Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda incoada por Cesar Antonio Ciganda y, en consecuencia, condenó a Centrales de la Costa Atlántica S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de diferencias en las indemnizaciones derivadas del despido y la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 144/153 vta.).
Para así decidir, con sustento en la doctrina de esta Corte -sentada en las causas L. 95.307, "Textil La Rosalía S.A." (sent. de 15-VII-2009) y L. 104.565, "Florido" (sent. de 5-XI-2014)-, juzgó que al no encontrarse discutido que el actor se hallaba fuera de convenio, y no habiendo sido debidamente individualizado el convenio colectivo de trabajo aplicable al caso de autos, ni señalado tope en los términos del art. 245 Ley de Contrato de Trabajo, resultaba procedente liquidar la indemnización por antigüedad conforme las pautas del primer párrafo de la citada norma, tornándose abstracto pronunciarse por la inconstitucionalidad peticionada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-VIII-2019), concedido por el a quo a fs. 159.
En su impugnación acusa, en primer lugar, errónea interpretación del art. 245 Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina sentada a su respecto, por cuanto entiende que el juzgador debió aplicar el tope allí establecido. Además, éste no consideró lo expresado en la contestación de demanda, en cuanto a que al actor no se le debían aplicar las escalas salariales del convenio de empresa porque estaba fuera de él.
Asimismo, puntualiza que la doctrina que cita el tribunal de origen en apoyo de su postura, no resulta de aplicación en el caso porque refiere a presupuestos fácticos distintos.
Por otro lado, se agravia de la condena a la multa del art. 2 de la ley 25.323, alegando que dicha norma solo es aplicable cuando no se abonó la indemnización por despido, lo que no ocurrió en el caso.
Finalmente, denuncia que la sentencia de grado es absurda, porque el tribunal no apreció en conciencia la prueba producida, incumpliendo las exigencias del art. 44 inc. "d" de la ley 11.653.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de capital de condena- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015), sin que el impugnante haya expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 118.818, "Concha", resol. de 28-X-2015 y L. 120.108, "Campo Dell' Orto", resol. de 12-VII-2017).
III.2. En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 94.491, "Sueldo", sent. de 18-II-2009 y L. 96.775, "Barbachan", sent. de 3-III-2010).
III.3. En ese contexto, y respecto del agravio referido a la errónea interpretación del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal la recurrente trae a consideración, por un lado, agravios en torno a cuestiones privativas de los tribunales de grado, como es la interpretación de los escritos constitutivos de la litis y el supuesto absurdo en que habría incurrido el a quo al meritar las circunstancias de la causa, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 120.755, "Burgos", resol. de 11-X-2017 y L. 122.321, "Cepeda", resol. de 19-XII-2018) y, por el otro, precedentes que no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 119.909, "Waslet", resol. de 28-XII-2016 y L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018).
III.4. Por otro lado, en relación al agravio referido a sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que se prescinde de citar como violada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015 y L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:04:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:35:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2020 19:43:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2020 17:05:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2020 11:05:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia