Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120135
En la ciudad de La Plata, a 19 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.135, "Paiz, Carlos Alberto contra Obra Social de la UOM República Argentina (OSUOMRA). Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 83/90 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/114).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés, hizo lugar a la acción deducida por el señor Carlos Alberto Paiz contra la Obra Social de la UOM República Argentina (OSUOMRA) en cuanto procuraba el cobro de diferencias en concepto de la indemnización por despido y por vacaciones no gozadas; así como la percepción del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Rechazó, en cambio, la pretensión por la que perseguía el resarcimiento contemplado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, declaró acreditado que el señor Paiz comenzó a trabajar bajo la dependencia de la demandada el día 1 de octubre de 2004 cumpliendo tareas de naturaleza administrativa, y percibiendo como mejor remuneración mensual normal y habitual la suma de $5.647,03, ello, hasta el día 23 de enero de 2013, fecha en la que se perfeccionó su despido directo (v. vered., cuestiones primera y tercera, fs. 83/84 y sent., fs. 87 vta. y 88).
Por otro lado, juzgó que el actor no dio cumplimiento con lo establecido en el art. 3 del decreto 146/01 pues intimó a la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. art. 45, ley 25.345) sin que transcurrieran treinta días de extinguido el vínculo laboral (v. vered., cuarta cuestión, fs. 84 y vta.). En lo que concierne al planteo de inconstitucionalidad efectuado en la demanda de la citada norma reglamentaria, tras puntualizar que en el precedente citado por el reclamante (causa L. 92.547, "Juárez", sent. de 28-V-2010) solo en el voto minoritario se observa un pronunciamiento por su invalidez, afirmó que el interesado no logró probar acabadamente de qué manera el dispositivo cuestionado contraría la Constitución provocándole un agravio (v. sent., fs. 88 y vta.).
Finalmente, con fundamento en el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena, calculados con arreglo a la tasa digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días (v. sent., fs. 89).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 17, 18 y 99 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 354 inc. 1 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 1 del decreto 717/96 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 96/114).
II.1. Objeta el pronunciamiento en cuanto en él se desestimó el reclamo por el que se procuraba el cobro de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1.a. Aduce que el juzgador, sin valorar ninguna circunstancia fáctica, dispuso la desestimación del rubro por juzgar prematura, conforme lo dispuesto por el art. 3 del decreto 146/01, la intimación cursada a los efectos de requerir la entrega de los certificados pertinentes. Luego, y toda vez que -según entiende- la decisión ya había sido adoptada en el veredicto por la motivación señalada, el a quo no analizó la inconstitucionalidad planteada de la citada norma reglamentaria por "falta de agravio".
Señala que la cuarta cuestión del veredicto -en la que se planteó la temática- debió ser formulada de modo diverso al que lo hizo el sentenciante, proponiendo al efecto el interrogante que considera correcto.
Dice que aun cuando se considerase que el emplazamiento fue prematuro, el transcurso del término de treinta días posteriores a la disolución del vínculo sin que la empleadora entregara las certificaciones que consagra el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, hubo de purgar dicha conducta, pues sea cual fuere la oportunidad en que hubiere cursado la intimación el empleador no puede ser liberado del pago del resarcimiento contemplado en dicho dispositivo, desde que tal proceder implica un excesivo apego al rigorismo formal.
Argumenta que la posibilidad reglamentaria del Poder Ejecutivo sobre las normas tiene como límite no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. Luego -prosigue- el cumplimiento del término previsto en el cuestionado decreto 146/01 constituye una alteración de la norma reglamentada (art. 99 inc. 2, Const. nac.) que modifica in pejus los derechos del trabajador.
Asimismo, señala que la demanda judicial constituye un concreto requerimiento -fehaciente- respecto de la expedición de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no fue satisfecho en ningún momento del proceso, ni consignados judicialmente.
Expresa que si bien en el precedente L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010), esta Suprema Corte no declaró -a excepción del doctor Negri- la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, igualmente se hizo lugar al pago de la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo requerida en el recurso extraordinario deducido por la actora. Asegura que se verificó una situación similar en la causa L. 99.060, "Escalada" (sent. de 24-IX-2014), en la que se acogió el reclamo del actor al analizar las circunstancias verificadas en la causa, sin que fuera necesario declarar la invalidez constitucional de la citada norma, criterio que -asegura- debió seguirse en autos (v. fs. 99 vta./104 vta.).
II.1.b. En otro orden, alega que la decisión del a quo resulta absurda a la luz del análisis del intercambio postal habido entre las partes que no fuera desconocido por la demandada, pues la accionada manifestó que tendría las certificaciones a disposición a los diez días contados desde el día 28 de enero de 2013, fecha en que el actor recibió la carta documento remitida por la patronal (v. fs. 10) en respuesta de la intimación cursada por el primero el día 23 de enero de 2013 (v. fs. 7).
Expresa que en respuesta del emplazamiento del día 16 de febrero de 2013 (v. fs. 9), la accionada indicó mediante carta documento del 21 de febrero de 2013 que la documentación estaba a disposición para que fuera retirada en su sede central en Capital Federal. En tal sentido, asegura que la demandada reconoció tener la documentación para entregar en dos oportunidades, quedando así sin efecto el término de treinta días previsto en la norma reglamentaria para cursar el emplazamiento.
Aduna que el actor se presentó en la sede Olavarría a retirar los certificados y que no se encontraban a disposición, siendo la demandada quien "apercibe" el día 26 de febrero de 2013 con la vía de la consignación si el actor no retira la documentación, fecha en la que ya había vencido el término de treinta días previsto por la norma.
Expresa que la fecha del formulario "ANSES P.S. 6.2" acompañado por el demandado como prueba data del día 9 de abril de 2013, es decir, más de dos meses después de que fuera puesto a disposición por el empleador mediante carta documento.
Agrega que, contrariamente a lo que asegurara la patronal en su alegato, y según surge de la resolución del día 27 de marzo de 2015, esta última solo acompañó el certificado de trabajo a la fecha de la demanda, pero no hizo lo propio respecto de la constancia documentada del ingreso de aportes y contribuciones. Esta circunstancia, sumada a lo ya expuesto en torno al intercambio postal, patentiza el absurdo valorativo en que incurrió el tribunal (v. fs. 104 vta./110).
II.1.c. Denuncia que el a quo , al desestimar el pago de la indemnización previsto por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo con fundamento en el incumplimiento del término establecido en el art. 3 del decreto 146/01, introdujo una defensa en beneficio de la demandada que ésta no invocó en su réplica ni -incluso- en su alegato, transgrediendo así los principios de defensa en juicio y de congruencia (v. fs. 110/111).
II.2. Finalmente, controvierte la tasa de interés aplicada sobre el capital de condena.
Argumenta que, si bien el juzgador adoptó su decisión en lo concerniente al tópico con sustento en el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, no explicó el modo en que interpretó esto último. Ello, toda vez que la citada norma de fondo -insiste- no autoriza al juez a aplicar cualquier tasa de interés como lo hacía el antiguo art. 622 del derogado Código Civil, sino que es el Banco Central el que debe definir la cuestión.
Así, expresa que el sentenciante no justificó el motivo por el que se apartó de la normativa que invoca y que ya no lo autoriza a fijar cualquier tasa, en el caso: la pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Afirma que las indemnizaciones que se derivan de una relación de trabajo tienen carácter alimentario y, por ende, debe aplicarse lo dispuesto en el art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto establece la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes para estos supuestos, la que peticiona se aplique en autos.
Aduna que la doctrina "considera a los intereses por alimentos como si fuera una ley especial", por lo que ante su existencia -y declarada la inconstitucionalidad de la ley 14.399 en el precedente L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013)- solicita se aplique la referida norma del nuevo Código sustantivo (v. fs. 111/113).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que -tal como lo indica el a quo al conceder el recurso (v. fs. 115) y lo reconoce el propio recurrente a fs. 96 vta.-, el valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria, representado por el importe reclamado en concepto de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más la diferencia que se verifica entre la suma proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el tribunal y la que resultaría de aplicarse la tasa que se pretende, no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3.803/16)- razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se circunscribe a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, destacándose que su violación se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.1.b. Sentado ello, es necesario precisar que en tanto el análisis de esa pretensión habrá de ser desplazado por la solución que seguidamente se expondrá, no obsta a lo expuesto en el párrafo anterior lo alegado por el impugnante en cuanto a los fines de justificar la admisibilidad del recurso alega que se configura una cuestión federal -a su juicio- reflejada en el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01.
III.2. Acierta el recurrente al denunciar que la decisión del a quo por la que dispuso rechazar la pretensión dirigida a obtener el cobro de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, conculca la doctrina legal de esta Suprema Corte establecida en la causa L. 99.060, "Escalada" (sent. de 24-IX-2014).
III.2.a. Dejando a un lado la opinión que pueda merecer el cuestionamiento del art. 3 del decreto 146/01, otros motivos -también esgrimidos por el impugnante y similares a los verificados en la causa cuya violación se denuncia- llevan a acoger el agravio en cuestión sin necesidad de -eventualmente- juzgar su inconstitucionalidad, acto de suma gravedad considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas I. 2.340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008; B. 66.500, "Baldini", sent. de 30-III-2011 y L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
III.2.b. El intercambio telegráfico efectuado por las partes a partir del despido del actor (comunicaciones cuya autenticidad, envío y recepción -se entiende, a tenor de lo resuelto a fs. 63 vta. y 83 vta.- el tribunal juzgó reconocidas), evidencia que el empleador, pese a manifestar que los certificados contemplados en la ley laboral que había reclamado el trabajador se encontraban a su disposición, no los entregó en dicha oportunidad. Sin perjuicio de las posiciones sentadas por las partes en aquella ocasión, cabe señalar que luego, ya en estas actuaciones, la accionada solo agregó el formulario "ANSES PS.6.2" (v. fs. 48/49), y ello, habiendo transcurrido holgadamente el plazo de treinta días desde la extinción del contrato de trabajo. Continuó así incumplido el deber que impone el citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este contexto, y aun cuando el sub examine presente matices particulares, tal como se señaló en el citado precedente L. 99.060, el comportamiento exteriorizado por la accionada canceló la posibilidad de rechazar el reclamo con sustento en que el requerimiento del actor se habría cursado antes de tiempo, que fue lo que en definitiva juzgó el a quo al señalar quebrantados los recaudos temporales contemplados en el art. 3 del decreto 146/01. En el caso, exigirle al trabajador la espera de los treinta días a los que alude la norma reglamentaria para nuevamente requerir la entrega de las certificaciones, no resulta justificado frente a la conducta adoptada por la accionada.
Conforme lo dicho, verificado que la demandada incumplió con su obligación legal, cabe acoger la indemnización reclamada con fundamento en lo prescripto en el cuarto párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo según ley 25.345.
III.3. La solución que se propone en el apartado que precede torna abstracto el tratamiento del agravio por el que se denuncia la transgresión del principio de congruencia (v. fs. 110/111).
III.4. Distinta suerte ha de correr la impugnación referida a la tasa de interés aplicada por el a quo sobre el capital de condena pues, en el estrecho marco de excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley ritual del fuero, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida.
El interesado, limitándose en esta parcela del recurso a transcribir opiniones doctrinarias, omite denunciar como violada doctrina legal relacionada con el agravio que expone (v. fs. 111/113), presupuesto necesario para habilitar la revisión del pronunciamiento y tornar operativa la excepción invocada (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 101.390, "Gómez", sent. de 16-III-2011 y L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015).
Para mayor satisfacción del recurrente, puede observarse que la decisión del tribunal en el tópico se ajusta a la doctrina legal vigente de esta Corte sentada en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini", (sent. de 26-X-2016), sufragios a los que me remito por razones de brevedad.
IV. En razón de lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia impugnada en cuanto en ella se rechazó el reclamo fundado en el art. 80 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 45, texto según ley 25.345), cuya procedencia se declara.
Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda, con arreglo a lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, con excepción de lo expuesto en el punto III.1.b.
Esto último, pues más allá de la solución que, al cabo se propone respecto del agravio por el que se objeta el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, estimo que no puede soslayarse que dicho embate -en los términos en que fue planteado- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia de la cuantía económica de lo cuestionado, habilita la apertura de la instancia extraordinaria sin limitaciones (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; e.o.).
Con el alcance expuesto, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expresado por el doctor Soria en el punto III.1.a. de su voto.
I.2. Discrepo, en cambio, con lo expresado por el colega en el punto III.1.b., ello en tanto estimo que el agravio por el que se plantea el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -en los términos en que fue planteado- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
I.3. Aclarado ello, también suscribo a las consideraciones expuestas por el colega ponente en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
I.4. Luego, respecto del cuestionamiento vinculado a la tasa de interés moratorio, merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte, ello a pesar de que, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontrara vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En este sentido, habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.