Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto II del voto emitido en tercer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.167, "Hernández, Diego Fernando contra Loma Negra CIA S.A. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas en el modo que especificó (v. fs. 302/313 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 339/347).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Diego Fernando Hernández contra Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por las sumas que especificó en concepto de diferencias en las indemnizaciones por antigüedad, preaviso y vacaciones no gozadas e incidencia del sueldo anual complementario sobre dichos rubros; sueldo anual complementario proporcional correspondiente al año 2013; y la indemnización prevista en el art. 80 de la ley 20.744 (modif. por art. 45 de la ley 25.345). En cambio, desestimó aquella establecida en el art. 2 de la ley 25.323.
En lo que resulta de interés, el juzgador consideró acreditado que el actor trabajó bajo relación de dependencia de la firma demandada, desde el 19 de junio de 2001 hasta el 31 de agosto de 2013, cuando fue despedido sin justa causa. En virtud de la actividad de la empresa, determinó aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo 54/89 (v. vered. cuestiones "a" y "b", 302 vta. y 303).
Tuvo por probado, asimismo, que la mejor remuneración normal y habitual percibida y devengada por el actor en el último año de prestación de servicios, fue la correspondiente al mes de agosto de 2013, ascendiendo -con la incidencia del sueldo anual complementario- a la suma de $22.483,89. Agregó que el tope indemnizatorio previsto en el citado convenio colectivo era de $15.241,71 (conf. resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 2.117/13; v. vered. cuestión "c", fs. 303 y vta.).
Por último, señaló que la accionada abonó al actor al momento de la extinción de la relación laboral los importes que detalló en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario proporcional sobre ellas y haberes de agosto de 2013. Puntualizó, con relación a la indemnización por antigüedad, que la accionada tomó como base el salario neto de julio de 2013 (v. vered. cuestión "d", a fs. 303 vta./304 vta.).
Sobre dicha plataforma, hizo lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la ley 20.744 (incorporado por el art. 153 de la ley 24.013), por considerarlo violatorio de la garantía constitucional de igualdad ante la ley y de los principios de razonabilidad, jerarquía mayor y propiedad. Juzgó luego que tampoco resultaba razonable, justo o equitativo que la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se viera reducida en más de un 33% por imperio de sus párrafos segundo y tercero. En virtud de ello, entendió conveniente apartarse de la doctrina legal imperante tanto en la Provincia de Buenos Aires como en Nación, y con cita de mi sufragio en la causa L. 98.497, "Gimenez" (sent. de 13-VII-2011), consideró que el cálculo de la indemnización por antigüedad debía realizarse sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador sin límite alguno (v. sent., fs. 306 vta./309 vta.).
A mayor abundamiento, señaló que una solución similar a la adoptada para el caso "Vizzoti" afectaría el derecho de propiedad del trabajador y la protección contra el despido arbitrario (v. sent., fs. 309/310).
En razón de todo lo expuesto, concluyó que no correspondía aplicar tope alguno al liquidar la indemnización por antigüedad. Sobre esa base, procedió a cuantificar el rubro en cuestión conforme la mejor remuneración normal y habitual percibida por el accionante ($269.806,68, es decir $22.483,89 x 12), a la que descontó lo ya abonado por el mismo concepto ($184.477,92), arribando a un total de $85.328,76 (v. sent., fs. 309/310).
Dispuso asimismo que la suma de condena devengaría intereses desde la fecha de exigibilidad de los créditos y hasta su efectivo pago, conforme la tasa de interés pasiva BIP que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Para el caso de incumplimiento, ordenó calcular los intereses punitorios a la tasa activa que prescribe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días (v. sent., fs. 310 vta./313 vta.).
Finalmente, impuso las costas a la vencida Loma Negra CIA S.A. (v. sent., fs. 311 vta. y 313 vta.).
II. Contra la decisión de grado se alza la firma demandada, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de la doctrina legal que identifica (v. fs. 339/347).
En rigor, la crítica se encuentra enderezada a impugnar el cálculo de la indemnización por antigüedad. En este sentido, afirma que al cuantificar la referida indemnización sin tope alguno, el pronunciamiento de grado transgredió las directrices emergentes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzotti" y la sostenida doctrina legal de este Tribunal -que cita e individualiza a fs. 344/345- conforme a la cual corresponde aplicar el tope de la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del art. 245 de la ley 20.744, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración normal y habitual contemplada en el párrafo primero del referido precepto legal (v. rec., fs. 343 vta./345).
Denuncia que el pronunciamiento de grado convalida un enriquecimiento sin causa de la actora, vulnerando los derechos de igualdad y propiedad de su mandante y la inviolabilidad de la defensa en juicio (v. rec., fs. 345 vta.).
Desde otra perspectiva, peticiona que -de hacerse lugar al recurso- "también se considere para su incidencia en la determinación de la multa del art. 2 de la ley 25.323" (rec., fs. 346).
Por último, se agravia de la distribución de las costas, solicitando que para el caso de revocarse la resolución recurrida también se modifique la imposición en costas correspondiente (v. rec., fs. 346).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -tal como acertadamente lo señala el tribunal de origen al conceder el presente a fs. 351- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (según ley 14.141; Ac. 3.803/16) vigente al momento de la interposición del recurso, razón por la cual la admisibilidad del mismo sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 117.256, "Sabor", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.551, "Farelo", sent. de 26-VIII-2015; e.o.).
III.2. En lo relativo al tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, juzgo que el recurrente no logra evidenciar la denunciada violación de la doctrina legal que identifica.
III.2.a. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la ley 20.744 (incorporado por el art. 153 de la ley 24.013), por considerarlo -en la especie- violatorio de la garantía constitucional de igualdad y de los principios de razonabilidad, jerarquía mayor y propiedad. Remarcó luego que tampoco resultaba justo o equitativo que la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se viera reducida en más de un 33% por imperio de sus párrafos segundo y tercero. En dicho contexto, juzgó conveniente que el cálculo de la indemnización por antigüedad correspondiente al trabajador se efectúe sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del actor sin límite alguno (v. sent., fs. 306 vta./309 vta.).
III.2.b. El recurrente asevera que tal conclusión contradice lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004) y la doctrina legal emergente de esta Corte en los precedentes L. 116.947, "Soriano", sentencia de 25-VI-2014; L. 96.915, "Angelillo", sentencia de 10-IX-2014; L. 79.366, "Bravo Elizondo", sentencia de 28-VI-2006; L. 96.816, "Haftka", sentencia de 14-VII-2010; L. 105.571, "Bettiolo", sentencia de 5-XI-2011; L. 107.420, "Pérez", sentencia de 19-II-2015; L. 105.151, "Navasal", sentencia de 24-VI-2015 y L. 117.648, "Serrantes", sentencia de 15-VII-2015, entre otras que individualiza a fs. 344/345.
Empero, entiendo que no le asiste razón, habida cuenta que el impugnante se limita a transcribir fragmentos de los precedentes citados y a señalar que "la doctrina de la SCBA y de la CSJN es claramente aplicable, pues el criterio establecido en la sentencia recurrida no sólo viola dichos lineamientos sino que lleva a resultados absurdos que no pueden ser admitidos" (rec., fs. 345 vta.), sin vincularlo adecuadamente con las concretas particularidades del caso bajo examen, lo que demuestra su insuficiencia técnica (causas L. 107.973, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 117.848, "Chandia", resol. de 7-V-2014 y L. 118.934, "Morini", resol. de 7-X-2015).
En otras palabras: existe un desencuentro entre la crítica que se esboza y los argumentos del fallo impugnado, evidenciando un ataque parcial a sus fundamentos y soslayando la referencia a otros que también le dieron sustento (causas L. 107.778, "Achinelli", sent. de 11-VII-2012; L. 112.984, "Busto", sent. de 21-XI-2012; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-VIII-2016; L. 118.061, "Astorri", sent. de 9-VIII-2017; e.o.), lo cual no alcanza para contrarrestar los motivos (cualquiera sea el juicio que nos merezcan) expuestos por los sentenciantes (art. 279, CPCC).
III.3. En virtud de lo hasta aquí resuelto, deviene abstracto el tratamiento de los restantes agravios propuestos.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En principio, comparto lo expuesto por el doctor de Lázzari en el punto III.1. con relación al marco en el que se debe abordar el recurso.
Igualmente, habré de coincidir con el citado colega en cuanto a la marcada insuficiencia que padece el recurso, en la crítica a la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (incorporado por el art. 153, ley 24.013). Circunstancia que evidencia el ponente en el punto III.2.b., contenido al que suscribo junto con el punto III.3., todo lo cual lleva a la desestimación del recurso.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso admite una procedencia parcial.
I.1.a. Coincido con las opiniones que anteceden en cuanto a que en el caso el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.1.b. Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 119.782, "Galarza", sent. de 7-IX-2016 y L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017).
No obsta a lo señalado que en el recurso se impugne la solución a la que arribó el a quo luego de declarar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013), pues ello no ha sido esgrimido por el interesado con el objeto de evidenciar la presencia del algún supuesto que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral local- autorice a desplazar el recaudo relativo a la cuantía económica del asunto.
I.2. Sentado lo anterior, en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia precedentemente, cabe acoger el central agravio que contiene el medio de impugnación.
I.2.a. A partir de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido" (sent. de 14-IX-2004), este Tribunal tiene establecido que el porcentual máximo de reducción del salario mensual normal y habitual del trabajador -esto es, el 33%- opera como una base o un límite en principio infranqueable para definir la validez constitucional del tope indemnizatorio regulado en el citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (entre varias, causas L. 79.366, "Bravo Elizondo", sent. de 28-VI-2006; L. 85.997, "Pricolo", sent. de 7-II-2007; L. 88.427, "Lois", sent. de 13-II-2008; L. 89.153, "Zanon", sent. de 25-II-2009; L. 97.520, "Olivetto", sent. de 1-XII-2010; L. 93.747, "Nemiña", sent. de 12-X-2011; L. 98.450, "Cabello", sent. de 14-III-2012; L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013; L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015 y L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017).
Luego, triunfa el recurrente al demostrar que el a quo no ha observado la doctrina invocada (v. rec., fs. 344/345), circunstancia, para más, admitida por el propio tribunal de grado en el pronunciamiento en crisis (v. sent., fs. 309 y vta.).
I.2.b. En consecuencia, y sin dejar de destacar que de las mismas cuantías individualizadas en el fallo (v. fs. 308 y vta.) surge que el monto resultante de la aplicación del límite resarcitorio legal ($15.241,71) supera a aquel que emerge del porcentual al que alude la doctrina legal ($15.064,20), corresponde revocar la sentencia en cuanto en ella se cuantificó la indemnización por antigüedad sin aplicar tope alguno, en violación a las directrices que sobre la temática emanan de los pronunciamientos de este Tribunal.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -nuevamente integrado- dicte el pronunciamiento que corresponda.
I.3. Sentado lo anterior, no resulta atendible el planteo en el cual el recurrente peticiona que, de hacerse lugar al recurso, se considere la incidencia del tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en el incremento dispuesto por el art. 2 de la ley 25.323.
El sentenciante de grado, tras señalar que no se advertía una conducta renuente del empleador en el pago de los rubros derivados del despido, desestimó el referido reclamo (v. sent., fs. 310).
Entonces, se exhibe manifiesto el desencuentro entre lo expresado en esta parcela del recurso y lo juzgado en el fallo recurrido.
I.4. Por último, ha de precisarse que, a tenor de lo resuelto en torno al primer agravio, no corresponde ingresar a analizar lo decidido en materia de costas, cuestión, además, ajena al estrecho carril por el que transita el recurso (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012 y L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014) y sobre la cual no se ha denunciado la eventual violación de doctrina alguna.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso debe prosperar parcialmente con el alcance establecido en el punto I.2.b. de la presente. Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Comparto los argumentos expuestos por el doctor de Lázzari en el punto I.1. de su voto.
I.2. Luego, en lo concerniente a la mensura de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en los puntos I.2.a., I.2.b. y I.3. de su sufragio.
I.3. El agravio en materia de costas debe ser desestimado por no abastecer las exigencias mínimas previstas el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto además de prescindir de la denuncia de violación de las doctrinas vinculadas al cuestionamiento, no se efectúa desarrollo suficiente que le brinde adecuado sustento.
II. Con el alcance indicado, acompaño la propuesta decisoria del doctor Soria.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto II del voto emitido en tercer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia