Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 43/54 por el pretenso querellante Dr. Sosa.-
2Confirmar la resolución dictada por la Juez de Recursos (subrogante) de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/36.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:033 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 17 de Julio de 2.015 AUTOS: “DIAZ RICHARD EUSEBIO S/AMENAZAS”, Expte. Nº 4422/13 (D-855/14/TSJ)
Río Gallegos, de julio de 2015.-
Los presentes autos caratulados “DIAZ RICHARD EUSEBIO S/AMENAZAS”, Expte. Nº 4422/13 (D-855/14/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de los Dres. Mariani, Mercau y Ludueña I.-) Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 43/54 por el pretenso querellante, Dr. Eduardo Emilio Sosa, con el patrocinio del Dr. Alberto A. E. Bardón, contra la resolución dictada por el Juzgado de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/36, que resuelve confirmar el auto dictado a fs. 13/15 por medio del cual se ordena archivar los presentes actuados conforme lo normado por el art. 187 del C.P.P. y no hacer lugar a la solicitud de los Dres. Alberto Bardón y Eduardo Emilio Sosa de ser tenidos como parte querellante (en su carácter de apoderados del Sr. Manuel Jerónimo Sosa).- Que los recurrentes mantienen recurso ante este Alto Cuerpo a fs. 67.-
II.-) Que, conforme la certificación actuarial obrante a fs. 69, el Sr. Agente Fiscal ante el Alto Cuerpo Dr. Claudio Roberto Espinosa, notificado a fs. 66, no ha adherido al recurso impetrado.-
III.-) Los recurrentes plantean como agravios que "...de manera arbitraria e infundada, la señora Juez de Instrucción (y la jueza de recursos al convalidarlo) han violado el principio de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 de la C.N.) , como así también el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia... La imposibilidad de que el Sr. Manuel Jerónimo Sosa haga valer sus derechos en la presente causa como consecuencia de un hecho ilícito del cual ha sido víctima, se contrapone además a disposiciones contenidas en tratados internacionales y que han adquirido jerarquía constitucional merced a lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional...".- Por otra parte, agregan los pretensos querellantes que "...En este caso se ha incumplido en forma manifiesta con el dispositivo del art. 75 del C.P.P., proceso legal y acceso a la jurisdicción garantizado por el art. 18 de nuestra norma fundamental en perjuicio de nuestro representado.
Ello así en primer lugar porque se le ha negado el 'derecho a constituirse en parte querellante' tomando como base la hipótesis fáctica puesta de manifiesto por el Sr. Manuel Sosa en oportunidad de efectuar su denuncia en sede policial. Esto es, la de haber sido víctima de sufrir un mal futuro sobre su persona, bienes o intereses propios, a raíz de los graves términos proferidos en su contra por el Sr. Richard Eusebio Díaz capaz de perturbar su normalidad vital. En segundo lugar porque al resolverse el caso disponiendo directamente su archivo, se ha bloqueado la posibilidad de impulsar el proceso y proporcionar elementos de convicción, tal como faculta la normativa procesal, como así también la de proponer diligencias pertinentes y útiles como expresamente lo prevé el art. 190 del Código Procesal Penal.
Concretamente, nuestra parte ha quedado imposibilitada de ofrecer elementos de prueba conducentes para la correcta valoración y solución de estos actuados, cuando -sabido es- la garantía de defensa en juicio -en sentido genérico- abarca no sólo la posibilidad de ser oído, sino la de producir pruebas y controlar las que puedan producirse...".- Asimismo agregaron que "...la señora jueza de instrucción que ha intervenido en este caso no adoptó ninguna diligencia efectiva dirigida a comprobar lo realmente sucedido en relación al hecho denunciado, limitándose a apreciar e interpretar de manera manifiestamente arbitraria... las breves declaraciones testimoniales receptadas en sede policial... La jueza de instrucción se abstuvo de cumplir lo expresamente dispuesto por los arts. 185 y 186 del Código Procesal Penal, por lo que ha quedado violentado (por evidente inacción) el debido proceso judicial y todo ello ha sido convalidado por la resolución de fecha 7 de abril de 2014 que en este acto recurrimos...".- Manifestaron que "...el fallo emitido por la señora juez de recursos incurre en diversos tipos y grados de lo que la doctrina denomina absurdo o arbitrariedad.
Ya sea porque se alza contra el principio lógico de no contradicción... o el de aquél otro principio que indica que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Ello así, en tanto ha quedado en evidencia que los argumentos analizados en este capítulo se basan en la mera voluntad de la sentenciante y resultan inexplicables a la luz de un recto entendimiento en tanto no es posible hacerlos compatibles con las reglas de la sana crítica. Para colmo, este proceder intelictivo (sic) es efectuado descartando de manera absoluta y arbitraria la hipótesis del hecho imputado tal como es presentada por el denunciante, mientras simultáneamente, se lo imposibilita de asumir su rol de parte en esta causa violando el orden procesal vigente y las garantías constitucionales de defensa en juicio, acceso a la justicia y debido proceso...".- Se agravian por la desviación del orden procesal "...la Sra.
Juez de Instrucción en vez de proceder conforme lo indica el art. 77 del Código Procesal Penal (resolviendo la petición en el plazo de tres días), inmoviliza el trámite del expediente durante más de dos meses y dicta el pronunciamiento de fs. 13/15 que ha dado motivo a los diversos agravios que determinan el recurso que aquí se propugna. Al actuarse de esta manera ha quedado subvertida la secuencia procesal establecida por nuestro ordenamiento, puesto que la solicitud de ser reconocido como parte querellante debió ser habilitada como primera cuestión, tomando en consideración la descripción de la hipótesis fáctica puesta en conocimiento por el particular damnificado en oportunidad de su denuncia para permitírsele que proporcione los elementos de convicción que le otorguen sustento y de esa manera contribuir a dar vida a las medidas investigativas propias de la instrucción sumarial...".- Solicitan la nulidad de la resolución de fecha 7 de abril de 2014 como así también de aquella emitida con fecha 11 de agosto de 2013, disponiéndose el apartamiento de ambas magistradas del conocimiento de esta causa.-
Finalmente, introducen la reserva del caso federal, "...a todo evento, ante la improbable hipótesis de que sea confirmado el pronunciamiento recurrido y, en consecuencia afectado el debido proceso al cual tiene derecho nuestro representado (art. 18 C.N.) dejamos nuevamente planteado el caso federal...".-
IV.-) Este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los motivos expuestos por el pretenso querellante en su presentación casatoria, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que “...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional...” (“Casal, Matías E. y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005).- En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (CIDH "Herrera Ulloa vs Costa Rica" del 02/07/2004).-
Es dentro de este marco donde corresponde analizar los argumentos esgrimidos por el recurrente.-
V.-) Previo a todo análisis para atender adecuadamente los agravios relacionados con los sucesos de autos, es necesario realizar una descripción sobre los hechos asumidos en la resolución que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto del presente recurso de casación.-
Así, se inician las actuaciones por la denuncia incoada por el ciudadano Manuel Jerónimo Sosa, el día 24 de mayo de 2013, quien manifestó que el mismo día siendo las 17 horas mientras se encontraba desempeñado sus labores, ingresó al local una persona de sexo masculino que solicitó cambiar un par de zapatillas marca Nike que según expresó el denunciante, se encontraban usadas. Se le informó al cliente que el cambio no se podía realizar y que podía dirigirse a defensa al consumidor. Ante la negativa del cambio el Sr. Díaz se habría tornado violento contra su persona como así también contra el dueño del local, Sr. Fernández y hacia los empleados. Específicamente manifestó "...te voy a matar... voy a prender fuego el local... que la plata la voy a recuperar porque voy a robar el local...".- VI.-) Sostienen los pretensos querellantes que se agravian porque tanto la juez de instrucción como la juez (subrogante) de recursos al convalidarlo, incurrieron en una arbitrariedad al archivar las presentes actuaciones por considerar que no existió delito en el hecho denunciado.-
Así las cosas, es dable recordarle al pretenso querellante, que, es facultad del Juez, según lo establecido en el art. 187 del Código Procesal Penal, archivar las actuaciones cuando considere que no hay delito.-
Dicha resolución según la letra del mismo artículo, puede ser apelada por el querellante, recurso que fue presentado por el pretenso querellante y confirmada por la Sra. Juez de Recursos, teniendo la posibilidad de llegar hasta esta instancia.-
Ahora bien, en atención al delito que le fuera enrostrado a Diaz, es que corresponde analizar el hecho.-
Es dable observar que del testimonio del damnificado, surge que no conocía al causante, y que había tenido una discusión con el mismo por no realizar el cambio de un par de zapatillas, que según Sosa, se encontraban usadas. Manifestó que Diaz se había tornado agresivo, hacia su persona, la del dueño y los empleados en general, diciendo que lo iba a matar y prender fuego el local.-
Por su parte, el dueño del establecimiento, Sr. Fernández, manifestó que dedujo que por las gesticulaciones de ambos se había tornado en una discusión fuerte, por lo que decidió intervenir, al hablar con Diaz, éste manifestó que no se iba a retirar hasta tanto no le solucionaran el problema, teniendo que llamar a la policía para que lo retiraran del lugar, manifestando el causante cuando era retirado por la fuerza pública que se iban a acordar de el.- Las supuestas frases aludidas carecen de aptitud para intimidar. Las expresiones que pueden haber sido dichas en medio de una fuerte discusión deben ser valoradas dentro de ese especial ámbito, no advirtiéndose un ánimo de amedrentar o alarmar, sino lograr su objetivo, es decir, el cambio de zapatillas.-
De más está decir que faltando este requisito, la supuesta amenaza resulta atípica.-
Acertadamente explica Ernesto Ure que "...no tendrá gravedad la amenaza puramente jactaciosa o la proferida irreflexivamente en el calor de un altercado verbal o en un rapto de ira.. Las palabras, a veces, pueden no tener en apariencia significado atemorizante que adquieren por la calidad de quien la formula (delincuente conocidamente peligroso). A la inversa, hay palabras y frases objetivamente amenazantes que pierden ese carácter por la ocasión o las personas..." (conf. "Once Nuevos Delitos", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, págs. 24/25).- Al respecto, la Cámara Criminal de Apelaciones, (Sala II, c. 26586 'Reynoso, Héctor', rta. 10/08/82) estableció que "...son atípicas las amenazas proferidas en el calor de un altercado verbal o en un arrebato de ira, pues no son idóneas para amedrentar...". En idéntico sentido "...la frase atribuida al imputado, es de aquellas pronunciadas en situación de un altercado o momento de nerviosismo, ya sí no resulta idónea al efecto de crear amedrentamiento en el sujeto pasivo. Dicho elemento subjetivo del tipo legal achacado, ineludiblemente tiene que existir para resultar típico el accionar investigado, situación que no acontece en la presente causa..." (in re, causa Nº 7827, "Trape, Edgardo, rta. 5-12-97, entre otras Cámara Criminal de Apelaciones, Sala II).- Entendemos que la solución a estos problemas en ningún caso puede correr por el carril de la justicia penal, la sanción debe buscarse por otros medios, pero no mediante la sanción penal, más aún cuando en el caso que analizamos, las pruebas resultan escasas y no permiten arrojar un manto de luz sobre los acontecimientos.-
Afirma Francisco Muñoz Conde que "...el poder punitivo del estado debe estar regido y limitado por el principio de intervención mínima. Con esto quiero decir que el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son objeto de otras ramas del ordenamiento jurídico..." (Introducción al Derecho Penal, ed. B de F., 2001, pág. 107).- Se sostiene que "...quien se ha envuelto en una cuestión penal, cualquiera sea el mérito probatorio de los elementos que lo incriminen -opinión, conjetura, sospecha o probabilidad delictual- una vez que se disipe el cuadro convictivo de cargo y no exista posibilidad razonable de que sea llevado a juicio cuenta con el inalienable derecho de verse reivindicado por un pronunciamiento que, con la fuerza expansiva propia de la cosa juzgada, ponga fin para siempre a la situación de minusvalía que genera el procedimiento penal..." (Almeyra, M.A., "El derecho al sobreseimiento", L.L. suplemento de jurisprudencia, septiembre de 1995, pág. 53).- Así, las amenazas pueden ser definidas sencillamente como el anuncio a otro con palabras o con gestos que se le va a pegar, a matar o a hacer cualquier daño. La amenaza en sentido jurídico-penal coincide con el sentido gramatical de la expresión, pudiendo por lo tanto, definirse simplemente como la exteriorización, hecha por una persona a otra, del propósito de causarle a él, o a otro, un mal. Así, se sostiene que la amenaza es cualquier acto por el cual un individuo sin motivos legítimos y sin pasar por los medios o por el fin de otro delito, afirma o anuncia deliberadamente que quiere causarle a otra persona algún mal futuro, debiendo ser éste dependiente de la voluntad del sujeto que realiza aquélla.- El anuncio del mal debe ser utilizado con el fin de generar temor, sorpresa o miedo, alterando la paz y tranquilidad en que se desenvuelven el sujeto o sujetos pasivos; consiste en la acción de manifestar directamente al sujeto pasivo la intención de causarle un mal.-
Así, sostiene la jurisprudencia que "...corresponde sobreseer a quien se le imputa el delito de amenazas coactivas, cuando los dichos supuestamente amenazantes fueron proferidos en el fragor de una discusión, pues tal circunstancia impide interpretar que anuncian un daño que efectivamente se llevará a cabo..." (CNCrim. y Corr. Sala VI, 16/3/05, L., F.M., LL-2005-D-730).-
Asimismo, "...debe absolverse por el delito de amenazas si las manifestaciones del sujeto activo no revistieron seriedad y fueron proferidas en el marco de una discusión en la cual el encono y el enojo incidieron en el raciocinio de los protagonistas..." (TOC Nª 10. 8/3/07, "Codino, Carlos A, Lexis, Nº 1/70037061-1).-
También, "...es procedente el sobreseimiento dictado respecto del imputado por el delito de amenazas (art. 149 bis, parte 1º, Cód. Penal) si las frases presuntamente intimidantes son de aquellas pronunciadas en situación de un altercado o momento de nerviosismo, sin que la misma resulte idónea a los efectos de crear amedrentamiento en el sujeto pasivo. Dicho elemento subjetivo del tipo legal achacado ineludiblemente tiene que existir para resultar típico el accionar investigado..." (CNCrim. y Corr., Sala V, 30/11/00, P., E., LL, 2001-D-286).- Es dable observar que la cuestión traída en el recurso obliga a puntualizar que las expresiones amenazantes emitidas en un contexto de acalorada discusión no tienen la entidad requerida por la figura que se pretende, en tanto ellas, en razón de la ofuscación de quien las profiere, no alcanzan a configurar una promesa creíble o una afirmación, emitida por el agente para alarmar o amedrentar a otro porque se le ocasionará algún mal futuro, injusto y grave.- Es decir, las expresiones vertidas por Diaz, en su enojo y frustración por no poder lograr su objetivo -el cambio de zapatillas-, no configuran el delito de amenazas, toda vez que no revisten entidad suficiente como para interpretar que anuncian un daño que efectivamente se llevará a cabo, y por la inexistencia del aspecto subjetivo que requiere la figura delictiva que se intenta aplicar, es decir, el dolo por parte del frustrado cliente.- Es dable observar que surge de los dichos del Sr. Fernández, que observó por las cámaras de vigilancia que "...por las gesticulaciones de ambos, la conversación se había tornado una discusión fuerte..." (fs. 6 y vta.).-
Es por ello que tanto en la resolución de la Juez de Instrucción como así también la de la Juez de Recursos -subrogante- no se advierte que incurran en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, ni se encuentran viciadas de arbitrariedad por absurda valoración probatoria, pues valoraron la prueba con criterio lógico a los hechos imputados, llegando a la conclusión de la inexistencia del delito denunciado.- Atento a la inexistencia del delito, es que corresponde, en función del art. 187 del C.P.P. el archivo de las actuaciones.-
VII.-) Corresponde ahora analizar el planteo en relación al agravio del pretenso querellante respecto a la violación de los derechos de la querella.-
Sostuvo la Juez de Recursos subrogante al respecto, que "...considero que el derecho de acceso a la justicia por parte del pretenso querellante ha quedado debidamente salvaguardado mediante la concesión del recurso de apelación interpuesto contra dicho resolutorio...".-
Es dable observar que los argumentos vertidos por los letrados no hacen más que reeditar una articulación que recibió debido tratamiento por parte de la Juez de Recursos; asimismo, los agravios esbozados reflejan meras discrepancias con la valoración que el juzgador hiciera de la prueba colectada en autos, no recae en una violación a los derechos de la querella, toda vez que se les ha dado tratamiento a los planteos presentados, sin perjuicio de no resolver a tono con la pretensión del pretenso querellante.- Disidencia Dr. Peretti Que, dadas las particularidades de la causa sub examine -conforme los agravios puntualizados-, puede encuadrarse el presente caso dentro de las previsiones formales prescriptas en los artículos 427, 434, 439 en función del 443, 446 447 y 448 del C.P.P., encontrándose cumplidos los recaudos formales que hacen a la vía impugnativa bajo análisis, corresponde tener por mantenido el recurso de casación y declarar su admisibilidad formal, debiendo permanecer el expediente en Secretaría por diez (10) días para su examen por las partes.- ____________________________________________________________ Por las razones expuestas, de conformidad con lo establecido en el art. 448 del C.P.P., y en orden a lo dispuesto en el art. 446 del mismo cuerpo legal, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 43/54 por los Dres. Eduardo Emilio Sosa y Alberto E. Bardón, en representación del pretenso querellante, confirmando en todas sus partes la resolucion dictada por la Juez de Recursos (subrogante) de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 433/36.- Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 43/54 por el pretenso querellante Dr. Sosa.-
2. CONFIRMAR la resolución dictada por la Juez de Recursos (subrogante) de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 33/36.-
4. Regístrese, Notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal por encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2033I.151 TOMO:XIX– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:033 FOLIO Nº:143/147 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia