Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7192
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7192 Sentencia: 2789 Actor: DIAZ, Ramón Andrés Demandada: ASTILLEROS PATAGONICOS INTEGRADOS S.A. /MAPFRE ART S.A.
Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 24/06/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 24 días del mes de junio de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “DÍAZ, Ramón Andrés c/ ASTILEROS PATAGÓNICOS INTEGRADOS S.A. y otro s/ accidente de trabajo”, Expte. Nº D-15994 del año 2013 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaria nº 2 de esta ciudad, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 7192. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el actor, por medio de su apoderado el Dr. Ramón César Amaya promueve demanda ordinaria por daños y perjuicios y declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.557, contra ASTILLEROS PATAGÓNICOS INTEGRADOS S.A. y MAPFRE ART SA. y pide se haga lugar a la demanda condenando a la demandada por los rubros daño material, lucro cesante, perdida de chance y agravio moral por la suma que se establezca en la etapa probatoria, con más los intereses desde la fecha del accidente de trabajo que lo afectara el 22 de diciembre de 2010 mientras se desempeñaba al servicio de la demandada Astilleros Patagónicos Integrados S.A. con costas. Describe la relación laboral en los astilleros, el encuadre convencional y explica que la empleadora se dedica al mantenimiento y reparación general de buques que operan en la zona. Describe un accidente mientras trabajaba con una amoladora que cuando la operaba salta y lo golpea en el rostro produciendo un corte en la mejilla izquierda, que puso en peligro la visión y lo expuso a un doloroso y lento tratamiento que estuvo a cargo de Mapfre ART SA. Relata las vicisitudes posteriores, dice seguir lesionado, padeciendo secuelas incapacitantes y con daño estético irreparable producidos por el riesgo o vicio de la cosa e incumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial por falta de elementos protectores. Funda su demanda en el aspecto fáctico, de responsabilidad, reglamentario de seguridad y del planteo de inconstitucionalidad. Detalla los daños cuya reparación solicita, indica la fórmula para cuantificar la indemnización pretendida y ofrece prueba.
II. Que corrido traslado de la acción con los documentos y escrito de fs. 53/101 la empleadora contesta la demanda, ofrece prueba y pide el rechazo de la acción. Formula negativas concretas sosteniendo que los hechos ocurrieron de forma distinta. Afirma que se le proveyeron los elementos de protección y se le dio capacitación. Alega que el accidente ocurre por incorrecto uso de la amoladora que le produjo un corte en la parte inferior y superior del ojo que requirieron 3 y 8 puntos de sutura y que el uso de los protectores oculares evitó daños en el ojo. Respecto de la mecánica ocurre al amolar en parche de ventana y trabarse la amoladora por no sujetarla correctamente, se le suelta de las manos y el disco le rozó el rostro. El accidente se denunció a la ART que cubrió los gastos. Hace notar que el actor describe vagamente la lesión, que el médico determinó una incapacidad del 10% que, de existir, sostiene debe ser determinada. Describe la amoladora a la que el mal uso puede convertir en peligrosa y afirma que el accidente se produjo por culpa del actor. Contesta la inconstitucionalidad de la ley 24.447, rechaza la imputación de responsabilidad e impugna los daños cuya indemnización se reclama en términos que se tienen presente. Ofrece prueba.
III. Que a fs. 148 se le da por perdido el derecho de contestar la acción a la aseguradora Mapfre SA. A fs. 155 se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por las partes. Tras la renuncia de la apoderada de la demandada a fs. 191 se presenta como gestor de ASTILLEROS PATAGÓNICOS INTEGRADOS SA los Dres. Eugenio Gómez Carrasco y Franco Matías Villalón Lescano, quienes, con el testimonio de poder de fs. 213/215 a fs. 216, acreditan la personería y ratifican la gestión. Producida la prueba obrante en autos a fs. 550/ 550 vta. se señala audiencia a los fines del art. 70 de la ley 1444, presentando el actor el alegato que obra fs. 562/563 y la demandada Astilleros Patagónicos Integrados S.A. el obrante a fs. 564/567 que fueron agregados en cumplimiento del pase a sentencia de fs. 561. A fs. 568 se ponen los autos a despacho para dictar sentencia, que obra a fs. 569/574. Este pronunciamiento declara la inconstitucionalidad de los arts. 1,2,6,22,39,40,46 y 49 de la ley 24.557 y rechaza la demanda de daños y perjuicios entablada por Ramón Andrés Díaz en contra de ASTILLEROS PATAGÓNICOS INTEGRADOS S.A. y MAPFRE ART S.A. en la totalidad de los rubros reclamados en la demanda con costas a cargo de la actora vencida. En el punto 3 de la sentencia regula los honorarios de los profesionales intervinientes y el punto 4 determina la tasa de justicia que deberá ser abonada en el plazo de diez días de notificada.
IV. Que a fs. 581 los Dres. Franco Matías Villalón Lescano y Eugenio Gómez Carrasco apelan los honorarios que le fueron regulados a ellos y a la Dra. Ampuero por altos y lo fundan. El recurso se concede a fs. 593 en relación y con efecto suspensivo corriendo traslado.
El Dr. Walter Esquivel, por el actor, con el escrito de fs. 585/592 interpone y funda recurso de apelación contra la sentencia, él que se concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 593 que corre traslado de los agravios que no fueron contestados.
Los autos se elevan con la certificación de estilo de fs. 610 y recibidos a fs. 611, por presidencia, se llama autos a sentencia. Firme a fs. 612 se dispone el pase a estudio fijando el orden para ello.
V. Que el apelante en forma desordenada en doce agravios ataca la sentencia. Y digo en forma desordenada pues se vuelve una y otra vez sobre lo mismo y se introducen elementos que no hacen al caso de autos lo que dificulta seguir su razonamiento que como crítica concreta y razonada debe consistir en un discurso jurídico que ataque el andamiaje del fundamento de la sentencia. En nuestro ordenamiento procesal no puede pretender el recurrente que, este tribunal, realice lo que, en el primitivo derecho alemán era una completa revisión de la instancia anterior, a la que se denominaba “zweite erstinstanz” que traducido significa una “segunda primera instancia” (ver Eduardo J. Couture – “Fundamentos del Derecho Procesal” tercera edición, página 356). Pero entiendo que mínimamente se ha cumplido el requisito de la carga de la crítica concreta y razonada que establece el rito para la admisión del recurso y analizaré la crítica desplegada para lo cual debo eliminar lo que entiendo es broza que contiene la pieza. Ello me obliga a cambiar mi estilo y en lugar de resumir primero los agravios para luego tratarlos, los iré desarrollando siguiendo el hilo propuesto por el apelante. Para ello debo recordar que el actor ha iniciado una demanda ordinaria civil por daños y perjuicios (fs. 34) con declaración de inconstitucionalidad. Pero si iré eliminando la broza que entorpece el análisis.
En el primer agravio se sostiene que se ha desconocido todos los antecedentes de la causa, sin advertir que los jueces sólo necesitan analizar los antecedentes y pruebas considerados pertinentes. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos. (ver Corte Suprema de Justicia de la Nación entre otros en Fallos 296:445; 300:553; 302:25 entre otros). La expresión de agravios como discurso jurídico requiere que se indique que prueba pertinente ha sido desconocida explicando porqué. Se hace referencia a la naturaleza rebelde de la ART y es público que Mapfre ART SA fue absorbida por el grupo Galeno (que es lo que surge de la constancia de recibido de fs. 264 que tiene agregada una tarjeta con domicilio en Dellepiane 150 CABA). La notificación a Mapfre ART SA. se intentó con la cédula de fs.136 donde el oficial notificador indica que una persona que “dijo ser empleada de la administración del edificio” que aquel no vive más allí y “que el domicilio legal es calle Lavalle 348 PB” y por ello la devuelve sin notificar. A fs. 140 se pide nueva cédula a los mismos fines y efectos sin denunciar nuevo domicilio ni el carácter de legal. Se libra la cédula de fs. 145/146 con el domicilio de Lavalle 348 PB como “LEGAL” indicado en la referida acta de fs. 136 vta. que se notifica después de dejar aviso de ley. Por ello se notificó el apercibimiento y las posteriores por ministerio de ley sin que se atacara el procedimiento, ni que las cédulas llegaron a su efectivo conocimiento. Pero la incontestación de un codemandado, en el caso la ART, sólo a él lo perjudica y no puede tener por consecuencia afectar la posición asumida en autos por la empleadora, salvo en lo que hace al seguro que nadie negó, ni comprometer la responsabilidad que la empleadora ha negado. Ello sin perjuicio de los cuestionamientos que se puedan hacer por esta parte. Se imputa al magistrado un “accionar reiteratorio” que invierte el principio de responsabilidad objetiva e imputa a los trabajadores el hecho de haberse accidentado pero no se dice donde está el error de la sentencia en reiterar un accionar.
En el segundo agravio se queja que el magistrado en la sentencia al tratar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la LRT, solo se expresa e intenta fundamentar sobre el art 39 LRT no pronunciándose sobre los planteos interpuestos. No se alcanza a entender la queja toda vez que el punto 1 del fallo, claramente declara la inconstitucionalidad de los arts.1,2,6,21,39,46 y 49 de la ley 24.557 y resuelve la causa, bien o mal (todavía no ingreso al tema), por las normas del derecho civil salvando la desigualdad en que se encuentra el trabajador. Creo que no es que el magistrado apoye su resolución en las manifestaciones de la contraria, sino que, a su criterio, los hechos coinciden con el relato de la demandada.
Debemos analizar si se han probado los requisitos de admisibilidad de la acción civil de daños y perjuicios intentada. Por ello la sentencia aclara que al tratarse de un reclamo orientado en el derecho común no se admiten presunciones laborales a favor del actor y en ello no hay agravio atendible. El quid de la mecánica del hecho dañoso radica en el uso de la amoladora y en daño. No está en discusión que el actor sufrió dos cortes en el rostro causados por el disco de la amoladora (o la protección del mismo) que él estaba utilizando. La amoladora (debemos entender que era una amoladora angular habida cuenta que las radiales son de banco y están fijas por lo que no se pueden escapar de las manos) es una herramienta poderosa y que debe ser utilizada con cuidado.
Giran aproximadamente a 10.000 revoluciones o más por minuto y se le pueden utilizar con discos de corte para diversos materiales, lijas o paños de pulir. Por la descripción de la tarea asumo que tenía un disco de corte (que pueden ser disco chicos de 115 mm o grandes de 230 mm según la amoladora como es de público conocimiento). Por la velocidad de giro, su potencia y peso requiere un uso controlado, con las dos manos, estar a un costado (por la fuerza centrífuga en caso de rotura del disco) y utilizar siempre elementos de seguridad. Esta acreditado que recibió instrucciones sobre el manejo de esta herramienta. No hay que ser perito, ni se requiere mucha capacitación, habida cuenta que quien usó esta herramienta una sola vez, es consiente de su potencia para cortar, pulir o lijar el metal y con mayor razón la piel o carne.
Si el disco hubiera golpeado de lleno al actor en el rostro, girando a velocidad de trabajo el resultado hubiera sido terrible, y si no hubiera contado con antiparras de seguridad no hubiera salvado el ojo ni hueso. Para tomar conciencia, solo cabe recordar que recientemente en la localidad una persona se suicidó utilizando una amoladora. Por seguridad cuentan con una protección metálica que cubre el disco dejando al descubierto solo la parte del mismo que trabaja. Creo que puede haber sido esta protección la que golpeó al actor en el rostro o el disco detenido toda vez el disco no perdona; basta verlo actuar sobre el acero. Pero lo concreto es que el actor resultó lesionado, cuando desarrollaba una tarea que le fuera encomendada, con una amoladora de la empleadora.
Y la amoladora es una cosa peligrosa que requiere un cuidadoso manejo. En el informe de accidente de fs. 53 que acompañó la propia demandada y fuera elaborado por el técnico en Seguridad Industrial don Nicolás Eduardo Feijó como reconoce a fs. 414, se deja constancia que: “Realizando trabajos de amolado de soldadura en parche ventana sobre casco, con una amoladora ésta se trabó girando sobre su eje y escapándose de las manos del operario lo que le ocasionó que el disco de la misma lo golpeara en el rostro provocándole un corte superior sobre el ojo (tres puntos) y uno inferior del ojo (8 puntos) El correspondiente protector ocular permitió que el ojo salga ileso.”
Que la amoladora se trabó girando sobre su eje como admite la demandada en el responde, es un elemento de prueba que valoraré más adelante a los fines de analizar la responsabilidad objetiva pero que tiene importancia para contestar al tercero y cuarto agravio una vez despojado de la broza.
Entiendo parcialmente atendible el quinto agravio en cuanto a las heridas. Es cierto que el perito médico determinó que el actor no quedó con incapacidad (y comparto esta conclusión) aunque refiere también que el actor sufrió dos heridas que requirieron 3 y 8 puntos. Por ello se encuentra acreditado que hubo daño en la integridad física del actor.
Pero fuera de ello, para mi es broza invocar el deber in vigilando toda vez que no puede sostenerse que, para utilizar una amoladora, el obrero deba estar asistido por un supervisor (salvo el caso de un aprendiz). Es necesaria esa asistencia en delicadas operaciones de la industria petrolera realizadas por personal no especializado, por ejemplo. No se puede achacar culpa al operario toda vez que una amoladora puede trabarse y escapar de las manos o del dominio del más pintado. En todo caso la empleadora debió señalar y probar cual fue la mecánica del hecho y donde estaba la culpa del actor. Obsérvese que el testigo Nicolás Eduardo Feijó quien como técnico en Seguridad Industrial llenó el formulario 025 (ver fs. 53/54 y fs. 417) y al declarar como testigo ( fs. 414) le atribuye al actor un “error propio” consistente en que “retiró la manivela de soporte de la amoladora durante su uso, esto provocó que la amoladora se trabara y girara sobre su eje ocasionándole una lesión sobre su ojo…”. Se trata de algo poco creíble que alguien pretenda sacar la manivela durante el uso. Pero hay que tener en cuenta que el testigo no lo indicó en el informe que él elaboró como técnico en Seguridad de la empresa (cumpliendo una suplencia, fs. 414vta.), ni se afirmó en el escrito de responde para rebatir la mecánica del hecho descripta en la demanda. No surge por ello a mi juicio acreditada culpa del trabajador que exculparía a la patronal. Las consideraciones que se realizan sobre el deber de garantía tienen aplicación en el caso de que el daño sea causado por el dependiente a otro trabajador o una persona ajena. Por ello el empleador responde por los hechos del dependiente frente a la víctima pero no es el caso de autos.
Respeto del séptimo agravio considero que la sentencia no es nula. Si bien el recurso de apelación comprende el recurso de nulidad el art. 254 del CPCC establece:
“ Nulidad: El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia….”
Para analizar este tema debemos recordar que el recurso de apelación busca subsanar errores in iudicando es decir un error de juicio dentro de una resolución formalmente válida, mientras que el recurso de nulidad en cambio tiende a subsanar errores in procedendo, es decir de las formas que deben observarse para obtener un acto procesal válido, mediante la anulación o invalidación de una resolución viciada (falta de firma del magistrado, violación de la prejudicialidad, juez inhibido o que se pronuncia sobre cuestiones no sometidas) o de todo el procedimiento consecuente a un acto viciado (nulidad de la notificación del traslado de la demanda, no abrir la causa a prueba cuando hay hechos controvertidos). Ergo los agravios del recurrente pueden ser atendidos por la vía de la subsanación de cualquier error, no anulando habida cuenta que no advierto errores in procedendo.
En su afán de criticar la sentencia dentro del breve plazo que otorga el rito el recurrente ha transcripto lo que parecen votos, pero sin indicar el firmante ni donde su pueden consultar para leer la totalidad.
No está de más recordar que una fundamentación sintética o incluso equivocada, como error de juicio, puede ser remediada por la vía de la apelación.
Es broza la invocación de las normas de seguridad de espacios confinados pues no surge de autos que el accidente hubiera ocurrido en un ambiente confinado, ni se lo invocó.
Es cierto que no se acreditó que la herramienta poseyera cobertura de seguridad (las traen de fábrica salvo que se la saquen) o de “bloqueo inmediato”, pero ello no se trató de hechos invocados por una parte y controvertidos por la otra. La amoladora es una máquina que potencialmente es riesgosa y ello origina la responsabilidad del dueño o guardián en función de la responsabilidad objetiva que establecía el art. 1113 del Código de Vélez Sarsfield vigente a la fecha del hecho, hoy reglada por los arts. 1757, 1758 y sus concordantes del Código Civil y Comercial.
Por ello acepto la crítica relativa a que el juez no tuvo en cuenta que el informe médico hace referencia a la cicatriz en el borde orbicular izquierdo, y menciona además leve disminución de las expresiones de la mímica comparativamente con su contra lateral y a la movilidad conjugada ocular conservada con una ligera limitación a la movilidad interna horizontal del ojo izquierdo (ver fs. 445) con referencia al informe del Dr. Palavecino que no se invocaron como incapacidad laboral o daño a reclamar. Es decir tenemos una lesión no invalidante como una consecuencia físicas visible del accidente, tan es así que informa a la Licenciada Vanesa Alejandra Schrager que desvinculado de la demandada rápidamente inició una relación laboral con Kank y Costilla (fs. 522). Pero aclaremos: no existen en general personas simétricas, circunstancia que no permite determinar sí la ligera desviación del septum nasal que se indica el informe del Dr. Palavecino se originó en el accidente. Ello toda vez que no son circunstancias que se toman en cuenta en el pre-ocupacional que permitan establecer que existe relación de causalidad. Por otro lado está conservada la movilidad conjugada ocular (la movilidad de ambos ojos en forma coordinada apuntando siempre al mismo objetivo). La limitación a la movilidad interna horizontal del ojo izquierdo significa que es ligera y se produce cuando el ojo izquierdo apunta a la nariz. Por ello no afecta la visión periférica y no produce incapacidad. Como indica el Dr. Palavecino se debe correlacionar con los antecedentes.
Pero queda a mi entender la reparación del daño causado por la herida y las consecuentes cicatrices que afectan al trabajador. Aunque no se trajo fotos, o descripción en pericia que permitan apreciarlas, surge que merecieron 3 y 8 puntos de sutura, circunstancia que indican una cierta importancia, aunque no hayan afectado la vista. Esa falta de acreditación de la magnitud de las cicatrices determina que el quantum debemos establecerlo prudentemente en uso de la facultad del art. 166 del CPCC al estar probado el daño, las suturas, y con ello las incomodidades, dolores, angustias y tratamiento que debió afrontar el actor que, como daño a la integridad física y espiritual, debe ser reparada. El dolor y los padecimientos no se puede medir pues depende de cada persona, la Licenciada Vanesa Alejandra Schrager a fs. 522 vta. explica respecto del corte en el rostro que: “Si bien Ramón expone como argumento de la marginación que siente como efecto de la discriminación que dice vivir, a nivel de diagnóstico no se evidencia secuela o daño psíquico como efecto directo del accidente sufrido.”
No obstante ello el accidente provocó dos cortes que merecieron 3 y 8 puntos de sutura y como consecuencia cicatrices, angustia y padecimientos (ver fs.17) o sea además de las lesiones consecuencias no patrimoniales. Por ello considero justo y equitativo establecer prudentemente el quantum de la indemnización por las heridas, cicatrices y tratamiento, en uso de la facultad del art. 166,tercer párrafo del CPCC, en la suma de Veinte mil pesos ($20.000.) a la fecha de este pronunciamiento al no estar justificado su monto a la que se agrega la de Diez mil pesos ($10.000.) por daño moral, ahora denominado consecuencias no patrimoniales. Se ha establecido este monto prudencialmente, en función del arbitrio judicial, al que remite la norma procesal citada y ponderando el criterio del art. 1741 del Código Civil y Comercial tomando en cuenta el sexo del actor, su profesión y ponderando las satisfacciones sustitutas y compensatorias que pueden procurar la suma estimada.
En estos términos atiendo también al agravio señalado con el número 11.
VI. Que llegado a este punto se debe analizar el agravio de los Dres. Gómez Carrasco y Villalón Lescano junto el agravio 12 del actor. Respecto de los primeros se debió analizar si los apelantes de fs. 581 se encontraban legitimados para recurrir como lo hicieron. Antes de ingresar en esa tarea destaco que los profesionales, en una conducta que los honra, consideraron altos sus propios honorarios y los calificaron de altos y así lo pusieron de manifiesto, siendo que he tenido oportunidad de conocer casos en que apoderados beneficiarios de honorarios que excedían notoriamente el máximo del arancel nada dijeron violando las obligaciones del mandato. Destacada la conducta ética de estos profesionales analizaré el tema de la legitimación. El punto 2) del fallo en examen impone las costas a la actora vencida, de tal forma que los honorarios, elevados o no se encuentran a cargo de la contraria. En efecto los apoderados solo pueden apelar los honorarios que se encuentran a cargo de sus representados, careciendo de legitimación para recurrir aquellos honorarios que su representada no debe abonar. Es decir que su legitimación alcanza a los honorarios que deben afrontar sus mandantes. Y si mi posición es compartida debe declararse mal concedido el recurso y ese agravio se vuelve abstracto. Ello por cuanto el art. 278 del CPCC impone adecuar las costas y el monto de los honorarios. Por esta misma razón y dejando de lado la broza, queda sujeta a la adecuación de los honorarios de todos los profesionales la queja contra el monto de los honorarios formulada a fs. 591 vta. por el apoderado del actor. Entiendo que las razones expuestas se ha dado contestación a la invocación de la teoría del absurdo.
Entiendo que deben detallarse los siguientes rubros reclamados en la demanda a saber:
DAÑO MATERIAL: Sólo se acreditaron los cortes en el rostro que como trajeron dolores, tratamientos, sutura, curaciones (fs. 17) cuyo quantum propongo estimarlo en $ 20000.
LUCRO CESANTE: no se acreditó.
PERDIDA DE CHANCE: no se acreditó.
AGRAVIO MORAL Y PSICOLÓGICO (Fs. 46) HOY CONSECUENCIAS NO PATRIMONIALES: en los considerandos se estableció la procedencia y de fijó su quantum en la suma de $ 10000.
INTERESES: como es sabido en el foro local, en materia de la tasa de interés, existen en éste momento y desde hace tiempo, disidencias entre los integrantes de la Cámara. Personalmente entiendo por convencimiento personal y reitero que corresponde utilizar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central. Considero que se debe respetar la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia sobre la tasa de interés, y lo he sostenido reiteradamente, por lo que mi voto respecto de la tasa pasiva es el que cabe esperar y no puede causar sorpresas, salvo el tema de la base regulatoria. Adhiero, como dije reiteradamente a la doctrina establecida en casación por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los autos “Díaz c/ Pcia. de Santa Cruz s/ laboral” que unifica la jurisprudencia que se debe aplicar sobre el tema. A mayor abundamiento señalo que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mantuvo la aplicación de la tasa pasiva en los autos “Ojeda, Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” Registrada al Tomo XVII Sentencia TSJ, Registro 574 del 18 de junio de 2014; “Farrel, Francisco Norberto c/ Laperchuc, Raúl Osvaldo s/ Laboral – cobro de pesos” del 7/7/17 Tomo XVIII Sentencias TSJ Reg. 613 fº 3522/3530 Prot. Elec. TSS1009 S- 171, entre otros. Quiero hacer notar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo dispuso in re “Palmieri, Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ Ordinario” del 2 de octubre de 2012, criterio que reitera en el recurso de hecho deducido por el Estado Nacional en la causa “Mantello, Paulo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina y otros s/ ordinario” del 15 de abril de 2014 donde remite a lo resuelto en la anterior causa. Ambos fallos se pueden consultar en la Página de la Corte y en igual sentido el antecedente en Fallos 329:6076. Sin perjuicio de ello y toda vez que no se me escapa la realidad económica, tengo en cuenta que la llamada “Tasa activa”, como tasa bancaria que es, contiene ingredientes que son ajenos a la función del interés, habida cuenta que dentro de los mismos se incluye, además del costo del dinero y la variación de su valor, los gastos financieros de los bancos al facilitar el dinero, los gastos de personal, de infraestructura e incluso las cargas previsionales e impositivas y los riesgos de incobrables sobre el interés que paga a los depositantes.
Debo respetar la doctrina del Tribunal Superior de Justicia (y de la Corte Suprema de Justicia) en el punto.
Quiero señalar que en este caso se da la particularidad que la tasa pasiva sea de 277,72% a la fecha del voto (junio 2019) durante el periodo que se deba aplicar y superior a la llamada tasa activa que es de 225,55%. Esta última propongo se utilice a los fines de establecer el monto del juicio para regular (Conforme art. 29 de la ley 3330), y la primera a los fines del cálculo de la condena. Así lo entiendo justo y lo voto.
COSTAS: Si mi voto es compartido con la consiguiente revocación y admisión parcial de la demanda, entiendo que en función de los arts. 278 y 68 del CPCC corresponde adecuar las costas y el monto de los honorarios a la condición de vencidos de los demandados y el monto por el que progresa la demanda: pesos treinta mil más los intereses, a estos efectos conforme el art. 29 de la ley 3330, a la tasa activa del Banco de la Nación del 225,55% que eleva el monto del juicio a $ 66.665 y sobre ese monto regular honorarios que se deberán abonar dentro de los diez días de quedar firme la presente, sin perjuicio de la acción judicial conforme art. 74 de la ley 3330.
V. Que por estas razones y con el limitado alcance establecido en mis consideraciones respondo en forma negativa por considerar que la sentencia en tratamiento no es justa, se debe revocar y adecuar los honorarios. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VI. Comparto las consideraciones formuladas por el primer votante en atención al daño efectivamente acreditado en éstos por parte del actor y su cuantificación. Debo señalar que es criterio de la suscripta recomponer los créditos a través de la utilización de la tasa activa que utiliza el Banco Nación para operaciones de descuento, pero no puedo dejar de observar que en este caso particular la utilización de la tasa pasiva por el período correspondiente, como apunta el primer votante, resulta ser superior, por lo que al único efecto de decidir en éstos, habré de adherir a la propuesta formulada por entender que es la aplicación de la tasa pasiva como se consigna para el crédito se presenta como la más justa y equitativa a los fines de reparar el daño. En tanto que vale la aclaración que para los honorarios profesionales existe una tasa de interés establecida legalmente y por ello se mantiene de tal modo. Por tal razón adhiero al voto precedente.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que en función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Declarar mal concedido el recurso de fs. 581, por cuanto la sentencia no le impuso las costas a la demandada, sin perjuicio de señalar que honra a los letrados que apelen sus honorarios por considerarlos altos. 2º) Admitir parcialmente los agravios expuestos por la parte actora y en consecuencia revocar la sentencia en crisis y adecuar los honorarios y las costas (art. 278 del CPCC) admitiendo parcialmente la demanda instaurada por Ramón Andrés Díaz contra Astilleros Patagónicos Integrados S.A. y Mapfre ART S.A. y en consecuencia condenando a estas últimas a abonar al actor, dentro de los diez días de consentida la presente sentencia la suma de treinta mil pesos con más sus intereses que se calcularán desde la fecha del hecho dañoso y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina imponiendo las costas a los demandados en su calidad de vencidos.(arts. 278 y 68 del CPCC). 3º) Regúlense los honorarios correspondientes al Dr. Ramón C. Amaya y al Dr. Walter Esquivel en conjunto y proporción de ley en la suma de catorce mil pesos ($14.000) en su condición de letrados apoderados del actor, los honorarios correspondientes a los Dres. Diana Ampuero, Eugenio Gómez Carrasco y Franco Matías Villalón Lescano en conjunto y proporción de ley en la suma de trece mil setecientos treinta y seis pesos ($13.736) equivalente a 8 jus como letrados apoderados de la empleadora, para lo cual se ha tomado en cuanta el mérito, la importancia y utilidad de la labor desplegada y su extensión el monto recompuesto a la fecha conforme art. 29 ley 3330 o sea $ 66.732. Por los trabajos de segunda instancia se regula el honorario del Dr. Walter Esquivel como apoderado del actor en la suma de pesos dos mil ($2000)y el correspondiente al Dr. Marcos Bucci su patrocinante en la instancia en la suma de cinco mil pesos ($ 5.000). En atención a lo dispuesto en el punto 1 del presente no se regula a los letrados apoderados de la empleadora por haber sido mal concedido el recurso de fs. 581. (conf. Arts. 13, 15,16, 18, 19, 20, 23, 24, 49, 59, 74 y concordantes de la ley 3330). 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. En función de lo expuesto anteriormente adhiero a la propuesta formulada.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 24 de junio de dos mil diecinueve
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo dictado precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Declarar mal concedido el recurso de fs. 581, por cuanto la sentencia no le impuso las costas a la demandada, sin perjuicio de señalar que honra a los letrados que apelen sus honorarios por considerarlos altos.-
2. Admitir parcialmente los agravios expuestos por la parte actora y en consecuencia revocar la sentencia en crisis y adecuar los honorarios y las costas (art. 278 del CPCC) admitiendo parcialmente la demanda instaurada por Ramón Andrés Díaz contra Astilleros Patagónicos Integrados S.A. y Mapfre ART S.A. y en consecuencia condenando a estas últimas a abonar al actor, dentro de los diez días de consentida la presente sentencia la suma de treinta mil pesos con más sus intereses que se calcularán desde la fecha del hecho dañoso y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina imponiendo las costas a los demandados en su calidad de vencidos.(arts. 278 y 68 del CPCC).-
3. Regúlense los honorarios correspondientes al Dr. Ramón C. Amaya y al Dr. Walter Esquivel en conjunto y proporción de ley en la suma de catorce mil pesos ($14.000) en su condición de letrados apoderados del actor, los honorarios correspondientes a los Dres. Diana Ampuero, Eugenio Gómez Carrasco y Franco Matías Villalón Lescano en conjunto y proporción de ley en la suma de trece mil setecientos treinta y seis pesos ($13.736) equivalente a 8 jus como letrados apoderados de la empleadora, para lo cual se ha tomado en cuanta el mérito, la importancia y utilidad de la labor desplegada y su extensión el monto recompuesto a la fecha conforme art. 29 ley 3330 o sea $ 66.732. Por los trabajos de segunda instancia se regula el honorario del Dr. Walter Esquivel como apoderado del actor en la suma de pesos dos mil ($2000)y el correspondiente al Dr. Marcos Bucci su patrocinante en la instancia en la suma de cinco mil pesos ($ 5.000). En atención a lo dispuesto en el punto 1 del presente no se regula a los letrados apoderados de la empleadora por haber sido mal concedido el recurso de fs. 581. (conf. Arts. 13, 15,16, 18, 19, 20, 23, 24, 49, 59, 74 y concordantes de la ley 3330).
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. La Dra. Connie R. Naves no suscribe la presente por haberse acogido al beneficio de la jubilación y no existir disidencia entre los firmantes.-
FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201024S.191 Tomo: XCI Sentencia: 2789 Folio Nº: 035/044 Secretaria: 1
Fin de la sentencia