Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125330
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.2, III.3 y III.4 no reúnen los requisitos esenciales. En cambio, corresponde declarar procedente el planteo desarrollado en el punto III.5, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda que Marcelo Alejandro Cimino inició contra la Provincia de Buenos Aires en concepto de diferencias en el pago de las prestaciones por incapacidad abonadas a raíz del accidente de trabajo in itinere que habría sufrido mientras prestaba servicios en carácter de personal policial en favor del Estado provincial, con más la indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773. Sobre el capital de condena, ordenó liquidar intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días. Para el caso de que se incumpla con el pago de la sentencia, y a partir desde que la misma quede firme, fijó intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa activa que cobre la misma entidad bancaria. (v. fs. 250/258 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-II-2019), concedido por el órgano de grado a fs. 283.
En su impugnación, en primer lugar, se agravia de la definición del juzgador de grado que acogió la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773, señalando que tal decisión resulta contraria a la doctrina de este Tribunal en la causa L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018, en cuanto se establece que tal adicional no es aplicable a los accidentes in itinere .
Luego, con denuncia de arbitrariedad, se agravia del importe referido a la diferencia de indemnización reconocida. Al respecto denuncia alteración en la ecuación económica financiera, toda vez que el a quo no dio explicación ni fundamento alguno de cómo arribó al valor que se debe abonar.
Asimismo cuestiona que el sentenciante haya habilitado la vía judicial sin declarar, previamente, la inconstitucionalidad de los arts. 46 de la ley 24.557 y 4 de la 26.773.
Finalmente, reprocha la tasa de interés activa aplicada en el fallo, en tanto entiende resulta contraria a la doctrina de esta Corte.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596 "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.251 "Ponce" y L. 118.272 "García", ambas resols. de 20-XI-2014; L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. Bajo las señaladas premisas, respecto del agravio traído por el recurrente vinculado con la condena en concepto de diferencia de indemnización, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción mencionado toda vez que el interesado prescinde, en esta parcela del recurso, citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 94.682 "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 121.119, "Sosa", 11-IV-2018).
Por lo demás, no constituye doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la que deriva de la opinión de autores (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015).
III.3. Por otro lado, en orden a las alegaciones del interesado en torno a las normas de los arts. 46 de la ley 24.557 y 4 de la ley 26.773, cabe puntualizar que el precedente individualizado en la pág.14 del escrito electrónico recursivo ha sido elaborado sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015 y L. 120.447, "Ferrari", resol. de 13-XII-2017).
III.4. En otro orden, el planteo dirigido a cuestionar la aplicación de la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que el juzgador dispuso únicamente para el caso de incumplimiento de la manda judicial, debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita el recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 80.710, "Rodriguez", sent. de 7-9-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-6-2010 y L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-6-2014).
III.5. En cambio, asiste razón al compareciente en cuanto postula se modifique la sentencia de grado en relación a la aplicación, a la contingencia de autos, del adicional prescripto en el citado artículo 3 de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En efecto, como bien se pone de resalto en el recurso, esta Suprema Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal, María Isabel y otro contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente in itinere", sent. de 25-IV-2018, dispuso que en el esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su art. 4 consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarle a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al 20%, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal -la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil- posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por dicho precepto, la razón emergente manifiesta: en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador.
Finalmente se señaló que la solución propuesta se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART SA s. accidente-ley especial", sent. de 7-VI-2016 (v. consid. 5°, segundo párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el tribunal actuante en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación (causas L. 121.860, "Telechea", resol. de 28-XI-2018; L. 121.163, "Maskevich", resol. de 20-III-2019 y L. 123.857, "Rojas Uriarte", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.2, III.3 y III.4 no reúnen los requisitos esenciales. En cambio, corresponde declarar procedente el planteo desarrollado en el punto III.5, atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, y revocar la sentencia impugnada con el alcance señalado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en razón del progreso parcial del recurso (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:42:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:42:31 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:51:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2021 23:08:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 08:54:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia