 su esposa falleció como consecuencia de una grave enfermedad que padecía, lo que le produjo un cuadro de depresión, que hizo necesaria la asistencia psicológica (cfr. foja 45 vta.). Esta circunstancia fue reconocida explícitamente por la contraria (cfr. foja 247) y se encuentra además corroborado con los certificados médicos glosados a fs. 129/132, que le diagnosticaron el padecimiento de episodios F32 y le prescribieron reposo laboral.- Mediante la comunicación epistolar que luce a foja 137 la empleadora comunicó al dependiente que el día 2 de diciembre de 2015 debía someterse a un control médico en una clínica ubicada en la localidad de Caleta Olivia, evento al que efectivamente el trabajador concurrió.
En dicha oportunidad el galeno designado por la empresa informó que el empleado presentaba trastorno de ansiedad y depresión por el fallecimiento de su esposa, indicándole tratamiento psiquiátrico y control (cfr. foja 135).- Durante los meses posteriores el trabajador remitió certificados médicos extendidos en la provincia de Salta (cfr. fs. 133/134). Frente a ello, la accionada admite que los mismos fueron remitidos vía fax. En relación al primero detalla que resultaba ininteligible pero que se podía leer el diagnóstico F32 y la prescripción de reposo, por lo que abonó el salario correspondiente al mes de enero de 2016. Con respecto al segundo, precisó que también resultaba ilegible, por lo que en el mes de marzo de ese año decidió cursarle una misiva (cfr. foja 171 vta.).
En ella, expuso que las ausencias acaecidas desde el día 4 de ese mes no serían comprendidas dentro de lo estipulado por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello, en razón de que -según su opinión- el dependiente envió una vez más un certificado ilegible desde Salta, ciudad en la que la empresa no opera ni comercial ni administrativamente, lo que impedía el ejercicio del control médico. En consecuencia, le hizo saber que las inasistencias no serían reconocidas como justificadas para el cobro de haberes (cfr. foja 141).- A partir de allí, se generó un fluido intercambio epistolar entre los contratantes, en el que el trabajador postulaba que sus inasistencias eran justificadas y especificaba que además de continuar remitiendo vía fax los certificados médicos, también serían depositados ante la autoridad administrativa laboral de esa provincia, mientras que la empresa reafirmó su postura de que mientras se encuentre ausente de la localidad de Puerto Deseado sus inasistencias serían consideradas injustificadas, al impedir su facultad de control médico (cfr. fs. 142/152).- Es claramente comprensible que el ausentismo represente una preocupación para el empleador, por cuanto repercute negativamente en el cometido de la empresa, al constituir un factor de pérdida de la productividad.
Por ello, es lógico que planifique y desarrolle estrategias que permitan reducir las ausencias de sus empleados.-
Empero, no todo ausentismo habilita el ejercicio de las atribuciones disciplinarias con las que cuenta el empleador y, menos aún, la adopción de una consecuencia tan gravosa como el despido. Las ausencias involuntarias deben quedar al margen de ello, máxime cuando se encuentra en juego el derecho a la salud (que comprende, obviamente, la integridad psicofísica) de la persona trabajadora.-
El trabajador es un ser de carne y hueso, que tiene familia, padres, hijos, hermanos, que se enferma, se apena, se deprime, con todo lo que le ocurre a su alrededor. Es una persona que tiene sentimientos, que sufre, y que puede ser y mostrarse débil y necesitado, no mereciendo por ello desprecio, sino respeto (cfr. Pérez del Viso, Adela: “La dignidad del trabajador: concepción y casuística”, ar.microjuris.com, Cita: MJ-DOC-3400-AR | MJD3400).-
La incapacitación originada en una imposibilidad física o psíquica de la persona trabajadora de prestar servicios que hacen al objeto de su relación laboral no requiere que impida a esta la deambulación o hasta incluso la realización de algunas otras actividades. Basta que su permanencia en el trabajo atente contra su salud o posibilidad de recuperación (cfr. Olmos, Félix A., “Facultad de control médico al trabajador durante la licencia por enfermedad o accidente inculpable, www.informaciónlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/4985/2014; Mansueti, Hugo Roberto: “Derechos y deberes de las partes en la suspensión del contrato de trabajo por enfermedad inculpable”, rubinzalonline.com.ar, Cita: RC D 110/2015; Fernández Madrid, Juan Carlos, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, 3ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo. II, pág. 2084).- El artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo prescribe que el trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir.-
No hay, por lo tanto, obligación legal a cargo del trabajador a justificar su imposibilidad con presentación de certificado médico que prescriba reposo. Si con motivo de un accidente o enfermedad está imposibilitado de concurrir a trabajar, sólo debe avisar al empleador, con indicación del lugar donde se encuentra. El deber de dar aviso se limita a dicho enunciado. La ley no exige una comunicación fehaciente, pero la misma es recomendable porque, en caso de que el empleador niegue haber sido notificado, corresponderá la acreditación de dicho extremo al trabajador. Al trabajador le basta con dar cumplimiento a este aviso y someterse al control médico, en caso de que su empleador desee llevarlo a cabo (cfr. Mansueti, Hugo Roberto, ob. cit.).- La falta de aviso acarrea la consecuencia prevista en el propio texto del artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, la pérdida del derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente -teniendo en consideración su carácter y gravedad- resulte inequívocamente acreditada. El modo propio y normal de acreditación del impedimento será, sin duda, el certificado médico con prescripción de reposo.- A su turno, el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo impone al trabajador la obligación de someterse al control que le efectúe un médico designado por el empleador. Esta facultad se desprende del poder de organización y dirección en la empresa (cfr. arts. 64 y 65 de la LCT) y se justifica en la necesidad de que el empleador conozca la magnitud de las dolencias de su dependiente a fin de planificar los cambios adecuados, reemplazos, traslados y reorganización de los equipos de trabajo.- Este control debe ser ejercido por un galeno designado por el empleador. Es decir que debe existir una comunicación del empleador al trabajador en el que le indica e individualiza el facultativo. La opinión del facultativo tiene como objeto poner en conocimiento del empleador las dolencias y el tiempo estimado de ausencia del trabajador.-
Ahora bien, esta atribución de verificación debe concretarse con un sentido y finalidad estrictamente funcionales, evidenciándose razonablemente necesaria de acuerdo con las exigencias de la organización de trabajo, puesto que los poderes jerárquicos son reconocidos, no en beneficio del interés individual del empresario, sino del interés colectivo de la empresa. De lo contrario sería un ejercicio caprichoso o que encubriría una finalidad persecutoria o discriminatoria.- Por lo tanto, su puesta en práctica tiene que llevarse a cabo de acuerdo a los límites impuestos por el artículo 65 del régimen laboral, entre los que interesa destacar la necesidad de que se realice “sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador”.-
Esta reserva impuesta al empleador también debe complementarse con otras reglas técnicas contenidas en el ordenamiento laboral.-
El artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo determina que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, y sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. De este modo se da prioridad al aspecto personal del trabajo, como perfeccionador del propio sujeto que lo ejecuta, por encima del mero aspecto objetivo, consistente en su contribución al proceso productivo.- A partir de lo estipulado por el artículo 62 de la normativa laboral los contratantes deben adecuar su marco de actuación al espíritu que surge de los criterios de colaboración y solidaridad. Esta regla se encuentra estrechamente enlazada con la siguiente, en cuanto prevé que “Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.” (cfr. art. 63 de la LCT).- La realidad social que se genera en un negocio jurídico laboral supera los límites formalistas de un contrato.
Se crea “…una relación personal humana, en la cual el trabajador, sus compañeros de tareas y el empleador, ‘se integran’, no sólo externamente, sino que en ello comprometen sus vidas (y en esa relación ‘pasan’ gran parte de su vida) en una comunidad (empresa), en la cual no actúan como terceros, sino que son partes (participan). Dentro de ese complejo…de obligaciones recíprocas…las de conducta o éticas…se traducen en determinados imperativos de orden moral (abstenerse recíprocamente de actuaciones contrarias a la buena fe y a la equidad, la mutua tolerancia, no agravar la situación de la otra parte, tanto en lo biológico, como en lo psicológico y económico, dar los avisos oportunos para evitar daños, prestar colaboración y hasta servicios extraordinarios en las emergencias que se planteen, etc.), a los que están comprometidas ambas partes…Ocurre que el contrato de trabajo, por ser de tracto sucesivo e implicar en la realidad un trato personal entre quienes desarrollan su actividad laboral en la empresa, no sólo entre empleador y trabajador, sino entre éstos entre sí y con los demás trabajadores, exige que esas relaciones se desarrollen dentro de pautas mínimas de ética, de mutua tolerancia, equidad y buena fe […] Con estas premisas la ley da la orientación que debe regir las relaciones en la empresa.” (cfr.
Rodríguez Mancini, Jorge: “Ley de Contrato de Trabajo”, Comentada, anotada y concordada, 2º Edición actualizada y ampliada, Tomo II, págs. 495/497). En este contexto, la buena fe asume el carácter de un principio jurídico fundamental; consiguientemente, debe concebirse como una norma que ordena que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.- Asimismo, expresa que: “…Por más que sean partes que pueden tener intereses contrapuestos, no son enemigos que deben buscar la destrucción recíproca, sino que…tienen que colaborar solidariamente, cumpliendo su rol específico, para lograr un objetivo común (‘hacia fuera’): la producción de bienes y servicios para la comunidad.
Pero esta relación tiene también una faz interna (‘hacia adentro’), en la que los respectivos derechos y facultades que surgen del complejo normativo creado por el negocio jurídico, deben ‘cumplirse’ de manera que no se viole la buena fe, espíritu de colaboración, solidaridad y dignidad de los miembros de la comunidad, ya que éstos…tienen que encontrar en ese ambiente el medio apropiado para desarrollar su personalidad.” (cfr. autor y ob. cit.).- “Luego, conforme al art. 68, el empleador en ejercicio de todas estas facultades, además de cumplir las normas de la propia ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas y los reglamentos internos de la empresa, ‘se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho.’ ” (cfr.
Alonso, Martín: “El derecho a la intimidad del trabajador y las facultades de control del empleador: su relación con las nuevas tecnologías”, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/1909/ 2015).- “El trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad para que el trabajador desarrolle sus aptitudes, habilidades, potencialidades y logre sus aspiraciones, en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. En el marco señalado, las facultades del empleador concedidas por la ley, deben ser discrecionalmente ejercidas…con el infranqueable límite que impone el respeto de la dignidad del trabajador y el jus cogens...Frente a una situación de extrema vulnerabilidad del trabajador, como es el caso de una enfermedad, la licitud de la conducta del empleador debe analizarse con suma prudencia.
Se debe priorizar el bienestar de la persona humana que trabaja, postergándose a un segundo plano el beneficio del empresario. Por ello, corresponde consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad, quien no debe estar sujeto a ninguna consecuencia perjudicial derivada de su enfermedad. La discusión no debe girar alrededor de la lógica de la producción y la competitividad inter empresarial, sino teniendo en cuenta la posición subjetiva del trabajador y su derecho fundamental a un puesto de trabajo.” (cfr. Olmos, Félix Alejandro. Cita IJ-CCLI890. Revista de Derecho del Trabajo de Mendoza, Nº 6, Diciembre de 2016).- Siguiendo este mismo orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el contenido y alcance de las facultades “discrecionales” del empleador de organización y dirección de la empresa, por más amplios que hipotéticamente fuesen, en ninguna circunstancia y lugar podrían dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador.
Admitir que los poderes del empleador determinen la medida y alcances de los derechos humanos del trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Por lo contrario, son dichos poderes los que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad (Fallos 333:2306, voto de la mayoría, considerando 10º).- Lo anterior conduce a concluir que el contrato de trabajo, tanto por su trascendencia social como por el tipo de relaciones que establece, ha de ser considerado, incluso con mayor razón que cualquier otro, como un contrato constitucionalmente condicionado.
La celebración de un contrato de trabajo no implica la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como persona humana, pues ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni el derecho a ejercer la industria lícita legitima que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional.- En el contexto apuntado, debe reputarse que la construcción argumental sobre la que se apoya la decisión del órgano jurisdiccional de alzada infringe los preceptos legales aludidos, la concepción principista y la valoración normativa que rodea a cada uno de ellos.-
Examinar, en el caso concreto, si la conducta exhibida por el dependiente evidenciaba una abstención voluntaria e injustificada del deber de poner a disposición su fuerza de trabajo obligaba a aplicar las normas jurídicas precitadas (arts. 4, 62, 65, 68, 209 y 210 de la LCT) que conferían sentido al conflicto.-
También se observa que el tribunal de mérito asignó al artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo un sentido incompatible con los contenidos axiológicos descriptos anteriormente. El alcance normativo erróneo de esta norma deriva de la inadecuada valoración de la plataforma fáctica que rodea el asunto. Cierto es que esta última cuestión escapa, en principio, al control de casación, salvo que se configure el supuesto del absurdo, lo que efectivamente ocurre en el sub lite.- Merece este reproche el limitado examen que realiza la Excma. Cámara de Apelaciones del intercambio epistolar generado entre las partes, del que surge que el trabajador procuró en todo momento aportar razones sustanciales que justificaran su inasistencia.-
También soslayó el hecho de que no existió una comunicación efectiva de la empleadora al trabajador que indicara una fecha precisa y la individualización de un profesional de la salud al que debiera someterse a control médico, tal como había ocurrido con anterioridad (cfr. misiva de foja 137). En este punto, resulta dable poner de relieve que la demandada insistentemente postuló durante el intercambio epistolar que la ausencia del empleado de la localidad de Puerto Deseado impedía el ejercicio de control médico (cfr. fs. 144, 147 y 150); empero, no puede pasarse por alto que el control patronal anterior se había concretado en la ciudad de Caleta Olivia, es decir, a casi doscientos veinte kilómetros de distancia de la localidad en la que el trabajador cumplía labores. Por lo demás, tampoco puede desatenderse el hecho de que el informe elaborado por el facultativo designado por la empleadora omitió estimar la presumible duración de la enfermedad inculpable del trabajador (cfr. foja 135), lo que no puede redundar en contra de los intereses de este último.- Es preciso señalar que las disposiciones emitidas unilateralmente por la empresa que lucen a fs. 111 y 113, referenciadas en la sentencia en crisis, no resultan suficientes por sí solas para evidenciar el incumplimiento del débito laboral del empleado.-
Si bien los reglamentos internos o códigos de conducta pueden resultar una herramienta valiosa para una eficaz administración de los recursos de la empresa, dado que aportan un marco organizativo y conductual a fin de que todos los sujetos involucrados tengan en claro la forma de actuación correcta y esperada, lo cierto es que necesariamente deben ajustar su contenido a las pautas legales imperativas y de orden público, como a los convenios colectivos de trabajo o a los acuerdos individuales previamente celebrados (cfr. Portabella Polimeni, Diego A. “Reglamento interno de empresas: propuesta de legislación del instituto en forma autónoma dentro de la Ley de Contrato de Trabajo”. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online AR/DOC/5007/2015); ello, lleva a excluir toda disposición que: vulnere el principio de razonabilidad; afecte derechos personalísimos; no se ajuste a las particularidades del medio de cada empresa; resulte caprichosa, infundada o superflua; no contemple la dignidad del trabajador y, en general, constituyan una desviación del poder de dirección y de organización empresaria o afecten normas de orden público (cfr. Maccaferri, Patricia “Práctica Laboral: Reglamentos de empresa (el correo electrónico como herramienta de trabajo)”. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: 0003/400230).- Por lo tanto, la lectura de la reglamentación interna de la demandada no podía materializarse sin atender el contenido normativo plasmado en los artículos 209 y 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, so pena de trastocar la imperatividad de la ley laboral (arts. 7, 12 y 13 de la LCT).-
En este marco, determinar -como lo hace el tribunal a quo- que el dependiente no actuó en consonancia con el principio de buena fe y que su actitud equivalió a una negativa a someterse al control médico aparece entonces, como una conclusión contraria a las constancias objetivas que derivan de la causa.-
En un sentido contrario al propuesto por el cuerpo jurisdiccional de alzada, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha considerado contraria al principio de buena fe la conducta del empleador que, a pesar de haber recibido la comunicación del trabajador que se hallaba enfermo, ignora tal comunicación persistiendo con intimaciones telegráficas -que más tarde invoca para tener por incurso a aquél en abandono de trabajo- sin procurar siquiera verificar si la dolencia invocada se ajustaba o no a la realidad (cfr. SCBA LP L 39718 S, “Alegre, Hilario c/Cristalerías Cattorini Hnos. s/Despido”, 09/08/1988).- Debe tenerse en cuenta igualmente que cuando el trabajador avisa que faltará impide que el abandono de la tarea pueda ser considerado como un abandono del contrato. Constituye discusión aparte la tocante a la justificación sustancial de las razones que exponga y si dan derecho o no a la percepción del salario. Incluso podrá -también aquí- constituir una causa distinta de despido directo, pero lo que excluye el aviso es que pueda imputarse la extinción del contrato a la intención de abandonarlo (cfr. Machado, José Daniel, Coppoletta, Sebastián, Acosta, María Victoria y Condal, María Lucila: “Caracterización técnica del negocio jurídico extintivo por abandono de trabajo”; rubinzalonline.com.ar, Cita: RC D 186/2012).- En base a lo sostenido hasta aquí, cabe colegir que en el presente caso la primera de las condiciones exigidas para que se configure esta causa específica de despido, esto es, la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral, no se encuentra cumplida.-
VIII. Tampoco se verifica en el sub lite un animus abdicativo del trabajador, tras la intimación al reintegro de sus tareas.-
El intercambio telegráfico que rodeó al despido da cuenta de que frente a la intimación patronal para que retomara las tareas, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo (cfr. foja 154), el actor -con anterioridad a que se concretara la cesantía- rechazó la posición del principal, dando las razones que a su entender justificaban su accionar. Puntualmente, negó su deber de retomar tareas atento a que sus inasistencias se encontraban debidamente justificadas mediante certificados médicos que habían sido enviados por fax y, a su vez, depositados en la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Salta (cfr. foja 157). Posteriormente, la empleadora -mediante el despacho postal que luce a foja 159- rescindió el contrato de trabajo, por considerar configurado el abandono de tareas, en los términos del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.- Más allá que en la causa se haya acreditado o no, lo cierto es que aquello que expuso el trabajador en su comunicación telegráfica resulta suficiente para demostrar el error en el que incurrió el tribunal a quo a la hora de juzgar la legitimidad del acto extintivo.
Habiendo el trabajador -en su contestación a la intimación cursada por la empleadora- exteriorizado los fundamentos por los cuales, a su juicio, se encontraba justificado su accionar, su conducta mal podía encuadrarse, luego, en la figura del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.- Ocurre, que para que se configure la situación de abandono debe verificarse una clara y concreta intención del trabajador de no continuar la relación laboral que lo liga con su empleador, es decir, debe demostrarse cabalmente que su ánimo ha sido el de no retomar sus tareas ni reintegrarse al empleo, ya que no toda ausencia permite inferir tal determinación. Así, si el actor ante el emplazamiento del empleador para que retomara sus tareas contestó informando que estaba enfermo y que debía guardar reposo bajo control médico, poniendo el certificado médico a disposición del empleador, queda excluido el desinterés por el vínculo que subyace en la situación contemplada en el mentado artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 528, Folio 2961/2963).- Desde antiguo, este Alto Cuerpo ha sostenido que corresponde precisar la verdadera voluntad del trabajador a través de su comportamiento y desentrañar si el acto de incumplimiento configura el abandono de trabajo invocado, como causal de despido, toda vez que la inasistencia del trabajador a sus tareas no es suficiente para la configuración del abandono (cfr. Sentencia, Tomos IV, Reg. 137, Folio 661/668; Reg. 142, Folio 692/695 y VIII, Reg. 277, Folio 1508/1511). Tiene que existir la voluntad del trabajador de incumplir con su débito laboral, ya que en realidad el incumplimiento generador del abandono de trabajo, no consiste en cualquier incumplimiento sino en un incumplimiento grave o calificado, cuya gravedad se manifiesta, además de por su propia magnitud, por el desdén hacia la intimación (cfr.
Sentencia, Tomo VIII, Reg. 277, Folio 1508/1511).- En la especie, la extinción del vínculo no se sustentó sin más en ausencias o faltas injustificadas del trabajador, sino en una causa que supone la intención del operario de no reintegrarse al trabajo (cfr. art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo), lo cual no se verifica si el dependiente invoca -como en el sub lite- las razones por las cuales considera que le asiste el derecho de no concurrir a prestar sus tareas.-
Del análisis de las comunicaciones postales surge que el trabajador no ha dejado de prestar su débito laboral “injustificadamente” sino que, por el contrario, ha manifestado reiteradamente los motivos que impidieron la prestación de su débito laboral.-
Surge de la instrumental agregada en autos que el emplazamiento de foja 154 realizado por la empleadora no ha tenido la teleología del restablecimiento de la relación contractual; por el contrario, este se traduce en una mera base de preconstitución de un despido directo causado que vacía de contenido el artículo 244 del ordenamiento laboral y la finalidad que inspira esta norma.-
La labor intelectual del órgano jurisdiccional de alzada, no ha tenido en cuenta que el trabajador no ha abandonado el vínculo laboral sino que ha aducido la existencia de motivos y justificaciones que le han impedido prestar sus servicios, lo que puede tener un margen de litigiosidad, pero no permite concluir que existió una intención definitiva de abdicación que torne legítimo el distracto formulado por la empresa en los términos del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.- En conclusión y por los motivos expresados la sentencia recurrida debe ser descalificada como acto judicial válido.-
IX. En base a lo expuesto, se le reconoce al actor el derecho a percibir los siguientes rubros: indemnización por antigüedad (cfr. art. 245 de la LCT); indemnización sustitutiva de preaviso (cfr. art. 232 de la LCT); sueldo anual complementario s/ preaviso (cfr. art. 232 de la LCT); sueldo anual proporcional del año 2016; vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario s/ vacaciones no gozadas y haberes adeudados correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016 (cfr. art. 213 de la LCT). Todos estos ítems fueron solicitados por el actor en su demanda (cfr. fs. 47 vta./48).- A efectos de fijar el monto salarial a partir del cual se calcularán las indemnizaciones debidas se tomará la mejor remuneración normal y habitual devengada por el actor (cfr. art. 245 de la LCT) correspondiente al mes de mayo de 2016, que asciende a la suma de $15.256,92 (monto propuesto por el accionante a foja 48).-
Igualmente, se deberá tener en cuenta para efectuar la liquidación de la indemnización, la fecha de ingreso del actor, esto es 14 de agosto de 2010 (cfr. fs. 45 vta. y 170 vta.) y deducida la suma de $15.146,73 previamente abonada por la empleadora en concepto de liquidación final (cfr. fs. 92 y 173 vta.).-
Es pertinente señalar que este Tribunal no puede ingresar a analizar lo resuelto en la instancia de origen en materia de intereses, ya que al no ser objeto de agravio en el recurso de apelación de la parte demandada (cfr. fs. 269/274 vta.) y haber adquirido firmeza, deberá aplicarse la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina desde la fecha del distracto hasta el efectivo pago, tal como lo decidió la Jueza de Primera Instancia (cfr. foja 266 vta.) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 588, Folio 3368/3376).-
X. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor a fs. 353/358 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 334/341. Consiguientemente, se decide componer positivamente la litis haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Lorenzo Martín Díaz, condenando a la demandada Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en el considerando IX y en el término de diez (10) días.- Por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas en todas las instancias deben ser impuestas a la demandada perdidosa (art. 68 del CPC y C, por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444), difiriendo la regulación de honorarios de las letradas intervinientes en esta instancia, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias; y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 379.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 353/358 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 334/341.-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por el Sr. Lorenzo Martín Díaz, condenando a la demandada Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a abonar al actor las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en el considerando IX y en el término de diez (10) días.-
4. Diferir la regulación de honorarios de las letradas intervinientes en esta instancia, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013S.211 Tomo: XX Interlocutorio: 685 Folio N°: 3992/4000 Secretaría: 1
Fin de la sentencia