Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.893
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNecochea, 14 de septiembre de 2023 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
(RGE:Ne-2628-2022 )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 14 días del mes de septiembre de 2023 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Diaz Walter Enrique Fabián Y Otro/A C/ Puestolob Sa S/ Materia A Categorizar" Expte. 13893, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza, Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 19/4/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
I. El sr. Juez de grado resuelve "Hacer lugar al incidente de solvencia promovido por Walter Enrique Diaz y Elena Beatriz Nardelli contra Puestolob S.A. ordenando el cese del beneficio de gratuidad otorgado por proveído de fecha 11 de abril de 2022 en los autos principales (art. 53 in fine de la Ley 24.240; 25 de la Ley 13.133) (...) Imponer las costas a la incidentada vencida [y] Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad de obrar pautas a tal fin."
Para resolver de ese modo valoró la prueba producida (tasación de inmuebles titularidad de la incidentada; balances de la sociedad; información pública producida por la propia empresa -constancias de su sitio en internet-; informes del Registro de la Propiedad y constancias de la causa principal) y concluyó "que en función de la actividad económica desarrollada, patrimonio e ingresos acreditados de PUESTOLOB S.A. no se avizora que ésta no cuente con los recursos necesarios para afrontar los costos del proceso, razón que me inclina a receptar el cese del beneficio de gratuidad." y "que la situación patrimonial de la incidentada permiten atender los gastos causídicos generados en las actuaciones principales".
II. La decisión es apelada por la incidentada quien oportunamente funda sus agravios.
Señala allí que la incidentista corría con la carga de la prueba de la supuesta solvencia de su representada y que ello no fue acreditado. Alega que en función de lo reclamado sólo por tasa y sobretasa de justicia debería abonar aproximadamente $700.000.
Refiere que sólo es titular de un inmueble, que se encuentra hipotecado por la suma de $17.000.000 en favor de Garantizar SGR y que "No conozco empresa alguna que HIPOTEQUE su fábrica y/o en este caso, su planta, si la situación económica es fructífera, por lo que, este hecho objetivo y preciso marca a las claras el desfasaje económico de PUESTOLOB S.A., la cuál más allá de que los balances puedan arrojar un balance positivo, al día de hoy se encuentra afrontando el pago de deudas y reinvirtiendo en aras de lograr a futuro una empresa verdaderamente rentable. Hoy lisa y llanamente no lo es". Indica que el robo sufrido produjo un gran déficit económico a su representada y "que aun hoy se encuentra surtiendo consecuencias". Añade que tres automotores de la empresa se encuentran prendados y sólo son otros tres los que integran el patrimonio sin deuda. Concluyendo al respecto "que los vehículos de mayor valor se encuentran prendados, habiendo sido adquiridos con crédito, encontrándose con mucho esfuerzo abonando las cuotas pactadas a los fines de culminar el mismo".
Cierra su fundamentación peticionando se revoque la sentencia de grado y mantenga el beneficio de justicia gratuita con costas a los actores. A su turno los incidentistas contestan peticionando el mantenimiento de la decisión de grado.
III. El recurso no prospera.
El beneficio de justicia gratuita previsto en la ley nacional de defensa del consumidor (art. 53) y en la provincial (Código Provincial de implementación de los derechos de usuarios y consumidores, L. 13.133, art. 25) consiste en la habilitación para aquel de un acceso a la justicia sin limitaciones en cuanto al pago de las cargas y gastos propios de todo proceso (conf. esta Cámara "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ranzini Carlos Rodolfo s/ Incidente" Expte. Nº 12.521 reg. 32 (S) del 13/4/2021) .
Este Tribunal ya se ha pronunciado por el sentido amplio en la interpretación del referido beneficio es decir en la consideración que el beneficio de gratuidad establecido por las leyes de defensa de los derechos de los consumidores, abarca también el pago de las costas judiciales con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos. (voto de la Dra. Issin en Taja c. Aguirre s. ejecución de honorarios Expte. 11.908 reg. 111 (S) del 6/12/2019; donde se citan los numerosos precedentes jurisprudenciales y doctrinarios que sustentan tal postura y al que remito en orden a la brevedad y al modo en que propongo se resuelva el presente).
Como contrapartida el proveedor cuenta con la posibilidad de demostrar, mediante el consiguiente proceso incidental, que en el caso ese consumidor sí cuenta con los medios suficientes para afrontar los costos de tal acceso. Lógicamente para ello deberá arrimar la prueba que sostenga tal pretensión. En el caso tal prueba se ha completado.
Comenzaré destacando que el análisis que efectuaré se ciñe -como no puede ser de otra manera- a la cuestión traída a debate en el marco del presente incidente, sin que lo aquí resuelto pueda implicar tener por cerrada la discusión que advierto en el proceso principal respecto de la efectiva existencia o no de una relación de consumo entre las partes y sobre la que eventualmente este Tribunal se pronunciará si es motivo de oportuno planteamiento (arts. 175 y ccdtes.; 266; 272; 330 y 354 del CPCC).
Despejado ese punto advierto que el recurrente elude analizar algunas de las pruebas que el Juez ha tenido como dirimentes para admitir el incidente de solvencia.
Así el magistrado señaló a la tasación por martillero, a los balances de la empresa y a la propia página en internet de la incidentada, como elementos que conformaban la prueba para dejar sin efecto el beneficio de gratuidad. Sin embargo el recurrente omite asumir tales fundamentos lo que de por sí ya permitiría confirmar la decisión de la instancia.
Pero, en función de los otros agravios, y para dar una más amplia respuesta a los justiciables, avanzaré en el tratamiento de la prueba tal como, aun parcialmente, pretende el recurso.
El objetivo del presente incidente resulta ser la demostración de que quien demanda como consumidor posee solvencia suficiente como para soportar todos los gastos del proceso principal sin que ellos se tornen un obstáculo para la protección de derechos de estatura constitucional (art. 42 CN; CSJN "ADDUC c AySA" del 14/10/2021, consid. 8° y 9°).
En esa senda la carga de quien lo inicia se centra en acreditar tal solvencia. Para ello entiendo que, siendo la incidentada una sociedad anónima, resultan ser sus estados contables los que mejor permiten tal evaluación; y en el caso ellos son concluyentes en favor de la confirmación de la sentencia. Es que por mandato de los arts. 320 a 331 del CCyCN y 61 a 66 de la LGS la incidentada está obligada a llevar libros contables específicos que, entre otras informaciones, den cuenta de su solvencia.
La llamada "prueba de libros" y su eficacia cuenta hoy con la regla del art. 330 CCyCN que, en lo que resulta aplicable aquí, construye una certeza respecto de la situación patrimonial de la sociedad sin admitir prueba en contrario ("Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario" según la letra de dicha norma).
Al respecto señala Verón que la contabilidad en el ámbito societario resulta de interés "a los terceros que contratan con el comerciante, porque les permite conocer la evolución de sus negocios, así como su estado patrimonial y financiero en un momento determinado, y permite la reconstrucción del patrimonio del comerciante..." ("Ley de Sociedades Comerciales" T. 1 p. 666; Astrea 2010).
Del análisis del último de sus estados contables, año 2021 -el que implica y contiene un comparativo con el período precedente- (acompañado al escrito del 1/7/2022 "Da Cumplimiento.- Acompaña Documental.-") surge cuál es la situación económica más actualizada del ente social, la que como bien analizó el colega de la instancia al referir a su patrimonio neto, no lo excluye de la posibilidad de solventar los gastos del proceso principal.
Así en su "Estado de situación Patrimonial" o Balance general (arts. 62 LGS; 326 CCyCN) al 31/12/2021 la propia sociedad anónima nos informa que su activo supera a su pasivo en $123.450.690,99 con un aumento del patrimonio neto respecto del período anterior (2020) del 15,75%, a valores constantes, tal como el propio auditor se encarga de aclarar.
Ese resultado positivo del rubro "Activo" marca además la comprobación técnica de la solvencia de la sociedad. Refiere Mugillo que "un comparativo entre el total del activo y del pasivo nos dará un índice básico y general de solvencia de la sociedad" (en Muguillo, R. "Aspectos contables para abogados" Abeledo Perrot 2008, p. 55) Señalando más adelante (ob. cit. pp. 91/92) que "a fin de determinar la solvencia o responsabilidad patrimonial" que tiene una sociedad frente a los terceros "se suele utilizar para su determinación" la fórmula de dividir el activo total por el pasivo total, y que sólo si el resultado es menor a la unidad y más cercano a cero se podría considerar que la empresa carece de solvencia.
En el caso tal operación da un resultado, conforme el balance que vengo analizando, superior a la unidad (1,11 puntualmente) lo que sustenta el rechazo del recurso.
Y si bien es cierto que la suma de "pasivo corriente" es elevada en relación al patrimonio neto (relación que también se usa para valorar la solvencia, conf. Muguillo, ob. cit. p. 92) no puede ello analizarse en solitario pues a los ya referidos indicadores positivos se suman otros datos que ameritan la confirmación de lo decidido.
En el apartado de "Estado de resultados" (conf. art. 64 LGS; 326 CCyCN) también se aprecia un saldo importante en favor de considerar solvente a la sociedad. Allí se consigna como resultado final neto $21.938.109,80 para el período; lo que implicó una mejora del 29% respecto del anterior lapso, tomados ambos a valores constantes. Vale recordar que dicho rubro de los estado contables "analiza (...) los ingresos y egresos -sean estos ordinarios y extraordinarios- que provocan las alteraciones patrimoniales de la sociedad, indicando de este modo la rentabilidad concreta de la empresa." (Muguillo, ob. cit. p. 58).
Y Roitman agrega que "permite dar a conocer las causas de las modificaciones patrimoniales de la sociedad e indicar la rentabilidad de la empresa. Se trata de un estado contable de carácter dinámico, que proporciona una visión dinámica del patrimonio y en el que se destacan las variaciones de este. Es uno de los estados contables más importantes, ya que posibilita la determinación de las utilidades distribuibles." (Roitman, Horacio "Ley general de Sociedades. Comentada y anotada" 3a. edición, 2022; p. 575; y la doctrina allí citada).
Asimismo al informar el "Estado de evolución del patrimonio neto" la empresa incidentada exhibe $123.036.941,17 en "Resultados no asignados" (conf. art. 63 LGS) para el período en análisis. Aspecto éste también que pone en evidencia la solvencia del ente. Vale recordar que ese rubro es entendido como "resultados de ejercicios anteriores cuyo destino no ha sido decidido definitivamente." (conf. Fuschimi, Jorge - Richard, Efraín Hugo "Resultados no asignados en la ley de sociedades" La Ley 2010-B, 839) y cuya función más habitual suele ser "procurar mantener los resultados positivos en caja para obtener financiación a menor tasa que el costo financiero de mercado" (Fuschimi - Richard, ob. cit. aps. 5 al 7).
En definitiva ese apartado de los estados contables es otra muestra más de la solvencia de la empresa, pues ésta informa una importante suma propia a disposición para financiarse o atender gastos.
Por último el apartado de "Estado de flujo de efectivo" (denominado "estado de origen y aplicación de fondos" en la LGS art. 62) brinda también información positiva sobre la situación financiera de la sociedad anónima incidentada. Así no sólo refleja un aumento neto del efectivo de $75.306.803,70 al cierre del período que venimos analizando (último disponible en el proceso) sino también que la sociedad incidentada ha disminuido la carga de las cuentas a pagar en un 45% (v. dentro del apartado en examen el rubro "Cambios en activos y pasivos operativos" subrubro "(Disminución) / Aumento en cuentas por pagar" el que pasó de $199.940.274,91 a 109.499.827,50) y un 89% (mismo apartado subrubro (Disminución) / Aumento en otras cuentas por pagar" el que pasó de $2.340.040,14 a $254.291,09).
La doctrina especializada señala que la información del flujo de fondos es de naturaleza dinámica "pues en él no se expresa lo que la sociedad tiene o debe sino los movimientos reales de la misma y sus actividades de financiación e inversión; el origen de los fondos obtenidos por la sociedad y su destino. Por esa razón [este estado contable] constituye una herramienta eficaz para conocer la estabilidad financiera de la empresa en función del dinero disponible y su circulación..." (Roitman, ob. cit. p. 521 y la restante doctrina que allí se cita). Es decir que también en este estado contable la sociedad anónima se muestra financieramente solvente para atender los costos del proceso que el propio recurrente valúa en las sumas ya referidas.
En síntesis, el análisis de los estados contables da cuenta del estado general de la empresa, permite observarla en su situación general al momento del cierre del ejercicio bajo examen, el más reciente, posterior al robo sufrido el 7/9/2019 y anterior al inicio del proceso principal (abril de 2022), siempre en comparación al período precedente.
Poniendo además en su justo contexto la situación de los bienes (muebles e inmuebles) gravados con garantías reales, pues de los estados contables emerge que el endeudamiento no conforma un problema de solvencia para la empresa, la que se muestra operativa, en crecimiento, con ganancias y márgenes de ahorro para financiarse autonomamente.
Todo lo cual permite descartar en definitiva que el pago de los costos del presente proceso aparezca siquiera como elevado en función de la solvencia demostrada por, reitero, la principal herramienta para examinarla: sus estados contables (arts. 163 incs. 5 y 6; 375; 384; 385 CPCC; 320 a 331 CCyCN; 61 a 65 LGS; 53 última parte LDC).
Por las razones expuestas propicio confirmar la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Bulesevich votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 14 de septiembre de 2023 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia