Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124993
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
TOTARO ENRIQUE OMAR C/ FORD ARGENTINA S.C.A. S/DIFERENCIA INDEMNIZACION (0).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Enrique Omar Totaro contra Ford Argentina S.C.A. en cuanto pretendía el pago de la diferencia en la percepción de la indemnización por antigüedad, la reparación por daño moral prevista en el art. 1 de la ley 23.592, y la multa del art. 2 ley 25.323 (v. fs. 501/511 vta.).
Para así decidir, entendió que el actor no probó desempeñarse en el cargo de gerente, ni percibir haberes inferiores respecto a otros trabajadores con dicha jerarquía o trato diferencial en materia de remuneraciones. Asimismo, juzgó no acreditados los actos discriminatorios denunciados en los términos del art. 1 de la ley 23.592.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 526/530 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 532 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo. Denuncia violación de garantías constitucionales. Manifiesta que -a su criterio- se ha probado el accionar discriminatorio de la firma demandada, omitiendo el tribunal interviniente valorar las pruebas sobre el particular -documental y testimonial- y alterando las reglas del onus probandi . Finalmente, invoca vulnerado el principio in dubio pro operario previsto en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que -en esencia- el remedio incoado se dirige a controvertir la decisión del órgano judicial de grado, quien, en mérito a los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa, juzgó no acreditados los actos discriminatorios denunciados en los términos del art. 1 de ley 23.592.
Así, las conclusiones expuestas en el pronunciamiento atacado se vinculan claramente con cuestiones de hecho y prueba, y en ese sentido tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo excluidas, en principio, de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 95.453, "A., V.H.", sent. de 18-II-2009; L. 95.979, "Valerio", sent. de 28-X-2009 y L. 121.942, "Mortl", resol. de 13-III-2019).
Dicho vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.152, "Aveggio", resol. de 29-IV-2015 y L. 116.196, "Medina", resol. de 6-V-2015).
Tales extremos no se observan en la especie.
III.2. En efecto, más allá de postular la existencia de elementos de juicio y de indicios suficientes que -a su criterio- el tribunal soslayó para decidir de la forma en que lo hizo, no logra el impugnante acreditar el vicio de absurdo en el desarrollo de la labor que privativamente les compete ejercer a los jueces de grado a fin de que esta Corte pueda examinar las cuestiones fácticas y probatorias que se traen a su conocimiento, como lo son, las vinculadas a la configuración de los presupuestos en los que el trabajador sustentó su pretensión, esto es, que el despido dispuesto por la patronal tuvo su causa en razones de discriminación originadas por el salario, el estado de salud y la edad del trabajador.
Ello así, pues las alegaciones formuladas en el recurso no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo -en forma privativa- por los magistrados de origen, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.015, "Díaz", resol. de 6-VIII-2014 y L. 118.162, "Almada", resol. de 3-XII-2014).
Además, sabido es, que la apreciación, jerarquización y selección de las probanzas aportadas a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es su prudencia jurídica (causas L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015 y L. 118.904, "Barreto", resol. de 14-X-2015), de la cual -en el caso-, no se demuestra que el sentenciante se hubiera apartado.
III.3 Por otro lado, esta Corte tiene establecido que la valoración de la prueba testimonial rendida en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 114.741, "Corbalán", resol. de 2-XI-2011 y L. 115.688, "Beron", resol. de 27-VI-2012), salvo el supuesto de absurdo, que en la especie no ha sido demostrado.
III.4. En consecuencia, permaneciendo inalterables las motivaciones esenciales sobre las que se sustenta el pronunciamiento de grado, pierde virtualidad la crítica que ensaya el compareciente respecto a que, ante la falta de exhibición de documentación por parte de la demandada, el sentenciante debió aplicar la presunción contemplada en el art. 39 de la ley 11.653, las que -a su criterio- lo hubieran conducido a tener por ciertas las circunstancias fácticas denunciadas en la demanda.
En este sentido, ha declarado este Tribunal que la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral consagrada en aquel precepto legal, cede cuando datos que resultan de las constancias probatorias de la causa desvirtúan la aplicación de tal norma (causas L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XII-2006 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016) y que, en tal caso, el interesado debe demostrar que media absurdo en la apreciación de los elementos probatorios considerados por el órgano laboral, carga esta que el impugnante -como se adelantó- no ha satisfecho debidamente en este aspecto.
III.5 Tampoco resulta eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018).
III.6 Para terminar, corresponde recordar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:49:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:55:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:06:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:32:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2020 19:40:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 21:51:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia