Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7399
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios.
2Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444).
3Tener presente la reserva del caso federal.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7399 Sentencia: 2812 Actor: Diaz, Mirta Demandada: Oyarzo Cecilia Objeto: Laboral Fecha: 21/11/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “DÍAZ MIRTA C/ OYARZO CECILIA S/ LABORAL” Expte. 1120 en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 7399/19. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda I. Bard, Dr. Humberto E. Monelos y Dr. Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 36/45 el Dr. Héctor Marcelo Magallan en carácter de apoderado de Mirta Susana Díaz, promueve demanda laboral contra Cecilia Noemí Oyarzo pretendiendo el cobro de las indemizaciones correspondientes por despido indirecto consagradas en el art. 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, más SAC proporcional, indemnización por vacaciones no gozadas y proporcional del mes trabajado lo cual asciende a la suma de $346.873,02 con más intereses, costas y costos.- Relata que la actora ingresó a trabajar para la demandada, titular del comercio "Lo de Ceci", el día 23 de marzo de 2008 cumpliendo tareas como ayudante de verdulería, otorgándosele la categoría de Auxiliar Especializado "B" conforme al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 correspondiente al "Sindicato de Empleados de Comercio" percibiendo las remuneraciones establecidas por el Acuerdo Colectivo 2016 anexado a dicho convenio.- La relación laboral se desarrolló en un clima de tensión y hostigamiento psicológico constante, debido al mal trato de la empleadora, gritos, presión y control en las actividades que la actora llevaba adelante, hasta que el día 06/10/2016, en horario de trabajo, se produce una discusión en la cocina del comercio "Lo de Ceci" con la empleadora, que aparace con una cuchilla en la mano e intimida a mi mandante amenazando con atacarla. A raíz de ello, comienza intercambio epistolar entra las partes, considerando la actora que se encuentra configurado el despido indirecto previsto en el art. 246 LCT. Práctica liquidación, ofrece pruebas y funda en derecho.
II. Que a fs. 86 se celebró la audiencia de conciliación del art. 47 de la Ley 1.444, donde no se llegó a acuerdo alguno. Se agrega la contestación de demanda y documentación acompañada a fs. 53/85, donde efectúa una negativa de los hechos afirmados por la actora, da su versión de lo sucedido e impugna los rubros solicitados. A fs. 88/89 se abre la causa a pruebas.-
III. A fs. 161/163 se dicta sentencia que hace lugar a la demanda condenando a la demandada a pagar a la actora la suma de $265.061,56 en concepto de indemnización por despido, preaviso, SAC, vacaciones no gozadas e indemnización del art. 2 de la Ley 25.323, monto al que se le adicionarán intereses desde la fecha del despido (31/10/16) con más la aplicación de la tasa activa que publica el Banco Nación de la República Argentina; impone las costas a la parte accionada y difiere la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes.
IV. La sentencia no satisface las aspiraciones de la parte demandada, a fs. 166/169 interpone y funda recurso de apelación, que es concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 170. Corrido el pertinente traslado, la parte actora contesta a fs. 172/176.
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo; recibidos se integra Cámara, firme la misma, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio estableciendo el orden para ello.
V. Se agravia la parte demandada contra la sentencia dictada en autos, en cuanto la misma en su inciso I hace lugar a la demanda deducida por Mirta Susana Díaz y en el inciso II impone las costas a la demandada. Entiende que la jueza a quo realizó una errónea valoración de la prueba. Respecto de la prueba documental, dio por acreditado un cuadro médico con fotocopias de certificados médicos sin ninguna suerte de certificación o legalización, los cuales carecen de valor documental, porque la fotocopia obrante a fs. 6 habla únicamente de reposo laboral por 48 horas y la obrante a fs. 7 habla de una cervicalgia aguda, lo cual no guarda relación alguna con el litigio. Recuerda que esta parte cumplimentó en el acapié IV de la contestación de demanda el desconocimiento categórico consagrado en el art. 61 de la Ley 1.444.
Respecto de la prueba testimonial, refiere que la jueza no estimó la declaración testimonial de Sonia Elba Kuhnle, quién manifestó que se encontraba el día de la discusión que dio origen a la demanda y que escuchó insultos por parte de la Sra. Díaz en contra de su mandante (fs. 119); sin razón atendible concedió más valor a los dichos de los testigos de la actora que a los propuestos por esta parte. Del relato de los testigos la jueza de grado refiere que existieron malos tratos, los cuales no especifica con claridad, no define si hubo crisis nerviosa o angustia como relató la actora y con ello se aparta claramente del objeto de la demanda, tampoco tuvo en cuenta la causa penal (Expte. Nro. 10.360/2016) que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción y del Menor Nro. 1, que fuera ofrecido como prueba, ni le dio relevancia a la actitud de su mandante de conservar el puesto de trabajo de la actora en las misivas que intercambió con esta última.
Además, afirma, que la jueza a quo hizo lugar al reclamo fundado en el art. 2 de la Ley 25.323 manifestando que habiendo sido debidamente intimada su mandante a abonar la correspondiente indemnización por despido, no lo hizo, obligando a la trabajadora a iniciar la presente acción judicial, omitiendo por completo las copias certificadas de las actuaciones administrativas en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz Dirección Puerto Deseado, en las que se cristalizaba la buena fe que se tuvo desde el principio con la actora con el objetivo de pagar las indemnizaciones que por ley le correspondían, quien ni siquiera quiso recibir los certificados de trabajo del art. 80 LCT.
Por último, sostiene que la jueza no tuvo en cuenta lo planteado en la contestación de demanda ni hizo una apreciación global e integral de toda la prueba rendida en autos, justificando la decisión rupturista de la actora, citando el art. 242 LCT, que sólo procede en casos de suma gravedad. Hace reserva del caso federal.
VI. Al contestar los agravios, la actora considera que el fallo constituye una correcta interpretación y aplicación de los institutos especiales de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que no existió error en la valoración de la prueba documental acompañada y que no corresponde a la parte actora acreditar la autenticidad de las copias de los certificados médicos, por lo que no existió una vulneración al derecho de defensa y al debido proceso. De la prueba testimonial surge con claridad que se configuró una injuria laboral como fue planteado en la demanda, por lo cual no era necesario que la jueza a quo especifique si existió una crisis nerviosa o angustia. Asimismo, respecto de la causa penal Expte. Nro. 10.630/2016, sostiene que ante el supuesto de que la jueza no se haya expedido sobre esta prueba, de haberlo hecho no haría más que confirmar los hechos afirmados y probados por la actora. Sostiene que no existió por parte de la actora negativa de recibir liquidación final y documentación laboral correspondiente en sede administrativa, sino que no se aceptó la liquidación final por ser una significativamente inferior a la que por derecho le corresponde.
Respecto de la injuria como causal de extinción del contrato de trabajo refiere que el maltrato verbal ya configura una injuria de tamaña gravedad como para llevar al trabajador a ponerle fin a la relación de trabajo, y en este caso nos encontramos no sólo ante violencia verbal, sino también psicológica y potencialmente física, lo cual permitió a su mandante denunciar el contrato de trabajo y dar por finalizada la relación laboral; y además debe destacarse que en materia laboral rige el principio de In dubio pro operario previsto en el art. 9 LCT.
VII. Ingresando al estudio de los agravios ensayados por la parte actora, en primer término, habré de referirme al que sostiene que hubo una incorrecta y parcial valoración de la prueba ofrecida en autos.
La carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.
En el caso que nos convoca, la actora tuvo a su cargo la prueba de que la demandada fue autora de las injurias que se le atribuyen y que el despido indirecto de la trabajadora fue una medida justificada y no desproporcionada.
Si bien es cierto, como sostiene la demandada que, pese al desconocimiento de la documentación efectuado por esa parte en los términos del art. 61 Ley 1.444, la jueza de grado al abrir la causa a prueba tuvo presente la agregada, desestimando en consecuencia los oficios al Hospital Distrital Puerto Deseado, Centro de Diagnóstico y Tratamiento y Centro Médico Deseado. Ante tal decisión, la parte demandada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo rechazado el primero y concedida la apelación con efecto diferido (fs. 92). Debo destacar que, el recurso no fue sostenido en la oportunidad procesal prevista para ello (art. 91 Ley 1.444), por lo que no corresponde su tratamiento en esta instancia. Sin perjuicio de ello, adelantando que a mi entender la Jueza de grado efectuó una correcta y adecuada valoración de las pruebas esenciales atendiendo a las reglas de la sana crítica (art. 364 del CPCC) por lo que los agravios en este sentido deben ser desestimados, de las constancias de la causa, surge que ha quedado debidamente probada la discusión que mantuvieran Marta Díaz y Cecilia Oyarzo, la que provocó la crisis de angustia de la trabajadora configurándose la injuria que diera por terminada la relación laboral. De las declaraciones testimoniales, incluyendo la de Sonia Kuhnle, testigo ofrecida por la demandada, surge que la discusión entre ambas existió pero ninguno de los testigos la presenció, y que luego de ello, la actora se retiró llorando del lugar. A más de ello, la única cámara existente en el espacio físico donde ocurrieron los hechos no funcionaba. Respecto de la causa penal ofrecida como prueba, la misma no resulta vinculante para la juzgadora de la presente causa; y en relación a las actuaciones en sede administrativa iniciadas por la demandada, también es de dable destacar que la actora concurrió al efecto de declinar la vía haciendo uso de la facultad que por derecho le corresponde, lo que de ninguna manera puede generar una presunción en su contra.
"Más allá de que los distintos ambientes de trabajo puedan ser -según el caso- más o menos exigentes, más o menos cordiales, más o menos formales, existen ciertos límites mínimos que no pueden traspasarse en ningún caso, entre los cuales está el del respeto que debe existir en el trato -tanto del empleador hacia el empleado como viceversa, y por cierto entre los empleados entre sí, jerárquicos o no, en tanto se trata de personas que comparten día a día la comunidad laboral- pues es esencial en cualquier organización (grande o pequeña), y las desinteligencias que lógicamente pueden suscitarse con motivo del trabajo deben ser encaradas por los interesados dentro de dichas limitaciones. Las agresiones verbales del tipo y tenor de las aquí comprobadas -reitero, más allá de quien las profiera- deben quedar descartadas y quien las inflige torna por su culpa insostenible la prosecución del contrato de trabajo".(Cám. Apelaciones Neuquén, sala I, Crespo Pueblas Alfredo Adrián c/ FAF Asociados SRL s/ Despido directo por otras causales,Sen.20/03/2014, jusneuquen.gov.ar). Por último, respecto de la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323, la queja tampoco debe ser acogida, en tanto se encuentran, como lo sostuvo la Jueza en la instancia de grado, reunidos los extremos necesarios para su procedencia, intimación fehaciente y mora en el pago, obligando a la actora a iniciar las acciones judiciales pertinentes.
En virtud de todo lo expuesto, teniendo presente lo normado por el 242 de la LCT y principalmente, tratándose de derechos laborales, el art. 9, 2da. parte de la LCT que plasma el principio protectorio “in dubio pro operario”, de raigambre constitucional, que dispone que para el caso de existir duda en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de las pruebas, siempre debe decidirse en el sentido más favorable al trabajador, entiendo que, los agravios no logran conmover la sentencia de grado y por tal razón corresponde confirmarla en cuanto fuera materia de agravios.
IX. La parte demandada se agravia por la imposición de costas a su parte. Este agravio debe desestimarse habida cuenta de lo decidido anteriormente y por que además de ello, no corresponde imponer las costas al trabajador que se vio obligado a recurrir a sede judicial para que su acreencia sea reconocida(art. 68 CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XI. Que en mérito a los fundamentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º)Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444). 3º) Tener presente la reserva del caso federal. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Por las razones expuestas al adherir a la anterior cuestión comparto el pronunciamiento propuesto por ser justo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 21 de Noviembre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios.
2. Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444).
3. Tener presente la reserva del caso federal.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jorge O. Alonso firma la presente sin emitir opinión por no existir disidencia entre las demás firmantes. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201 047S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2812 Folio Nº: 0 Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7399 Sentencia: 2812 Actor: Diaz, Mirta Demandada: Oyarzo Cecilia Objeto: Laboral Fecha: 21/11/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “DÍAZ MIRTA C/ OYARZO CECILIA S/ LABORAL” Expte. 1120 en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 7399/19. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda I. Bard, Dr. Humberto E. Monelos y Dr. Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 36/45 el Dr. Héctor Marcelo Magallan en carácter de apoderado de Mirta Susana Díaz, promueve demanda laboral contra Cecilia Noemí Oyarzo pretendiendo el cobro de las indemizaciones correspondientes por despido indirecto consagradas en el art. 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, más SAC proporcional, indemnización por vacaciones no gozadas y proporcional del mes trabajado lo cual asciende a la suma de $346.873,02 con más intereses, costas y costos.- Relata que la actora ingresó a trabajar para la demandada, titular del comercio "Lo de Ceci", el día 23 de marzo de 2008 cumpliendo tareas como ayudante de verdulería, otorgándosele la categoría de Auxiliar Especializado "B" conforme al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 correspondiente al "Sindicato de Empleados de Comercio" percibiendo las remuneraciones establecidas por el Acuerdo Colectivo 2016 anexado a dicho convenio.- La relación laboral se desarrolló en un clima de tensión y hostigamiento psicológico constante, debido al mal trato de la empleadora, gritos, presión y control en las actividades que la actora llevaba adelante, hasta que el día 06/10/2016, en horario de trabajo, se produce una discusión en la cocina del comercio "Lo de Ceci" con la empleadora, que aparace con una cuchilla en la mano e intimida a mi mandante amenazando con atacarla. A raíz de ello, comienza intercambio epistolar entra las partes, considerando la actora que se encuentra configurado el despido indirecto previsto en el art. 246 LCT. Práctica liquidación, ofrece pruebas y funda en derecho.
II. Que a fs. 86 se celebró la audiencia de conciliación del art. 47 de la Ley 1.444, donde no se llegó a acuerdo alguno. Se agrega la contestación de demanda y documentación acompañada a fs. 53/85, donde efectúa una negativa de los hechos afirmados por la actora, da su versión de lo sucedido e impugna los rubros solicitados. A fs. 88/89 se abre la causa a pruebas.-
III. A fs. 161/163 se dicta sentencia que hace lugar a la demanda condenando a la demandada a pagar a la actora la suma de $265.061,56 en concepto de indemnización por despido, preaviso, SAC, vacaciones no gozadas e indemnización del art. 2 de la Ley 25.323, monto al que se le adicionarán intereses desde la fecha del despido (31/10/16) con más la aplicación de la tasa activa que publica el Banco Nación de la República Argentina; impone las costas a la parte accionada y difiere la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes.
IV. La sentencia no satisface las aspiraciones de la parte demandada, a fs. 166/169 interpone y funda recurso de apelación, que es concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 170. Corrido el pertinente traslado, la parte actora contesta a fs. 172/176.
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo; recibidos se integra Cámara, firme la misma, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio estableciendo el orden para ello.
V. Se agravia la parte demandada contra la sentencia dictada en autos, en cuanto la misma en su inciso I hace lugar a la demanda deducida por Mirta Susana Díaz y en el inciso II impone las costas a la demandada. Entiende que la jueza a quo realizó una errónea valoración de la prueba. Respecto de la prueba documental, dio por acreditado un cuadro médico con fotocopias de certificados médicos sin ninguna suerte de certificación o legalización, los cuales carecen de valor documental, porque la fotocopia obrante a fs. 6 habla únicamente de reposo laboral por 48 horas y la obrante a fs. 7 habla de una cervicalgia aguda, lo cual no guarda relación alguna con el litigio. Recuerda que esta parte cumplimentó en el acapié IV de la contestación de demanda el desconocimiento categórico consagrado en el art. 61 de la Ley 1.444.
Respecto de la prueba testimonial, refiere que la jueza no estimó la declaración testimonial de Sonia Elba Kuhnle, quién manifestó que se encontraba el día de la discusión que dio origen a la demanda y que escuchó insultos por parte de la Sra. Díaz en contra de su mandante (fs. 119); sin razón atendible concedió más valor a los dichos de los testigos de la actora que a los propuestos por esta parte. Del relato de los testigos la jueza de grado refiere que existieron malos tratos, los cuales no especifica con claridad, no define si hubo crisis nerviosa o angustia como relató la actora y con ello se aparta claramente del objeto de la demanda, tampoco tuvo en cuenta la causa penal (Expte. Nro. 10.360/2016) que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción y del Menor Nro. 1, que fuera ofrecido como prueba, ni le dio relevancia a la actitud de su mandante de conservar el puesto de trabajo de la actora en las misivas que intercambió con esta última.
Además, afirma, que la jueza a quo hizo lugar al reclamo fundado en el art. 2 de la Ley 25.323 manifestando que habiendo sido debidamente intimada su mandante a abonar la correspondiente indemnización por despido, no lo hizo, obligando a la trabajadora a iniciar la presente acción judicial, omitiendo por completo las copias certificadas de las actuaciones administrativas en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz Dirección Puerto Deseado, en las que se cristalizaba la buena fe que se tuvo desde el principio con la actora con el objetivo de pagar las indemnizaciones que por ley le correspondían, quien ni siquiera quiso recibir los certificados de trabajo del art. 80 LCT.
Por último, sostiene que la jueza no tuvo en cuenta lo planteado en la contestación de demanda ni hizo una apreciación global e integral de toda la prueba rendida en autos, justificando la decisión rupturista de la actora, citando el art. 242 LCT, que sólo procede en casos de suma gravedad. Hace reserva del caso federal.
VI. Al contestar los agravios, la actora considera que el fallo constituye una correcta interpretación y aplicación de los institutos especiales de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que no existió error en la valoración de la prueba documental acompañada y que no corresponde a la parte actora acreditar la autenticidad de las copias de los certificados médicos, por lo que no existió una vulneración al derecho de defensa y al debido proceso. De la prueba testimonial surge con claridad que se configuró una injuria laboral como fue planteado en la demanda, por lo cual no era necesario que la jueza a quo especifique si existió una crisis nerviosa o angustia. Asimismo, respecto de la causa penal Expte. Nro. 10.630/2016, sostiene que ante el supuesto de que la jueza no se haya expedido sobre esta prueba, de haberlo hecho no haría más que confirmar los hechos afirmados y probados por la actora. Sostiene que no existió por parte de la actora negativa de recibir liquidación final y documentación laboral correspondiente en sede administrativa, sino que no se aceptó la liquidación final por ser una significativamente inferior a la que por derecho le corresponde.
Respecto de la injuria como causal de extinción del contrato de trabajo refiere que el maltrato verbal ya configura una injuria de tamaña gravedad como para llevar al trabajador a ponerle fin a la relación de trabajo, y en este caso nos encontramos no sólo ante violencia verbal, sino también psicológica y potencialmente física, lo cual permitió a su mandante denunciar el contrato de trabajo y dar por finalizada la relación laboral; y además debe destacarse que en materia laboral rige el principio de In dubio pro operario previsto en el art. 9 LCT.
VII. Ingresando al estudio de los agravios ensayados por la parte actora, en primer término, habré de referirme al que sostiene que hubo una incorrecta y parcial valoración de la prueba ofrecida en autos.
La carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.
En el caso que nos convoca, la actora tuvo a su cargo la prueba de que la demandada fue autora de las injurias que se le atribuyen y que el despido indirecto de la trabajadora fue una medida justificada y no desproporcionada.
Si bien es cierto, como sostiene la demandada que, pese al desconocimiento de la documentación efectuado por esa parte en los términos del art. 61 Ley 1.444, la jueza de grado al abrir la causa a prueba tuvo presente la agregada, desestimando en consecuencia los oficios al Hospital Distrital Puerto Deseado, Centro de Diagnóstico y Tratamiento y Centro Médico Deseado. Ante tal decisión, la parte demandada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo rechazado el primero y concedida la apelación con efecto diferido (fs. 92). Debo destacar que, el recurso no fue sostenido en la oportunidad procesal prevista para ello (art. 91 Ley 1.444), por lo que no corresponde su tratamiento en esta instancia. Sin perjuicio de ello, adelantando que a mi entender la Jueza de grado efectuó una correcta y adecuada valoración de las pruebas esenciales atendiendo a las reglas de la sana crítica (art. 364 del CPCC) por lo que los agravios en este sentido deben ser desestimados, de las constancias de la causa, surge que ha quedado debidamente probada la discusión que mantuvieran Marta Díaz y Cecilia Oyarzo, la que provocó la crisis de angustia de la trabajadora configurándose la injuria que diera por terminada la relación laboral. De las declaraciones testimoniales, incluyendo la de Sonia Kuhnle, testigo ofrecida por la demandada, surge que la discusión entre ambas existió pero ninguno de los testigos la presenció, y que luego de ello, la actora se retiró llorando del lugar. A más de ello, la única cámara existente en el espacio físico donde ocurrieron los hechos no funcionaba. Respecto de la causa penal ofrecida como prueba, la misma no resulta vinculante para la juzgadora de la presente causa; y en relación a las actuaciones en sede administrativa iniciadas por la demandada, también es de dable destacar que la actora concurrió al efecto de declinar la vía haciendo uso de la facultad que por derecho le corresponde, lo que de ninguna manera puede generar una presunción en su contra.
"Más allá de que los distintos ambientes de trabajo puedan ser -según el caso- más o menos exigentes, más o menos cordiales, más o menos formales, existen ciertos límites mínimos que no pueden traspasarse en ningún caso, entre los cuales está el del respeto que debe existir en el trato -tanto del empleador hacia el empleado como viceversa, y por cierto entre los empleados entre sí, jerárquicos o no, en tanto se trata de personas que comparten día a día la comunidad laboral- pues es esencial en cualquier organización (grande o pequeña), y las desinteligencias que lógicamente pueden suscitarse con motivo del trabajo deben ser encaradas por los interesados dentro de dichas limitaciones. Las agresiones verbales del tipo y tenor de las aquí comprobadas -reitero, más allá de quien las profiera- deben quedar descartadas y quien las inflige torna por su culpa insostenible la prosecución del contrato de trabajo".(Cám. Apelaciones Neuquén, sala I, Crespo Pueblas Alfredo Adrián c/ FAF Asociados SRL s/ Despido directo por otras causales,Sen.20/03/2014, jusneuquen.gov.ar). Por último, respecto de la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323, la queja tampoco debe ser acogida, en tanto se encuentran, como lo sostuvo la Jueza en la instancia de grado, reunidos los extremos necesarios para su procedencia, intimación fehaciente y mora en el pago, obligando a la actora a iniciar las acciones judiciales pertinentes.
En virtud de todo lo expuesto, teniendo presente lo normado por el 242 de la LCT y principalmente, tratándose de derechos laborales, el art. 9, 2da. parte de la LCT que plasma el principio protectorio “in dubio pro operario”, de raigambre constitucional, que dispone que para el caso de existir duda en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de las pruebas, siempre debe decidirse en el sentido más favorable al trabajador, entiendo que, los agravios no logran conmover la sentencia de grado y por tal razón corresponde confirmarla en cuanto fuera materia de agravios.
IX. La parte demandada se agravia por la imposición de costas a su parte. Este agravio debe desestimarse habida cuenta de lo decidido anteriormente y por que además de ello, no corresponde imponer las costas al trabajador que se vio obligado a recurrir a sede judicial para que su acreencia sea reconocida(art. 68 CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XI. Que en mérito a los fundamentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º)Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444). 3º) Tener presente la reserva del caso federal. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Por las razones expuestas al adherir a la anterior cuestión comparto el pronunciamiento propuesto por ser justo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 21 de Noviembre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios.
2. Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444).
3. Tener presente la reserva del caso federal.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jorge O. Alonso firma la presente sin emitir opinión por no existir disidencia entre las demás firmantes. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201 047S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2812 Folio Nº: 0 Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7399 Sentencia: 2812 Actor: Diaz, Mirta Demandada: Oyarzo Cecilia Objeto: Laboral Fecha: 21/11/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “DÍAZ MIRTA C/ OYARZO CECILIA S/ LABORAL” Expte. 1120 en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 7399/19. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda I. Bard, Dr. Humberto E. Monelos y Dr. Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 36/45 el Dr. Héctor Marcelo Magallan en carácter de apoderado de Mirta Susana Díaz, promueve demanda laboral contra Cecilia Noemí Oyarzo pretendiendo el cobro de las indemizaciones correspondientes por despido indirecto consagradas en el art. 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, más SAC proporcional, indemnización por vacaciones no gozadas y proporcional del mes trabajado lo cual asciende a la suma de $346.873,02 con más intereses, costas y costos.- Relata que la actora ingresó a trabajar para la demandada, titular del comercio "Lo de Ceci", el día 23 de marzo de 2008 cumpliendo tareas como ayudante de verdulería, otorgándosele la categoría de Auxiliar Especializado "B" conforme al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 correspondiente al "Sindicato de Empleados de Comercio" percibiendo las remuneraciones establecidas por el Acuerdo Colectivo 2016 anexado a dicho convenio.- La relación laboral se desarrolló en un clima de tensión y hostigamiento psicológico constante, debido al mal trato de la empleadora, gritos, presión y control en las actividades que la actora llevaba adelante, hasta que el día 06/10/2016, en horario de trabajo, se produce una discusión en la cocina del comercio "Lo de Ceci" con la empleadora, que aparace con una cuchilla en la mano e intimida a mi mandante amenazando con atacarla. A raíz de ello, comienza intercambio epistolar entra las partes, considerando la actora que se encuentra configurado el despido indirecto previsto en el art. 246 LCT. Práctica liquidación, ofrece pruebas y funda en derecho.
II. Que a fs. 86 se celebró la audiencia de conciliación del art. 47 de la Ley 1.444, donde no se llegó a acuerdo alguno. Se agrega la contestación de demanda y documentación acompañada a fs. 53/85, donde efectúa una negativa de los hechos afirmados por la actora, da su versión de lo sucedido e impugna los rubros solicitados. A fs. 88/89 se abre la causa a pruebas.-
III. A fs. 161/163 se dicta sentencia que hace lugar a la demanda condenando a la demandada a pagar a la actora la suma de $265.061,56 en concepto de indemnización por despido, preaviso, SAC, vacaciones no gozadas e indemnización del art. 2 de la Ley 25.323, monto al que se le adicionarán intereses desde la fecha del despido (31/10/16) con más la aplicación de la tasa activa que publica el Banco Nación de la República Argentina; impone las costas a la parte accionada y difiere la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes.
IV. La sentencia no satisface las aspiraciones de la parte demandada, a fs. 166/169 interpone y funda recurso de apelación, que es concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 170. Corrido el pertinente traslado, la parte actora contesta a fs. 172/176.
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo; recibidos se integra Cámara, firme la misma, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio estableciendo el orden para ello.
V. Se agravia la parte demandada contra la sentencia dictada en autos, en cuanto la misma en su inciso I hace lugar a la demanda deducida por Mirta Susana Díaz y en el inciso II impone las costas a la demandada. Entiende que la jueza a quo realizó una errónea valoración de la prueba. Respecto de la prueba documental, dio por acreditado un cuadro médico con fotocopias de certificados médicos sin ninguna suerte de certificación o legalización, los cuales carecen de valor documental, porque la fotocopia obrante a fs. 6 habla únicamente de reposo laboral por 48 horas y la obrante a fs. 7 habla de una cervicalgia aguda, lo cual no guarda relación alguna con el litigio. Recuerda que esta parte cumplimentó en el acapié IV de la contestación de demanda el desconocimiento categórico consagrado en el art. 61 de la Ley 1.444.
Respecto de la prueba testimonial, refiere que la jueza no estimó la declaración testimonial de Sonia Elba Kuhnle, quién manifestó que se encontraba el día de la discusión que dio origen a la demanda y que escuchó insultos por parte de la Sra. Díaz en contra de su mandante (fs. 119); sin razón atendible concedió más valor a los dichos de los testigos de la actora que a los propuestos por esta parte. Del relato de los testigos la jueza de grado refiere que existieron malos tratos, los cuales no especifica con claridad, no define si hubo crisis nerviosa o angustia como relató la actora y con ello se aparta claramente del objeto de la demanda, tampoco tuvo en cuenta la causa penal (Expte. Nro. 10.360/2016) que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción y del Menor Nro. 1, que fuera ofrecido como prueba, ni le dio relevancia a la actitud de su mandante de conservar el puesto de trabajo de la actora en las misivas que intercambió con esta última.
Además, afirma, que la jueza a quo hizo lugar al reclamo fundado en el art. 2 de la Ley 25.323 manifestando que habiendo sido debidamente intimada su mandante a abonar la correspondiente indemnización por despido, no lo hizo, obligando a la trabajadora a iniciar la presente acción judicial, omitiendo por completo las copias certificadas de las actuaciones administrativas en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz Dirección Puerto Deseado, en las que se cristalizaba la buena fe que se tuvo desde el principio con la actora con el objetivo de pagar las indemnizaciones que por ley le correspondían, quien ni siquiera quiso recibir los certificados de trabajo del art. 80 LCT.
Por último, sostiene que la jueza no tuvo en cuenta lo planteado en la contestación de demanda ni hizo una apreciación global e integral de toda la prueba rendida en autos, justificando la decisión rupturista de la actora, citando el art. 242 LCT, que sólo procede en casos de suma gravedad. Hace reserva del caso federal.
VI. Al contestar los agravios, la actora considera que el fallo constituye una correcta interpretación y aplicación de los institutos especiales de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostiene que no existió error en la valoración de la prueba documental acompañada y que no corresponde a la parte actora acreditar la autenticidad de las copias de los certificados médicos, por lo que no existió una vulneración al derecho de defensa y al debido proceso. De la prueba testimonial surge con claridad que se configuró una injuria laboral como fue planteado en la demanda, por lo cual no era necesario que la jueza a quo especifique si existió una crisis nerviosa o angustia. Asimismo, respecto de la causa penal Expte. Nro. 10.630/2016, sostiene que ante el supuesto de que la jueza no se haya expedido sobre esta prueba, de haberlo hecho no haría más que confirmar los hechos afirmados y probados por la actora. Sostiene que no existió por parte de la actora negativa de recibir liquidación final y documentación laboral correspondiente en sede administrativa, sino que no se aceptó la liquidación final por ser una significativamente inferior a la que por derecho le corresponde.
Respecto de la injuria como causal de extinción del contrato de trabajo refiere que el maltrato verbal ya configura una injuria de tamaña gravedad como para llevar al trabajador a ponerle fin a la relación de trabajo, y en este caso nos encontramos no sólo ante violencia verbal, sino también psicológica y potencialmente física, lo cual permitió a su mandante denunciar el contrato de trabajo y dar por finalizada la relación laboral; y además debe destacarse que en materia laboral rige el principio de In dubio pro operario previsto en el art. 9 LCT.
VII. Ingresando al estudio de los agravios ensayados por la parte actora, en primer término, habré de referirme al que sostiene que hubo una incorrecta y parcial valoración de la prueba ofrecida en autos.
La carga de la prueba determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.
En el caso que nos convoca, la actora tuvo a su cargo la prueba de que la demandada fue autora de las injurias que se le atribuyen y que el despido indirecto de la trabajadora fue una medida justificada y no desproporcionada.
Si bien es cierto, como sostiene la demandada que, pese al desconocimiento de la documentación efectuado por esa parte en los términos del art. 61 Ley 1.444, la jueza de grado al abrir la causa a prueba tuvo presente la agregada, desestimando en consecuencia los oficios al Hospital Distrital Puerto Deseado, Centro de Diagnóstico y Tratamiento y Centro Médico Deseado. Ante tal decisión, la parte demandada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo rechazado el primero y concedida la apelación con efecto diferido (fs. 92). Debo destacar que, el recurso no fue sostenido en la oportunidad procesal prevista para ello (art. 91 Ley 1.444), por lo que no corresponde su tratamiento en esta instancia. Sin perjuicio de ello, adelantando que a mi entender la Jueza de grado efectuó una correcta y adecuada valoración de las pruebas esenciales atendiendo a las reglas de la sana crítica (art. 364 del CPCC) por lo que los agravios en este sentido deben ser desestimados, de las constancias de la causa, surge que ha quedado debidamente probada la discusión que mantuvieran Marta Díaz y Cecilia Oyarzo, la que provocó la crisis de angustia de la trabajadora configurándose la injuria que diera por terminada la relación laboral. De las declaraciones testimoniales, incluyendo la de Sonia Kuhnle, testigo ofrecida por la demandada, surge que la discusión entre ambas existió pero ninguno de los testigos la presenció, y que luego de ello, la actora se retiró llorando del lugar. A más de ello, la única cámara existente en el espacio físico donde ocurrieron los hechos no funcionaba. Respecto de la causa penal ofrecida como prueba, la misma no resulta vinculante para la juzgadora de la presente causa; y en relación a las actuaciones en sede administrativa iniciadas por la demandada, también es de dable destacar que la actora concurrió al efecto de declinar la vía haciendo uso de la facultad que por derecho le corresponde, lo que de ninguna manera puede generar una presunción en su contra.
"Más allá de que los distintos ambientes de trabajo puedan ser -según el caso- más o menos exigentes, más o menos cordiales, más o menos formales, existen ciertos límites mínimos que no pueden traspasarse en ningún caso, entre los cuales está el del respeto que debe existir en el trato -tanto del empleador hacia el empleado como viceversa, y por cierto entre los empleados entre sí, jerárquicos o no, en tanto se trata de personas que comparten día a día la comunidad laboral- pues es esencial en cualquier organización (grande o pequeña), y las desinteligencias que lógicamente pueden suscitarse con motivo del trabajo deben ser encaradas por los interesados dentro de dichas limitaciones. Las agresiones verbales del tipo y tenor de las aquí comprobadas -reitero, más allá de quien las profiera- deben quedar descartadas y quien las inflige torna por su culpa insostenible la prosecución del contrato de trabajo".(Cám. Apelaciones Neuquén, sala I, Crespo Pueblas Alfredo Adrián c/ FAF Asociados SRL s/ Despido directo por otras causales,Sen.20/03/2014, jusneuquen.gov.ar). Por último, respecto de la indemnización prevista en el art. 2 de la Ley 25.323, la queja tampoco debe ser acogida, en tanto se encuentran, como lo sostuvo la Jueza en la instancia de grado, reunidos los extremos necesarios para su procedencia, intimación fehaciente y mora en el pago, obligando a la actora a iniciar las acciones judiciales pertinentes.
En virtud de todo lo expuesto, teniendo presente lo normado por el 242 de la LCT y principalmente, tratándose de derechos laborales, el art. 9, 2da. parte de la LCT que plasma el principio protectorio “in dubio pro operario”, de raigambre constitucional, que dispone que para el caso de existir duda en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de las pruebas, siempre debe decidirse en el sentido más favorable al trabajador, entiendo que, los agravios no logran conmover la sentencia de grado y por tal razón corresponde confirmarla en cuanto fuera materia de agravios.
IX. La parte demandada se agravia por la imposición de costas a su parte. Este agravio debe desestimarse habida cuenta de lo decidido anteriormente y por que además de ello, no corresponde imponer las costas al trabajador que se vio obligado a recurrir a sede judicial para que su acreencia sea reconocida(art. 68 CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XI. Que en mérito a los fundamentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º)Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444). 3º) Tener presente la reserva del caso federal. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Por las razones expuestas al adherir a la anterior cuestión comparto el pronunciamiento propuesto por ser justo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 21 de Noviembre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Desestimar los agravios de la parte demandada, y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravios.
2. Imponer las costas a la demandada (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444).
3. Tener presente la reserva del caso federal.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jorge O. Alonso firma la presente sin emitir opinión por no existir disidencia entre las demás firmantes. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201047S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2812 Folio Nº: 031/035 Secretaría: 1
Fin de la sentencia