Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2614/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE158954-2024, y en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1498408-2024.-
2Componer positivamente el litigio, haciendo lugar parcialmente a la demanda instaurada por la Sra. Rosana Beatriz Díaz, correspondiendo que la Comisión de Fomento de Cañadón Seco le abone dentro de plazo de diez (10) días de notificada, la indemnización establecida en el artículo 81 de la Ley Nº 2193 (según lo detalla el considerando III), más el pago de los salarios caídos de noviembre y diciembre de 2008, con más los intereses que se calcularán aplicando la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, desde que cada concepto es debido y hasta su efectivo pago, según liquidación que deberá realizarse en la instancia de grado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2614/24-TSJ Sentencia Nº: 779 Actor: DÍAZ ROSANA BEATRIZ Demandada: COMISIÓN DE FOMENTO DE CAÑADÓN SECO Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 25-08-2026 Texto: TOMO XXV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 779 FOLIO Nº 4839/4845 PROT. ELECT. TSS1 003 S.261
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “DÍAZ ROSANA BEATRIZ c/ COMISIÓN DE FOMENTO DE CAÑADÓN SECO s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº D-14.888/11 (D-2614/24-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Carlos Prades (cfr. PE1528954-2024), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1498408-2024.- La recurrente plantea que su impugnación se sustenta en: “…1) La clara violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitución Nacional; art. 32 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz; Tratados y Convenciones Internacionales incorporados al artículo 75, inc. 22 de nuestra ley fundamental; Derechos Humanos Laborales; Ley N° 26.485 de Protección Integral de la Mujer; Decreto Provincial N° 705/07.”. Sigue diciendo que el planteo que formula es procedente “…en razón que la sentencia atacada no deriva de un análisis razonado y lógico de las normas jurídicas aplicables al caso, de la Doctrina Jurisprudencial sustentada por el más alto Cuerpo Jurisdiccional de la Provincia y de nuestro País.” (cfr. PE1528954-2024, pág. 2).-
Afirma que ha desconocido la totalidad de los principios protectorios de los que está imbuido el derecho laboral, fallando con una mirada estrictamente civilista, desconociendo el criterio amplio que ha tenido nuestro Máximo Tribunal en el país respecto a la protección del artículo 14 bis de la CN, que en numerosos fallos ha sostenido que la misma abarca también a los empleados públicos (cfr. PE cit., pág. 4).-
Menciona que la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “…extendió el criterio que surge del precedente 'Ramos José Luis c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa - ARA) s/ Indemnización por despido' en la que sostuvo que las sucesivas contrataciones de prestación de servicios por tiempo determinado celebradas por el Estado podían generar en la persona contratada una legitima expectativa de permanencia laboral, que merecía la protección que el art. 14 bis de la CN otorga al trabajador contra el despido arbitrario. Dicho criterio fue sostenido y ampliado en los autos 'Cerigliano Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma De Bs. As. U. Polival. De Inspecciones ex Dirección Gral. De Verif. Y Control'.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que la Cámara ignora el carácter de orden público del derecho laboral y, por consecuencia, la aplicación de los diferentes principios protectorios y tuitivos que contiene (cfr. PE y pág. cits.).-
Observa que la Alzada equivocadamente consideró que la relación laboral de las partes está enmarcada en las normas del derecho administrativo, desconociendo las prescripciones el artículo 14 bis y de las Convenciones Internacionales incorporados a la Ley Suprema en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (cfr. PE y pág. cits.).-
Señala que: “…el nuevo concepto de el Estado Social de Derecho y la Constitucionalización de los Principios del Derecho Laboral, viabilizan su aplicación a los empleados públicos como lógica derivación del reconocimiento como derecho humano a través de la incorporación a nuestra Carta Magna de Tratados y Convenciones Internacionales, según lo he explicitado en el párrafo anterior.” (cfr. PE cit., pág. 5).-
Manifiesta que la Corte en el caso “Madorrán”
recalcó que tiene categoría hermenéutica jurídica el principio in dubio pro justitia sociales y que el principio de estabilidad del empleado público tiene sustento en los principios y pautas del derecho internacional de los derechos humanos. Agrega que existe el derecho a no verse privado del trabajo arbitrariamente, así como el principio de continuidad o estabilidad del empleo, lo que se traduce en el derecho de no ser despedido sin justa causa. Entiende que en el mundo del trabajo también rigen los principios de progresividad en la plena efectividad de los derechos del trabajador, el principio pro homine y el principio de favorabilidad reconocidos en los artículos 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley Nº 23.313); 26, 29, 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley Nº 23.054) y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y afirmados en el Cimero Tribunal en “Madorrán” (cfr. PE cit., págs. 7/8).-
Argumenta que la sentencia también ha violado el artículo 32 de la Constitución de Santa Cruz, el que establece en su parte pertinente que: “…Ningún empleado de la Provincia o de las Municipalidades, con más de seis meses de servicios, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes físicas o mentales y su contracción eficiente a la misión encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se hayan previsto por esta Constitución o las leyes, normas especiales. En cualquier caso en que fueran dados de baja sin reunirse los recaudos previstos en esta Constitución, podrán demandar judicialmente la reposición en el cargo o la indemnización que la ley determine.” (cfr. PE cit., pág. 8).-
Manifiesta que el artículo 17 de la Ley Provincial 2735: “…faculta expresamente al Poder Ejecutivo a reestructurar la Planta de Personal Permanente de la Administración Pública al sólo efecto de incorporar exclusivamente a la misma, a los agentes Contratados y Transitorios cuando se trate únicamente de concretar los pases a planta permanente, lo que importará automáticamente una disminución en la Planta de Agentes Contratados y Transitorios, según corresponda. Todo ello sin variar de manera alguna el número total de la Planta de Personal de la Administración Pública Provincial. Dicha normativa comprendía a la actora al momento de la renovación de su contrato, circunstancia esta, que no ocurrió en un claro incumplimiento de la ley por parte de su empleador. Además, el incumplimiento señalado por parte del demandado autoriza a la actora y viabiliza su reclamo no sólo con la aplicación del artículo 14 bis de la CN, sino también su reincorporación a su trabajo, al menos, con su misma categoría de revista. La sentencia que por el presente recurro en casación ha violado y desconsiderado el espíritu y directivas emanadas de los Decretos Provinciales 707/05, 0250/07, 1.611/07 y 0046/07, disposiciones del Poder Ejecutivo Provincial dictadas al efecto para la totalidad de los empleados contratados de la Administración Pública Provincial...” (cfr. PE y pág. cits.).- Agrega que: “La arbitraria decisión de la empleadora contra mi conferente ha constituido, además de una medida discriminatoria, una clara y flagrante violación de la Ley 26.485, en cuanto dicha normativa promueve la protección integral de las mujeres en cuanto han sido motivo de persecución o discriminación. En tal sentido, es necesario que V.E. tenga una crítica mirada desde una perspectiva de género en este tema puntual en el cual la actora luego de seis renovaciones contractuales sucesivas fue injustamente desafectada de la Planta de Personal de la demandada quedando indefensa, toda vez, que era sostén de familia e hija de una familia de largo arraigo en nuestra comunidad.” (cfr. PE cit., pág. 9).-
En PE1611371-2024 la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE1824262-2025 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, no habiendo ninguna de las partes ejercido tal derecho (cfr. PE 1850213-2025).- Corrida la pertinente vista, al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…el recurso interpuesto…no debe prosperar (cfr. PE1883394-2025).-
II. Que conforme ha quedado articulada la cuestión extraordinaria por la recurrente, ésta se desarrolla en el carril del artículo 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por violación o errónea aplicación de la ley; y por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad.- La Cámara para rechazar la demanda estima que la relación que unía a la Sra. Rosana Díaz con la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, no era ni una relación estatutaria de empleo público, ni tampoco era una contratación laboral (cfr. PE1498408- 2024, pág. 21). Razón por la cual rechaza la demanda, tanto en lo relativo al pedido de reincorporación como en lo tocante al pago de una indemnización (cfr. PE cit., págs. 24/25).-
Así las cosas, se advierte que la Alzada coloca a la actora en una categoría contractual híbrida que la deja al margen, tanto de la estabilidad del empleo público, como de toda protección contra el despido arbitrario, consagrado por la Constitución Nacional (cfr. art. 14 bis).-
El dilema en que se encuentra la Cámara es claro porque en una primera aproximación al tema, verificando antecedentes jurisprudenciales hasta se ha sostenido que: “Si es empleado público, fuera como fuere, y con las variantes que se le quieran ver, debe gozar de los beneficios constitucionales del empleo público y si no lo es, debe estar amparado por el régimen del empleo privado…” (cfr. CNTrab. Sala VII, “Berner Roberto Carlos c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Despido”, causa 15166/04, del 24/06/08), ¿y a qué beneficios constitucionales del empleo público se refiere? Básicamente, sería el que reconoce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: la estabilidad.- Aquí haremos primero una digresión teórica.
Gordillo caracteriza al personal contratado de la administración pública diciendo que: “…En rigor de verdad, todos los que se desempeñen dentro de la administración pública lo hacen en virtud de una relación contractual, ya que es necesaria su voluntad para que ello ocurra; sin embargo, se ha generalizado en la práctica el denominar 'personal contratado' a los agentes que trabajan para la administración pública no desde cargos o funciones permanentes, sino a través de convenios de plazo limitado (uno o dos años) que no los incorporan a la carrera administrativa ni les otorgan estabilidad en sus empleos: lo que constituye materia de debate es si en tales casos constituyen o no funcionarios o empleados públicos.
En la doctrina tradicional de la Procuración del Tesoro de la Nación se entendía que 'Un personal contratado puede encontrarse en dos status diferentes. En un caso, revisten como incorporados a los cuadros de la administración invistiendo una verdadera condición de funcionarios o empleados públicos y, en el otro aunque llamados a colaborar en la prestación de un servicio público mediante el contrato, no se les atribuye aquella condición. Resulta evidente que los contratados de la primera categoría… se hallan equiparados en un todo al resto del personal administrativo' (Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes Tº 58, p. 305; Tº 76 p. 202, Tº 83 p 226). No ha sido fácil con todo hallar la línea divisoria entre los contratados que revestirían la calidad de funcionarios o empleados públicos y aquellos que estarían simplemente sometidos al derecho privado; se han considerado elementos que podían inclinar a la segunda solución el que no haya sometimiento a horario, o los honorarios se paguen de acuerdo con el arancel pertinente (Procuración del Tesoro Dictámenes Tº 58, p.193) solución que puede ser de aplicación, aunque no es definitoria, cuando se contratan los servicios de un profesional… En suma, se trata de una cuestión difícil de resolver en la práctica, y las más de las veces será necesario prestar atención a la calificación o al régimen que la propia administración haya dado al contrato (Por ejemplo, puede ser ilustrativo si se ha decidido que los aportes jubilatorios ingresan a la Caja del Personal del Estado, o a la de Comercio... en el primer caso se refuerza la solución de que existe una relación de empleo público, en el segundo, que se trata de una relación de empleo privado)...” (cfr.
Gordillo, Agustín:, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo 1, Editorial Macchi, 3ª Edición, Bs. As., 1995, págs. XIII-6/8).- Ahora bien, el Régimen de Contrataciones de Locaciones de Servicios para la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos y Descentralizados -Decreto Provincial Nº 2996/03- (en adelante el “Régimen de Contrataciones”) regula el sistema laboral del personal contratado a término o temporalmente (cfr. art. 1º del Anexo I del Régimen de Contrataciones, en adelante el “Anexo”). A su vez, el artículo 16 del Anexo I determina que la rescisión del contrato no dará lugar a indemnización.-
ontrataciones de Locaciones de Servicios de Personal para la Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos y Descentralizados a término, estableciéndose que el empleo o función pública no es un concepto que depende de la duración de los servicios prestados, si no de la índole de actividad ejercida por el empleado, sujeto a las obligaciones y derechos que prevé este régimen durante la relación laboral, sin que esto implique estabilidad en el empleo El Régimen de Contrataciones en el artículo 1º de su Anexo I determina que el carácter de temporario o a término no es un concepto que dependa de la duración del servicio prestado, sino de la índole de las tareas realizadas.-
El artículo 2 del Anexo I determina con qué requisitos se podrá contratar personal a término, a saber: 1) cuando resulta imprescindible cubrir especialidades técnicas o profesionales previstas o no en el Escalafón Provincial; 2) cuando una especialidad escalafonaria se convierta en crítica al ser declarado desierto el llamado a concurso correspondiente; 3) cuando los servicios del personal técnicos o profesionales se afecten o imputen a una obra determinada y como máximo hasta la finalización de la misma; 4) cuando se requieren los servicios de orden religioso; 5) cuando para el cumplimiento de planes especiales deba incorporarse personal cuya transitoriedad esté dada por el cumplimiento de los mismos; 6) cuando así lo determine el Poder Ejecutivo.-
Aquí cabe señalar que la actora llevaba -antes de ser dejada sin trabajo- más de cinco (5) años prestando servicios para la Comisión de Fomento. Entonces cabe preguntarnos ¿desarrollaba una tarea realmente compleja para la cual no había otra persona habilitada; la naturaleza o la duración de su labor impedía que dicha tarea pudiera ser realizada por personal permanente; estaba afectada a una obra o servicio a un plan temporario; o, en términos generales, estaba comprendida en algún supuesto contemplado en el artículo 2 del Anexo I del Régimen de Contrataciones? No.- La actora cumplía tareas de auxiliar administrativa en la Comisión de Fomento. Tareas estas que no fueron estacionales; tampoco requerían especiales técnicas o profesionales; no fue contratado para cumplir una función temporaria o para reemplazar a algún agente en uso de licencia; ni de índole religioso.- Esto es, la actora prestaba tareas de naturaleza permanente para la Comisión de Fomento, pero no ingresó al escalafón de la administración pública.-
Dentro del régimen estipulado en este contrato de “locación de servicios” se instrumenta en realidad una relación de empleo, pero no se contempla protección alguna a la trabajadora, pues no se le da estabilidad y tampoco se le reconoce un régimen indemnizatorio por su despido incausado. Pero, por ser una trabajadora tiene derecho a la protección.-
El artículo 14 bis dio recepción en el texto de la Constitución originaria 1853-1860 a los postulados del constitucionalismo social. El primer párrafo de dicho artículo cuando dice que: “… 'El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…'…”, así expresa, con absoluta claridad, que el objeto y el sujeto principalísimos sobre los que operó la reforma fueron el universo del trabajo y el trabajador (Fallos 330:1989). Así ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que el: “… trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...] normativamente comprendidos en la Constitución Nacional...Y ello sustenta la obligación de los que utilizan los servicios, en los términos de las leyes respectivas, a la preservación de quienes los prestan…” (Fallos 327:3753 caso “Aquino”).-
Entonces, bajo el amparo del principio protectorio se determinaron -en la cúspide y eje del ordenamiento jurídico positivo- que: “…un conjunto de derechos inviolables, entre los que figura, de manera conspicua, el de tener protección contra el despido arbitrario.” (Fallos 252:158) del trabajador, siendo deberes inexcusables del Congreso de la Nación el asegurarlos (Fallos: 327:3753, 327:4607 y 330:1989).-
También ha dicho nuestro Cimero Tribunal que “… los principios elaborados a partir de lo dispuesto en el mencionado art. 14 bis se integran a las disposiciones incorporadas por la reforma de 1994, en el art. 75, incs. 22 y 23 del texto constitucional. En tal sentido, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto todos éstos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana (párrs. 2 y 3; asimismo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, párrs. 2 y 3). Por dicha razón, el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoción permanentes con el objeto de lograr su plena vigencia. En línea con tales afirmaciones, el art. 7 del instrumento internacional nombrado en primer término, al reconocer el 'derecho al trabajo', dispone que éste comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida, lo cual se completa con el artículo siguiente en el que los estados reconocen que tal derecho supone que toda persona goce del mismo en condiciones equitativas y satisfactorias, que le aseguren condiciones de existencia dignas para el trabajador y para su familia…” (Fallos 327: 4607).-
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, aprobado por la Ley Nº 24.658, establece en su artículo 6º el derecho al trabajo y clarifica el concepto y los deberes inherentes al mismo en el artículo 7º, en el cual implica por parte de los estados firmantes el reconocimiento de que: “...el derecho al trabajo…supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias…” (cfr. art. cit.) para lo cual se ven obligados a garantizar particularmente “…la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional…” (cfr. art. cit., inc. d).-
Siguiendo con el análisis de las pautas dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para interpretar la norma constitucional que nos ocupa ha dicho que: “…tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el 'bienestar', esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad…” (Fallos 289:430 caso “Berçaitz”).- Analizando un caso de derechos de una trabajadora, el Tribunal Superior de Justicia de Mendoza ha señalado -en voto de la Dra.
Kemelmajer- que: “...se impone determinar el marco constitucional implicado, luego de la reforma constitucional de 1994...En efecto, en la República Argentina, la primacía constitucional nunca ha sido puesta en duda: la Constitución prevalece sobre el resto del ordenamiento, incluido, obviamente, el código civil, las leyes administrativas locales y las nacionales y provinciales de la seguridad social. Sin embargo, antes no se advertía, y hoy sí, que establecer esta primacía constitucional cuando se aborda un tema regulado por la ley supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de los textos. Obliga, como alguna vez dijo el maestro italiano Rescigno, a una 'relectura de la ley'.
En otros términos, 'la tarea del juez termina sólo cuando el resultado del proceso interpretativo aparece en sintonía con los principios del derecho constitucional..' (confr. Ferranti, Ione, L'interpretazione costituzionale della norma civile, en Giuliani A ed altri, L'interpretazione della norma civile, Torino, ed, Giappichelli, 1996, pág. 179). Esta visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, aunque no abandona del todo el método gramatical, comienza a valorarlo con menor peso; toma igual actitud con el método histórico y se apoya, esencialmente, en el sistemático, pero entendiendo que el sistema cierra con la norma constitucional; en este camino ascendente, debe advertir que la Constitución siempre incorpora 'determinadas opciones políticas y sociales profundas.
La aplicabilidad directa de la Constitución, con todo su sistema de principios y de valores, lleva a que la interpretación y el proceso aplicativo del Derecho, lejos de poder entenderse como una operación mecánica pase a ser algo necesaria y rigurosamente axiológico' (García de Enterría, Eduardo, La democracia y el lugar de la ley, en El derecho, la ley y el juez, Madrid, Cívitas, 1997, pág. 48)...” (cfr. “Lorca, María Laura y Ots. Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación c/ Dirección General de Escuelas p/ Amparo s/ Inc. Cas.”, del 15/06/2005).-
Sentado ello comenzaremos señalando que la actora, tenía en común con el resto de los trabajadores públicos y privados, su condición de trabajadora: ha quedado acreditado que Rosana Beatriz Díaz -en relación de subordinación administrativa, técnica, económica y jurídica- para la Administración Pública. Si concluimos entonces que era trabajadora, lo que por otra parte no ha estado en discusión en momento alguno, debemos colegir que se encontraba amparada por las disposiciones contenidas en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 32 de la Constitución Provincial.-
La demandada en su contestación reconoce la prestación de tareas de la actora en su beneficio desde el 1º de abril de 2003 (cfr. foja 92), bajo sus órdenes y a cambio de dinero, lo cual amerita -per se- que se le otorgue la mínima protección que exige la Constitución Nacional (art. 14 bis) y los Tratados Internacionales incorporados a nuestro bloque constitucional (art. 75 inc. 22), por lo cual el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes incluido el ámbito público y privado.-
Ahora bien, en el particular caso de autos la actora es una trabajadora que si bien prestó servicios durante años para la Comisión de Fomento, no gozaba del derecho a la estabilidad propia del empleado público -porque no fue incorporada regularmente a la planta permanente de la Comisión de Fomento-; por otra parte la demandada en su responde le niega los derechos que otorga la Ley de Contrato de Trabajo. Pero ello no puede conducirnos a considerar a la actora ajena a protección alguna ante la ruptura de la relación contractual, sólo por ser el Estado uno de los contratantes.- Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Cerigliano' y 'Ramos' (Fallos: 334:398 y 333:311) contempló la situación precaria de los trabajadores contratados por la Administración, y se estableció que quienes no se encuentran sometidos a la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y permanentes a favor de la Administración Pública, gozan de la protección contenida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este criterio fue sostenido en el fallo del Máximo Tribunal donde señaló que: “Dado que las sucesivas continuas y renovaciones (sic), durante 23 años, del contrato que vinculaba al actor con el Banco de la Provincia de Buenos Aires pudieron tener como objetivo del empleador encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, y generarle una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el 'despido arbitrario', corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda por él interpuesta” (cfr. sum.“González Lorenzo Ramón c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa”, del 08/10/2013, www.informaciónleagal.com.ar, Cita Online AR/JUR/64440/2013).-
De acuerdo a las argumentaciones que se vienen desarrollando y las constancias de la causa, la actora goza de la protección señalada. Es oportuno señalar que este criterio ya fue interpretado por este Alto Tribunal en la sentencia inscripta en el Tomo XVI, Reg. 559, Folio 3163/3171.-
Sin embargo y haciéndonos eco de lo sostenido por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Ramos” debemos reafirmar que: “…la solución propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni a la aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que le corresponde.” (Fallos 333:311).-
Dentro de este marco debemos pues, a efectos de arribar a una solución justa y tuitiva del derecho del trabajador, recurrir a la analogía, conforme lo autoriza el artículo 2º del Código Civil y Comercial. Definida como el procedimiento que: “…consiste en asimilar el caso no calificado normativamente a otro que lo esté, sobre la base de tomar como relevante alguna propiedad que posean en común ambos casos…” (cfr. “Nino, Carlos Santiago: “Introducción al Análisis del Derecho”, Editorial Astrea, 1984, Cap. V pág. 285, citado por Valdez, Marcela Paula en “Justicia por analogía”, LA LEY 2002-F, 988). Es claro que este procedimiento no se aplica mecánicamente, ya que todo caso imaginable se parecerá a otro en algún aspecto y se diferenciará de él en otros muchos. También nuestro más Alto Tribunal ha expresado que ante la ausencia de una solución normativa singularizada, es adecuado recurrir a los principios de leyes análogas, toda vez que la regla de interpretación prevista en el artículo 16 del Código Civil excede los límites del ámbito del derecho privado y se proyecta como un principio general, vigente en todo el orden jurídico interno (doctrina de Fallos: 195:66; 301:403; 306:1409), criterio este al que ya ha recurrido este Tribunal en la sentencia inscripta al Tomo XIII, Reg. 451, Folio 2453/2461.- Se debe resaltar que la actora cobraba según escalas salariales de la Administración Pública de la Comisión de Fomento, los descuentos de Obra Social tenían como destino la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz y que sus aportes jubilatorios ingresaban a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (cfr. fs. 22/27 vta.), de lo que se infiere la voluntad de la demandada de no incluirlo en la LCT; por ello se debe buscar una solución dentro del ámbito del derecho administrativo (en igual sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Cerigliano' y 'Ramos', Fallos: 334:398 y 333:311) y aplicar el sistema de indemnizaciones establecido en la Ley de Reordenamiento del Estado Nº 2193. Aplicando por analogía esta norma al caso bajo estudio.-
Así, el artículo 81 de la Ley Nº 2193 establece que:
“A partir del 1° del mes siguiente al de su baja, el agente tendrá derecho a percibir una indemnización mensual equivalente al ciento por ciento (100%) de su remuneración mensual habitual y permanente incluidos salario familiar, antigüedad, título, zona, riesgo, permanencia en la categoría y/o cualquier otro, con las actualizaciones y aumentos que se operen para el resto de los agentes públicos provinciales, durante el tiempo que de acuerdo con su antigüedad le corresponda, en virtud de la siguiente escala: 1.- Hasta siete (7) años de antigüedad: diez (10) meses; 2.- Hasta doce (12) años de antigüedad: doce (12) meses; 3.- Más de doce (12) años de antigüedad: quince (15) meses.”. Teniendo en cuenta que la actora contaba con menos de siete años de antigüedad en su puesto, le corresponde como indemnización, el equivalente a diez salarios, teniendo en cuenta la mejor remuneración normal y habitual que haya cobrado durante el último año. La suma que se determine, por la instancia de grado, será acrecentada con los intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde el momento que el crédito se devengara y hasta el efectivo pago (cfr. criterio de este Alto Cuerpo en: Sentencia, Tomos XX, Reg. 669, Folio 3870/3879 y XXIII, Reg. 736, Folio 4453/4464, entre otros). Intereses estos a contarse desde el día siguiente al vencimiento del contrato que unía a las partes, es decir, desde el 1º de enero de 2009.-
Asimismo, la protección al trabajador que se ha explicitado en los párrafos anteriores, hace que la actora tenga derecho a percibir los salarios no abonados antes de la finalización de su contrato de trabajo. Es decir, a cobrar los salarios de noviembre y diciembre de 2008. A cuyo monto se le deberán también adicionar intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta el efectivo pago. Intereses a contarse desde el día siguiente al vencimiento del mes respectivo, es decir desde el 1º de noviembre y 1º de diciembre, respectivamente del año 2008.-
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte a actora PE1528954- 2024, y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que obra a en PE1498408- 2024. Componer positivamente la litis, debiendo declarar que a la actora se le debe dar la protección constitucional del artículo 14 bis -protección contra la ruptura del vínculo contractual-, correspondiendo que la Comisión de Fomento de Cañadón Seco abone, dentro del plazo de diez (10) días de notificado, la indemnización establecida en el artículo 81 de la Ley Nº 2193 (equivalente a diez remuneraciones mensuales), con más el pago de los salarios caídos de noviembre y diciembre de 2008. Todo ello con más los intereses que se calcularán aplicando la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, desde que cada concepto es debido y hasta su efectivo pago, según liquidación que se realizará en la instancia de grado. Por aplicación del principio objetivo de la derrota las costas en todas las instancias, deben ser impuestas a la demandada perdidosa (art. 68 del CPCyC). Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.
Por todo ello y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE158954-2024, y en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1498408-2024.-
2. Componer positivamente el litigio, haciendo lugar parcialmente a la demanda instaurada por la Sra. Rosana Beatriz Díaz, correspondiendo que la Comisión de Fomento de Cañadón Seco le abone dentro de plazo de diez (10) días de notificada, la indemnización establecida en el artículo 81 de la Ley Nº 2193 (según lo detalla el considerando III), más el pago de los salarios caídos de noviembre y diciembre de 2008, con más los intereses que se calcularán aplicando la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, desde que cada concepto es debido y hasta su efectivo pago, según liquidación que deberá realizarse en la instancia de grado.-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero -Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Dr. José Antonio González Nora –Vocal-; Dr. Sergio Edgardo Acevedo –Vocal-; Dr. Juan Lucio Ramón de la Vega –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003S.261 Tomo: XXV Sentencia: 779 Folio N°: 4839/4845 Secretaría: 1
Fin de la sentencia