Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123945
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad hizo lugar a la acción articulada por Antonela Depaoli y condenó a All Pumps Argentina S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivada del despido y otros rubros laborales. Por el contrario, la rechazó respecto de los reclamos diferencias salariales, daño moral y las multas previstas en los arts. 9 de la ley 25.323 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 484/497).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar- consideró que la empleadora no violentó, los principios de igualdad de trato e igual remuneración por igual tarea, como así tampoco encontró mérito para atribuir a la accionada una conducta de temeridad y malicia que merezca ser punible.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 3-IV-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 508 vta.
En su exposición denuncia los vicios de arbitrariedad y absurdo en la apreciación de la prueba rendida en autos, e indica las normas y la doctrina legal que estima violadas.
La impugnación se orienta a objetar la forma en que el juzgador resolvió los reclamos vinculados a las diferencias salariales por discriminación salarial, el adicional de presentismo y el daño moral. Asimismo, cuestiona el importe por el que prosperó la multa del art. 2 de la ley 25.323 y el rechazo de las sanciones previstas en los arts. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 9 de la ley 25.013. Finalmente, se agravia de la forma en que el a quo aplicó la tasa de interés.
III. El remedio intentado no prospera.
III.1. Respecto de los reproches que porta la impugnación, ha de señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron, sumados a la diferencia existente entre el guarismos de condena en concepto de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y el que habría de obtenerse de aplicarse el que propone el recurrente- no supera el importe mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Además, y en relación al reproche dirigido a objetar la desestimación de la sanción por temeridad y malicia, el interesado omitió cumplir con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la citada norma para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.386, "Van Oosterom", resol. de 26-X-2011; L. 118.042, "Martínez", resol. de 5-XI-2014 y L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015), al punto tal que ni siquiera estableció como estaría representado el mismo, ni cuantificó su importe, el cual, además, tampoco fue estimado en el escrito de inicio en cuanto a este rubro.
Siendo ello así, la admisibilidad del remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo, in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol de 24-X-2012 y L. 118.216, "Capdevila", resol. de 27-VIII-2014).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración, por un lado, agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, tales como la determinación de la existencia de discriminación salarial injustificada, la percepción del adicional por presentismo, la forma en que el a quo procedió a la cuantificación de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, y la acreditación de los supuestos que tornan viable la procedencia de la indemnización derivada del daño moral y la sanción por temeridad y malicia (causa L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015), y, por el otro, precedentes que han sido elaborados sobre la base de casos con presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015 y L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018).
III.3. Tampoco resulta hábil para justificar la revisión casatoria en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, la cita de doctrina referida al vicio de absurdo (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI- 2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015 y L. 123.183, "Guzmán", resol. de 18-XII-2019).
Asimismo, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros, así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 119.726, "Barrionuevo", resol. de 24-V-2016; L. 120.843, "Perotta", resol. de 20-IX-2017 y L. 121.650, "Aragón", resol. de 17-X-2018).
III.4. Por otro lado, en relación al agravio referido a la tasa de interés aplicada, la recurrente no ha denunciado el quebranto de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte respecto al agravio que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía en tratamiento (causas L. 116.169, "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012 y L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012; e. o.).
III.5. Finalmente, cabe recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:08:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2020 10:36:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 13:12:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 18:40:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2020 10:31:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 09:10:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia