Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126360
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Pablo Marcelo Giacomini contra el Obispado de San Isidro, en su carácter de propietaria titular del servicio educativo denominado "Colegio Carmen Arriola de Marín", mediante la que procuraba el cobro de diferencias de indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 178/185 vta.).
Para así decidir, juzgó, en primer lugar, que no había quedado acreditado que la demandada hubiera registrado deficientemente al actor.
Por otro lado, señaló que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la parte actora durante su último año de trabajo, coincidía con el salario denunciado por la demandada.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5 de marzo de 2020), el que fue concedido por el órgano de grado mediante resolución del 5 de junio de 2020.
En lo sustancial, con denuncia de absurdo y de violación de las normas que cita, impugna la decisión del tribunal que declaró no probada la deficiente registración en cuanto a su categoría laboral, así como tampoco la remuneración denunciada en el escrito de inicio.
Al efecto, controvierte la ponderación efectuada sobre la prueba, en particular de las declaraciones testimoniales y la pericia contable.
Por otro lado, mantiene el reclamo respecto de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, alega que los entregados no se corresponden con los verdaderos datos de la relación.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Inicialmente, corresponde recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, vinculadas a una errónea registración de la relación laboral, en orden a la categoría y remuneración del trabajador- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 118.397, "Massigoge", resol. de 11-II-2015; L. 121.114, "Guiñazu", resol. de 11-IV-2018; L. 122.783, "Richert", resol. de 23-X-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.1.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia de absurdo, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, especialmente la testimonial.
En ese orden, el sentenciante de grado entendió que no resultó un hecho controvertido que el Colegio Carmen Arriola de Marín liquidaba mensualmente los salarios del actor, de acuerdo a las funciones que cumplía, y que, en consecuencia, juzgó que mal podía interpretar el trabajador que la mejor remuneración mensual, normal y habitual ascendía a la suma de $44.931, argumentando, a tal fin, que debía computarse la remuneración liquidada por su cargo en planta orgánica ($10.913) y adicionarse el sueldo interno pactado ($34.018), sin considerar que, a dicho importe, la entidad educativa le descontaba lo liquidado por su otra función; y que, aun cuando pudiera sostenerse que esta forma de liquidar los haberes era cuanto menos confusa, en modo alguno habilitaba al trabajador a pretender acceder a una retribución mayor, pues ello implicaría computar dos veces el haber liquidado por sus actividades programáticas y, por consiguiente, un enriquecimiento ilícito.
Asimismo, respecto de la deficiencia registral, concluyó que, a los fines indemnizatorios, la empleadora había tomado en cuenta el salario que devengó el trabajador en su cargo de director de secundario, pues, a la fecha de extinción del contrato de trabajo, ostentaba aquella categoría, resultando desconcertante -agregó el a quo - el verdadero motivo del reclamo en orden a esta cuestión, en tanto había omitido indicar cuál habría sido el perjuicio económico concreto en orden al reclamo por diferencias en el pago de los rubros liquidados.
Desde esa perspectiva, se advierte que la argumentación del recurrente se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva respecto de la valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo (causas L. 120.389, "Navas", resol. de 5-VII-2017; L. 123.048, "Toledo", resol. de 19-VI-2019; L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020).
Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al judicante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En particular, en lo que atañe a la prueba oral, cabe recordar que su valoración queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016 y L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020), que -como se dijo- el interesado no logra demostrar.
Finalmente, respecto a la denuncia de infracción a la regla in dubio pro operario , corresponde aclarar que esta Suprema Corte reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020), tal y como ocurre en el caso.
III.2. Permaneciendo firme -por ausencia de idónea réplica- la decisión en lo tocante a la improcedencia del reclamo de diferencias indemnizatorias y de la incorrecta registración, deviene inatendible el agravio dirigido solicitar la entrega de nuevos certificados de trabajo y el pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/06/2021 12:20:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2021 17:22:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2021 09:52:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 11:17:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 13:44:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia