Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127448
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, rechazó la demanda deducida por Ethel Miriam Marconatto contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial en cuanto procuraba el cobro de diferencias en el pago de indemnización prevista en el artículo 52 cuarto párrafo de la ley 23.551 (v. sent. del 16-III-2021).
Para así decidir, en lo que resulta esencial por ser materia de agravio, juzgó que la empresa demandada cesó definitivamente en sus actividades, configurando la hipótesis prevista en el art. 51 de la Ley de Asociaciones Sindicales.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IV-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 6-IV-2021).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina que considera violada.
En lo esencial, entiende que el sentenciante incurre en el vicio de absurdo al concluir que, en el caso, operó la cesación de las actividades del empleador. Argumenta que, por el contrario, existió una transferencia, al estado nacional, de los servicios ferroviarios que oportunamente habían sido concesionados a la demandada.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Corresponde señalar -inicialmente- que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018 y L. 120.107, "Banco", resol. de 11-V-2021).
III.1.b. Bajo tales premisas, la recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
En el caso, y a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio, en especial la prueba testimonial, el órgano de origen juzgó que el caso de autos debía encuadrarse en el supuesto de excepción que contempla el art. 51 de la ley 23.551, en tanto la totalidad de los empleados de la demandada fueron despedidos, y el servicio de trenes de pasajeros, en el que el actor desarrollaba sus tareas, no existió más. Ello así, -aclaró- sin perjuicio de lo que pudo haber ocurrido con otros recorridos prestados por la misma empresa en otras seccionales y/o ramales de la Provincia de Buenos Aires. En definitiva, para el juzgador, quedó claro que la accionada dejó de funcionar, no tuvo más empleados y no prestó nunca más el servicio que ofrecía, equiparando a la seccional Bragado a una sucursal o una unidad de ejecución de una empresa que cierra.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser rebatida por la interesada, quien, a partir de su particular apreciación de las constancias de la causa, se limita a verificar el asunto debatido desde su propia óptica -en gran medida a través de la reiteración de argumentos ya esgrimidos y descartados por el tribunal de origen- más sin evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo.
Ello así, pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo expone su oposición a tal conclusión, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo -sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante denunciado- y a través del cual pretende subsumir los hechos en los preceptos legales que considera aplicables.
En definitiva, al no aportar la impugnante elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando su crítica tan sólo a una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019), resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 118.451, "Laffue", sent. de 16-III-2016 y L. 122.054, "Vuelva", resol. de 12-XII-2018 y L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019).
III.2. Finalmente, cabe agregar que no mejora la suerte de esta impugnación los precedentes jurisprudenciales denunciados como vulnerados, en tanto, como reiteradamente lo ha establecido esta Corte, la cita de doctrina legal deviene ineficaz si -como en el caso- aquéllos fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 123.730, "Benítez ", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:09:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 20:36:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:44:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 12:47:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 13:19:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/11/2021 09:59:21 hs. bajo el número RR-1577-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia