Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-116601194-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Octubre de 2022 En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3ra. Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da. Nominación) y Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1ra. Nominación), a fin de resolver la causa N° 40.601-I, caratulada: “DICHA S.R.L. s/recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 11/16vta. la actora manifiesta que viene a interponer recurso de apelación contra los actos administrativos mediante los cuales se declaró el decaimiento de los planes de facilidades de pago N° C242633, F359919 y F364078, todos ellos por obligaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. Expone en su escrito de apelación en cuanto a la competencia de este Tribunal para entender en el recurso interpuesto que la caducidad de los planes de pagos es una sanción aplicada por el Fisco Nacional de carácter equivalente al tipo de sanciones que se suelen apelar ante este Tribunal. Cita jurisprudencia. Manifiesta, en este sentido, que la caducidad es una sanción de naturaleza penal y que la misma constituye un acto administrativo cuyos elementos esenciales son irrenunciables e indisponibles. Agrega que la jurisprudencia ha sostenido que corresponde declarar la nulidad de las resoluciones como las apeladas pues el organismo fiscal no fundo detalladamente su pretensión en tanto no surge de manera expresa cuales han sido los incumplimientos imputados y tampoco existió sumario previo ni el necesario dictamen jurídico. Por ello sostiene que se le ha negado un debido proceso adjetivo en tanto no se le otorgó la posibilidad de exponer los fundamentos de sus pretensiones y defensa. Cita doctrina y jurisprudencia en aval a su postura.
Plantea la nulidad de los actos recurridos exponiendo que no le fueron notificados lo que representa una violación a su derecho de defensa y de la falta de sumario previo previsto en el procedimiento establecido por el art. 70 de la ley 11.683. Argumenta asimismo la falta de motivación expresa de los actos en tanto entiende que el solo hecho del paso del tiempo no es suficiente para fundar la sanción por cuanto afirma que no puede aceptarse que la caducidad opere de forma automática sin un procedimiento y una resolución fundada. Agrega en el mismo sentido que se ha declarado la caducidad de los planes sin haberse demostrado su culpabilidad y que se le ha impuesto una sanción sin contar con una resolución fundada que cuente con una valoración completa de las circunstancias del caso, las defensas opuestas por la contribuyente y la valoración de la norma al caso en cuestión. Ello así concluye que la falta de motivación de las sanciones aplicadas, la inobservancia de los aspectos subjetivo y objetivo y la omisión de la apertura de sumario previo siguiendo un procedimiento irregular, vicia los actos el procedimiento llevado a cabo por lo cual el acto resulta nulo de nulidad absoluta.
Por último, hace reserva del Caso Federal y peticiona se haga lugar al recurso interpuesto, se declare la nulidad de las resoluciones apeladas y se ordene el restablecimiento de los planes de facilidades de pago.
II. Que a fs. 22/22vta. se resolvió declarar de oficio la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con costas las que quedaron circunscriptas al pago de la tasa de actuación, decisorio apelado por la actora a fs. 26. A fs. 147vta., se elevan las actuaciones a la Alzada.
III. Que mediante sentencia del 17 de mayo de 2016 la Sala IV de la Excma. Cámara resolvió revocar la decisión apelada y devolver los autos al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que reasuma su competencia.
IV. Ello así y devueltos los autos a este Tribunal, a fs. 176 se le corrió traslado al Fisco Nacional del recurso interpuesto por la recurrente, el que fue contestado a fs. 179/186.
En su escrito de conteste la representación fiscal, respecto del planteo de nulidad introducido por la actora, manifiesta que los actos administrativos han sido debida y fehacientemente notificados mediante el servicio “e-ventanilla” en forma electrónica de conformidad con la RG N° 2774.
Sobre la validez del procedimiento seguido expone las causales de caducidad previstas en el art. 12 de la norma citada, las cuales operan de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte del organismo fiscal.
Agrega que no resulta necesario para decretar la caducidad de un plan de pagos la valoración subjetiva en tanto no se trata de una sanción material y que la causa que motiva la comunicación de caducidad está expresa en el propio acto, así como también el objeto, la finalidad, la forma y el procedimiento seguido, el que se ajusta a la reglamentación vigente, a la que voluntariamente se acogió la contribuyente con la suscripción de los planes.
Por último, acompaña como prueba los antecedentes administrativos, hacer reserva del Caso Federal y solicita que se rechace el recurso interpuesto, confirmado los actos apelados en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora.
V. Que a fs. 191 se elevan los autos a consideración de la Sala A y seguidamente se los llama a sentencia.
A fs. 194/199 obra agregada la sentencia de este Tribunal de fecha 14 de noviembre de 2017 en la cual por mayoría se resolvió confirmar las resoluciones apeladas, con costas, la que fue apelada por la actora a fs. 204/210 y a fs. 211 se eleva a la Alzada.
La Excma. Cámara por resolución del 25 de septiembre de 2018 resolvió que atento a que la decisión del a quo no exhibe pluralidad de fundamentos coincidentes, decretar la nulidad de la resolución de fs. 194/199 y devolver las actuaciones a este Tribunal para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento.
Que mediante PV-2022-110564068-APN-VOCIII#TFN, se elevan los autos a consideración de la Sala A y mediante IF-2022-113517680-APN-VOCIII#TFN, pasan a sentencia.
VI. Que, sentado lo anterior, habiendo quedado firmes las sentencias dictadas por la Alzada, por medio de las cuales se revoca la sentencia de este Tribunal de fs. 22/22vta, abriendo la competencia de este órgano jurisdiccional y se declara la nulidad del decisorio de fs. 194/199 ordenando se dicte un nuevo pronunciamiento, con el fin de mantener una unidad lógica de juzgamiento, corresponde expedirse sobre la cuestión de fondo venida en recurso.
Que, como consecuencia del pronunciamiento de la Excma. Cámara, más allá de la opinión del suscripto sobre la naturaleza de la comunicación impugnada y la competencia de este Tribunal en la materia, cabe expedirse en torno a los argumentos expuestos por la apelante relativos a la improcedencia de la caducidad de los planes de facilidades de pago Nºs. C242633, F359919 y F.364078 (fs.8, 9 y 10), correspondiendo el primero de ellos a la ley 26.476 y R.G. Nº 2650/2009 y los dos últimos a la R.G. 2774/2010.
Ello, teniendo en cuenta la calificación que de tal decisión ha adoptado la Cámara, esto es, que constituye una sanción.
VII. Que la recurrente apela la caducidad informada a través del servicio e-ventanilla de la AFIP respecto de los Planes Nºs. C242633, F359919 y F.364078 la cual operó el 25 y 26 de junio de 2012 y 19 de agosto de 2009, respectivamente.
En primer lugar, la recurrente planteó la nulidad de los actos apelados por carecer de falta de sumario previo y falta de motivación. Asimismo, entiende que también ha omitido el Fisco Nacional la intimación previa al decaimiento de los planes.
Teniendo en consideración la aplicación supletoria de la ley 19.549 de procedimientos administrativos, debe analizarse a la luz de esas previsiones los requisitos intrínsecos de los actos administrativos apelados, con la posibilidad de considerar su anulación.
Al respecto, surge de las disposiciones de la RG Nº 2650/2009 que regula el sistema de facilidades de pago dispuesto por la ley 26.476 y de la RG 2774/2010 y designa a la AFIP-DGI como encargado de su control y eventual aplicación, a causas de la falta de acreditación ante el Fisco Nacional del estricto cumplimiento del plan de pagos, conforme lo dispuesto en su artículo 33 y 12, respectivamente, procede la caducidad del plan de pagos de pleno derecho, sin necesidad de mediar intervención del Fisco Nacional, siempre y cuando se encuentren cumplidas algunas causales que mencionan.
En ese orden de ideas, cabe apuntar que la actora niega la falta de pago, de lo cual no aporta ninguna documentación que permita su afirmación, ni que el ente recaudador haya incurrido en error en dicha constatación; por lo tanto la causa que motiva la comunicación de una eventual caducidad está expresa en el propio acto, así como también lo están el objeto, la finalidad, la forma y el procedimiento.
Ahora bien, cabe señalar que el planteo de la recurrente de la inobservancia del art. 21 de la ley 19.549 resulta improcedente. En efecto, el art. 33 y 12 de las Resoluciones en crisis dispone que la caducidad opera de puro derecho y sin que sea menester que la AFIP constituya en mora a la recurrente.
El régimen de la Ley 19.549 resulta resulta plenamente aplicable en aquellos procedimientos administrativos reglados por normas especiales, en aquellas situaciones que éstos no prevean (art. 2 inc.a). Esto es precisamente lo que no sucede en el presente caso, habida cuenta de que el procedimiento especial prevé un aspecto procedimental diverso al general previsto en la ley marco; siendo ello así, el régimen especial prima sobre el general.
Asimismo, cabe destacar un precedente en el cual se había formulado un planteo similar donde la Excma. Cámara dispuso “...tales argumentos no resultan precedentes, pues la aplicación del régimen mencionado (el que había institucionalizado el régimen de facilidades de pago obedece exclusivamente a la decisión del particular de adherirse a él de modo que en el acogimiento a un régimen no puede considerarse comprendido sólo las cláusulas que lo benefician y pretender desatenderse de las que no le resultan convenientes...” (CNCAF, Sala II “Fabripack SA” 9/9/10).
Por lo tanto, la nulidad planteada debe desestimarse.
VII. Que, ahora bien, las comunicaciones atacadas reconocen fundamentos en los arts. 30 de la RG Nº 2650/2009 que establece que “Las cuotas previstas en el inciso b) del Artículo 26 vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la presentación del plan de facilidades y se cancelarán exclusivamente mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria, a cuyos fines se deberá observar lo dispuesto en el Anexo II.
En caso que a la fecha de vencimiento fijada en el párrafo anterior no se pueda efectuar el débito en la cuenta para la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.”
Por otra parte el art. 33 de la misma resolución dispone “Operada la caducidad —tal situación se verá reflejada en el sistema denominado "MIS FACILIDADES" (33.1.)—, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.”
Que asimismo, la Resolución General Nº 2774/2010 señala, en su art. 10, que “Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión conforme al Capítulo D, y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria, a cuyos fines se deberá observar lo dispuesto en el Anexo VI.
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del mismo mes.”
Que en tanto su artículo 10 expresa que “Operada la caducidad —situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio de "e-Ventanilla" al que accederá con su "Clave Fiscal"—, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.” Tal como tiene dicho la jurisprudencia resulta razonable que los regímenes por los que los contribuyentes morosos puedan ventajosamente regularizar sus deuda con el Fisco prevean específicas consecuencias a quienes a pesar de contar con la facilidad para pagar deudas en cuotas (en obvia disparidad de tratamiento con quienes en plazo oportuno cumplieron con sus obligaciones impositivas) no cumplan, aún asi, cabalmente con los deberes que asumen al acogerse al régimen: entre ellos, pagar en término cada una de las cuotas estipuladas (“SEA Servicios Empresarios Argentinos S.A. S/recurso de apelación” , Sala A de este Tribunal, 06/04/2017).
Dichas obligaciones deberán ser tenidas en cuenta por quienes se sometan voluntariamente a dichos regímenes excepcionales.
Sentado ello, debe señalarse que en la especie el Fisco Nacional actuó con estricto apego a las disposiciones de las Resoluciones Generales a las cuales se acogió voluntariamente la apelante. En consecuencia, corresponde confirmar las comunicaciones apeladas. Con Costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que, a fin de seguir un orden en la exposición, considero que corresponde tratar en primer término la defensa de nulidad articulada por la actora, quien centra sus agravios en que el Fisco vulneró lo establecido por la ley de Procedimiento Administrativo con fundamento en que el acto se encuentra viciado en la motivación y causa, la falta de dictamen jurídico previo y que se debió anoticiarla de la caducidad, viendo con ello lesionado el derecho de defensa en juicio.
Es dable poner de relieve que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, 4/6/1997 “Sosa Mirta Elena”). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros).
Que sobre la falta de emisión del dictámen jurídico previo, esta Juzgadora entiende que resulta un requisito esencial del procedimiento administrativo cuando así es estipulado por ley, pero en este caso en particular no puede soslayarse que el fisco aplicó lo establecido por la normativa al que el propio recurrente formuló el pertinente acogimiento al plan de pagos dispuesto y que, reglamenta de manera específica lo relativo al trámite a seguir cuando se trata del decaimiento del plan de facilidades de pago que allí se dispone. Es decir, que para el dictado del acto atacado, el organismo fiscal no debía seguir los lineamientos del procedimiento de determinación de oficio y por lo tanto no era necesario solicitar la emisión del dictamen jurídico a tal fin. Que en tal sentido, en los casos de actos emanados del Fisco Nacional donde se declaraba la caducidad de planes de facilidades de pago, la Alzada ha entendido que al no haberse seguido el procedimiento de determinación de oficio, no obstante haber interpretado que las resoluciones encuadraban en las previsiones del art. 159 de la ley 11683, la nulidad decretada por haberse omitido el dictado del dictamen previo no era procedente, devolviendo los actuados a este organismo jurisdiccional para que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión traída a debate (Cfe. CNACAF, fallos “OFIS S.A.” - Sala V- del 21/11/2013 y Fabripack S.A. -Sala II- del 9/09/2010, entre otros.). Allí se dijo que “la falta de dictamen jurídico previo carece de virtualidad para provocar la nulidad absoluta del acto, pues este se ha dictado con arreglo a derecho,... de hacer lugar a la nulidad por esta sola causa, su consecuencia derivaría en una inútil reiteración de procedimiento para arribar a la misma decisión administrativa” (conf. Fabripack SA citado).
Que a tenor de lo expresado entiendo que la nulidad con fundamento en que el acto en crisis fue dictado sin haberse dictado el dictamen jurídico previo, no puede prosperar.
Que por otra parte, tampoco procede nulidad intentada con sustento en que por no haber sido intimado con anterioridad a decretar el decaimiento se habría visto impedida de exponer ante el ente fiscal los argumentos que hacen a su defensa y por lo tanto considero aplicable al caso la doctrina emanada de nuestro más Alto Tribunal en tanto sostuvo que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas).
En tal sentido, corresponde desestimar la nulidad impetrada.
III. Que sobre la cuestión de fondo en sí, cabe señalar que -conforme señala el ente fiscal al responder el traslado del recurso, fs. 181 de autos-, la recurrente se acogió al plan C242633 de acuerdo con lo previsto por la ley 26.476 y RG 2650 y los planes F359919 y F364078 a la RG. 2774.
Que las normas referidas establecieron regímenes de facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses, actualizaciones y multas, sin contemplar reducción alguna de intereses resarcitorios y/o punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones o cargos suplementarios. Así por el art. 33 de la RG 2650 y el ar 12 de la R.G. 2774 se dispuso que la caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo, cuando se produzcan algunas de las causales que, para cada caso, se indican según se la cantidad de cuotas que se hubiere acordado, y que una vez operada la caducidad dicha situación se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio de "e-Ventanilla" al que accederá con su "Clave Fiscal", quedando el Organismo fiscal habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.
Que de las actuaciones administrativas se observa que la actora incumplió con el pago de las cuotas que le fueran otorgadas en virtud del plan de pago al que adhirió, por que cabe concluir que le asiste razón al Fisco Nacional atento darse el supuesto contemplado en la normas antes referidas. En igual sentido me he pronunciado al resolver con fecha 24 de octubre de 2018 la causa “MSL S.A. s/recurso de apelación”, de la Sala “D” que integro como Vocal Titular.
Que a mayor abundamiento debe señalarse que la caducidad de un plan de facilidades no es “sino la consecuencia de no haberse observado los requisitos establecidos por la norma para la realización de un acto o un hecho ..., esto es la consecuencia riesgosa o adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés. Es decir, que “la caducidad de dicho plan no tiende así a reprimir la violación de disposiciones legales; pautas estas que consideró la Corte Sup. para determinar la naturaleza penal de multas creadas por normas de derecho público, administrativo, financiero, etc. (Fallos 247:225, consid. 13), ni torna más grave la situación del contribuyente incumplidor, sino que éste termina pagando lo mismo que hubiera debido pagar si no se le hubiese acordado un plan de facilidades de pago” ( Conf. CNACAF, Sala IV, in re “Saycor S.R.L.”, del 10/02/2000). En tal sentido, las normas que fijan los planes de facilidades de pago son una especie del género medios de extinción de las obligaciones tributarias y no puede confundirse el instituto de la caducidad con una sanción dado que aquélla es la consecuencia desfavorable para quien no cumple con un imperativo establecido en su propio interés (doctrina "Obra Social del Personal de la Ind. Vidrio (TF 21.523-I) c/D.G.I.", CNACAF -Sala III-, de fecha 28/12/07).
Asimismo, se ha dicho que “la caducidad de dicho plan no tiende así a reprimir la violación de disposiciones legales; pautas estas que consideró la Corte Sup. para determinar la naturaleza penal de multas creadas por normas de derecho público, administrativo, financiero, etc. (Fallos 247:225, consid. 13), ni torna más grave la situación del contribuyente incumplidor, sino que éste termina pagando lo mismo que hubiera debido pagar si no se le hubiese acordado un plan de facilidades de pago” ( Conf. CNACAF, Sala IV, in re “Saycor S.R.L.”, del 10/02/2000).
De este modo, incumplidas las formalidades del plan de pagos, del objeto del vínculo jurídico entre el responsable y la administración fiscal no surge un incremento cuantitativo sino tan sólo las consecuencias ordinarias de la mora como resultado objetivo de aquella inactividad o incumplimiento debido del plan de pago.” (Conf. “Fernández Eduardo Horacio s/apelación”, Expte. 14.569-1, -TFN Sala B- sentencia del 5/9/95). Por todo lo expuesto, voto por confirmar el acto recurrido, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal Instructor y a los Considerandos V y VI de su voto.
II. Que como consecuencia del pronunciamiento de la Alzada y la atribución de naturaleza sancionatoria a los actos impugnados, cabe expedirse sobre los argumentos vinculados con la procedencia de la caducidad del plan de facilidades de pago, dejando desde ya a salvo mi opinión en el sentido que aquellos actos no habilitan la competencia de este Tribunal por tratarse –el decaimiento referido- a una especie dentro del género “Medios de extinción de las obligaciones” -materia ajena a su conocimiento- y que impide confundir el instituto de la caducidad con una sanción.
Aun considerando la aplicación del artículo 21 de la ley de procedimientos administrativos, la caducidad es un medio particular de extinción del acto administrativo, distinto de la revocación, en virtud del cual se sanciona el incumplimiento de un particular (Vid. Hutchinson, Tomás, “Ley de Procedimientos Administrativos, Comentada, Anotada y Concordada con las normas provinciales”, Tº I, pág. 426 y sus citas). Sanción que es lógica consecuencia de que el acto administrativo que se extingue concedía algunos derechos al mismo tiempo que creaba deberes y cuyo incumplimiento acarrea su extinción.
III. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que en relación a la caducidad decretada respecto al plan de facilidades de pago reglamentado por la RG 2650, su articulo 33 dispone que:
“ Serán causales de caducidad del plan de facilidades de pago las que se indican a continuación: a) Planes de hasta DOCE (12) cuotas:
1. Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
b) Planes de TRECE (13) cuotas hasta VEINTICUATRO (24) cuotas:
1. Falta de cancelación de TRES (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
c) Planes de VEINTICINCO (25) cuotas hasta CUARENTA Y OCHO (48) cuotas:
1. Falta de cancelación de CUATRO (4) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
d) Planes de CUARENTA Y NUEVE (49) cuotas hasta SETENTA Y DOS (72) cuotas:
1. Falta de cancelación de CINCO (5) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la quinta de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
e) Planes de SETENTA Y TRES (73) cuotas hasta CIENTO VEINTE (120) cuotas:
1. Falta de cancelación de SEIS (6) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la sexta de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
Verificadas las causales de caducidad, el sistema reflejará tal situación, y dentro de los TREINTA (30) días corridos desde la fecha de notificación, el responsable podrá rehabilitar el plan por única vez, con arreglo a lo previsto en el Artículo 34. Vencido el plazo, de no haberse rehabilitado el plan, éste caducará, circunstancia que será notificada a través del servicio "e-Ventanilla".
Operada la caducidad —tal situación se verá reflejada en el sistema denominado "MIS FACILIDADES" (33.1.)—, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado”
A su vez, la caducidad decretada en el marco de la R.G 2774, su artículo 12 dispone que:
“La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo, cuando se produzcan las causales que, para cada caso, se indican a continuación:
a) Planes de hasta DOCE (12) cuotas:
1. Falta de cancelación de DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
2. Falta de ingreso de la cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
b) Planes de TRECE (13) cuotas hasta VEINTICUATRO (24) cuotas:
1. Falta de cancelación de TRES (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
c) Planes de más de VEINTICUATRO (24) cuotas:
1. Falta de cancelación de CUATRO (4) cuotas; consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas.
2. Falta de ingreso de la o las cuota/s no cancelada/s, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
Operada la caducidad —situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio de "e-Ventanilla" al que accederá con su "Clave Fiscal"—, este Organismo quedará habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.
Los contribuyentes y/o responsables una vez declarada la caducidad del plan de facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda mediante depósito bancario o transferencia electrónica de fondos conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Generales Nº 1217 y su modificación y Nº 1778, su modificatoria y complementarias, respectivamente.
El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas, que será el que surge de la imputación generada por el sistema al momento de presentarse el plan, deberá ser visualizado por los contribuyentes y/o responsables a través del servicio "MIS FACILIDADES", en la pantalla "Seguimiento de Presentación", opción "Impresiones", mediante la utilización de la "Clave Fiscal" obtenida conforme a lo previsto en la Resolución General Nº 2239, su modificatoria y complementarias.”
IV Que como señalara esta Sala en su anterior integración –en más de una oportunidad- “esta consecuencia resulta de inobjetable ética tributaria, ya que constituye el precio del privilegio por el que los contribuyentes morosos pueden ventajosamente regularizar sus deudas con el Fisco. Así es que resulta razonable que prevea específicas consecuencias para quienes a pesar de contar con la facilidad para pagar deudas en cuotas (en obvia disparidad de tratamiento con quienes en plazo oportuno cumplieron con sus obligaciones impositivas) no cumplan, aun así, cabalmente con los deberes que asume al acogerse al régimen: entre ellos, pagar en término cada una de las cuotas estipuladas”.
Y agrega, “Ese plexo de beneficios y consecuentes obligaciones son elementos que deben ser tenidos en cuenta por quienes, voluntariamente, se someten a un sistema de estas características excepcionales”. Los impuestos son los instrumentos con los que cuenta un Estado para hacer contribuir a los ciudadanos y obtener los fondos para cumplir sus fines. Como con justeza lo dijo nuestro Máximo Tribunal “La satisfacción de los impuestos es una obligación de justicia que impone la necesidad de contribuir al cumplimiento de los fines del Estado y la subsistencia de la República” (Fallos 256:561).
En la prosecución de esos fines el Estado otorga a los particulares la posibilidad de obtener determinados beneficios con la consiguiente contraprestación de deberes. El incumplimiento por parte de los beneficiados no puede menos que acarrear su pérdida.
V. Que sentado lo que antecede, es menester resaltar que el Fisco Nacional actuó con estricto apego a las disposiciones de las mentadas resoluciones a las cuales se acogió voluntariamente la recurrente. Tal como surge de las constancias de la causa, el ente fiscal ajustó su accionar a lo prescripto en las normas reglamentarias para los supuestos de incumplimiento de pago y se realizó la comunicación de rigor. No es ocioso reiterar que los citados artículos disponen la caducidad de los planes “de pleno derecho”, pues las mismas establecen que vencido el plazo, el juez administrativo competente, quedará habilitado para disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.
Por último, debe señalarse que aquélla comunicación no requiere firma de juez administrativo de acuerdo con la normativa vigente.
Por ello, los argumentos que pretenden la nulidad del acto carecen de sustento normativo, por lo que deben desestimarse.
VI. Que teniendo en consideración la caracterización de sanción atribuida por la Alzada y en atención a lo resuelto en los Considerandos precedentes, cabe concluir que ha quedado acreditada la materialidad de la conducta –incumplimiento de pago-, y no ha sido desvirtuado por la recurrente.
En la misma dirección, tampoco ha logrado acreditar la ausencia de culpa, la que debe ser probada. Es más, a esta altura es importante afirmar que no ha esbozado argumentos válidos que justifiquen su accionar contrario al cumplimiento del plan de pagos que suscribiera voluntariamente.
En consecuencia, corresponde confirmar los actos apelados, con costas.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las comunicaciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.10.31 09:15:18 -03:00 Date: 2022.10.31 13:15:22 -03:00 Edith Viviana Gomez Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.31 17:33:38 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.31 17:33:39 -03:00
Fin de la sentencia