Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120867
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.867, "Screpi, Juan Carlos contra Fiscalía de Estado - Provincia de Buenos Aires. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 124/134).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 143/153).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor Juan Carlos Screpi contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de autoasegurada, y condenó a esta última a abonar el monto que especificó en concepto de diferencias por la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la ley 26.773 y de la resolución de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (en adelante RIPTE), previsto en la última de las leyes citadas.
Para así decidir, en lo que aquí interesa destacar, juzgó acreditado que el día 10 de abril de 2012 a raíz del accidente in itinere padecido mientras se dirigía a su trabajo en el Hospital Interzonal de Agudos Junín, al actor se le diagnosticó "lesión de LCP y meniscal" presentando en la actualidad "inestabilidad de rodilla con un proceso sinovítico crónico con derrame articular e hipertrofia de cuádriceps" que, incluidos los factores de ponderación, lo incapacitan en forma parcial, permanente y definitiva en un 35,65% del índice de la total obrera. Agregó que la Comisión Médica actuante dictaminó el día 10 de abril de 2013 que el trabajador presentaba una incapacidad permanente parcial de 25,1% y que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo le depositó la suma de $111.632,48 (v. cuestión única del veredicto, fs. 124/125 vta.).
Sobre dicha plataforma fáctica, el a quo declaró de oficio la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, por encontrarlo en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, ponderando además, que tal modo de resolver era el que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, encontrándose en sintonía con el "principio de progresividad" reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino" y en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 131).
Puntualizó que tal decisión no alteraba el principio de congruencia ni lesionaba el derecho de defensa en juicio ni las reglas del debido proceso, ya que la demandada pudo ejercer sin restricciones su derecho de defensa, articulando todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. sent., fs. cit.).
En este contexto, puesto a determinar el importe de prestación dineraria que le correspondería al trabajador con arreglo al sistema asistencial especial previsto en la ley 24.557, lo cuantificó inicialmente en la suma de $158.456,04. Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias fijadas en la ley 26.773 (conf. resol. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16), fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $336.221,92 ($943.119 x 35,65%). A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773. Seguidamente, procedió a descontar la suma efectivamente abonada por la aseguradora de riesgos del trabajo, arrojando un saldo de $291.833,82, al que dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (abril 2012) y el último publicado (diciembre 2015); arribando a un coeficiente de 2,64 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $770.441,28 por el que declaró procedente la demanda (v. sent., fs. 131 vta. y 132).
Sobre dicho importe adicionó intereses desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital) en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", sentencia de 11-III-2015 (v. sent., fs. 132/134).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires denuncia violación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; decretos 1.694/09 y 472/14; leyes 23.928 y 25.561; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 143/153).
Expone los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773 (v. rec., fs. 144 vta./147).
Sostiene, en lo esencial, que resulta arbitraria la decisión del a quo de aplicar el régimen indemnizatorio vigente al momento del dictado de la sentencia, ya que la nueva ley no puede arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de una legislación anterior. Asimismo, critica la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Añade que en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) esta Suprema Corte decretó la inaplicabilidad de la citada ley 26.773 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia. Puntualiza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito, Dardo Luis contra Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016) se pronunció en idéntico sentido.
II.2. Desde otroángulo -y en forma subsidiaria- cuestiona la forma en la que el tribunal de grado aplicó el índice RIPTE establecido en la ley 26.773, ya que -a su criterio- incurre en una doble actualización (v. rec., fs. 147/150).
Cuestiona, por un lado, la utilización del índice RIPTE como coeficiente ya que -argumenta- de la correcta interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la normativa bajo análisis se desprende que el mentado índice se aplica únicamente a las prestaciones adicionales de pago único del art. 11 de la ley 24.557 y a los pisos mínimos indemnizables. Por el otro, objeta la utilización del piso indemnizatorio de la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, en tanto -señala- las actualizaciones periódicas y automáticas de los valores se aplican en base a la resolución vigente al momento de la contingencia laboral. Por último, señala que el tribunal interviniente no aplicó las pautas establecidas en el decreto 472/14.
A tenor de lo expuesto, afirma que el pronunciamiento atacado lleva a una indemnización desproporcionada, provocando un enriquecimiento sin causa del actor y vulnerando su derecho de propiedad (v. rec., fs. 150 y vta.).
II.3. Finalmente, impugna la tasa de interés según la cual el tribunal ordenó se liquiden los accesorios de carácter moratorio. Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador de grado (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal que emerge de las causas C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009); C. 104.758, "Cecconi" (sent. de 7-VIII-2013) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); entre otras. Arguye que la tasa pasiva "digital" no puede asimilarse en su ratio, aplicación y efectos a la tasa pasiva que de ordinario pagan los bancos en sus operaciones de depósito (v. rec., fs. 150 vta./152 vta.)
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De manera liminar corresponde señalar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
III.2. Luego, se impone destacar que el veredicto de fs. 124/125 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la Secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 125 vta.) ni la sentencia (v. fs. 134), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. cit.).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.3. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar que merece favorable recepción la crítica destinada a cuestionar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.3.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
Sobre el particular, he de insistir -tal como lo hiciera en el precedente L. 118.252, "Garro" (sent. de 12-IV-2017) al que por razones de brevedad me remito- que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.3.b. Sentado lo anterior, y siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa esta Suprema Corte -por mayoría y tal como señalara en el apartado anterior- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es el 10 de abril de 2012, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), asiste razón al recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena.
III.4. A tenor de lo decidido en el apartado anterior, no corresponde abordar las críticas vinculadas al modo de aplicación del índice RIPTE al capital de condena. Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 74.829, "Mahiques", sent. de 13-III-2002 y L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011).
III.5. En lo concerniente a la tasa de interés moratorio, el tribunal de trabajo dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital) por el lapso que especificó (v. sent., fs. 132). Ante ello, el impugnante denuncia la violación de la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 150 vta./152 vta.).
Al respecto, por las razones que a continuación expongo, cabe desestimar el planteo recursivo toda vez que lo resuelto por el tribunal de origen se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.5.a. Sobre la presente cuestión, este Tribunal sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (leyes 26.994, B.O., 8-X-2014 y 27.077, B.O., 19-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que, deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte conformada en torno a dicha norma en la que se ha sostenido que, a partir del 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622 cit.). Y, por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; art. 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III.5.b. Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
III.6. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.2. de este voto, cabe exhortar a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto y la omisión del Actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto determinó el importe de la diferencia por prestación dineraria que le corresponde abonar a la demandada con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su voto, y a su propuesta de declarar inaplicable al caso las disposiciones de la ley 26.773; esto último conforme el criterio que
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.