Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126871
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
2Hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado lo dispuesto en el punto IV de la presente.
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea, hizo lugar a la demanda incoada por Miguel Ángel Salvador y, en consecuencia, condenó a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en las indemnizaciones por incapacidad laboral temporaria y por incapacidad laboral parcial permanente definitiva (v. sentencia de 9-III-2020 y aclaratoria de 11-V-2020).
Para así decidir, resolvió calcular el ingreso base a los fines de cuantificar la respectiva prestación, aplicando el índice RIPTE -conforme lo dispuesto en el decreto 669/19-, por resultar -según entendió- beneficioso para el trabajador.
II. Frente a lo resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-V-2020), el que fue concedido por el órgano de grado mediante escrito electrónico de fecha 20 de agosto de 2020.
En su presentación se agravia, de la decisión del tribunal de grado de establecer el ingreso base mensual, aplicando retroactivamente el DNU 669/19, argumentando que ello resulta contrario al principio que emana del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso articulado no prospera.
III.2. En ese contexto, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3. Sentado ello, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la doctrina traída por el recurrente, en apoyo de su pretensión, no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
III.4. Por último, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV. Sentado lo anterior, no escapa al análisis del sub lite que las constancias del sistema informático "Augusta" dan cuenta que los votos expuestos por cada uno de los miembros del tribunal de trabajo interviniente -a la hora de sentenciar- obran en documentos electrónicos distintos que llevan -cada uno- la firma digital del magistrado votante con la denominación del trámite "fundamentos del fallo". En el marco del dictado de pronunciamientos suscriptos de modo digital, la elaboración de una única pieza electrónica rubricada por los tres magistrados integrantes del órgano jurisdiccional laboral, tal y como se ha hecho en autos al emitirse el veredicto, se ajusta a las exigencias legales y constitucionales (arts. 44 inc. "e" y 47, ley 11.653; 168, Constitución local). El cumplimiento de dicho formato responde a la finalidad de resguardar el carácter de acto procesal único de que goza la sentencia de mérito, por lo que se hace notar al tribunal de origen que siguiendo dichos lineamientos deberá -en adelante- emitir sus pronunciamientos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
2. Hacer notar a los jueces integrantes del órgano de grado lo dispuesto en el punto IV de la presente.
3. Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 15:59:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:19:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:45:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:17:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 08:48:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia