Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 181.669
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se declara la nulidad de la sentencia del 19/8/2024, en consecuencia, se dispone que, una vez arribados los autos a la instancia de origen, se dicte un nuevo pronunciamiento por juez hábil (art. 257 CPCC). Sin costas por el modo en que se resuelve. (art. 68 CPCC); II.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); III.)
Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 181669.
Autos: "DIAZ SANTIAGO DAMIAN MARCELO C/ PURASAL S.R.L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)".
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "DIAZ SANTIAGO DAMIAN MARCELO C/ PURASAL S.R.L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
El señor Juez de Primera Instancia dictó sentencia el 19/8/2024 y, a través de ella, hizo lugar a la demanda promovida por SANTIAGO DAMIAN MARCELO DIAZ, condenando a PURA SAL S.R.L. y a FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., a abonar la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($52.200.000); con más intereses, aplicándose una alícuota del 6% anual desde que se produjeran los perjuicios y hasta el momento del pronunciamiento; a partir del dictado de la sentencia y hasta el efectivo pago, el capital será ajustado mensualmente por el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC, más una tasa de interés "pura" que se determina en un 6% anual sobre el capital ajustado.
Para así decidir, el Sr. Juez decretó la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, y la inaplicabilidad al caso, fundando tal decisión en la doctrina del Caso "Barrios".
Contra ese pronunciamiento, interpusieron recursos de apelación la actora el 19/8/2024; la demandada el 22/8/2024 y la citada en garantía también el 19/8/2024.
Con fecha 20/8/2024 se concedió el recurso de la parte actora, auto que fue rectificado el 2/9/2024 cambiando el efecto de la concesión; con fecha 26/8/2924 se concedieron los dos recurso restantes. Dichos remedios fueron fundados el 5/9/2024, 29/8/2024 y 30/8/2024 respectivamente. Todos recibieron réplicas de la contra parte.
Además de los recursos de apelación descriptos, el 19/8/2024 la actora y el 20/8/2024 la citada en garantía interpusieron recursos de aclaratoria.
Del recurso de la actora.
Al fundar su embate, la recurrente se agravió de la falta de cómputo del 10 % de incapacidad psicológica determinada por el perito. Cuestionó que el Sr. Juez haya resuelto solo indemnizar el 22,45 % de incapacidad física omitiéndose la incapacidad psicológica. También se agravió por la no utilización de fórmulas matemáticas al momento de determinar el monto indemnizatorio, solicitando que en la revisión se utilicen las fórmulas Méndez o Acciarri.
Del recurso de la demandada.
Introdujo un planteo de Inconstitucionalidad sobre el requisito del depósito previo establecido por el art. 29 de la Ley 13.133, solicitando se deje sin efecto dicho recaudo por causarle gravamen irreparable. Además se desconformó por el reconocimiento de consumidor que se le otorgó al actor careciendo de pruebas para ello; del no reconocimiento de eximente de responsabilidad por la presencia de un caso fortuito, hecho de la víctima o de un tercero por quien su parte no debe responder. Asentó su posición en que habiendo intervenido un tercero agresor en el hecho, el deber de seguridad genérico quedó desplazado y la responsabilidad debe dirigirse hacia ese tercero causante del daño y ajeno a la relación de consumo.
A continuación atacó los rubros indemnizatorios y los montos.
Expresó que, el Sr. Juez, excedió toda mesura, varió impropiamente el objeto procesal, amplió y acumuló institutos reclamatorios y otorgó prestaciones no reclamadas, por lo que consideró que la sentencia ha incurrido en una estrepitosa violación al principio de congruencia. En su opinión no hay "una mínima aproximación a cuáles serían las bases o criterios utilizados para hacer lugar a los rubros, y finalmente, para fijar las excesivas sumas acordadas".
Finalmente se agravió de la declaración de inconstitucionalidad. Planteó violación al principio de congruencia en tanto se avanzó sobre un plano que no fue parte de la pretensión procesal inicial, argumento que enlaza con la queja por la aplicación equivoca y oficiosa del caso "Barrios". Apuntó que el Juez hizo una inadecuada interpretación del caso, extralimitándose al atribuirle un carácter ¨erga omnes¨ al precedente, del que expresamente carece.
Del recurso de la citada en garantía.
Inició la expresión de agravios con un ataque al alcance de la condena. Puso de relieve falta de claridad o, eventualmente, contradicción entre la sentencia y la posterior aclaratoria. Señaló que mientras en la sentencia se hizo mención a la existencia de un límite en la cobertura del seguro, posteriormente y en la contestación de la aclaratoria introducida se resuelve -prima facie- en contrario del mencionado limite. Consideró que la sentencia dejó huérfana de contenido esa parte del fallo, no disponiendo siquiera el método de arribo al contenido y alcance de la obligación de la citada en garantía.
En segundo término, se agravió por la responsabilidad atribuida. Planteó que hay una condena extra petita, por cuanto se le imputa, responsabilidad de cumplimiento del deber genérico de cuidado al amparo de la ley 24.240, cuando el actor no solicitó -ni existen pruebas que permitan imaginar- una relación de consumo entre la compañía de seguros y el demandante.
Introdujo un tercer agravio. Sostuvo que la aplicación del precedente “Barrios” al caso de autos es improcedente y arbitraria, como también el decreto de inconstitucionalidad efectuado de oficio, sin petición del actor y sin traslado a la demandada para posibilitar su defensa. Finalizó el recurso cuestionando el monto de los rubros indemnizatorios, alegando que las cifras a las que arribó el juzgador carecen de fundamentación adecuada.
Cada una de los memoriales fueron contestados y refutados mutuamente.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Debe anularse la sentencia del 19/8/2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
I. Parto de señalar que el recurso de apelación puede definirse como un acto procesal de impugnación, deducido por una parte o un tercero contra una providencia simple o una sentencia interlocutoria o definitiva dictada por un juez de primera instancia, que ocasiona gravamen, con el objeto de que el tribunal superior la revoque, total o parcialmente, o la anule. Con la deducción del recurso de apelación, debe entenderse como comprensivo -e implícito- el de nulidad (cfr. Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, T° I, pág. 577).
II. A poco de realizar una detenida lectura del fallo apelado advierto en él deficiencias de tal envergadura que lo invalidan como acto jurisdiccional.
El acto de juzgamiento debe ser el fruto de un proceso intelectivo en el que el Juez, de cara a los hechos y frente al derecho aplicable, merita en su integridad los fundamentos de las partes que dan forma a la litis que debe decidir. Debe, entonces, sopesar inexorablemente cada una de las parcelas que componen las presentaciones iniciales y desmenuzar la prueba rendida a sus efectos, para luego en un ejercicio de razonamiento lógico, fundamentado y ajustado al derecho aplicable, arribar a una sentencia coherente.
En el caso puntual de la sentencia en crisis, observo: inadecuada aplicación del derecho, falta de fundamentación legal, resolución extra petita y violación al principio de congruencia.
La C.S.J.N, en la Causa "Menendez Luciano Benjamín" sostuvo: "Los jueces tienen la obligación de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada (...) permite que las partes puedan controlar y, en su caso, impugnar la sentencia en base a una pretensión (...) la sociedad en su conjunto tiene derecho al debate democrático sobre el discurso jurídico, que es inviable si no se conocen los argumentos. La decisión que solo se basa en un resultado, lesiona el acceso a justicia en sentido sustantivo y la seguridad jurídica al que tienen derecho las personas que recurren al Poder Judicial.
Que esta exigencia, cumple una doble finalidad: por un lado, garantiza el examen por parte de los justiciables (...) por el otro, desde la perspectiva del Estado de Derecho, hace posible un control democrático por parte de la sociedad sobre el ejercicio del Poder Jurisdiccional. (Fallos:342:1261) (FCB93000136/2009TO1/CS1 "Menendez Luciano Benjamín y otros s/ Incidente de recurso extraordinario).
En este mismo sentido, la Sala II de esta Cámara con voto del Dr. Ricardo Monterisi, apoyándose en precedentes supra nacionales, señalo: "Para asegurar su constitucionalidad, es necesario tramitar un proceso donde se resguarde el contradictorio, la bilateralidad, la igualdad de las partes, dando debida posibilidad al demandado de ser escuchado y a ambas partes el derecho de probar y producir pruebas, para culminar normalmente con el dictado de una sentencia motivada y congruente con las peticiones formuladas y probadas por las partes (conf. Rosales Cuello R y ot. "La sentencia arbitraria como vulneración del debido proceso: su tutela doméstica y en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos", JA 2005 - I-474).
En concordancia con ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in re "Apitz Barbera y otros vs. Venezuela" (sentencia del 5/8/08), ha tenido oportunidad de precisar que:"...La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorizacion de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de la sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que ha sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el art. 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso..." (párrafos 77 y 78).
Y recientemente agregó que "...Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad..." (caso "Chocron Chocron vs. Venezuela", sentencia del 1 de julio del 2011; párrafo 118)".
Puesta la sentencia en crisis a contra luz de las pautas rectoras que brindó nuestra Corte Suprema de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los vicios invalidantes emergen con tal claridad que no es posible ningún otro camino que la declaración de nulidad.
III. El primer vicio de esta sentencia se configura con la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, con una incorrecta interpretación y aplicación del precedente "Barrios". Liminarmente, advierto que la parte, en ningún estadío del proceso, formuló objeción de constitucionalidad a la norma en cuestión, ni al resto de disposiciones vigentes que convalidan el principio nominalista. Por lo cual, desde el vamos, la resolución peca de arbitraria y extra petita, quedando en clara contradicción con el principio de congruencia que toda sentencia debería resguardar.
A ello sumo que, los fundamentos que dan basamento a la decisión son incorrectos. El precedente jurisprudencial contiene directivas y sugerencias para la resolución de los casos en un sentido, y se resolvió exactamente con el criterio opuesto.
En un reciente fallo de Cámara Civil Segunda de La Plata, de un tema similar al presente, se analizó el alcance del "precedente" y la "doctrina legal" delimitándose los alcances de cada uno. Ahí se expresó: "entiendo necesario precisar que “doctrina legal” y “precedente” asumen dos esencias distintas, lo que conlleva consecuencias prácticas desde que su diferenciación no se reduce a una cuestión simplemente teorética o academicista.
En primer término, es posible sostener que la jurisprudencia es una fuente material del derecho en el supuesto de lagunas normativas (art. 1 del Código Civil y Comercial; en adelante: CCyC), ya sea considerada por su fuerza argumental y persuasiva, como enunciado normativo secundario, o como enunciados definitorios de un concepto. La doctrina legal a su vez es una subespecie de la misma cuyo aspecto distintivo es que asume carácter vinculante por fuerza de ley (arts. 279 y 289 del Código Procesal Civil y Comercial; en adelante: CPCC) Por ello, la jurisprudencia despliega solo una labor persuasiva mientras que, en cambio, la doctrina casacional desarrolla una función propiamente justificativa. Así, esta ha sido definida como un tipo de producción de dogmática jurídica que adquiere indirectamente carácter vinculante a través de la casación, órgano encargado de asegurar el valor y la eficacia de los enunciados jurídicos (Antonio Serrano, Dogmática jurídica y análisis sociológico: el derecho histórico de la doctrina legal, Doxa- 10 (1991), p. 175. Carácter vinculante que puede ser interpretado como una particular necesidad de asegurar el efecto de retroalimentación de las decisiones judiciales (Antonio Serrano, cit. p. 190). (...) Por lo expresado, considerar la “doctrina legal” emanada de la sentencia “Barrios” como un “precedente” o una regla de derecho estatuida por el pronunciamiento de marras equiparándola a una norma legal general aplicable es, en mi opinión, un manifiesto error, más grave aun cuando se lo hace como si fuera un precepto jurídico abstracto; esto es pretiriendo las circunstancias particulares del caso sobre el cual se cimentó dicha “doctrina legal”. Se instituye así un tipo de “precedente criollo” dado que, por un lado, se la considera como una regla jurídica nacida del derecho judicial propio del derecho anglosajón, pero a diferencia del “precedente” de dicho sistema legal hay un desprecio por los hechos, material sobre el cual se estableció el mismo (material facts). (argto. Voto Dr. Hankovits in re ": "LASAGA LAURA IRMA C/ RICARDO NINI S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 131625 ).
IV. a) Por otra parte, vale recordar que la Corte Nacional ha sostenido sistemáticamente que la declaración de inconstitucionalidad es una medida excepcional y extrema a la que, solamente, se recurre cuando todas las demás opciones ya no se encuentran disponibles.
"La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera." (Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social s/ Proceso administrativo - Inconst. varias. SENTENCIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. , 16/3/2016.).
A la ya fuerte limitación señalada, la doctrina -y la propia corte- han ido imponiendo otras restricciones. Algunos autores directamente niegan de plano la posibilidad de declararla de oficio, pero aún aquellos que la admiten, agregan la infranqueable barrera de no sobrepasar el principio de congruencia, criterio este reafirmado tanto por la Corte Federal, como por el Máximo Tribunal Provincial. (ver args. fallo CSJ 520/2001. "Perret, Liliana María c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ daños y pérjuicios"; fallos 335:2333; 337:179; 337:1403; 343:345)
"El control de constitucionalidad de las normas debe realizarse de oficio, siempre y cuando se respete el principio de congruencia, es decir, que los jueces ciñan su decisión a los hechos y planteos definidos al trabarse la litis, por lo que no resulta exigible una expresa petición de la parte interesada." (Id SAIJ: SUA0083899. 5 de Marzo de 2024).
En un trabajo publicado en el año 2023, Soria describe, con gran precisión, en que consiste la tarea del Juez y los limites a los que se encuentra sometido, haciendo hincapié en cual ha sido la posición de la Corte Federal respecto de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad a través de los años . En el mencionado trabajo se dice: "Es indudable que el ordenamiento positivo está presidido por la regla de la supremacía de la Constitución (art. 31, CN) y que en ella se afirma la posición que bajo ciertos recaudos excepcionales predica la viabilidad de una actuación judicial descalificatoria de una norma inconstitucional no impugnada directamente por la parte afectada. Lo es también que las potestades que suelen derivarse del "iura" han sido pensadas para atender las necesidades ordinarias o corrientes de encuadre legal que el órgano jurisdiccional debe llevar a cabo. No han tenido en consideración el sistema de revisión de la validez constitucional de las leyes. Por un período prolongado y de manera especial a partir del fallo "Ganadera Los Lagos" las puertas de la descalificación de oficio de las leyes en sustancia permanecieron cerradas; mientras tanto el brocárdico regía pacíficamente en su ámbito normal de aplicación. Desmontada la regla prohibitiva, en muy escasas ocasiones la Corte Suprema dispuso o confirmó una invalidación de las leyes o reglamentos sin solicitud de parte. Y cuando así se ha manifestado, lo hizo con el alcance de una medida extraordinaria. De momento, esta alternativa proclamada como el reaseguro de la juridicidad ha sido escasamente empleada por la Corte. Permanece cercana a la línea del horizonte de los conflictos tramitados ante sus estrados.
El adagio no siempre abastece de adecuadas respuestas. En ciertas ocasiones proporciona apenas un esquema conceptual macilento, objetivamente insuficiente, para atender los requerimientos que conlleva el ejercicio del control de constitucionalidad. Explicar con el "iura" el meollo de la descalificación oficiosa de las normas no parece plenamente satisfactorio. En un área de fronteras a veces difusas podría suceder que si se avanzara en el sendero de la expansión del "iura" a costa de inobservar las limitaciones que podrían caberle, el órgano jurisdiccional se avecinaría a jugar en protagónico el papel de cuestionador directo de la norma o desvirtuar su rol de tercero imparcial, acercándose al desborde funcional por afectación del equilibrio de los poderes" (SORIA, Daniel Fernando.
LA LEY 15/02/2023. El "iura novit curia" y la descalificación judicial de oficio de las normas. A propósito de algunos pronunciamientos de la Corte Suprema.) En línea con este carácter excepcional y restringido que vengo mencionando, no puedo obviar que la SCBA también ha brindado pautas claras sobre cuáles son los recuados que debe tener un juez, en modo previo, a la declaración de inconstitucionalidad: "Para declarar la inconstitucionalidad de una norma sin reclamo de parte, el órgano jurisdiccional debe sopesar una serie de factores, entre otros, si: i) la cuestión litigiosa se refiere a derechos disponibles; ii) la parte afectada por la norma -o beneficiada con su eventual descalificación- ha consentido o no ha repelido su aplicación; iii) la ley ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema (o por el mismo tribunal interviniente) bajo condiciones fácticas o procesales idénticas o sustancialmente análogas; iv) la regla sancionada desconoce requisitos esenciales previstos en la Constitución para su emisión válida; v) la invalidez constitucional es palmaria, manifiesta o inequívoca, o decretarla depende de una precisa acreditación fáctica; vi) la descalificación del texto legal en crisis es la única vía de solución posible del conflicto o puede evitarse mediante una inteligencia compatible con la Constitución; vii) hubo o se ha brindado en el proceso una razonable oportunidad de debatir la validez de la ley; viii) la invalidación de la disposición legal se adecua a la debida congruencia procesal; ix) la norma observada altera, desvirtúa o impide el cometido funcional básico, la competencia de fuente constitucional o el ejercicio de la jurisdicción de los jueces." (Voto del Dr.
Soria en SCBA LP A 74952 RSD-105-2022 S 14/12/2022. ARBA c/ Toledo, Alejandra y ot. s/ Apremio provincial. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley).
De lo reseñado, surge en modo palmario que se trata de un remedio excepcionalísimo, de aplicación restrictiva y sujeta a los límites de la congruencia y la defensa en juicio.
En el presente caso, donde se trató una cuestión patrimonial, disponible para la parte que no efectuó la referida tacha de inconstitucionalidad; sumado a que la validez normativa (ley 23.298) ha sido ratificada por la CSJN en innumerable cantidad de oportunidades, la declaración de nulidad de la sentencia en crisis, es una consecuencia inevitable.
IV .b) Cuando se ingresa en los fundamentos que brinda el Sr. Juez, para resolver como lo hizo, se aprecia que hay una interpretación equívoca del caso "Barrios", que culminó en una resolución contraria al sentido que tuvo el precedente que invocó.
En "Barrios", textualmente se dijo: "...antes que ejercer un escrutinio constitucional negativo del tantas veces referido artículo 7, procuro acudir a algún camino discursivo alternativo que pudiera justificar la recomposición de los valores comprometido" (...) "De conformidad con las consideraciones anteriores, y sin perjuicio de las otras precisiones que fuere menester efectuar en atención lo reglado en el Código de Procedimiento Civil y Comercial y las diferentes circunstancias o aspectos litigiosos verificados en otros procesos referidos a cuestiones similares a aquellas debatidas en autos, es preciso que el órgano jurisdiccional adopte el curso de acción más consistente con los intereses implicados; ello, según las siguientes directrices: V.17.a. De no ser posible la solución del entuerto mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo ha de completarse con la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario." (Subrayado fue incorporado)
Es evidente que la SCBA exhortó a los Jueces a buscar -y sugirióalternativas o caminos posibles para evitar que quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en un proceso judicial, con el paso del tiempo se licue de su acreencia por el proceso inflacionario.
Ofreció pautas orientativas a seguir para cumplir con el fin "justicia". Dentro de las primeras, habilitó a utilizar diversas tasas de interés - incluso combinación de ellas- y dentro de las cuestiones a evitar, o al menos a utilizar con extrema prudencia, se encuentra "la declaración oficiosa de inconstitucionalidad"-.
El precedente reafirmó la necesidad de escudriñar el plexo jurídico en su integralidad -supra nacional y local-, con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva; buscando allí las herramientas necesarias para evitar la licuación de las acreencias judiciales -tanto las de valor, como dinerarias-, y ratificó el criterio de la declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio.
Cuando contrapongo las recomendaciones de la SCBA con la actuación del Sr. Juez en el presente caso, no solo no encuentro concordancia, sino que la encuentro en contradicción.
Sin dudas, existen sensibles diferencias entre "Barrios" y el presente caso. La mas evidente es que en el primero existió ab initio un cuestionamiento constitucional, cuestión ausente en este. Pero no es la única. El recorrido descriptivo que se hace en "Barrios" atravesando las diferentes posibilidades para intentar conservar el valor del crédito no se asemeja en nada a esta sentencia, donde no surge que se hayan indagados otras posibilidades tendientes a evitar la inconstitucionalidad. Por el contrario, esta decisión parece surgir como primera opción. Justamente, la apelación que realiza "Barrios" para buscar diversas soluciones, es lo que no se hizo en el presente caso.
En este sentido, no surge que el Juez haya indagado diversas opciones antes de la declaración de inconstitucionalidad, simplemente se decidió por resolver en ese sentido avanzando mucho mas allá de lo pedido por la parte, traspasando un delicado limite.
La SCJN tiene dicho: "Que según se advierte de las constancias de la causa, el planteo de inconstitucionalidad de la norma citada no formaba parte del reclamo de los actores. De modo tal que al resolver de ese modo, los jueces fallaron extra petita y modificaron los términos del litigio al fundar su sentencia en un tema que no constituía un punto de controversia, con la consecuente lesión de la garantía de la defensa en juicio." (voto Dra. Helena Highton de Nolasco, in re "Raco, Marco Nicolas y otro C/ EN- M Seguridad -PSA- Res.513/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg") Fallar sobre cuestiones no peticionadas afecta el principio de congruencia y la defensa en juicio, por lo que la jurisprudencia es conteste sobre la sus implicancias y fue imponiendo límites precisos. Por ello, ha dicho: "...el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 284:115), pues el juzgador no puede convertirse en el intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria" (Fallos: 283:213; 311:569 y 344:1002 del 6/5/2021). "El principio de congruencia se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria" (Fallos: 310:2709; 327:1607). "La sentencia civil no puede exceder las pretensiones (Fallos:
252:13), ni las defensas oportunamente planteadas por las partes" (Fallos: 256:504).
V. Otro aspecto de la sentencia que no puede obviarse surge de los considerandos, puntos I y II (Relación de consumo. Normas aplicables. Deber de seguridad. Del incumplimiento). Allí, el Sr. Juez realizó todo un recorrido del caso en examen que lo convencieron de estar en presencia de una relación de consumo entre el actor -como asistente al comercio- y el demando -en carácter de titular de la explotación comercial-.
A partir de que tuvo por acreditado ese vínculo, subsumió el mismo al régimen de la ley 24.240 y, puntualmente, se amparó en el art. 5 de la citada norma para condenar a PURA SAL S.R.L. por haber incumplido la obligación genérica de cuidado.
Advierto muy especialmente que todo el discurrir argumentativo refiere -únicamente -a la mencionada relación consumeril entre el actor y el demandado, no saliendo nunca de dicho carril.
Luego de ello, concluye sin mas fundamentos que : "... corresponde hacer lugar a la demanda entablada por SANTIAGO DAMIAN MARCELO DIAZ contra PURA SAL S.R.L. y FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A".
Sin dudas, le asiste razón a la aseguradora Federación Patronal en su planteo de arbitrariedad e incorrecta aplicación del derecho, en este punto.
En ningún tramo del desarrollo argumentativo - previo a la resoluciónse hace mención al vínculo jurídico que ata a la citada en garantía con el presente proceso. Directamente no se la menciona y sin ninguna explicación se la condena solidariamente al amparo de la ley del consumidor; ley que no le resulta aplicable a la compañía en esos términos.
Tal lo expresado, es evidente que hay inadecuada aplicación del derecho y ausencia de fundamentación para arribar a la condena de la citada en garantía, siendo, lógicamente, vicios invalidantes del acto.
VI. Otro punto crítico de la sentencia es el relativo al rubro "incapacidad", particularmente su cuantificación.
Las tres recurrentes marcan la falencia argumentativa del decisorio en este punto.
De la simple lectura surge que el monto de condena no se asentó en la aplicación de formulas matemáticas -que es lo usual y recomendable en para estos casos-, sino que surge de una mera construcción personal que hace el juzgador, sin sostén jurídico mas que el de la discrecionalidad del magistrado..
Este modo de resolver no está en línea con lo ordenado por el art. 1746 del CCCN, cuya incorporación al nuevo código, justamente, pretendió que la determinación se haga a partir de pautas más objetivas y, así, acercarnos el propósito de la reparación integral, que resulta ser el fin último del proceso indemnizatorio.
La doctrina mayoritaria tiene una mirada coincidente en que el CCCN, con su actual redacción, pretende que el valor indemnizatorio sea el resultado de una aplicación aritmética. Así lo expresan los doctrinarios cuando analizan esta disposición del CCCN: "El artículo en estudio se refiere expresamente a la cuantificación de la indemnización por incapacidad sobreviniente, y establece que ella debe fijarse mediante la determinación de un capital que, invertido en alguna actividad productiva, permita al damnificado obtener mensualmente —mediante la utilización de una porción de ese capital y los intereses que obtenga por aquella inversión— una cantidad equivalente a los ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado. La única forma de calcular ese capital, teniendo en cuenta todas las variables mencionadas por el artículo, es el empleo de fórmulas matemáticas, y es prístino que la ley está imponiendo su utilización por los jueces para el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad sobreviniente." (HERRERA.
CARMELO. PICASSO. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Tomo IV. Infojus. pag 470)
En igual sentido, el creador de una de las fórmulas mas aplicadas dijo: "La taxatividad de la expresión deja poco margen para dudas. Frente a la claridad de la directiva, parecería exótico —al menos— sostener que se cumplen las exigencias constitucionales de fundamentación de las sentencias sin exponer, en una fórmula estándar, las bases cuantitativas (valores de las variables previstas por la norma) y las relaciones que se tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se determine. La cuestión no merece mayor esfuerzo, ni desarrollo" (ACCIARRI Hugo. La Ley. Año LXXIX. Nº 130. Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código. 15/7/2015).
Tal como vengo sosteniendo, el modo por el cual el Sr. Juez fijó el monto indemnizatorio deja en evidencia -una vez más- un claro déficit de fundamentación en el decisorio, que colisiona con los preceptos ya mencionados en el Punto II de la presente (conf. cita del voto Dr. Monterisi) y con las premisas de la Constitución de la Provincia (Arts. 168; 171). Vale recordar que, en otras oportunidades, en casos similares, esta misma Cámara ha dicho: "La falta de fundamentación legal constituye una falencia de tal magnitud y gravedad que imposibilita la facultad revisora de este Tribunal, toda vez que la deficiencia en tal sentido obstaculiza el control de legalidad, afectando los principios constitucionales de defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la Ley. Es deber de los Jueces fundar sus sentencias respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, bajo pena de nulidad; la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Código Procesal Civil y Comercial exigen a los Jueces fundar sus sentencias (cfr. arts. 171 y 34 inc. 4 y 163 inc. 5 y 6) (SCJBA, c. 104939 S 7-3-2012)" Causas: 153308; 111.799; 165.972).
Cuando el acto jurisdiccional no está debidamente fundado -como en el caso- el justiciable ve alterado su derecho de defensa (art. 18 CN). No dispone de los elementos necesarios para atacar la decisión en tanto el juzgador reservó en su fuero intimó los elementos sobre los que construyó su juicio de valor.
VII. En mérito al repaso realizado por la sentencia en crisis, concluyo en se encuentra acreditada la errónea aplicación del fallo "Barrios" y de las normas aplicables al caso, se constató falta fundamentación en tramos centrales del decisorio y se falló extra petita, violando el principio de congruencia con evidente arbitrariedad . Por todo ello entiendo que este acto jurisdiccional es inválido, correspondiendo decretar su nulidad, lo que así propongo a mi colega de Sala. Por lo expuesto ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde, declarar la nulidad de la sentencia del 19/8/2024, en consecuencia, se dispone que, una vez arribados los autos a la instancia de origen, se dicte un nuevo pronunciamiento por juez hábil (art. 257 CPCC). Sin costas por el modo en que se resuelve. (art. 68 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo: I.)
Se declara la nulidad de la sentencia del 19/8/2024, en consecuencia, se dispone que, una vez arribados los autos a la instancia de origen, se dicte un nuevo pronunciamiento por juez hábil (art. 257 CPCC). Sin costas por el modo en que se resuelve. (art. 68 CPCC); II.) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); III.) Notifíquese la consignados en autos (Ac. 4039 SCBA). DEVUÉLVASE.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia