Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de la provincia de Buenos Aires y rechazó la demanda interpuesta por Andrea Paola Caggiano Gas en la que procuraba el cobro de la suma que especificó en concepto de indemnización respecto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 (v. sent. en archivo adjunto de fecha 29-XII-2020).
Para así decidir, juzgó que desde el acaecimiento del evento dañoso (19-I-2016) y el inicio de las presentes actuaciones (19-V-2018) había transcurrido el plazo previsto en el art. 44 de la ley 24.557, sin que se hayan acreditado actos interruptivos válidos del curso de la prescripción.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 18-II-2021), los que fueron concedidos por el a quo mediante resolución de fecha 10 de marzo de 2021; habiéndose conferido vista al señor Procurador General en fecha 12 de julio de 2021 (v. dictamen en archivo adjunto de la presentación de fecha 6-IX-2021).
III.1. En el primero de los remedios articulados, la impugnante alega violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denunciando deficiente técnica en la fundamentación. Asimismo, entiende que la mayor explicación desarrollada fue introducida en el relato de los antecedentes y no fue sometida al voto individual, incumpliendo con las formalidades previstas.
En sustancia, considera que la fundamentación es meramente dogmática y arbitraria, pues omite analizar el planteo sobre los efectos interruptivos y suspensivos y desde cuándo comienza a computarse el curso de la prescripción.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recuso no puede prosperar.
III.3.a. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, pues los agravios traídos por la recurrente, bajo los rótulos de "falta de fundamentación legal" y "carencia de acuerdo y voto individual", se orientan a objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajena al aquí examinado (causas L. 122.541, "Bravo", resol. de 5-VI-2019; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.550, "Correa", resol. de 17-V-2021).
III.3.c. Por otra parte, no son atendibles los planteos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.493, cit.), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional, no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018; L. 125.307, "Aguilar", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.550, cit.).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el interesado relata los antecedentes del caso y denuncia violación a las normas que cita. Asimismo, aduce que la decisión atacada contraría la doctrina sobre la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción.
En esencia, impugna la decisión adoptada por el juzgador de grado, en orden al rechazo de la acción, toda vez que entiende inadmisible considerar que no se le otorgue efecto suspensivo alguno a la tramitación del proceso ante la Comisión Médica y que no se le otorgue efecto interruptivo al pago formulado por el empleador que abona la deuda que nace como consecuencia de la determinación de la incapacidad y la liquidación del monto indemnizatorio.
IV.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el importe reclamado en la demanda, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 119.361, "Castro Moreno", resol. de 21-X-2015 y L. 121.627, "Mandagaran", sent. de 27-VII-2020)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal se limita a verificar la existencia -o no- de la hipótesis de excepción prevista en el art.55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
IV.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, como son, la determinación del comienzo del curso de la prescripción y su eventual suspensión o interrupción (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Finalmente, la doctrina traída por la recurrente en apoyo de su pretensión no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L.119.404 "Romero", resol. de 16-III-2016; L. 119.909, "Waslet", resol. de 28-XII-2016; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.663, "Siebenhaar", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2021 13:35:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/11/2021 08:13:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 09:41:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 14:36:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 08:31:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/11/2021 14:25:00 hs. bajo el número RR-1461-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia